A través de su Presidente Ejecutivo del Comité Federal, Felipe Alcaraz, el Partido Comunista de España ha mostrado su consideración respecto al proyecto de Ley de Memoria Histórica en su recta final de negociación en el Congreso. Según palabras de Felipe Alcaraz, la ley, en sus términos actuales y que el último acuerdo entre PSOE […]
A través de su Presidente Ejecutivo del Comité Federal, Felipe Alcaraz, el Partido Comunista de España ha mostrado su consideración respecto al proyecto de Ley de Memoria Histórica en su recta final de negociación en el Congreso.
Según palabras de Felipe Alcaraz, la ley, en sus términos actuales y que el último acuerdo entre PSOE e IU no cambia sustancialmente, corre el riesgo de convertirse en una especie de amnistía general encubierta. La simple declaración de ilegitimidad de los juicios que propone la ley en opinión de Alcaraz no sería suficiente pues no tendría efectos jurídicos. El PCE considera que para poder apoyar el proyecto de ley, éste debería recoger de manera indispensable la nulidad de todos los juicios franquistas por motivaciones políticas, ideológicas o sociales.
Que la salida realmente aceptable para el PCE sea la nulidad de todas las sentencias producidas en el seno de un régimen ilegal viene reforzada también por el hecho de que hasta el momento, según Felipe Alcáraz, «los juicios franquistas aparecen ‘blindados’, pues existe una nula viabilidad procesal dado que los recursos judiciales chocan con el rigor formalista del recurso de revisión ante la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo».
Se trataría por tanto de establecer, en la línea de lo que ya ha propuesto Amnistía Internacional al gobierno y los grupos parlamentarios, un recurso extraordinario para la obtención de la nulidad de las condenas, recurso que tramitaría la Fiscalía o un órgano temporal creado al efecto ante el Tribunal Supremo.
Siendo el régimen franquista un régimen ilegal que tiene su origen en una sublevación contra un gobierno legítimo, como así lo reconoció la Asamblea General de Naciones Unidas en la sesión del 12 de diciembre de 1946, la nulidad de los juicios tendría así mismo otro efecto, según Felipe Alcaraz: «establecería un enlace indispensable con la legalidad democrática de 1931, restituyendo un hilo democrático e institucional que dejaría en un paréntesis ilegal y antidemocrático a la etapa de la dictadura franquista».
Según Felipe Alcaraz, el gobierno de Zapatero se siente débil y acomplejado ante las presiones de la derecha lo que «le podría llevar, incluso, a no tramitar el proyecto de ley en esta legislatura».
Si esto se produjese, podríamos estar hablando de un segundo fracaso del gobierno en su relación con Izquierda Unida, siendo el primero «la imposibilidad de plantear una nueva Ley Electoral más proporcional tal y como ha venido reivindicando izquierda Unida», lo cual cierra la legislatura de Zapatero sin un giro a la izquierda en política económica y social y sin la Ley de Memoria Histórica prometida al comienzo de su mandato, conluye.