Durante 50 años, el Estado dedujo «tarifas de procesamiento» de los salarios de los trabajadores agrícolas y los transfirió a Histadrut, aunque no estaban representados en ella. Cuando se presentó una demanda colectiva, el Estado emitió un «aviso de cese» al tribunal y se eximió de la compensación.
La Autoridad de Población e Inmigración recaudó ilegalmente decenas de millones de shekels de trabajadores palestinos cada año y los transfirió a Histadrut. A principios de este mes, el Tribunal de Distrito de Jerusalén dictaminó que se hizo en violación de la ley, pero el Estado se eximió de compensar a los trabajadores mediante un «aviso de cese» que entregó al tribunal.
Una decisión del gobierno de 1970 ordenó a los israelíes que empleaban a palestinos en la industria agrícola para igualar sus condiciones sociales a las de los trabajadores israelíes. Durante 50 años, la Autoridad de Población e Inmigración ha ordenado que los empleadores deduzcan «tarifas de procesamiento» en la cantidad del 0,75% de los salarios de los trabajadores palestinos en la agricultura y transfieran estos fondos a la Histadrut. Pero la mayoría de los trabajadores no son miembros de un convenio colectivo o miembros de una organización de trabajadores, por lo que la deducción fue contraria a la Ley de Protección Salarial. Se trata de decenas de miles de palestinos a los que se les dedujeron decenas de millones de shekels cada año y se transfirieron ilegalmente a la Histadrut. Los empleadores que no dedujeron ese elemento de los salarios de sus empleados fueron multados con decenas de miles de shekels.
En 2020, las asociaciones Ma’an y Kav LaOved presentaron ante la Audiencia Nacional del Trabajo una petición contra la deducción. Ma’an afirmó que los trabajadores palestinos no recibieron nada a cambio de la gran cantidad de dinero que pagaron, ya que los sindicatos palestinos carecen del estatus para representar a los trabajadores en Israel, mientras que Histadrut no permitió a los palestinos ser miembros de ella en todo este tiempo, hasta hace poco. «Esto se ha revelado en los últimos años con la exposición de accidentes laborales graves, que dañan a los trabajadores de la construcción palestinos sin recibir protección o incluso atención médica adecuada», dijo la asociación. Tras la petición, la Autoridad de Población anunció en diciembre de 2020 que dejaría de cobrar honorarios de los empleados. Al mismo tiempo, como parte de una demanda colectiva presentada en 2019 por el despacho de abogados Adv. Yigal Danino contra la Autoridad de Población, en nombre de una empresa agrícola llamada Neta Haaretz, la Autoridad de Población anunció que también dejaría de cobrar a los empleadores una tarifa. El Estado afirmó que la Autoridad de Población sirvió solo como un mecanismo de enlace para Histadrut, una actuación que, según el tribunal, «habría sido mejor no hacer«.
El año pasado, Adv. Danino presentó una demanda colectiva en nombre de todos los trabajadores palestinos a quienes la Autoridad de Población e Histadrut cobraron tarifas ilegalmente. Como parte del proceso escuchado en el Tribunal de Distrito de Jerusalén, Adv. Danino reveló las tasas de recolección ilegal a través de una solicitud de libertad de información. En los años 2018-2020, la Autoridad de Población recaudó ilegalmente 69 millones de NIS de palestinos para Histadrut. En 2012-2018, a los trabajadores palestinos se les cobraron ilegalmente 19 millones de shekels. La Autoridad de Población respondió a la demanda colectiva en un «aviso de cese», según el cual cesará esta acción administrativa. Un aviso de cese en el marco de una demanda colectiva permite al estado admitir un error y dejar de cometerlo y así recibir una exención de tener que compensar a los demandantes. Dado que el Estado a través de la Autoridad de Población es el que recaudó ilegalmente el dinero para Histadrut, su anuncio también otorgó una exención a Histadrut.
El juez Alexander Ron criticó a principios de este mes al Estado en su decisión, escribiendo que «algunas demandas colectivas están más justificadas y otras menos. El motivo en el que se basa esta demanda es muy justificable: en el punto de mira están los salarios de los trabajadores agrícolas, que en primer lugar no están entre los más altos. Además, se trata de trabajadores especialmente vulnerables, se mire por donde se mire. Su poder de negociación es escaso, y su capacidad para oponerse al cobro de tasas consagrado en las decisiones gubernamentales, que se come sus salarios, es nula, si no inferior. De hecho, una deducción del 0,75% es ostensiblemente limitada. Pero las sumas se acumulan y perjudican al pobre más inocente, aunque lo hagan ligeramente en un mes determinado. Y lo que hace el Estado va en contra dei contenido de la legislación primaria consagrada en la Ley de Protección Salarial destinada precisamente a estos fines. La legislación en cuestión es clara, y no requiere ninguna interpretación, y no puede haber ninguna duda«.
La Autoridad de Población e Inmigración declaró: «Después de un procedimiento judicial en el Tribunal Nacional del Trabajo, el cobro de una deducción fiscal por el procesamiento profesional de los salarios de los trabajadores palestinos empleados legalmente en Israel no se ha llevado a cabo a través de la Autoridad de Población e Inmigración desde más de un año, y cada empleador está obligado a transferir los fondos directamente a la organización a la que está asociado el empleado. Debe enfatizarse que la Autoridad sirvió en este asunto únicamente como un mecanismo de enlace para el cobro de tarifas de los empleadores y su traslado a Histadrut «.
Histadrut declaró: «Histadrut ha recaudado y sigue recaudando legalmente las cuotas de afiliación de los trabajadores palestinos, los beneficiarios de un convenio colectivo, la protección profesional y los servicios profesionales de Histadrut. Histadrut seguirá actuando, protegiendo y representando a los empleados de la Autoridad Palestina y velar por sus derechos. De hecho, la Autoridad de Población ha decidido, por iniciativa propia e ilegalmente, dejar de cobrar las cuotas de afiliación y de tramitación. Por eso, Histadrut ha presentado una solicitud en contra de esta decisión unilateral». Se observa que Histadrut se refiere al cobro de cuotas de afiliación en virtud de un convenio colectivo, mientras que el cobro declarado ilegal es el de una tasa de tramitación.
Traducción del hebreo/inglés y castellano Ofer Neiman/CSCA