Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos
A primeros de agosto el parlamento israelí, Knesset, aprobó discretamente el primer debate de una ley que podría convertir en legislación permanente las regulaciones del «estado de emergencia» del país, que han estado activas desde que se creó el Estado en 1948.
Este paso consolidaría el uso de medidas draconianas, como las órdenes de detención administrativa y las deportaciones por motivos políticos, en un esfuerzo de Israel por luchar contra una extremadamente amplia y vagamente definida «amenaza terrorista».
Según un comunicado publicado por el Asociación para los Derechos Civiles en Israel (ACRI, por sus siglas en inglés), tras el primer debate de la ley, «la Ley Antiterrorista contiene unas provisiones demasiado generales que amplían la esfera de la criminalidad y amenazan con convertir en ‘terroristas’ a ciudadanos y organizaciones respetuosos de la ley» («The counter-terrorism bill 2011, Position Paper – Executive Summary«, agosto de 2011 [PDF]).
Según esta ley, los individuos que «expresen su solidaridad o se identifiquen con un grupo terrorista» ya sea ondeando públicamente su bandera, entonando su himno o publicando elogios o su simpatía hacia el grupo, pueden enfrentarse hasta a tres años de cárcel.
La ley situaría también la carga de la prueba en la persona sospechosa para que demuestre que no es miembro de una organización terrorista, mientras que la pertenencia a una organización terroristas se extendería a cualquier persona que «declare su consentimiento a unir una organización con otra».
«Debido a que la acusación se aplica aquí específicamente a lo que una persona dice a otra, aparentemente en privado, hay un peligro real de incriminación sobre la base de una acusación falsa contra la que sería difícil o incluso imposible preparar la defensa», afirma la ACRI. «¿Cómo podría un acusado aguantar la carga de la prueba en una situación así? ¿Puede alguien demostrar que nunca ha dicho algo a otra persona en privado?».
Orígenes en el periodo del Mandato Británico
Poco después del establecimiento del Estado de Israel en 1948 el país adoptó las «Regulaciones de Defensa (Emergencia)» que habían sido decretadas en 1945 por las autoridades británicas (conocidas como el Mandato) que gobernaban entonces Palestina. Durante el Mandato Británico estas regulaciones permitían, entre otras cosas, el establecimiento de tribunales militares, registros minuciosos y confiscar propiedades, la demolición de casas y la detención administrativa por periodos indefinidos de tiempo.
En 1951 el Knesset decidió que las Regulaciones de Defensa eran contrarias a los principios básicos de la democracia y sugirió que se debían revocar. Sin embargo, según el grupo israelí de derechos humanos B’Tselem, «las Regulaciones no se abolieron [en 1951], aparentemente porque servían como base legal para el gobierno militar impuesto a los ciudadanos árabes de Israel» («Defense (emergency) regulations«).
El historiador Ilan Pappe concluye en su libro La limpieza étnica de Palestina que las Regulaciones de Emergencia, utilizadas para mantener el gobierno militar impuesto a los ciudadanos palestinos de Israel, eran «comparables a las ‘Leyes de Nuremberg’ de 1935», la serie de leyes en contra de los judíos aprobadas por la Alemania nazi que privaban a los ciudadanos judíos de sus derechos básicos.
«Estas regulaciones […] prácticamente abolieron los derechos básicos de expresión, organización e igualdad ante la ley. Dejaron [a los ciudadanos palestinos de Israel] el derecho a votar y a ser elegidos para el parlamento israelí, pero también esto con unas fuertes restricciones. Este régimen duró oficialmente hasta 1966, pero a efectos prácticos las regulaciones continúan en vigor», explica Pappe.
Es más, el estallido de la guerra de 1967 y la subsiguiente y todavía presente ocupación israelí de Cisjordania y Gaza también dejaron de lado la abolición de las Regulaciones de Emergencia, que han permanecido en vigor hasta el día de hoy; el Knesset israelí las ha renovado anualmente desde principios de la década de 1990.
«A lo largo de los años Israel utilizó ampliamente estas regulaciones en los territorios ocupados para castigar y para disuadir. Israel se basó en la autoridad de las regulaciones para demoler y sellar cientos de casas, para deportar a sus residentes, detener administrativamente a miles de personas e imponer el cierre y toques de queda a ciudades y pueblos», afirma B’Tselem en su informe.
El objetivo son las instituciones palestinas
El Centro Nidal en la Ciudad Vieja de Jerusalén es una de las más de doce instituciones palestinas de la ciudad que han sido cerradas en los últimos años en base a las Regulaciones de Emergencia de Israel.
Creado en febrero de 2000 el Centro Nidal para el Desarrollo de la Comunidad está afiliado a los Palestinian Health Work Committees [Comités Palestinos de Salud Pública], una organización que aglutina a varios grupos y que se ocupa de proporcionar a los palestinos que viven en Jerusalén Oriental, Cisjordania y Gaza «un sistema de salud pública global, competente culturalmente y basado en la comunidad encargado de satisfacer las necesidades del individuo y de promover la salud de la comunidad».
Las autoridades israelíes emitieron el primer aviso de cierre del Centro Nidal en julio de 2009. Según Hazem Abu Seir, director del Centro Nidal, las autoridades israelíes argumentaron que este centro comunitario palestino estaba promoviendo actividades relacionadas con el terrorismo. Además notificaron a los trabajadores del Centro Nidal que pronto se emitiría otro aviso de cierre prohibiendo al Centro abrir sus puertas hasta septiembre de 2012.
«Al principio [las autoridades israelíes] afirmaron que el centro está relacionado con actividades terroristas y [con] un partido terrorista», declaró Abu Seir a The Electronic Intifada. «Pero la razón [del cierre del centro] es que trabajamos con jóvenes. [Nuestras actividades] están relacionadas con nuestra cultura palestina y esto es resistencia indirecta. Les preocupa mucho que desarrollemos nuestra propia identidad».
Abu Seir afirmó que el Centro Nidal no tenía ninguna relación con ninguna denominada «organización terrorista», sino que sus actividades se centraban en desarrollar la conciencia cultural y en promover la educación de los jóvenes y los niños palestinos, y en celebrar seminarios, charlas y clases para empoderar a las mujeres palestinas. «Por ejemplo, organizamos grupos de dabke [baile palestino]. Estaba verdaderamente bien y a los jóvenes les gustaba participar en el grupo. Tras el cierre, todos ellos y sus familias nos llamaron y nos preguntaron, ‘¿Por qué? ¿Por qué han cerrado?’. Era una excelente oportunidad para que los jóvenes y los niños participaran en el Centro en la Ciudad Vieja», afirmó.
«Siempre tengo esperanza [de que vuelva a abrir el centro] pero cuando nos dijeron que iban a renovar a orden de cierre], la decisión nos decepcionó mucho», añadió Abu Seir.
Amplio uso de las regulaciones
El uso por parte de Israel de las órdenes de detención administrativa (que autorizan la detención de una persona sin cargos ni juicio y que se puede renovar indefinidamente por periodos de seis meses) se basa en las Regulaciones de Emergencia de 1945. A fecha de julio de 2011 B’Tselem calculaba que Israel tenía a 243 palestinos en situación de detención administrativa en instalaciones dirigidas por el Servicio de Prisiones Israelí (IPS, por sus siglas en inglés) («Statistics on administrative detention«, julio 2011).
Según Addameer, la organización de defensa de los derechos de los presos con sede en Ramala, «las autoridades militares israelíes han utilizado la detención administrativa como una forma de castigo colectivo contra los palestinos, castigo que según el derecho internacional es ilegal» y «las autoridades israelíes no dudan en violar las normas de un juicio justo y no tienen en consideración el derecho internacional ni la dimensión humanitaria cuando manejan la detención administrativa» («Administrative detention«).
Israel también ha utilizado las Regulaciones de Emergencia para expulsar a dirigentes políticos palestinos de Jerusalén. Por ejemplo, Adnan Gheith, miembro del Comité Popular al-Bustan en el pueblo de Jerusalén Oriental de Silwan y secretario del movimiento Fatah en el barrio, fue expulsado de la ciudad a principios de 2011 por un periodo de cuatro meses.
La expulsión de Gheith se basó en el pretexto de que era responsable de los enfrentamientos entre jóvenes palestinos y las fuerzas de seguridad palestinas en Silwan y de que por ello constituía una amenaza para la seguridad del Estado. Era la primera vez que Israel emitía una orden de residencia asignada contra un residente en Jerusalén Oriental. «La orden contra Adnan no forma parte de un proceso legal en el que participen las sospechas, las acusaciones y las pruebas. Es una orden administrativa que se burla del imperio de la ley, que es la base de la democracia occidental», escribió el Comité de Coordinación de la Lucha Popular (PSCC, por sus siglas en inglés) cuando se emitió la orden de deportación de Gheith («Help Silwan resident Adnan Gheith stay in Jerusalem«, 23 de diciembre de 2010).
«En esta dura realidad, se suprimen los derechos de una persona sin un proceso debido, sin acusaciones basadas en pruebas secretas y sin posibilidad de defenderse realmente. En esencia es un proceso legal kafkiano en el zahiriente laberinto de la burocracia y del poder de la ocupación», añadió el PSCC.
«Poderes ilimitados y draconianos»
La ACRI concluye que, en última instancia, si se aprobara la Ley Antiterrorista no sólo consolidaría las peligrosas medidas que ya practican las autoridades israelíes, sino que legalizaría su uso en cualquier momento y no sólo durante un «Estado de emergencia».
«La ley concede al ejecutivo unos poderes ilimitados y draconianos para utilizar severas medidas contra individuos y organizaciones, todo ello sin juicio, sobre la base de la mera sospechosa, y sin establecer las garantías mínimas para la defensa de los derechos del acusado», explica la ACRI en su comunicado de prensa.
«En su formulación actual la Ley Antiterrorista […] trata de perpetuar los procedimientos impropios que están actualmente en vigor, al tiempo de se ignora la preocupación por los derechos humanos. Todo ello es extremadamente grave teniendo en cuenta que esta proposición de ley se convertirá en una ley ‘normativa’ permanente y no limitada a ser utilizada en un Estado de emergencia».
Jillian Kestler-D’Amours periodista y director de documentales que trabaja en Jerusalén. Se pueden ver más de sus trabajos en http://jkdamours.com.
Fuente: http://electronicintifada.net/content/knesset-moves-forward-bill-granting-israel-unchecked-draconian-powers/10409