En octubre de 2021 el Equipo de la Sociedad Civil Palestina para la Mejora de la Transparencia del Presupuesto Público reveló que el sector de la seguridad de la Autoridad Palestina (AP) sigue recibiendo la mayor parte del presupuesto de la AP.
Durante la primera mitad de 2021 se gastaron más de 50 millones de shekels israelíes (unos 16 millones de dólares) para reformar las fuerzas de seguridad de la AP (FSAP). Las FSAP recibieron además 1.675 millones de shekels (unos 538 millones de dólares) –más del 22% del presupuesto total de la AP– de los cuales el 88% se destinó a salarios; ello supuso un aumento de 115 millones de shekels (unos 37 millones de dólares) en comparación con los primeros seis meses de 2020.
Estas cifras indican la profunda división que existe entre las necesidades del pueblo palestino y las prioridades de la AP. Mientras las y los palestinos intentan poner fin al represor marco de seguridad impuesto por los Acuerdos de Oslo, la AP sigue invirtiendo política, financiera e institucionalmente en el statu quo y afianzando el marco de seguridad con el pretexto de la estabilidad y la construcción del Estado.
En lugar de un proceso de democratización, inclusión y responsabilidad, los procesos de reforma de la seguridad de la AP financiados internacionalmente –que han sido el eje del proyecto de construcción del Estado de la AP desde 2007– han provocado represión, persecución y la profesionalización del autoritarismo palestino. Así es como el autoritarismo estructural ha arraigado en el sistema político palestino.
Represión y deterioro social
Tras el asesinato del activista y crítico de la AP Nizar Banat en junio de 2021, las FSAP reprimieron las protestas pacíficas con una fuerza ilegal, cargando contra periodistas, activistas de la sociedad civil y abogados con detenciones arbitrarias y torturas. El nivel de represión durante el verano de 2021 no tuvo precedentes y quedó patente su complejidad: puso de manifiesto la constante convergencia de las instituciones jurídicas, políticas, de seguridad y económicas de la AP. La convergencia para reprimir con mayor eficacia es preocupante, y a menos que se contrarreste con mecanismos de rendición de cuentas impulsados por el pueblo, la agresión autoritaria se intensificará y se impedirá la transición democrática.
Consolidar el poder en el sector de la seguridad sigue siendo un objetivo clave de la AP. El objetivo de las campañas de las FSAP de 2007 era “limpiar” Cisjordania de armas que no fueran de la AP, llevar a cabo un proceso de desarme, detener a quienes cuestionaran la autoridad de la AP y enviar un mensaje claro a las y los palestinos de que la AP es la única estructura de gobierno y de poder. Por ello la AP adoptó un “enfoque exhaustivo” para confiscar armas y tergiversó intencionadamente la diferencia entre “armas de la anarquía” y las de la «resistencia armada”, lo que propició confundir delincuentes y combatientes de la resistencia y que fueran objeto de ataques similares. Como se preguntaba con sorna un residente del campo de refugiados de Balata: “¿Cómo puede un ladrón estar en la misma celda que un muqawim (combatiente por la libertad)?”.
Las ramificaciones de los procesos de reforma del sector de la seguridad tardan en manifestarse socialmente y en Palestina es ahora cuando se están haciendo evidentes. Las campañas de seguridad de 2007, denominadas irónicamente “Sonrisa y Esperanza”, y el proceso de reforma en curso que las siguió han creado profundos problemas y deficiencias estructurales que no han hecho sino afianzar la cultura del miedo, domesticar y criminalizar a la resistencia, e intensificar la desconfianza que las y los palestinos sienten hacia sus dirigentes.
De hecho, la tortura y el asesinato de opositores políticos, la detención arbitraria de críticos en condiciones inhumanas, el aumento de los niveles de vigilancia y la disminución de los niveles de tolerancia y pluralidad, son los instrumentos esenciales para deteriorar a la sociedad palestina. Una mayor securitización de los espacios sociales menguará el poder del pueblo palestino, afianzará su fragmentación y debilitará su capacidad de resistir eficazmente a las estructuras coloniales y opresivas.
Repensar la gobernanza del sector de la seguridad
Repensar la gobernanza del sector de la seguridad palestino dando prioridad al pueblo palestino debe formar parte de cualquier diálogo nacional serio y global. La consolidación del poder, en contraposición a la inclusividad y la rendición de cuentas, ha hecho que las FSAP respondan más ante los donantes y ante el régimen israelí que ante el pueblo palestino. Invertir esta situación es un punto prioritario para la reforma del sector de la seguridad. Para ello:
- La sociedad civil y los dirigentes palestinos deben comprometerse a entablar un diálogo nacional inclusivo, genuino y global. Revisar el programa nacional palestino desde el punto de vista de la gobernanza del sector de la seguridad podría servir a múltiples fines pues implica debatir las estrategias de resistencia, la naturaleza de las estructuras de gobernanza y los mecanismos de rendición de cuentas.
- Las facciones políticas palestinas y la sociedad civil deben exigir a la AP que redistribuya su presupuesto de forma equitativa, incluso en los sectores económicos productivos, para poner fin al presupuesto inflado del establecimiento de seguridad de la AP.
- La sociedad civil palestina debe presionar a la AP para que ejecute la decisión de la Organización para la Liberación de Palestina de poner fin a la coordinación en materia de seguridad con Israel, algo que no ha llevado a cabo a pesar de sus afirmaciones.
- La sociedad civil y el liderazgo palestinos deben adoptar una estrategia de resistencia unida – incluso en lo que respecta a la resistencia armada– para evitar la instrumentalización de las armas en las luchas internas por parte de las facciones políticas, especialmente en tiempos de transiciones de poder y vacíos de liderazgo.
Alaa Tartir es asesor de programas de Al Shabaka, investigador asociado en el Centro de Conflictos, Desarrollo y Consolidación de la Paz, y becario visitante en el Departamento de Antropología y Sociología del Instituto de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo (IHEID), de Ginebra (Suiza). Tartir ha sido becario posdoctoral del Centro de Política de Seguridad de Ginebra (GCSP) entre 2016 y 2017, profesor visitante y conferenciante (2015) en el Departamento de Historia e Historia del Arte de la Universidad de Utrecht, Países Bajos, y fue, entre 2010 y 2015, investigador en estudios de desarrollo internacional en la London School of Economics and Political Science (LSE), donde se doctoró. Twitter: https://twitter.com/alaatartir. Blog: www.alaatartir.com
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