El recurso de hábeas corpus de Gerardo Hernández, uno de los 5 Héroes cubanos

«Gerardo Hernández nunca gozó del derecho a un juicio justo, ni por parte de los fiscales ni de su propia defensa» (Leonard Weinglass)

Los abogados de Gerardo Hernández, un ciudadano cubano que está cumpliendo dos condenas a perpetuidad más 15 años en el ala de máxima seguridad del Penal Federal de Victorville, en California, han presentado su apelación final ante la justicia usamericana. Las pruebas en apoyo de su derecho a un nuevo juicio son abrumadoras.

En un caso de características similares al de los agentes rusos -acaecido durante el verano de 2010 en Nueva York, New Jersey y Massachusetts-, el FBI detuvo en 1998 a Hernández en Miami junto con otros nueve cubanos, todos ellos acusados de no haberse inscrito ante el gobierno de EEUU como agentes de un gobierno extranjero y de conspiración para cometer espionaje. Pero contrariamente a lo que sucedería en 2010 con los rusos, que fueron deportados de inmediato y sin juicio alguno, cinco de los cubanos detenidos se declararon culpables y, en recompensa, se les impusieron condenas reducidas y obtuvieron el permiso de residencia y trabajo (green card), mientras que los otros cinco, entre ellos Gerardo Hernández, pasaron casi año y medio presos e incomunicados a la espera de la fecha del juicio. Las autoridades federales decretaron el secreto del sumario por razones de seguridad nacional. Una de las alegaciones en que se basa el actual recurso de hábeas corpus es la manipulación de las pruebas por parte del gobierno de EEUU. Durante los años noventa, conforme los cubanos derechistas de Miami contemplaban gozosos la caída de la Unión Soviética -que era el principal patrocinador de Cuba-, sus provocaciones contra la Isla empezaron a incrementarse con el mismo objetivo. Pequeños botes y avionetas provenientes de Miami empezaron a adentrarse una y otra vez en el espacio aéreo y marítimo cubano, disparando a hoteles de la playa y lanzando objetos desde el cielo, mientras que al mismo tiempo se contrataban mercenarios para plantar bombas e introducir armas en el país, todo ello con trágicos y mortíferos resultados. La Habana envió entonces agentes cubanos a Miami para que obtuviesen información y frustrasen aquellas acciones, que el gobierno de la isla consideraba comprensiblemente como ataques terroristas. El líder de aquellos agentes era Gerardo Hernández. Conforme se acercaba la fecha del juicio de los «5 Cubanos» (así se los conoce en EEUU), sorpresivamente, el año 2000 se añadió una nueva acusación a las dos que pesaban contra Hernández, la de «conspiración para cometer asesinato al apoyar y poner en práctica un plan destinado a derribar aviones civiles usamericanos fuera de los espacios aéreos de Cuba y EEUU». Casi cinco años antes del juicio, el 24 de febrero de 1996, dos avionetas pertenecientes a uno de los grupos paramilitares de Miami, conocido como Hermanos al Rescate, habían sido derribadas por aviones de combate cubanos mientras se dirigían a Cuba, en el espacio aéreo restringido que ya habían violado muchas veces antes. Hermanos al Rescate estaba dirigido por José Basulto, uno de los veteranos de la brigada de mercenarios que la CIA organizó para atacar Playa Girón, quien en 1962 había iniciado la práctica de atacar instalaciones hoteleras en las playas cubanas desde barcos situados cerca de la costa al disparar a un hotel de Miramar con un cañón de 20 mm instalado en una lancha rápida. En el derribo murieron cuatro personas, tres de ellas ciudadanos usamericanos y la cuarta un cubano con permiso de residencia. Una tercera avioneta escapó aquel día en la que iban Basulto y sus tres pasajeros. El argumento utilizado por EEUU fue que Gerardo Hernández estaba al corriente de un plan del gobierno cubano para derribar los aviones; que el plan era ilegal porque Cuba tenía la intención de derribarlo en el espacio aéreo internacional -no en el cubano- y que él, Hernández, estuvo de acuerdo en colaborar con el plan. Al cabo de siete meses de un juicio marcado por una histeria mediática poco habitual incluso para los estándares de Miami, los cinco fueron condenados por todos los cargos que pesaban contra ellos.

El proceso inicial de apelaciones

Hernández y sus compatriotas recurrieron las sentencias. En 2005, un tribunal colegiado de apelación de tres jueces revocó todas las condenas por unanimidad debido al prejuicio existente contra ellos en la comunidad de Miami y a la incapacidad del tribunal para trasladar el juicio lejos de ese estado.

El gobierno solicitó la revisión de dicha decisión ante la Corte de Apelaciones del Decimoprimer Circuito en pleno, compuesta por once jueces. A pesar de que la revocatoria de las condenas había sido una decisión tomada por unanimidad, el Tribunal en Pleno revocó esa decisión, restableció las condenas y remitió los puntos restantes, salvo el cambio jurisdicción fuera de Miami, a un tribunal colegiado, compuesto por los jueces Birch, Pryor y Kravitch, el cual ratificó las condenas en una decisión que contó con dos votos favorables y uno en contra, si bien ordenó que tres de los acusados fuesen sentenciados de nuevo. La sentencia de dos cadenas perpetuas más 15 años contra Gerardo Hernández fue ratificada, pero la jueza Kravitch expuso sin ambages los argumentos de su voto en contra. En cuanto al juez Birch, al referirse de forma explícita a la sentencia de Hernández, comentó que se trataba de «un caso muy dudoso». Leonard Weinglass, uno de los abogados que intervinieron en la apelación de Gerardo Hernández, piensa que la gente debería leer la explicación del voto en contra de Kravitch, una veterana y respetada jueza de la Corte de Apelaciones del Decimoprimer Circuito, que argumentó con elocuencia en contra de la condena y especificó que Hernández no debería haber sido condenado porque no estaba al tanto de lo que iba a ocurrir con los aviones aquel día y que Cuba tenía derecho a defenderse. «Esto lo dijo la jueza, no nos lo hemos inventado nosotros», afirmó Weinglass. Weinglass llama asimismo la atención sobre el lenguaje utilizado por Birch: «Es de señalar», señala, «que no dijo que era un caso dudoso, sino muy dudoso». Pryor, que es uno de los jueces más conservadores del país, fue el único que no manifestó la menor vacilación ante la condena de Hernández.

Recurso de hábeas corpus

El recurso de hábeas corpus sólo puede presentarse una vez que se hayan agotado todas las apelaciones, lo cual ya ha tenido lugar, pues tras la reconsideración de Birch, Pryor y Kravitch, el caso de los 5 Cubanos siguió su curso legal hasta la Corte Suprema, que en junio de 2009 rehusó conocerla. Con todos sus apéndices, este recurso de hábeas corpus que el actual equipo legal de Gerardo Hernández acaba de presentar suma ya centenares de páginas. Se centra detenidamente en los errores cometidos por Paul McKenna, el defensor público que se le asignó al agente cubano; errores que, junto con las infracciones cometidas por el fiscal, dieron lugar a que Hernández se viese privado de su derecho constitucional a un juicio justo. También presenta nuevas pruebas que se han dado a conocer desde el juicio inicial, que Weinglass califica de «pruebas de una dimensión constitucional».

Buena parte de esas pruebas aluden a que en el año 2006 se descubrió que muchos de los periodistas que en 2000-2001 escribieron reportajes incendiarios sobre el juicio estaban al mismo tiempo en la nómina del gobierno usamericano y trabajaban para Radio Martí y TV Martí, emisoras de propaganda anticubana operadas por el gobierno de EEUU. Las dificultades que fue necesario sortear para obtener información sobre los periodistas implicados en la manipulación mediática de la comunidad anticubana de Miami durante el juicio es otra historia, interesante por sí sola. Algunas de las nuevas pruebas también proceden de la información confidencial que el gobierno ocultó indebidamente para facilitar su posición mientras que, al mismo tiempo, le negaba a Hernández la oportunidad de defenderse. El recurso muestra de qué manera los derechos del cubano a un juici justo fueron violados cuando el gobierno excluyó a Hernández y a su abogado McKenna de una audiencia privada con una sola de las partes, en la que se revisaron, entre otros documentos, los mensajes (interceptados) de alta frecuencia del gobierno cubano a sus agentes y se decidió cuáles de ellos se admitirían en el juicio. «Si [Hernández] hubiera estado al tanto de la existencia de esos mensajes de alta frecuencia (se supo más tarde que el gobierno usamericano divulgó sólo 44 de los aproximadamente 350 interceptados) y de las comunicaciones adicionales clasificadas como secretas, habría tratado de incluirlas como prueba de que no sabía que el gobierno de Cuba trataba del derribar ilegalmente el avión de Hermanos al Rescate» [1]

Desvirtuación mediática de las apelaciones

Resulta prácticamente imposible explicar las innumerables y, a menudo, enormemente técnicas violaciones al debido proceso que se enumeran en la apelación si se hace mediante un escrutinio rápido y superficial de los documentos para seleccionar las citas más sensacionalistas y, luego, contactar a las fuentes de ambos lados con el fin de pedirles su opinión. Esta técnica ya la puso en práctica el Miami Herald el pasado 26 de diciembre de 2010, en un artículo firmado por Jay Weaver y encabezado por el siguiente titular: «El jefe de los espías cubanos dice ahora que el tiroteo contra Hermanos al Rescate tuvo lugar fuera del espacio aéreo de Cuba». El texto es un ejemplo perfecto de que una lectura apresurada y selectiva no puede sustituir al verdadero periodismo de investigación, pero sí servir adecuadamente de propaganda (nótese, también, el lenguaje tendencioso del titular: «tiroteo» en vez de «derribo» y «jefe de espías» en vez de, por ejemplo, «agente cubano»). El caso, tal como lo presenta el Miami Herald, es muy distinto del que defienden los abogados de Gerardo Hernández.

Errores de la defensa

El recurso de hábeas corpus de Hernández explica que uno de los errores más graves que cometió su defensa fue el de no avisarle de que tenía derecho a solicitar juicios separados para que lo juzgasen por separado por el tercer cargo de la acusación, «conspiración para cometer asesinato», en vez de hacerlo en el mismo juicio por los cargos de «conspiración para cometer espionaje» y «agente extranjero». La consecuencia práctica fue que los cinco cubanos fueron juzgados y condenados en un clima de culpabilidad por asociación, pero también que McKenna estuvo tan ocupado con la tercera acusación de conspiración para cometer asesinato que dejó indefenso a su cliente en las otras dos. Además, al no separar el juicio, otros testigos que podrían haber testificado que Hernández no sabía nada sobre el derribo de las avionetas, entre ellos los cinco cubanos que rápidamente se declararon culpables y, sobre todo, René González -coacusado junto a Hernández-, que se había infiltrado en Hermanos al Rescate, no pudieron testificar en su defensa. El problema de que a González no le fuese posible testificar podría haberse resuelto, hasta cierto punto, en un juicio unificado por medio de un instrumento legal denominado «declaración jurada conforme a la jurisprudencia en el caso Byrd», pero el abogado McKenna no lo utilizó. «Si la defensa hubiese evaluado e investigado estas posibilidades y hubiese consultado con su cliente, éste podría haber obtenido de René González una declaración jurada conforme a la jurisprudencia en el caso Byrd, en la que quedaría demostrado que cualquier conocimiento que Hernández pudiese haber tenido con respecto a una inminente confrontación de Hermanos al Rescate con Cuba era de dominio público, a saber, que Cuba podría tratar de derribar aviones si éstos continuaban violando su espacio aéreo y que comprendía que Cuba estaba en su derecho de hacerlo en el interior de su territorio. Hernández desconocía la existencia de un plan para cometer actos ilegales o actuar de cualquier manera que pudiese provocar legítimamente una represalia militar.» [2]

De cómo el Miami Herald no se ha enterado de nada

Otro error grave de la defensa, quizá más fácil de entender a posteriori, al menos para quienes no sea abogado, fue su insistencia en tratar de poner en entredicho la decisión que había tomado el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas al determinar que el derribo del avión tuvo lugar en el espacio aéreo internacional, no en el cubano.

Fue Madeleine Albright quien impuso esa decisión al Consejo de Seguridad, a pesar de que la rama de la aviación civil de la ONU, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), tras muchos mesos de investigación que hubieron de prorrogarse cuando EEUU no respetó los plazos establecidos para la entrega de sus pruebas, había encontrado que los datos de los radares cubano y usamericano mostraban «diferencias significativas e irreconciliables» y, debido a tales diferencias y a otras irregularidades, el Consejo de la OACI se había negado a refrendar su propio informe de investigación. Pero eso no fue un obstáculo para Albright, pues ella y sus colegas diplomáticos determinaron por sí mismos la localización. McKenna optó equivocadamente por tratar de convencer al jurado de Miami de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se había equivocado y trató de que se reexaminase esta decisión en el tribunal de Miami. Pero ya entonces la decisión del Consejo de Seguridad se había utilizado en otro juicio, también en Miami, como argumento para acceder a activos congelados de Cuba con el fin de compensar económicamente a las familias de los ocupantes de las avionetas derribadas y a sus abogados. Al tratar de convencer a un jurado de doce personas inexpertas en cuestiones de aviación de que reexaminasen la investigación de la OACI y concluyesen que era Cuba, no el gobierno de EEUU, quien tenía razón -propuesta totalmente inviable en una comunidad donde los aviadores muertos de Hermanos al Rescate habían sido presentados como héroes-, McKenna se puso a sí mismo en situación de inferioridad, ya no ante un precedente judicial, sino ante dos. Lo único que consiguió este tipo de defensa fue endurecer el antagonismo del jurado hacia su cliente. Pero lo peor es que tampoco era lo que se le había pedido que defendiese. Vale la pena releer el tercer cargo de acusación para mejor comprender este detalle: «Conspiración para cometer asesinato al apoyar y poner en práctica un plan destinado a derribar aviones civiles usamericanos fuera de los espacios aéreos de Cuba y EEUU». En otras palabras, un plan para derribar aviones en el interior del espacio aéreo cubano no habría infringido ninguna ley. Fue ahí donde McKenna inició su descenso por un camino pavimentado de buenas intenciones al tratar de salvar a su cliente con el argumento de que no se había cometido delito alguno.

Cuestiones históricas

A pesar de los precedentes jurídicos, una cuestión de carácter histórico que sigue sin resolver es el lugar del derribo, en cuanto se refiere a elementos de hecho. El último apéndice del recurso de apelación deja esto en claro: la información satelital de EEUU sería la forma más objetiva y definitiva para resolver la cuestión de la ubicación de una vez por todas; pero a pesar de la recomendación de su perito en aviación, George Buchner, McKenna nunca solicitó esa información, ni ésta ha sido divulgada. Buchner dice que el equipo de investigación de la OACI también intentó obtener esos datos, pero sin éxito alguno.

Otro apéndice de la apelación, la declaración del profesor John Quigley, experto en derecho internacional, deja en claro que algunas de las cuestiones que McKenna trató de argumentar en el juicio de Miami, como la de si los aviones de Hermanos al Rescate eran en realidad militares o civiles, eran erróneas e irrelevantes a la luz del derecho internacional establecido: «… la cuestión pertinente es si el Estado territorial podría razonablemente percibir la intrusión como una amenaza inminente, no si la aeronave era de carácter civil o militar». Este argumento en particular tuvo consecuencias verdaderamente devastadoras para Hernández, «difíciles de comprender y dolorosas de contemplar», cuando el jurado recibió instrucciones incorrectas para «deliberar si los aviones de combate cubanos identificaron debidamente a las avionetas Cessna de Hermanos al Rescate como aviones ‘militares’ conforme a las normas de la OACI, y, en caso afirmativo, si esos aviones de Hermanos al Rescate fueron derribados, efectivamente, como un «último recurso…'» [3] Esto era una cuestión totalmente ajena y absolutamente irrelevante para el cargo de conspiración del que se acusó a Hernández.

A través del espejo

A la vista de esto, el derribo fuera del espacio aéreo cubano no tiene sentido lógico alguno. No hay duda de que Cuba fue agraviada por las constantes incursiones aéreas de Hermanos al Rescate; una de las partes más interesantes de la apelación es el apéndice que incluye el informe de investigación de la OACI, un documento que nunca ha sido revelado al público hasta ahora (OACI informe, Parte 1, Parte 2). Las avionetas de Hermanos al Rescate habían pasado a vuelo rasante por el centro de La Habana, lanzando panfletos y medallas religiosas por las ventanas seis meses antes de los derribos, algo tan peligroso como ilegal, no sólo en Cuba, sino en todas partes. Los aviones tenían acceso inusual a la Base Naval de EEUU en Guantánamo, y utilizaban ese acceso para acercarse a cualquier territorio cubano que se les antojara en cualquier momento. El derecho de Cuba a defenderse contra tales intrusiones es incuestionable. Sin embargo, un derribo fuera del espacio aéreo cubano daría lugar, como efectivamente ocurrió, a la condena internacional de Cuba, abriría la puerta a la confiscación de activos cubanos congelados desde 1961, y más dañoso aun, proporcionaría el impulso para establecer de forma inamovible el bloqueo de EEUU contra Cuba, mediante la legislación anticubana conocida como Ley Helms-Burton, que avanzaba lentamente en el Congreso de EEUU a mediados de los años noventa. Antes del derribo, Clinton había estado amenazando con vetar el proyecto de ley si por algún milagro fuera aprobada. Tras el derribo, la ley fue aprobada con facilidad. Es posible que no haya habido toda la confrontación que esperaba Basulto, el terrorista confeso que continuamente buscaba una repetición del ataque a Playa Girón y todavía se pregunta por qué el día 24 no se enviaron aviones de combate usamericanos en represalia, pero la ley Helms-Burton ha sido suficientemente destructiva por sí sola. En el juicio de Hernández, establecer la ubicación del derribo simplemente no era la cuestión relevante y, en cualquier caso, el gobierno simplemente podría apuntar a la decisión del Consejo de Seguridad. Para condenar a Hernández, el gobierno necesitaba demostrar la existencia de un plan ilegal para derribar los aviones de Hermanos al Rescate en el espacio aéreo internacional, no el espacio aéreo cubano, que Hernández tenía conocimiento de este plan ilegal y que estuvo de acuerdo en apoyarlo. Eso no pudo hacerse.

Depende de cuál sea el significado de «o»

Para superar el salto cuantitativo necesario para creer, contra toda lógica, que Cuba planeó deliberadamente derribar los aviones de Hermanos al Rescate en el espacio aéreo internacional en lugar de hacerlo en el espacio aéreo cubano, el gobierno presentó el retorcido argumento de que lo que realmente molestaba a Cuba de las invasiones aéreas de Hermanos al Rescate no eran su peligrosos y temerarios vuelos rasantes en áreas congestionadas, ni la interferencia de Basulto de las frecuencias de radio utilizadas por los aviones comerciales que viajan a través del corredor aéreo de Cuba con discursos extemporáneos sobre su derecho como «cubano libre» a violar el espacio aéreo restringido de cualquiera. Según el gobierno de EEUU, lo que Cuba realmente quería lograr mediante un derribo planificado en el espacio aéreo internacional era detener el lanzamiento de panfletos por Hermanos al Rescate desde un punto justo fuera del espacio aéreo cubano donde las corrientes de aire podrían llevarlos a tierra. El informe de la OACI puso claramente de manifiesto cómo en realidad los panfletos habían sido lanzados dentro del espacio aéreo cubano, y Basulto mismo había dicho en la radio de Miami que los había lanzado dentro del espacio aéreo cubano, pero repentinamente todo esto se olvidó (y la defensa no lo rebatió).

Documento del informe de la investigación de la OACI que muestra la trayectoria de las avionetas de Hermanos al Rescate el 13 de enero de 1996, conforme penetraban en el espacio aéreo cubano para lanzar las papeletas que se dispersarían en La Habana y en sus suburbios del sur (sombreado en gris).

Por último, en un argumento que sólo podrían hacer los abogados, el gobierno señaló «un presunto mensaje que pidió a los agentes que infiltrasen Hermanos al Rescate para informar sobre planes de ‘misiones para lanzar panfletos o incursiones en el espacio aéreo cubano'». [la negrita es mía]. Los abogados del gobierno señalaron que la palabra «o» era «prueba de que el plan cubano incluía la confrontación en el espacio aéreo internacional para detener la distribución de panfletos». [4] Esto fue un argumento de un tecnicismo jurídico extremo, pero en lo tocante a Hernández, no había absolutamente ninguna prueba de que tuviera alguna información privilegiada de que un derribo planificado ocurriría en algún lugar, ya fuera dentro o fuera del espacio aéreo cubano.

«Confrontación no significa necesariamente derribo»

En su voto en contra, la jueza Kravitch señaló que en el mejor de los casos, los mensajes en código presentados por el gobierno como prueba evidenciaban que Hernández (como todo el mundo, incluidos los Hermanos al Rescate) sabía que habría algún tipo de «confrontación». Y agregó: «Una confrontación no significa necesariamente un derribo».La prueba de que incluso los Hermanos al Rescate no esperaban nada más que una confrontación que posiblemente podría terminar en un aterrizaje forzoso la constituye un video casero dejado deliberadamente en la sede de Hermanos al Rescate el 24 de febrero. En ese video, los participantes del vuelo dijeron que en caso de verse obligados a confesar en la televisión cubana podrían utilizar dos maneras de enviar mensajes cifrados a Miami: o bien no inmutándose o reaccionando de forma exagerada. Kravitch lo explica con más detalle: «No es suficiente que el gobierno simplemente muestre que ocurrió un derribo en el espacio aéreo internacional, el gobierno debe probar más allá de toda duda razonable que Hernández estuvo de acuerdo con un derribo en el espacio aéreo internacional.Aunque tal acuerdo pueda demostrarse con pruebas circunstanciales, aquí el gobierno no presentó prueba alguna, ni directa ni circunstancial, de que Hernández estuviera de acuerdo con un derribo en el espacio aéreo internacional. En cambio, los indicios apuntanhacia una confrontación en el espacio aéreo cubano, lo que niega el requisito de que estuviera de acuerdo en cometer un acto ilícito. «…el hecho de que las comunicaciones interceptadas tras el derribo muestren que Hernández fue felicitado por su papel y que reconoció su participación y la calificó como un «éxito» no establece claramente un acuerdo para un derribo en el espacio aéreo internacional. El gobierno no dispone de ningún indicio de que Hernández estuvo de acuerdo con un derribo en el espacio aéreo internacional, en oposición al espacio aéreo cubano». Hernández ha sostenido sistemáticamenteque el mensaje cifrado que envió a Cuba después del 24 de febrero, donde dijo que «la operación a la que aportamos un granito de arena terminó con éxito» no se refería a la operación para interceptar los aviones de Hermanos al Rescate, sino a otra totalmente diferente, la de repatriar a otro agente a Cuba. Dice que el gobierno ha creado deliberadamente «una nube… de confusión» sobre las dos operaciones a fin de utilizar ese mensaje en particular en el caso en su contra. Al concentrarse erróneamente en el lugar del derribo, McKenna no se opuso ni objetó la cínica apropiación indebida del mensaje por parte del gobierno. Incluso si uno acepta la caracterización errónea de ese mensaje en particular por parte del gobierno, Kravitch explicó que todavía no es suficiente para una condena; si Hernández realmente se hubiera referido al derribo de un avión enemigo como un «éxito», eso no quiere decir que estuviera de acuerdo con un plan para derribarlo en el espacio aéreo internacional en lugar de en el espacio aéreo cubano.

El doble cubano de Richard Gere

El agente a cuyo regreso se refería Hernández en el mensaje del «grano de arena» era Juan Pablo Roque, un enigmático personaje del caso. A menudo mencionado como alguien que tiene un sorprendente parecido con Richard Gere, Roque llegó buceando hasta la base estadounidense en Guantánamo y pronto se encontró en Miami, donde conquistó los corazones de Basulto y su clan con el cuento de que era un piloto militar cubano que había sido retirado del servicio, por lo que se sintió desencantado. La Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA) incluso facilitó una publicación autofinanciada de sus memorias, mientras Roque comenzó a trabajar clandestinamente para el FBI, proporcionando información sobre actividades y planes ocultos y poco edificantes de Hermanos al Rescate para tráfico de drogas y contrabando de armas. Pero al poco tiempo de llegar a Miami, Roque sufrió una nostalgia insoportable y pidió ser transferido de regreso. Hernández tuvo a cargo la tarea de organizar la nueva deserción del desertor. La «Operación Venecia» fue planificada como una manera de conseguir que Roque regresara a Cuba y, al mismo tiempo, aprovechar la información que Roque había reunido, mediante conferencias de prensa planificadas en donde revelaría casi la misma información que había dado al FBI.

Un documento cubano ultrasecreto incluido en el recurso de apelación confirma que esta denuncia era el objetivo principal de la Operación Venecia, y que el regreso de Roque fue aprobado por el cuartel general de la inteligencia cubana «a finales de febrero o a principios de marzo de 1996», [5] según fuese la disponibilidad de vuelos comerciales. En el momento del juicio se trató a fondo el hecho de que Roque había escapado el 23 de febrero y llegó a Cuba el día del derribo o al día siguiente. Pero el momento fue una coincidencia, debida principalmente a la insistencia de Roque en que se le repatriara a tiempo para el cumpleaños de su hijo el día 26, y se puede demostrar que el derribo el día 24 era contrario a los objetivos de la Operación Venecia. Aunque Roque apareció en CNN con Lucía Newman el 27 y también lo entrevistó el periódico cubano Juventud Rebelde el 3 de marzo, todavía manteniendo su cobertura a fin de proteger a los demás agentes en Miami, la avalancha de prensa negativa sobre el derribo eclipsó en gran medida la información negativa que reveló sobre Hermanos al Rescate en la entrevista.

Demasiado poco y demasiado tarde

Hacia el final del juicio, el abogado defensor de Hernández parece haberse dado cuenta de que había estado siguiendo una pista falsa. Después de seis largos meses de denodados esfuerzos para convencer al jurado de que el lugar del derribo había sido establecido erróneamente, de improviso cambió de rumbo y le dijo al jurado que todas las pruebas que les había presentado en los últimos seis meses eran irrelevantes. Esto seguramente no les granjeó el favor, ni a él ni a su cliente, de los miembros del jurado, que estaban ansiosos por seguir adelante con sus vidas. Lo importante, dijo, fue que el gobierno no pudo probar que Hernández supiera algo sobre un plan para un derribo ilegal. Pero era demasiado tarde, el daño ya estaba hecho. La apelación dice que, «a su favor», McKenna ha reconocido sus errores en el juicio original y accedió a testificar en una audiencia de hábeas corpus a fin de proporcionar pruebas de por qué Hernández tiene derecho a un nuevo juicio. Es probable que esa audiencia probatoria se celebre una vez que se hayan presentado todas las respuestas en el caso, en algún momento entre marzo y junio de este año, aunque según Weinglass aún se desconoce si la jueza Lenard retendrá el caso y llevará a cabo la audiencia ella misma o si la remitirá a otro juez, como ocurre con frecuencia en Miami.

Una fuerza invisible

Mientras tanto, en el desolado desierto de California, Hernández sigue siendo un activo defensor de su propio caso y del de sus cuatro compañeros. Esto conduce a veces a curiosos resentimientos por parte de sus carceleros. «Recibes demasiado correo», le dicen, y en la lógica invertida del sistema penitenciario federal, la solución consiste en retener su correo hasta que el exceso se convierte en una avalancha. Él sigue soportando castigos extrajudiciales, como la negación de una visa, durante 13 años consecutivos, para que su esposa lo visite. Se le niega el acceso al correo electrónico que, en cambio, se concede a delincuentes habituales y probadamente violentos que están presos en la misma cárcel. El verano pasado fue transferido de improviso e inexplicablemente a la «celda de castigo» de la cárcel, de la que fue liberado unas semanas más tarde a raíz de una protesta internacional. Con independencia de que en última instancia se le conceda a Hernández su derecho a un juicio justo mediante un nuevo proceso, él conserva intacto el optimismo, atemperado por el sentido de la realidad. De los múltiples esfuerzos que se están haciendo para obtener su libertad dice «son como el agua que cae sobre una roca», e incluso las rocas más duras ceden con el tiempo.

Mi agradecimiento a Nelson Valdés, Manuel Cedeño Berrueta y Manuel Talens por su ayuda en la preparación y traducción de este informe.

Notas

[1] Gerardo Hernández, Movant, vs. United States of America, Respondent – Memorandum in Support of Motion to Vacate, Set Aside, or Correct Judgment and Sentence under 28 U.SC. § 2255, p. 79.

[2] Ibid, p. 19.

[3] Ibid, p. 37.

[4] Ibid, p. 31.

[5] Ibid, Appendix B.

Fuente: http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=3354

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.