La Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior denegó en 2015 la protección internacional al 68,5% de las personas que la solicitaron, según el Informe anual de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) presentado ayer. Así, de los 3.240 expedientes resueltos en 2015, el Estado Español sólo concedió algún tipo de […]
La Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior denegó en 2015 la protección internacional al 68,5% de las personas que la solicitaron, según el Informe anual de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) presentado ayer. Así, de los 3.240 expedientes resueltos en 2015, el Estado Español sólo concedió algún tipo de protección internacional -estatuto de refugiado o protección subsidiaria- a 1.020 personas, frente a las 1.583 de 2014. Aumentan las solicitudes por parte de personas que huyen de conflictos, mientras el gobierno español reduce las concesiones de asilo. En el caso de los refugiados procedentes de Ucrania o Malí, CEAR ha denunciado que Interior se está demorando en la resolución de los expedientes, a la espera de que finalicen los conflictos en estos países.
«Un año más el derecho de asilo retrocedió de manera alarmante en España y en Europa», concluye el coordinador de CEAR-País Valencià, Jaume Durà, durante la presentación del documento. Asentada la premisa mayor, una mirada europea permite evaluar la política del gobierno español respecto a los refugiados. Si el departamento de Fernández Díaz aceptó en 2015 el 31% de las solicitudes de protección internacional, la media europea se situó en el 52% y países como Dinamarca reconocieron cerca del 80% de las peticiones; Austria y Suecia, el 70%. Además, frente a las 1.020 personas a las que España otorgó asilo o protección subsidiaria en 2015, otros países mostraron una mayor «apertura»: Alemania (148.215), Suecia (34.330), Italia (29.630), Francia (26.015), Reino Unido (17.920), Austria (17.750) y Holanda (17.045). Es la demostración de que no se ha alcanzado un Sistema Europeo Común de Asilo.
Los 3.770 muertos en el Mar Mediterráneo durante 2015 (el 70% de cuantas se produjeron en el mundo) ponen el contexto a los sistemas de cuotas y resoluciones administrativas de los países de la Unión Europea. La tendencia se mantiene (1.359 personas muertas en el Mediterráneo durante los cinco primeros meses de 2016). Las políticas de acogida de la UE adquieren su dimensión real en la perspectiva comparada. Así, forzados a abandonar sus países de origen por razones políticas, religiosas, étnicas o huyendo de una guerra, en Líbano viven un millón de refugiados sirios (el 99%, el resto son mayoritariamente iraquíes); y en Turquía habitan casi tres millones de refugiados, sobre todo de origen sirio. La cifra de personas desplazadas forzosamente en el mundo ya supera los 60 millones de personas. El 86% de las personas refugiadas viven en países empobrecidos y el 51% tienen menos de 18 años, según el informe de CEAR.
Mientras, la política migratoria europea adquiere perfiles de «fortaleza», apunta Jaume Durà. Hungría -con políticas de asilo «xenófobas» y «autoritarias»- ha finalizado la construcción de de una valla de 175 kilómetros en la frontera con Serbia; y Bulgaria extendió 130 kilómetros la valla que separa este país de Turquía. En 2015 continuó en Ceuta y Melilla la práctica de las «devoluciones en caliente». El punto culminante de esta perspectiva «receptora» fue el acuerdo de marzo de 2016 entre los países de la UE y Turquía, denunciado ante la Comisión Europea y el Defensor del Pueblo Europeo por CEAR, con el apoyo de más de 300 organizaciones sociales y cerca de once mil ciudadanos. Durà vaticina lo que puede ocurrir por la experiencia de la última década: «Este acuerdo implicará el uso de vías de acceso a Europa aún más peligrosas para las personas refugiadas». El informe de CEAR todavía es más concluyente, al afirmar que si no se da un «cambio urgente», el derecho de asilo se convertirá en un «recuerdo del pasado».
La estadística de Eurostat sobre solicitantes de asilo en la UE tampoco deja en buen lugar a España, que ocupó la decimotercera posición entre 28 países. En el estado español formalizaron la solicitud de protección internacional 14.881 personas (cifras del Ministerio del Interior) en 2015, de las que más de la mitad provenían de Siria y Ucrania. Además, Melilla fue la provincia con más peticiones, debido a la llegada de refugiados sirios por el puesto fronterizo de Beni Enzar. Pese a tratarse del mayor número registrado en España hasta la fecha, apenas supone el 1% de las solicitudes de asilo planteadas en la Unión Europea (1,3 millones). Los guarismos de España contrastan con los solicitantes de asilo que Eurostat atribuye a Alemania (476.510), Hungría (177.135), Suecia (162.450) o Austria (88.160). Pero los miles de muertos en el Mediterráneo, la guerra de Sira (4,9 millones de refugiados y 7,6 millones de desplazados internos), las llegadas de migrantes a la isla de Lesbos y la fotografía del niño Aylan kurdi extendieron la idea de que Europa «debía hacer algo». En agosto de 2015 los medios empezaron a hablar de la «crisis de los refugiados». El informe de CEAR resume qué fue de las expectativas, de los objetivos de los políticos europeos para la reubicación y reasentamiento de 180.000 personas: «Quedaron en papel mojado». En mayo de 2016 sólo se había reubicado a 1.716 personas, y en España a 105.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado ha pedido a los nuevos Gobierno y Parlamento surgidos del 26-J que adopten cinco compromisos «urgentes». En primer lugar, la impugnación y retirada del apoyo de España al acuerdo entre la UE y Turquía sobre migraciones. El segundo punto consiste en la acogida inmediata de los refugiados que se hallan en Grecia e Italia, en cumplimiento de los acuerdos de reubicación adoptados por el Consejo Europeo. Además, se insta a promover vías «legales» y «seguras» de acceder al procedimiento de asilo, como embajadas y consulados españoles; también facilitar la emisión de visados humanitarios. El cuarto requerimiento es poner fin a las devoluciones «ilegales» de personas migrantes y refugiadas en las fronteras de Ceuta y Melilla, así como suprimir la exigencia de visado de tránsito aeroportuario establecido en 2011 para personas sirias. La lista de propuestas termina con la aprobación del Reglamento que desarrolle la Ley de Asilo, pendiente desde hace siete años.
El informe presentado en el Colegio Mayor Rector Peset de la Universitat de València hace referencia especial a las fronteras de Ceuta y Melilla. Las «devoluciones en caliente» son, según Hassina Mhamed Khadad, abogada de asilo de CEAR-País Valencià, «un fenómeno generalizado desde hace más de una década». El Defensor del Pueblo y el Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa remiten desde 2005 recomendaciones sobre este particular, que son desatendidas por las autoridades españolas. Además se produjeron cambios significativos en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y sobre todo Melilla. «Tanto el número de residentes en el CETI como las solicitudes de asilo presentadas en la frontera y en territorio español han batido todos los registros desde que el centro abriera sus puertas en 1999», explica la abogada. «Aunque por primera vez carecemos del dato anual por el silencio del Ministerio del Interior».
Otra conclusión del documento es que en 2015 se redujo notablemente la entrada de subsaharianos a través de la frontera de Melilla. En cuanto a los refugiados sirios que trataron de cruzar la frontera marroquí de Beni-Enzar y llegar a la oficina de asilo melillense, continuaron las «enormes trabas». «Hubo casos en los que se separó a menores de sus familiares directos en la frontera, así como graves extorsiones», destaca Hassina Mhamed Khadad. Por otro lado, la abogada ha informado de que sólo cuatro personas que llegaron como polizones a puertos españoles pudieron pedir asilo. Respecto a los CIE no hay cifras de peticionarios, pero las solicitudes de asilo dependen de las posibilidades de acceder a información. Actualmente sólo disponen de servicios de orientación jurídica los CIE de Madrid, Barcelona y Valencia. En el Centro de Internamiento de Zapadores (Valencia) se registraron 236 solicitudes de asilo en 2015, frente a las 136 del año anterior. El aumento responde al trabajo desplegado por abogados y ONG.
Un capítulo específico es el derecho de asilo por orientación sexual e identidad de género. Actualmente los actos homosexuales se criminalizan en 75 países con multas, condenas a prisión o incluso la pena de muerte, establecida en Arabia Saudí, Mauritania, Irán, Sudán, Yemen, algunas regiones de Nigeria y Somalia, las zonas de Iraq y Siria ocupadas por Daesh y en el Código Penal de Brunei, recientemente modificado. «Más allá de la penalización de la homosexualidad en casi el 40% de los estados de la comunidad internacional, en todas las regiones del mundo las personas LGTBI son víctimas de transfobia, bifobia y homofobia», detalla el profesor de Derecho Constitucional de la Universitat Jaume I de Castelló, José Díaz Lafuente. Uno de los grandes retos en el procedimiento de asilo por orientación sexual e identidad de género es la valoración de la prueba. A la persona que solicita asilo se le concede en muchos casos escaso crédito y además se le presume un «abuso de derecho». Algunas legislaciones exigen «en exceso» pruebas testificales, cartas y fotografías muy difíciles de aportar, ya que el migrante procede de un país donde la homosexualidad está perseguida, argumenta el docente. Muchos de los relatos tampoco son considerados veraces. «Incluso algunos estados evalúan la solicitud de asilo con un reconocimiento médico, psiquiátrico o psicológico», concluye Díaz Lafuente.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.