Siete de los ocho activistas del movimiento BDS que fueron a juicio por el boicot al cantante Matisyahu explican cómo vivieron el proceso hasta que la causa resultó archivada.
Blanca llevaba cuatro años y medio deseando brindar como lo hizo el martes. Igual que Carlos, Irene, Jorge Sánchez, Pau, Inma y Jorge Ramos. Ellos son siete de los ocho activistas sobre los que caía una denuncia por supuestos delitos de amenazas, coacciones e incitación al odio. Hasta cuatro años de cárcel por posicionarse con el pueblo palestino, por pedir que se suspendiera un concierto, por defender los derechos humanos. “Ha sido muy duro, querían desgastarnos a nivel personal”, resume Jorge Ramos.
En el Centre Social Terra, unos días después de conocer el archivo de su causa, la sensación es que el aire pesa menos sobre sus cabezas. La presión atmosférica, durante más de 1.500 días, cargaba con una causa penal en los juzgados que aparecía recurrentemente en su recuerdo en forma de última hora y notificaciones en Telegram. “Cada vez que veía que en el grupo había mensajes me ponía a temblar”, recuerda Irene. “Aunque también decíamos muchas chorradas, pero son cuatro años de tu vida donde tienes eso presente”, añade Carlos. “Es que es una causa penal, que no es cualquier cosa”, incide Blanca.
Todo comenzó por la petición de suspensión del concierto de Matisyahu en el Rototom. Era agosto de 2015 cuando desde el grupo BDS País Valencià se sorprendieron de que en un festival de música que defiende los derechos humanos y la paz contara con la participación de Matisyahu, un cantante proisraelí que niega la existencia del pueblo palestino, que ha colaborado en la recaudación de fondos para el ejército israelí y justificó ataques de estas fuerzas armadas como el que sufrió la Flotilla de la Libertad en 2010 cuando iba a dar ayuda humanitaria a Gaza.
Las redes sociales fueron la vía por la que pidieron la suspensión de un concierto que en un momento se canceló, pero que finalmente se llegó a celebrar. No hubo actos violentos, ni incidentes, ni ningún altercado que justificase una causa penal. De hecho, la selección de encausados se basó en el mismo medio que se utilizó para protestar: las redes sociales. “Fueron eligiendo a quienes nos habíamos posicionado más, quienes habíamos salido en prensa o en medios y luego a quienes más repercusiones tenían en redes”, recuerda Blanca.
“Intentaron demostrar que había una relación y que éramos una organización cuando muchas ni siquiera nos conocíamos en persona”, insiste Inma. “Fueron a por los compañeros y compañeras del BDS País Valencià que estaban más señalados y a por los del BDS Catalunya porque estamos teniendo varios éxitos y eso les molesta”, argumenta Pau, castellonense residente en Barcelona que ha viajado junto a Jorge Sánchez a València para la rueda de prensa.
No en vano, la primera denuncia incluía un noveno perfil de Twitter, alguien sin nombre y apellidos y que desde los juzgados no lograron identificar. “Empezaron a buscar a gente que estuviera relacionada con el BDS y hasta siguieron a una compañera que salía en fotos de Facebook, le fotografiaron con su hija y su ex con quien se estaba divorciando, quería utilizar una posible imputación en su contra para pedir la custodia”, asegura Jorge Ramos. También llamaron a declarar, añaden, a una chica gallega que había pasado un año de intercambio en València y que nada sabía del tema.
“El objetivo de la denuncia era ir a por activistas y defensores de los derechos humanos, querían demostrar que militar tiene un coste, que trae consecuencias”, incide Irene. “Es una represión que ya es conocida, que por formar parte de los movimientos sociales te señalan y cuando cae una presión de este estilo, pues asusta”, complementa Inma. “Por eso militamos, esto te da una dimensión de que esto les hace daño, una protesta no violenta como es el BDS, eso le duele a Israel y a los suyos”, argumenta Jorge Sánchez, también llegado desde Barcelona para la ocasión. “Querían hacer daño personal, que dejásemos de militar, que los próximos se lo piensen”, indica Jorge Ramos.
La jueza encargada del caso archivó la causa tras cuatro años y medio donde, explican, desde la acusación no dejaron de ir alargando el proceso con documentos extra. La Fiscalía, en su única pronunciación, ya había pedido el carpetazo del caso en junio de 2020 cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avaló el boicot como forma de libertad de expresión, una acción que se consolida en el Estado español tras esta sentencia.
El proceso, sin embargo, también ha dejado huellas positivas. “Hemos creado una familia muy especial, hemos compartido momentos muy duros, ha sido una contraparte de ver que nos hemos conocido mejor”, señala Irene. También ha contado con mucha solidaridad. Desde grupos de música que tocaron en conciertos para recaudar fondos, ateneos populares y asambleas que ayudaron con pequeñas aportaciones, diseñadores gráficos que pusieron su trabajo a disposición de campañas hasta la Rescop (Red de Solidaridad contra la Ocupación Palestina) y la propia Palestina.
“Es increíble que hubiera gente en Palestina en situaciones dificilísimas, de ocupación, de apartheid, que en carreras populares llevase como dorsal el #DefensemElsDDHH de la campaña y que nos llegasen mensajes de ánimo desde allí, emociona mucho”, recuerda Irene quien añade: “Eso nos ha ayudado a acordarnos de por qué militamos, a tener a Palestina siempre en la cabeza”.
Después de todo el proceso, la última pregunta está clara: ¿volverían a pedir el boicot para Matisyahu? “Bueno, lo hemos seguido haciendo”, señala Pau. La mayoría afirma, Carlos duda: “Sí, seguiría haciendo BDS y todo, pero el caso de Matisyahu… No lo sé; quizás lo haríamos mejor”. “Si hacemos esto es porque en Palestina hay una situación de apartheid, de vulneración constante de la legalidad internacional y es el pueblo palestino, el pueblo sometido, el que pide este BDS. Es la mejor forma de solidaridad”, sentencia Jorge Ramos. Las celebraciones conjuntas, eso sí, quedan aplazadas.