Traducido del inglés por Sinfo Fernández
La segunda intifada palestina ha sido aplastada. El muro de 700 kilómetros está encerrando herméticamente a la población ocupada de Cisjordania en un conjunto de prisiones. La «bomba de relojería demográfica» -el temor a que los palestinos, a través de sus más altas tasas de natalidad, puedan superar en número a los judíos en Tierra Santa, y que el continuado dominio de Israel sobre ellos corra el riesgo de ser comparado con el apartheid- ha sido desactivada sin contratiempo alguno mediante el desenganche de Gaza y de sus 1,4 millones de habitantes. En el cuarenta aniversario de la ocupación de Cisjordania por Israel, el establishment de la seguridad de Israel está plenamente satisfecho de los éxitos alcanzados.
Pero como un tiburón cuya fisiología requiere que, para seguir vivo, nunca duerma ni se detenga, Israel debe permanecer en estado de alerta, reinventándose constantemente a sí mismo y a sus políticas para asegurar que su proyecto étnico no pierda legitimidad aunque para ello tenga que devorar a la patria palestina. Para seguir estando un paso por delante de los analistas y de la opinión mundial, Israel va creando hechos sobre el terreno que consolidan su agenda de supremacía y expansión.
Por eso, con esos logros en cartera, ¿cuál será la próxima actuación del estado judío?
Durante algún tiempo he estado argumentando que el objetivo final de Israel es crear una fortaleza étnica, un espacio judío con fronteras ampliadas de las que serán excluidos todos los palestinos -incluidos sus 1,2 millones de ciudadanos palestinos-. Ese era el propósito del desenganche de Gaza y es también el del muro que serpentea por toda Cisjordania, anexionando de hecho a Israel lo poco que queda de un potencial estado palestino.
Por tanto, no debería sorprendernos estar presenciando en Israel los primeros movimientos de la siguiente fase de la conquista de los palestinos. Con los 3,7 millones de palestinos de los territorios ocupados enjaulados dentro de sus ghettos, imposibilitados de protestar del trato que reciben al estar detrás de verjas y muros, ahora les ha llegado el turno a los ciudadanos palestinos de Israel.
Esos ciudadanos, que conforman en la actualidad casi la quinta parte de la población de Israel, son la herencia de un descuido de los dirigentes judíos del país durante la campaña de limpieza étnica llevada a cabo durante la guerra de 1948. Desde entonces, Israel ha estado considerando qué hacer con ellos. Hubo un breve debate durante los primeros años del estado sobre si deberían ser convertidos al judaísmo y asimilados, o si deberían ser marginados y eventualmente expulsados. Este último punto de vista, favorecido por el primer ministro del país, David Ben Gurion, fue el que predominó. La cuestión era cuándo y cómo llevar a cabo esa actuación.
Finalmente, parece que el momento se aproxima y es probable que el aplastamiento de más de un millón de indeseados ciudadanos, actualmente en el interior de los muros de la fortaleza -el talón de Aquiles del estado judío-, sea igual de despiadado que el de los palestinos bajo ocupación.
En mi reciente libro «Blood and Religión», fui bosquejando los preparativos para ese grave momento. Israel ha estado urdiendo en secreto un plan para transformar los territorios mediante el trasvase de hasta un cuarto de millón de ciudadanos palestinos (pero apenas ningún territorio) hacia los ghettos palestinos que, muy convenientemente, se encuentran en la puerta de al lado. A cambio, Israel se anexaría todas las zonas de Cisjordania en las que se alzan los ilegales asentamientos judíos. Los beduinos del Negev están siendo reclasificados y considerados como intrusos en la tierra estatal para poder tratarlos como trabajadores invitados en vez de como ciudadanos. Y los abogados del Ministerio de Justicia están trabajando duro en un esquema de lealtad al que someter a los palestinos restantes: comprometiéndolos con un juramento hacia Israel como estado judío o democrático (esto es, uno en el cual no se desea tu presencia) o enfrentándolos a ser despojados de sus derechos y posiblemente expulsados.
Desde el público judío israelí no va a haber resistencia ante esos movimientos. Las encuestas de opinión muestran de forma consistente que las dos terceras partes de los judíos israelíes apoyan el «traslado» de la población palestina del país. Con un barniz de legalidad añadido a la limpieza étnica, el consenso judío será casi absoluto.
Pero esas medidas no pueden ponerse en marcha hasta que se haya emprendido y ganado una importante primera batalla en la Knesset, el parlamento israelí. Uno de los gurús de la supuesta «amenaza democrática», Arnon Soler, profesor en la Universidad de Haifa, ha explicado el problema que supone la presencia de un número cada vez mayor de votantes palestinos: «En sus manos está el poder para determinar el derecho de retorno [de los refugiados palestinos] o para decidir quién es judío. En pocos años, podrán decidir si el estado de Israel continúa siendo un estado judío sionista».
Desde hace algún tiempo, se están viendo venir de forma clara las señales de advertencia sobre cómo Israel podría defenderse de esa «amenaza». En Silencing Dissent, un informe publicado en 2002 por la Asociación por los Derechos Humanos con sede en Nazaret, se documentó el trato recibido de Israel por diez palestinos miembros de la Knesset: en los dos años anteriores, nueve habían sido asaltados por los servicios de seguridad, algunos en varias ocasiones y siete habían tenido que ser hospitalizados. El informe halló también que el estado había lanzado, durante ese mismo período, veinticinco investigaciones sobre ellos.
Todos esos abusos fueron los reservados para los representantes de una comunidad a la que el general Moshe Dayan se refirió en una ocasión diciendo: «la minoría más tranquila del mundo».
Pero la violencia estatal y la intimidación hacia los miembros palestinos de la Knesset
-reflejo en gran parte, hasta ahora, de las acciones de oficiales que se sienten ofendidos por la presencia de parlamentarios que rechazan doblegarse ante los principios del sionismo y los privilegios de los judíos- está entrando en una nueva y más peligrosa fase.
El problema para Israel estriba en que durante las pasadas dos décadas los legisladores palestinos han estado entrando en la Knesset no como miembros de partidos sionistas, como fue el caso durante muchas décadas, sino como representantes de partidos palestinos independientes. (Después de todo, un estado que proclama ser judío y democrático tiene que hacer algunas concesiones a su propia propaganda.)
El resultado ha sido la aparición de una plataforma política inesperada: la petición de la reforma de la constitución de Israel. Los partidos políticos palestinos han estado pidiendo la transformación de Israel de un estado judío en un «estado para todos sus ciudadanos», o en lo que el resto de todos nosotros denominaría como democracia liberal.
La figura señera de esta lucha política ha sido el legislador Azmi Bishara. Anteriormente profesor de filosofía, Bishara ha estado dando vueltas continuamente alrededor de los políticos judíos de la Knesset durante más de una década, a la vez que, para los de fuera, descubría la farsa de la autodefinición de Israel como estado «judío y democrático».
De forma intensa y preocupada, y cada vez más convincentemente, ha estado también haciendo ver a su circunscripción electoral de 1,2 millones de ciudadanos palestinos que, más que desafiar los cientos de formas de discriminación enfrentándose en cada ocasión ante una ley diferente, deberían combatir todo el sistema que apuntala la discriminación: el mismo estado judío. Ha empezado a persuadir a un número cada vez mayor de palestinos de que nunca disfrutarán de igualdad con los judíos mientras vivan en un estado étnico.
La campaña de Bishara por un estado para todos sus ciudadanos ha tenido que afrontar una lucha cuesta arriba. Los ciudadanos palestinos pasaron las primeras dos décadas tras la creación de Israel viviendo bajo una ley marcial, un tiempo durante el que su identidad, historia y recuerdos no fueron sino aplastados. Incluso hoy en día la minoría no tiene ningún control sobre su currículo académico, que es preparado por funcionarios encargados de promover el sionismo, y sus escuelas están dirigidas de hecho por la policía secreta, el Shin Bet, a través de una red de colaboradores entre profesores y alumnos.
Teniendo en cuenta esta situación, no puede sorprendernos que en una reciente encuesta de opinión dirigida por el Instituto para la Democracia de Israel, el 75% de los ciudadanos palestinos manifestaran que apoyarían un anteproyecto de constitución que definiera a Israel como estado judío y democrático (actualmente Israel no tiene constitución). Sin embargo, merece la pena señalar que lo que preocupó a los analistas fue la letra pequeña: sólo una tercera parte de los preguntados se sentían bien en cuanto a su situación, comparados con más de la mitad de los que la cuestionaban en una investigación similar realizada hacía tres años. Asimismo, el 72% de los ciudadanos palestinos creían que el principio de «igualdad» debería ser prioritariamente introducido en tal constitución.
Esos cambios de opinión son, al menos parcialmente, resultado del trabajo político de Bishara. Ha estado intentando persuadir a la minoría palestina de Israel -la mayoría de ellos, cualquiera que sea lo que nos diga el cambio, ha tenido poca experiencia práctica de participación en una democracia como no sea emitiendo un voto- de los aspectos que hacen imposible que un estado judío consagre la igualdad en sus leyes. Lo más próximo a una Carta de Derechos en Israel, la Ley Básica sobre Libertad y Dignidad Humana, no menciona la igualdad, de forma intencionada, en ningún apartado de su texto.
Es bajo este prisma que debe contemplarse la noticia que estalló sobre Bishara en el mes de abril. Mientras estaba en el extranjero con su familia, el Shin Bet anunció que tendría que enfrentar acusaciones de traición a su regreso. Bajo las normas para situaciones de excepción -renovadas por la Knesset otra vez la pasada semana y que llevan ya operativas durante casi 60 años- podía ser ejecutado si era encontrado culpable. Por tanto, Bishara tuvo que elegir no regresar.
La cobertura del caso de Bishara se ha concentrado en dos acusaciones principales contra él que tan sólo se conocen vagamente porque los servicios de seguridad han estado intentando impedir la revelación de sus pruebas amordazando a los medios mediante una ley. La primera acusación -para consumo de la población judía de Israel- es que Bishara ayudó de forma activa a Hizbullah a elegir objetivos en las comunidades israelíes del norte durante la guerra contra el Líbano del pasado verano.
El Shin Bet proclama eso tras meses de escuchas de sus conversaciones telefónicas, que han sido posibles por un cambio efectuado en 2005 en la ley que permite que los servicios de seguridad pinchen los teléfonos de los parlamentarios. El otro parlamentario palestino que sospecha estar siendo sometido al mismo acto de espionaje después de que el Fiscal General Mechahem Mazuz se negara a responder la pregunta sobre si el Shin Bet esta utilizando esa práctica con más gente, es Talib a-Sana.
Sin embargo, pocos observadores informados tomaron esa acusación en serio. Un editorial en Haaretz, el principal periódico de Israel, comparaba el caso de Bishara con el de la disidente judía israelí Tali Fahima, que fue encarcelada a base de acusaciones falsas alegando que había pasado un plan militar, en un trozo de papel que el ejército dejó caer en el campo de refugiados de Yenin, a un militante palestino, Zacharia Zbeidi, aunque era bien sabido que Zbeidi habla con fluidez el hebreo.
El editorial señalaba que parecía probable que la acusación de traición contra Bishara «resultara ser una exageración tendenciosa de sus conversaciones telefónicas y reuniones con nacionales sirios y libaneses, y posiblemente también de sus manifestaciones de apoyo a sus actividades militares. Parece muy dudoso que el parlamentario Bishara tuviera acceso a secretos relacionados con la defensa que pudiera vender al enemigo, y como en el caso de Fahima, el hecho de que se identificara con el enemigo durante un tiempo de guerra parece ser que fue lo que impulsó el deseo de buscar y encontrar una excusa para someterle a juicio».
Esas dudas se reforzaron con los informes aparecidos en los medios israelíes de que la acusación de traición se basaba en alegaciones de que Bishara había ayudado a Hizbollah a dirigir la «guerra psicológica a través de los medios».
La otra acusación hecha por la policía secreta va dirigida a una audiencia bien diferente. El Shin Bet afirma que Bishara blanqueó dinero de organizaciones terroristas. La implicación, aunque los detalles son imprecisos, postula que Bishara ayudó a financiar el terror y a ocultar algún dinero, al parecer cientos de miles de dólares, presumiblemente en su propio beneficio. Se suponía que esto lograría desacreditarle ante su propio electorado de ciudadanos palestinos.
Debe señalarse que no se ha encontrado nada de ese dinero en los intensos registros efectuados tanto en el hogar como en la oficina de Bishara, y la acusación se basa en un testimonio de una fuente poco fiable: una familia de cambistas de Jerusalén Este.
Esta segunda acusación se parece muchísimo a las acusaciones a que tuvo enfrentarse el otro palestino de importancia nacional en Israel, el Sheij Raed Salah, cabeza del Movimiento Islámico y líder espiritual de la minoría palestina. Fue arrestado en 2003, originariamente con acusaciones de blanqueo de dinero en beneficio del ala armada de Hamas, ayudándoles en la compra de pistolas y bombas.
Como en el caso de Bishara, el Shin Bet estuvo pinchando durante muchos meses todas las llamadas telefónicas de Salah y había, supuestamente, acumulado montañas de pruebas en su contra. Salah pasó más de dos años en la cárcel, porque los jueces aceptaron repetidamente las advertencias del Shin Bet para que rechazaran las peticiones de fianza, mientras la prueba secreta se estudiaba minuciosamente en un largo proceso. En las últimas etapas, como quedó claro que el caso del Shin Bet se evaporaba, la acusación anunció una petición de negociación entre la defensa y la acusación sobre los cargos. Salah estuvo de acuerdo (puede que imprudentemente, pero se puede entender después de dos años en la cárcel) en admitir acusaciones menores de incorrección financiera a cambio de su liberación.
Hasta este mismo momento, Salah no sabe qué fue lo que hizo mal. Su organización había financiado programas sociales para huérfanos, estudiantes y viudas en los territorios ocupados y había presentado sus cuentas a los servicios de seguridad para su aprobación. En una entrevista reciente, Salah observó que, en la nueva realidad, él y su partido habían descubierto que «ayudar a huérfanos, personas enfermas, viudas y estudiantes se había convertido ahora en una actividad ilegal en apoyo del terrorismo».
¿Por qué escogieron como objetivo a Salah? En la misma entrevista, señaló que poco después de su arresto, el primer ministro de entonces, Ariel Sharon, había pedido la prohibición del Movimiento Islámico, cuya popularidad preocupaba mucho al establishment de la seguridad. Sharon se sentía preocupado por lo que consideraba como la interferencia de Salah en el aplastamiento del nacionalismo palestino.
La preocupación de Sharon era por partida doble: el Movimiento Islámico estaba incrementando la financiación hacia las organizaciones sociales en los territorios ocupados en el mismo momento en que Israel estaba tratando de aislar y asfixiar allí a la población palestina; y la principal campaña de Salah «Al Aqsa está en peligro» fue reuniendo con éxito a los palestinos dentro de Israel para que acudieran a visitar las mezquitas del Noble Santuario en la Ciudad Vieja de Jerusalén, los símbolos más importantes de un futuro estado palestino.
Salah creía que recaía en los palestinos del interior de Israel la responsabilidad de proteger esos lugares sagrados, ya que las políticas de cierre y los controles de Israel estaban impidiendo que los musulmanes de los territorios ocupados llegaran hasta ellos. Salah sospechaba también que Israel estaba utilizando la exclusión de los palestinos de Jerusalén Este bajo ocupación para hacer valer sus propias reivindicaciones de soberanía sobre el sitio conocido por los judíos como Monte del Tempo. Ahí fue donde Sharon había hecho su provocadora visita en compañía de 1.000 guardias armados que desencadenó la intifada; y fue el control del Monte del Templo, muy añorado por su predecesor, Ehud Barak, lo que «dinamitó» las negociaciones de Camp David, como uno de los consejeros de Barak señaló posteriormente.
Salah se había convertido en un incordio, en un obstáculo para que Israel consiguiera sus objetivos en Jerusalén Este y posiblemente en la intifada, y necesitaba neutralizarle. El proceso le sacó de la escena en un momento clave, cuando él podía marcar un punto de inflexión.
Ese es ahora el destino de Bishara
Los indicios de que el Shin Bet quería la cabeza de Bishara por su campaña para transformar Israel en un estado para todos sus ciudadanos, se remontan al menos al comienzo de la segunda intifada en el 2000. Entonces fue cuando, como Israel se preparaba para unas próximas elecciones generales, el director saliente del Shin Bet observó: «Bishara no reconoce el derecho del pueblo judío a un estado y se ha pasado de la raya. La decisión de descalificarle [de presentarse para las elecciones] ha sido sometida al Fiscal General». ¿Quién expresó ese punto de vista? Nada más y nada menos que Ami Ayalon, que está peleando en la actualidad por el liderazgo del partido laborista y confiando en convertirse en la cabeza oficial del campo por la paz de Israel.
Mientras tanto, Bishara ha sido llevado a juicio en dos ocasiones (sin pruebas, las acusaciones se esfumaron inmediatamente después); ha sido convocado regularmente para ser sometido a interrogatorios policiales; ha sido advertido por una comisión estatal de investigación; y las leyes respecto a la inmunidad en la Knesset y a viajar a estados extranjeros han sido cambiadas específicamente para impedir que Bishara cumpliera con sus deberes parlamentarios.
Siguiendo el consejo de Ayalon, Bishara y su partido político, la Asamblea Nacional Democrática (AND), fueron descalificados por el Comité Central para la Elecciones durante las elecciones de 2003. El comité citó la «experta» opinión del Shin Bet: «Es nuestra opinión que la inclusión de la AND en la Knesset ha aumentado las amenazas inherentes a ese partido. Se pueden encontrar evidencias de que es así en el progreso ideológico experimentado desde los márgenes de la sociedad árabe (como un círculo limitado de intelectuales que están encargados de abordar esas ideas a nivel teórico) al centro del escenario. Hoy en día esas ideas [respecto a un estado para todos sus ciudadanos] tienen un efecto perceptible sobre el contenido del discurso político y sobre la ‘agenda’ pública del sector árabe».
Pero en esa ocasión, el Shin Beit fracasó en su objetivo. La descalificación de Bishara fue desestimada en apelación por una estrecha mayoría de los jueces del Tribunal Supremo.
Los temores del Shin Bet de que Bishara resurgiera con una venganza en marzo de este año, cuando el periódico Ma’ariv informó sobre una reunión cerrada entre el primer ministro, Ehud Olmert, y antiguos oficiales del Shin Bet «para tratar del tema de la minoría árabe en Israel, la magnitud de su identificación, velozmente decreciente, con el Estado y el aumento de elementos subversivos».
Ma’ariv citaba la valoración del Shin Bet: «Especialmente inquietante es el creciente fenómeno de ‘documentos iluminados’ entre las diversas elites de árabes israelíes. En esta ocasión, hay cuatro diferentes documentos visionarios compartiendo la percepción de Israel como un estado de todos sus ciudadanos y no como un estado judío. Los objetivos aislacionistas y subversivos presentados por las elites podrían determinar una dirección que irá ganando apoyo entre las masas».
Es decir, la policía secreta estaba preocupada de que se estuviera extendiendo la influencia de la plataforma política de Bishara. La prueba se encontró en los cuatro recientes documentos citados por el Shin Bet y publicados por grupos muy diferentes: la Constitución Democrática, por el centro jurídico Adalah; los Diez Puntos, del grupo lobby político Mossawa; Visión Futura, por el órgano político tradicionalmente conservador que comprende a la mayoría de los alcaldes y es conocido como el Alto Comité para el Seguimiento; y la Declaración de Haifa, supervisada por un grupo de académicos conocido como Mada.
Lo que comparten todos estos documentos son dos asunciones: primera, que las soluciones existentes ante el conflicto palestino-israelí se basan en dos estados y que en caso de llegar a tal acuerdo la minoría palestina continuará viviendo dentro de Israel como un conjunto de ciudadanos; y segunda, que es necesario reformar Israel si el estado quiere llegar a la igualdad de todos sus ciudadanos, como se prometió en su Declaración de Independencia.
Nada demasiado subversivo ahí, podría pensar uno. Pero ese no era el punto de vista del Shin Bet.
Siguiendo el informe en Ma’ariv, el editor de un periódico semanal árabe escribió al Shin Bet pidiendo más información. Y preguntó si la política del Shin Bet no representaba un intento no democrático de silenciar a la minoría palestina y a sus líderes. No tardó mucho en llegar la respuesta del Shin Bet. La policía secreta tenía la responsabilidad de proteger a Israel «contra amenazas subversivas», se apuntaba. «En virtud de esta responsabilidad, se requiere que el Shin Bet frustre las actividades subversivas de los elementos que desean dañar la naturaleza del Estado de Israel como Estado judío democrático –incluso actuando mediante herramientas proporcionadas democráticamente– en virtud del principio de ‘democracia defensiva’.
Grupos legales israelíes cuestionaron esta política cuando se hizo pública, y la cabeza del Shin Bet, Yuval Diskin, tuvo que escribir una carta aclarando lo que había querido decir. Israel tenía que protegerse de cualquiera que «buscara cambiar los principios básicos del estado en cuanto a abolir su carácter democrático o su carácter judío». Basaba su opinión en una ley aprobada en el 2002 que encargaba al Shin Bet de salvaguardar el país de «amenazas de terrorismo, sabotaje y subversión».
Es decir, en opinión del Shin Bet, un estado judío y democrático es democrático sólo si tu eres judío o sionista. Si intentas hacer uso de la supuesta democracia para desafiar los privilegios reservados a los judíos dentro de un estado judío, ese mismo estado está autorizado para defenderse frente a ti.
No debería dudarse de que el principio aplicado a Bishara se extienda en el futuro a otros parlamentarios palestinos y después a la más amplia comunidad palestina. Como consecuencia del caso Bishara, un anterior director adjunto del Shin Bet y ahora miembro del ala derechista en la Knesset, describió la lucha de Israel contra sus propios ciudadanos palestinos como «una segunda Guerra de Independencia», la guerra que sirvió en 1948 para fundar el estado de Israel a costa de limpieza del 80% de sus habitantes palestinos. Hay que reconocer que el Shin Bet no es precisamente una institución democrática, aunque opere en un entorno supuestamente democrático. Por eso, ¿cómo valoran la posición del Shin Bet los funcionarios con mayores responsabilidades del estado? La respuesta de Diskin vino respaldada por una carta del Fiscal General Menachem Mazuz, el funcionario jurídico más importante del país. Mazuz escribió: «La carta del director del Shin Bet fue escrita en coordinación con el fiscal general y contando con su aprobación, y la posición detallada en ella es aceptable para el fiscal general».
Bien, ahora ya lo tenemos claro. Como los políticos palestinos de Israel llevan mucho tiempo afirmando, el objetivo es un estado judío y democrático sólo para judíos. A nadie más se le permite voz y voto, ni siquiera opinión.
Jonathan Cook es un escritor y periodista que vive en Nazaret (Israel). Es autor del recién publicado libro «Blood and Religión: The Unmasking of the Jewish and Democratic State«, publicado por Pluto Press, y está disponible en EEUU en la Prensa de la Universidad de Michigan. Su página en Internet es: www.jkcook.net
Fuente:
http://www.counterpunch.org/cook06052007.html
Sinfo Fernández forma parte del colectivo de Rebelión y Cubadebate