En junio de 2013 Amnistía Internacional (AI) publicó el informe «El tiempo pasa, la impunidad permanece», en referencia implícita a los crímenes del franquismo. El autor del trabajo, Ignacio Jovtis, es también responsable del Área de Investigación y Políticas de la organización de derechos humanos, que participa en la causa abierta en Argentina contra la […]
En junio de 2013 Amnistía Internacional (AI) publicó el informe «El tiempo pasa, la impunidad permanece», en referencia implícita a los crímenes del franquismo. El autor del trabajo, Ignacio Jovtis, es también responsable del Área de Investigación y Políticas de la organización de derechos humanos, que participa en la causa abierta en Argentina contra la impunidad del franquismo dentro del ámbito de la jurisdicción universal. Ignacio Jovtis ha intervenido en un acto organizado en Valencia por Amnistía Internacional y la Fundación d’Estudis i Iniciatives Sociolaborals (FIES) de CCOO-PV, sobre «Tortura y represión durante el franquismo». Respecto a la situación de impunidad, resume que el estado español «no investiga ni tampoco deja investigar los crímenes y desapariciones forzadas del franquismo».
-En noviembre de 2008 la Audiencia Nacional y, en concreto, el juez Garzón, se inhibió de la querella presentada dos años antes por homicidios y desapariciones forzadas en el estado español (114.266 casos entre 1936 y 1951). La competencia se derivó a los juzgados territoriales. ¿Qué ha ocurrido desde entonces?
En Amnistía Internacional tuvimos acceso a 38 de las 47 investigaciones abiertas en los juzgados territoriales. Todas ellas han sido archivadas. La tendencia se vio acentuada a partir de febrero de 2012, por la sentencia del Tribunal Supremo. Actualmente, que nosotros sepamos no hay ninguna causa abierta en ningún juzgado territorial, aunque es cierto que en el último informe del Relator sobre Verdad, Justicia y Reparación hay un párrafo en el que menciona que ha sabido de alguna causa abierta. Pero en Amnistía Internacional no conocemos novedades. De momento, sólo permanece abierta la causa en Argentina. Esperemos que se sumen más países.
-¿En qué fase se halla la causa argentina?
Se abrió en abril de 2010 y empezó con dos personas querellantes. Hoy ya son decenas y cientos de denuncias presentadas ante la justicia argentina, concretamente, en un juzgado de Buenos Aires. Hace relativamente poco tiempo hubo un pedido de extradición por parte de la jueza argentina María Servini de Cubría para cuatro personas; dos habían fallecido, por lo que quedaban activos los pedidos de extradición sobre las otras dos, Billy el Niño y el capitán Muñecas. Los dos fueron denegados por España, con argumentos que en Amnistía Internacional consideramos contrarios al derecho internacional. Pero sabemos que los abogados de los querellantes trabajan para continuar impulsando la causa e imputar a otros presuntos autores de graves violaciones de los derechos humanos. Últimamente, en Argentina, la investigación cuenta con el apoyo de la fiscalía o Procuradoría General de la Nación.
-¿Qué supuso la sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2012?
La sentencia es muy preocupante, porque la máxima instancia en el sistema jurídico español dice: «Estos crímenes en España no hay que investigarlos». La tendencia al archivo en los juzgados territoriales, que tenían estas causas a partir de la inhibición del juez Garzón, se incrementó a partir de esta sentencia. La sentencia del Supremo, para Amnistía Internacional, está llena de afirmaciones que se sitúan totalmente en contra de lo que afirma el Derecho Internacional. Aunque España esté obligado a cumplirlo por los convenios y tratados que ha firmado.
-¿Qué resultados ha proporcionado la vía del Tribunal Europeo de Derechos Humanos?
Está dando malos resultados. Se han presentado siete causas, y todas ellas han sido denegadas. La última fue la de los familiares de Gutiérrez Dorado en 2013. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos archivó la causa por determinados formalismos, sin investigarla. Lo lamentamos, porque hemos visto que la jurisprudencia de este tribunal en otros países sido distinta, para casos parecidos.
-¿Está colaborando el estado español con la justicia argentina?
España no investiga ni deja investigar los crímenes del franquismo. No investiga, por el archivo de los 38 casos en los juzgados territoriales; y no deja investigar porque no está colaborando de buena fe con la justicia argentina. Ha dado información que desde Amnistía Internacional pudimos constatar que era inexacta. Da a entender que aquí se están investigando los casos; habla también de una jurisdicción preferente de España respecto a Argentina, cuando esto no existe en el derecho internacional (hay concurrencia de jurisdicciones, no preferencia). España, a través de la Fiscalía General del Estado, está demostrando que quiere mantener la impunidad de estos crímenes.
-En el informe «El tiempo pasa, la impunidad permanece» puede leerse: «Todos los poderes del estado español han tomado medidas que parecen buscar garantizar la impunidad de los crímenes del Derecho Internacional cometidos durante la guerra civil y el franquismo». ¿Qué significa «todos los poderes»?
El poder judicial, a través de los jueces, que está archivando todas las causas; el poder ejecutivo, por la falta de colaboración con Argentina, y la posición que ha adoptado ante los diferentes mecanismos de Naciones Unidas. Por ejemplo, al decir que la «desaparición forzada» está tipificada en España, cuando eso no es cierto. Finalmente, el poder legislativo ha tenido la posibilidad de derogar la Ley de Amnistía de 1977, y no lo ha hecho. Los tres poderes parecen asegurar un estado de impunidad en relación con los crímenes.
-¿Garantía la Ley de Amnistía la impunidad? ¿Blinda a los responsables ante cualquier investigación?
Hay una serie de elementos que conforman la impunidad. La posición de AI es que la Ley de Amnistía no es aplicable a estos casos. Afecta a delitos de intencionalidad política, pero la ley -a nuestro juicio- no puede incluir graves violaciones de derechos humanos o crímenes de derecho internacional. Es cierto que muchos jueces la han invocado para archivar causas, como también han invocado la ley de memoria histórica.
-¿Hay países que estén actuando en sentido contrario a como lo hace el estado español? ¿Hay referentes en la investigación y persecución de crímenes cometidos durante las dictaduras?
Creo que América Latina está dando, en general, ejemplos interesantes. En Argentina se están juzgando estos crímenes, de hecho, las graves violaciones de derechos humanos están siendo investigadas durante la última década. También en Guatemala y hay algunos casos en Chile. Esto, respecto a los crímenes cometidos en los propios países. Pero, además, alguno de estos países está dando ejemplo en la aplicación del principio de jurisdicción universal. Esto significa que los jueces tienen la facultad de investigar las graves violaciones de derechos humanos, con independencia de quién, cuándo y cómo se cometieron. Argentina está aplicando la jurisdicción universal. Actualmente hay 160 estados en el mundo que la reconocen en su legislación. Hay, por tanto, una orientación en los estados para avanzar en la lucha contra la impunidad, pero en España vemos que está pasando todo lo contrario.
-¿Hay diferencias entre gobiernos y partidos del estado español a la hora de abordar la memoria histórica y la impunidad del franquismo?
En Amnistía Internacional no adoptamos, como organización de derechos humanos, posicionamientos políticos. Pero sí que vemos que estos problemas vienen desde hace muchísimos años. La primera gran reforma de la jurisdicción universal en España fue en el año 2009. La segunda, en 2014. Los crímenes del franquismo, desde que éste terminó, no se han investigado nunca en España. La falta de colaboración con los «mecanismos» de Naciones Unidas, en el sentido de afirmar cosas que no son ciertas. Como decir que en España están tipificadas la tortura o la desaparición forzada según los estándares internacionales… Eso lo han mantenido todos los gobiernos.
-Por último, ¿Qué opinas de la castración ejercida sobre la Audiencia Nacional para que pueda investigar casos de genocidio y violación de los derechos humanos por el principio de Justicia Universal?
Es un ejemplo de internacionalizar la impunidad. No sólo no se investigan los crímenes cometidos en España, sino que se cierran las puertas a investigar graves violaciones de los derechos humanos cometidas en otros países. Esto es bastante triste, ya que España fue «faro» de esperanza para muchas de las víctimas de América Latina, por ejemplo, con el hito de la detención de Pinochet. Que un juez español pidiera a un juez inglés que detuviera a un ciudadano chileno por un crimen que no se cometió en Inglaterra ni en España, constituyó un hito en la lucha contra la impunidad. Hubo una época en que España era un referente en la investigación de estos crímenes. Ahora no sólo no se investiga sino que se marcha hacia atrás. A contramano de la tendencia mundial.
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