El sistema público de pensiones correrá peligro dentro de cuatro años si no se adoptan reformas mucho más profundas que las pactadas en mayo de 2006 por el Gobierno, la patronal y los sindicatos CC OO y UGT. Esa advertencia ha sido lanzada por el nuevo director de la Oficina Económica de La Moncloa, David […]
El sistema público de pensiones correrá peligro dentro de cuatro años si no se adoptan reformas mucho más profundas que las pactadas en mayo de 2006 por el Gobierno, la patronal y los sindicatos CC OO y UGT. Esa advertencia ha sido lanzada por el nuevo director de la Oficina Económica de La Moncloa, David Taguas, quien sostiene que la viabilidad a medio y largo plazo del vigente modelo de protección requiere cambios orientados a retrasar la edad de jubilación hasta los 70 años.
También apuesta por computar toda la vida laboral de los trabajadores para fijar la cuantía de las prestaciones -en la actualidad se calcula sobre los 15 últimos ejercicios en activo-, lo que reduciría su importe; y por que el aumento anual de las pensiones sea inferior al de los precios, en contra de lo que garantiza ahora la ley.
Taguas es el principal asesor económico de José Luis Rodríguez Zapatero desde el pasado noviembre. Sustituyó en el cargo a Miguel Sebastián, candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid. Su visión de futuro sobre los riesgos que acechan al sistema y las posibles medidas para afrontarlos figuran en un artículo publicado en una revista de la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas). Firma el texto como subdirector del servicio de estudios del BBVA -el puesto que ocupaba hasta acceder a su actual despacho en la Presidencia del Gobierno- junto a María Jesús Sáez, miembro de la Intervención General de la Seguridad Social.
Según sus pronósticos, el modelo público de pensiones «podría incurrir en déficit» en 2011, o a lo sumo en 2015, si no se introducen modificaciones de calado en su funcionamiento. En torno a esas fechas, los gastos generados por las prestaciones contributivas -las que han generado los trabajadores con sus cotizaciones- serán superiores a las aportaciones de los empleados.
El dinero acumulado en el fondo de reserva -la ‘hucha’ creada para garantizar los pagos en periodos de declive económico-, que superará en breve los 40.000 millones de euros, permitirá cubrir el déficit durante un plazo comprendido entre siete y diez años a partir de ese momento; es decir, hasta 2018 o, como máximo, 2025. Desde entonces, el sistema necesitaría financiación del Estado.
Cambios profundos
Para realizar su análisis, Taguas y Sáez parten de las últimas proyecciones demográficas, que apuntan que hasta 2060 entrarán en España 14,5 millones de inmigrantes, lo que originará un profundo cambio socio-económico y de la pirámide de población. De acuerdo con esos datos, el número de pensiones por ocupado podría duplicarse en ese periodo -afirman- al pasar de 0,44 por empleado a 0,81. En ese escenario, el gasto en prestaciones contributivas pasaría del 7,7% del Producto Interior Bruto (PIB), al que equivalía en 2004, al 17,9% en 2059.
El asesor de Zapatero y la responsable de la Seguridad Social plantean diversas alternativas para paliar esa situación. Así, apuntan la posibilidad de computar toda la vida laboral, en lugar de los últimos 15 años como ocurre ahora, para calcular la cuantía de la prestación. Esa iniciativa reduciría el importe medio entre un 10% y un 30%; pero, aunque sería «adecuada», por sí sola resultaría insuficiente al afectar sólo a los nuevos perceptores.
También barajan el retraso de la edad de jubilación hasta los 70 años, frente a los 65 actuales. Según sus cálculos, si esa medida se aplicara ahora mismo de forma generalizada y obligatoria, la aparición del primer déficit del sistema se retrasaría 17 años y, además, generaría un fondo de reserva de tal magnitud que el modelo estaría totalmente financiado hasta 2046.
Ambos autores señalan que la reforma que necesita el modelo de pensiones debería ir en esa dirección, a pesar de que las acciones propuestas son «impopulares» y pueden conllevar un alto coste político. Para amortiguarlo, sugieren que el aplazamiento del retiro hasta los 70 años sea gradual, «aun cuando en ese caso sus efectos serían menores».
Las pensiones deberían subir por debajo del IPC
El director de la Oficina Económica del Gobierno, David Taguas, y Maria Jesús Saez, de la Intervención General de la Seguridad Social, plantean cuatro grandes reformas para, en su opinión, «garantizar la viabilidad en el medio y largo plazo» del sistema de pensiones.
La más inmediata en el tiempo es aplicar una revalorización de las inferior a la inflación real. Técnicamente, el artículo plantea aplicar un descuento al Índice de Precios del Consumo (IPC-X). Taguas recuerda que, desde 2003, la actualización de las pensiones en Francia se realiza con la inflación «excluido el tabaco».
El trabajo plantea para España subir las prestaciones descontando medio punto de lo que suba la inflación, implementándolo sobre la productividad. A este respecto hay que decir que no existe ningún indicador general en Estadística, ni consenso entre los expertos, para medir la productividad.
En cualquier caso, el informe recalca que con esta medida se retrasaría en tres años – de 2011 a 2014- la aparición del déficit del sistema en la balanza entre los ingresos por cotizaciones sociales y el pago de las prestaciones. Además, esta reforma permitiría al Fondo de Reserva la financiación del sistema de pensiones hasta 2024.
La segunda medida que proponen Taguas y Saez es la ampliación a toda la vida laboral del periodo exigido de cotización para calcular la cuantía de la pensión. Actualmente, está en quince años y es una de las características del sistema de pensiones que UGT se negó tajantemente a negociar en la reforma de 2006.
Y así se quedó. Taguas y Saez estiman que con esta medida se produciría una reducción media en la renta del pensionista del 15%; la aparición del déficit se retrasaría cuatro años -desde 2011 a 2015- y permitiría que el Fondo de Reserva financiase el sistema de pensiones hasta 2026.
En coherencia con esta última medida, el trabajo plantea el retraso «obligatorio» de la edad de jubilación a los 70 años. Actualmente se necesitan tener 65 años, entre otros factores, para tener derecho a cobrar la totalidad de la pensión. El informe plantea que esta medida podría hacerse de forma gradual, aunque los resultados de su aplicación sobre el sistema serán más suaves que si se hiciera de forma inmediata.
«Una vez equilibrado a largo plazo el sistema de pensiones contributivas» con estas medidas, ambos expertos consideran que «debería evaluarse la posibilidad de introducir reformas estructurales» como el cambio radical del modelo. Es decir, desde el modelo actual de reparto y solidario a otro en el que cada trabajador cobraría su pensión de acuerdo con lo que ahorró durante su vida laboral en una cuenta individual, también conocido como de capitalización.
Sin embargo, Taguas y Saez reconocen que, aunque «debería irse hacia un modelo de capitalización individual lo más pronto posible», los costes de transición -de una sistema a otro- serían elevadísimos. Por ello, proponen hacia un modelo mixto de reparto y de ahorro individual.