Estos días, Stop desahucios Euskadi hemos participado en las reuniones convocadas por el gobierno vasco con el fin de elaborar el Plan Director de Vivienda 2021-2023.
Aunque el proceso se define como participativo, no se nos permite el acceso a las grabaciones, los resúmenes recogen parcialmente las propuestas, y, en general, reflejan la complacencia con una situación que se compara con Madrid o Barcelona, pero no con Francia o Alemania, que tienen diez veces más parque público de alquiler.
En Euskadi, la vivienda ha desbancado al desempleo como primer factor de exclusión social, las perspectivas apuntan al crecimiento de la desigualdad y la pobreza, y todos los informes (FOESSA, AROPE, etc.) son concluyentes: medio millón afrontan esta crisis en situación de pobreza, un 20% más que hace diez años. 110.000 personas sufren pobreza extrema, un 50% más que en 2008, y son más de 382.000 las que están en riesgo severo de caer en ella.
Frente al victimismo del Departamento de Vivienda, que alega falta de personal o escasa colaboración de otras administraciones, la realidad es que este gobierno ha frustrado por la vía de los hechos una Ley de Vivienda vasca que tantas expectativas levantó hace cinco años. Se empezó por incumplir la ley, renunciando a crear el organismo autónomo que integrase todas las instituciones relacionadas con la vivienda, se ha continuado callando ante las Diputaciones Forales y muchos ayuntamientos que incumplen el principio de colaboración y coordinación de todos los poderes públicos previsto en la ley, y han acabado superando a Romanones, quien dijo lo de «Hagan ustedes las leyes, que yo haré los reglamentos», dado que durante cinco años el único reglamento aprobado es el de depósito de fianzas.
El gobierno vasco (GV), como un prestidigitador, recurre al despiste y la propaganda para ocultar el fracaso en el desarrollo y aplicación de la LVV, suaviza la creciente incapacidad de las personas para conseguir un alquiler asequible, y resta importancia a la aplicación de la ley para que las viviendas deshabitadas pasen al alquiler social. Según el GV, la nueva Estadística del Mercado del Alquiler (EMA), elaborada con los contratos depositados en el registro de fianzas, la renta media de alquiler en Euskadi es de 668 € mes. El estudio se hace sobre 50.000 contratos registrados, menos del 50% de los 115.000 pisos alquilados, y ocultando que hay más de 80.000 declaraciones del IRPF con deducciones por alquiler. Unos datos que contrastan con los del OFIN (encuesta de oferta inmobiliaria), también del GV, que da una media de 970€ de renta de alquiler. La entrada de fondos de inversión, en el mercado privado y en alquileres protegidos, y la especulación, han elevado los precios, y expulsan del alquiler a familias vulnerables con dificultad para pagar avales, fianzas, y otros requisitos abusivos. La misma confusión se produce en los datos sobre viviendas deshabitadas. Según la encuesta sobre uso de vivienda en euskadi (2019), el GV dice ahora que sólo hay 15.159 pisos vacíos que incumplen su función social, pero el 27/9/2019 el mismo GV hacía público el informe sobre nueva normativa viviendas deshabitadas, declarando que 35.647 viviendas vacías eran gestionables, y cumplían los requisitos de la LVV para aplicarles el canon, alquiler forzoso, o expropiación de uso
La LVV reconoce el derecho subjetivo a una vivienda a quien no supere el límite de 9.000 € para una persona, 12.000 € para dos personas, y 15.000 € para tres o más personas, cantidades arbitrarias que después de cinco años siguen congeladas y están muy por debajo del umbral de pobreza establecido por el Parlamento Europeo y la Carta Social Europea. Según el GV, desde 2015 se ha reconocido el derecho subjetivo sólo a 5.652 personas, a pesar de que hay 26.000 personas que están cobrando la RGI y viven de alquiler privado. Dado que tener reconocido el derecho subjetivo ni siquiera da prioridad para el acceso a una vivienda, debido al decreto de cupos aprobado en 2019, se ha extendido el criterio de que el GV está convirtiendo la LVV en papel mojado.
Reconocer la emergencia habitacional y desarrollar la LVVsiguen siendo una prioridad. El presupuesto debe aumentar del 0,35% del PIB vasco al 2%, para que las políticas públicas de vivienda sean efectivas. Las Diputaciones Forales deben acabar con la desgravación fiscal a la compra de vivienda, que nos cuesta 300 millones de euros anuales y beneficia a las rentas más altas, y modificar las deducciones a favor de arrendatarios y de quienes alquilen sin especular. Los alquileres deben limitarse en las zonas tensionadas, para que sean asequibles, de forma que ninguna familia vulnerable dedique más del 30% de sus ingresos a gastos de vivienda. Las VPO financiadas con dinero público no pueden ser negocio para “Fondos Buitre” que, al finalizar el alquiler protegido, están pidiendo para renovar el contrato aumentos de renta impagables, como ocurre en Irún, Lasarte, Errentería, Zumaia, o Gasteiz. El GV puede y debe recurrir al derecho de tanteo para adquirir pisos a bajo coste, y dar ayudas a la rehabilitación de viviendas a cambio de destinarlas al alquiler social. Los Ayuntamientos no pueden vender suelo público al capital privado para obtener plusvalías porque deben destinarlo en un 100% a edificar viviendas públicas de alquiler, tal y como establece la ley. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prohíbe el desahucio de personas vulnerables sin previa alternativa habitacional, y es de obligado cumplimiento, también en Apartamentos Dotacionales, como los de Sagastieder o Intxaurrondo en Donostia, o los de Portal de Arriaga en Gasteiz, en los que finalizan los cinco años de contrato y la prórroga de seis meses. La vivienda es un derecho que se vulnera cada día, y sin un techo asequible y digno se resiente la educación, la sanidad, o los derechos de los menores, y no habrá proyectos de vida ni cohesión social.
Jose Arturo Val Del Olmo. Miembro de la Comisión de Vivienda de Stop Desahucios Euskadi