Alejandro Pozo (La Val d’Uixò, 1975) es analista e investigador en el Centre Delàs d’Estudis per la Pau sobre conflictos armados y acción humanitaria. Lleva 25 años documentando y desmontando las corrientes del mal que asolan buena parte de África y los territorios ocupados por Israel en Palestina.
Autor de un centenar de artículos de investigación e informes sobre los lucrativos negocios de la guerra, Alejandro Pozo acaba de publicar su tercer libro, ‘¿Quién arma a Israel?’ (Ed. Icaria), donde desvela los sucios intereses que comprometen a Occidente con el Estado sionista. Doctor en Humanidades y colaborador del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, coincide con la relatora de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, en que la única manera de detener el genocidio en Gaza es la presión social. «El Gobierno español puede y debe hacer más para evitar el suministro de armas a Israel», asegura.
La relatora de la ONU para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, ha alabado el trabajo de vigilancia marítima que organizaciones como Rescop realizan para forzar a los países a no colaborar con el transporte de armas a Israel. ¿Hasta qué grado es importante la denuncia social para frenar el genocidio?
Organizaciones como Rescop están haciendo el trabajo que correspondería hacer a gobiernos como el español. El Ejecutivo de Pedro Sánchez ya anunció que no autorizará nuevas exportaciones de armas a Israel y que no permitirá que ese tipo de cargas pasen por su territorio, pero la realidad es que han seguido ocurriendo cosas poco claras como pudimos comprobar con la gestión del carguero Borkum hace unos días frente al puerto de Cartagena, donde el rol que tuvo la sociedad civil resultó fundamental. La desconfianza hacia los Gobiernos mostrada por Albanese llega por hechos como ese y a mí el trabajo de la relatora me parece muy lícito y valiente. También debo reconocer la importancia de la posición española denegando la escala a un barco con armas para Israel y la sorpresa, por la novedad de la medida, que ha causado en muchos países europeos y no europeos. Pero debo ser muy claro: esa denegación se explica exclusivamente por la presión social. En mi opinión, es una victoria de esa presión que un país se haya posicionado pública y abiertamente sobre la imposibilidad que un barco cargado de armas con destino a Israel pueda hacer escala en cualquiera de sus puertos. O en ‘casi’ cualquiera de sus puertos, porque las escalas de armas de EEUU en Rota están demostradas y no han sido objeto de cuestionamiento mediático ni político.
Usted criticó la opacidad con la que el Gobierno español gestionó la información sobre el buque Borkum. ¿Cómo logran esa información?
El punto de partida fue una filtración ‘desde dentro’. Alguien con conocimiento de la lógica completa de la transferencia y anteponiendo su integridad moral a la profesional, comunicó que ese barco llevaba armas con destino a Israel. Esa fuente ofreció detalles adicionales, manuscritos en el documento filtrado, que incluían, entre otros, los datos del barco, las escalas previstas desde su salida de Chennai, en India, e información de los contenedores con las armas, municiones y explosivos que, según notificó el ministro español de Transportes, Óscar Puente, tenía como destino la República Checa. Sin embargo, en este caso hay, al menos, cinco elementos de preocupación no resueltos. El primero está relacionado con el puerto esloveno de Koper, el destino final del Borkum. Según el medio israelí ‘Globes’, Israel ha considerado introducir mercancías turcas a través de Koper ante las dificultades que están encontrando para importar ciertos materiales por las rutas más directas a los puertos de Haifa o Ashdod. El segundo es la posibilidad de que la República Checa reexporte esas armas. El tercero, la razón por las que el Borkum no desembarcó en Cartagena cuando nada le impedía hacerlo y tenía, además, el compromiso de entrega de productos a la Fábrica de Municiones de Granada, propiedad de la firma eslovaca MSM. Según esta empresa, esa decisión supuso dos semanas de retraso en la producción y afectó a 30 puestos de trabajo, y cabe entender que incumplir esos acuerdos acarrea sanciones. Cuarto, el destino no aclarado de los ‘cartuchos de trinitrotolueno (TNT)’ que figuran en el documento de autorización de tránsito del Borkum que compartió el ministro Óscar Puente pero no lo hacen en el certificado de la transferencia entre India y la República Checa. Finalmente, la quinta preocupación es dónde están las armas, municiones y explosivos que alertaba la fuente que llegarían a Israel haciendo escala en puertos españoles. Una opción es que viajaran todos en el Marianne Danica, el barco al que se denegó el acceso. En ese caso, bien podría el Gobierno señalar qué cargaba. Mencionó los motores de cohetes, pero faltan los cohetes, las cargas propulsoras de cañón y las sustancias explosivas, todas con códigos distintos a los que dijo el Gobierno que estaban destinadas a la República Checa. Quizá estaban en aquel navío, quizá lo estaban en el mismo Borkum que tenía ‘todos los documentos en regla’, como todos los barcos que trafican legal e ilegalmente, quizá están en el Vertom Odette, que el miércoles fondeó en la bahía de Algeciras, quizá están en otro carguero, quizá no llegaron a cargarse o quizá la fuente mintió o se equivocó. Pero todo esto sería muy fácil y rápido de aclarar si se hiciera lo que se ha hecho tantas veces: inspeccionar la carga de los barcos que se señalan como sospechosos.
Desde el 7 de octubre, ¿cuántos barcos con armamento hacia Israel han pasado por puertos españoles sin nadie lo supiera?
Esa es la gran pregunta. Hace falta una investigación para detectar qué barcos realizan las rutas sospechosas y, sobre todo, cuáles llevan armas. Eso lo pueden realizar los países que dan acceso a los puertos en base a la documentación del carguero si quieren. Esto no lo ha hecho el Estado español, porque está a la defensiva, intentando evitar problemas. Pero para un investigador es bastante fácil. Es tan sencillo como analizar los papeles de todos los barcos procedentes de Chennai y otros lugares con rutas identificadas como problemáticas en cuanto a la posibilidad de cargar armas con destino a Israel. Ocurre lo mismo con la exportación que realiza EEUU. Esos suministros por vía marítima pasan necesariamente por el estrecho de Gibraltar y pueden y suelen hacer escala en territorio español. También es necesario ese paso ahora para los cargueros procedentes de Asia, por los peligros que perciben en el mar Rojo que les fuerza a circunvalar el continente africano. Por lo tanto, estamos hablando de muchísimos barcos y la práctica totalidad de lo que llega a Israel por vía marítima. ¿Ninguno de los que portaban armas a ese país ha hecho una escala de tránsito en casi ocho meses en un puerto español como Rota, Algeciras, Cartagena, València o Barcelona, puertos habituales en las rutas comerciales de contenedores que conectan a Israel con el mundo? ¿Por qué razón?
¿Puede el Gobierno español garantizar que no se utilice su territorio como lanzadera de armas de terceros países a Israel?
Podría y debería, pero no lo hará. Con todo, hay que reconocer que la negativa del Gobierno al tránsito del carguero Marianne Danica con armas para Israel ha sido excepcional. Así ha quedado reflejado en la importante cobertura de medios internacionales que recogieron la noticia con sorpresa, a pesar de que estos tránsitos han sido, sin duda, frecuentes: todos los barcos cargados de armas para Israel procedentes de EEUU tienen que pasar necesariamente por el estrecho de Gibraltar, y es práctica habitual hacer escala para reportar o cargar o descargar mercancías. En cuanto al tránsito aéreo de armas hacia Israel, parece probado el paso por el Estado español. Según el diario israelí “Haaretz”, al menos 40 aviones militares de transporte pesado C-17 y otros 60 aviones 747 de transporte civil alquilados suministraron armas y equipos militares desde las bases en EEUU y Europa a la base de la Fuerza Aérea de Israel de Nevatim, a unos 15 kilómetros de la ciudad de Beerseba, en el desierto del Néguev. Esos suministros habrían partido de distintas bases: Dover, en EEUU; Ramstein, en Alemania; Al-Udeid, en Qatar; Alexandroupoli, en Grecia; Sigonella, en Italia; y Rota, en Cádiz. Los C-17 pueden transportar desde tanques a helicópteros de combate. Por otro lado, el portal Declassified (https://www.declassifieduk.org/u-s-military-is-secretly-supplying-weapons-to-israel-using-uk-base-on-cyprus/) concluyó que las armas estadounidenses a Israel también se suministran, probablemente, desde la base militar británica de Akrotiri, en Chipre, procedente de las bases militares en Turquía, Alemania y el Estado español, y los investigadores no encontraron ningún vuelo similar en los dos meses previos al 7 de octubre. Los 18 y 24 de octubre, por ejemplo, esa fuente identificó que dos gigantescos C-17A Globemaster de la Fuerza Aérea de EEUU volaron de Rota a Akrotiri. Es razonable que exista escepticismo en cuanto a las dificultades del Gobierno español para impedir a EEUU utilizar sus puertos y aeropuertos, pero me sorprende mucho más que este asunto no esté siendo debatido o sea objeto de cobertura mediática.
Así parece complicado plantear un bloqueo comercial de armas a Israel, como dice Francesca Albanese.
Sí, pero la retórica empleada por el Gobierno español ha sido criticar inequívocamente lo que hace Israel en Palestina y cómo lo está haciendo, yendo mucho más allá que otros países europeos. Luego, en la práctica, es cierto que se ven contradicciones fruto de la amalgama de presiones de todo tipo, desde dentro y desde fuera. Por ejemplo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha calificado lo que hace Israel en la Franja de Gaza como un ‘auténtico genocidio’, pero el Ministerio que dirige continúa, como solía hacerlo antes del 7 de octubre, adjudicando sus contratos de suministro y servicio a las mismas empresas que son parte del mismo actor que, según la ministra, está cometiendo ese crimen. ¿Cómo puede ser que no se le imponga un embargo de armas a quien se acusa de estar cometiendo un genocidio? Cuando el ministro José Manuel Albares dice que el Estado español está haciendo más que casi todos los otros países en Europa, creo que tiene razón, pero también considero que debería hacer más. Por ejemplo, se podrían revocar las licencias de exportación de armas autorizadas antes del 7 de octubre e imponer un embargo administrativo, no sólo político, de armas. Se podrían poner en cuestión los contratos que tienen firmados, incluso para algunos de ellos eliminarlos. Israel ha demostrado no ser un socio fiable desde el punto de vista del respeto a los derechos humanos y la legalidad internacional. Depender de ese país para el suministro de material de Defensa y las comunicaciones críticas es muy irresponsable.
La Corte Internacional de Justicia (CIP) ha ordenado a Israel que detenga la ofensiva sobre Rafah, el fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI) ha pedido la detención de Benjamin Netanyahu, de su ministro de Defensa y de los líderes de Hamas, y tres países europeos acaban de reconocer al Estado palestino. ¿El mundo empieza a reaccionar ante el genocidio?
Estas medidas llegan muchos meses tarde, teniendo en cuenta la magnitud del desastre y el ensañamiento diferencial con respecto a otros casos, como imposibilitar la huida, privar de suministros esenciales para la vida o la intensidad, desproporción e indiscriminación que han caracterizado a las operaciones militares. Con todo, considero que lo que está haciendo el TPI no solo es histórico e importantísimo, sino también muy esclarecedor. Por un lado, es una sorpresa que, por primera vez, se haya juzgado a un aliado de Occidente; por el otro, el conocimiento que hemos tenido por una investigación de las prácticas de las instituciones israelíes para coartar el trabajo del TPI, desde las amenazas a la exfiscal y a su familia, y la intimidación a los miembros del tribunal hasta el espionaje generalizado de las comunicaciones para vigilar, intimidar, difamar, obstaculizar o amenazar.