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Estudio de la organización de apoyo a presos ADDAMEER

El veinte por ciento de la población palestina ha sido detenida o ha pasado en algún momento de su vida por una cárcel israelí

Fuentes: Europa Press

El veinte por ciento de la población palestina ha pasado en algún momento de su vida por una cárcel israelí, un porcentaje que se eleva al 40% cuando se estudian aisladas las detenciones de los varones, según un estudio realizado por la ONG de Derechos Humanos Addameer. En total, más de 650.000 palestinos han conocido […]

El veinte por ciento de la población palestina ha pasado en algún momento de su vida por una cárcel israelí, un porcentaje que se eleva al 40% cuando se estudian aisladas las detenciones de los varones, según un estudio realizado por la ONG de Derechos Humanos Addameer. En total, más de 650.000 palestinos han conocido la experiencia de la detención desde 1967.

La organización calculó que en 2007 eran cerca de 11.300 los palestinos retenidos, 3.800 de los cuales se encuentran en prisiones civiles de Israel, un país cuya legislación contempla las llamadas «detenciones administrativas» por las que se puede encarcelar a una persona indefinidamente en plazos renovables de seis meses sin que se haya producido acusación formal o juicio previo. Cuando se trata de mujeres, la situación «es peor» porque en muchos casos «son detenidas para presionar a sus maridos, sospechosos de algo».

(La Situación de las Prisioneras palestinas en cárceles de Israel)

En esta situación se encuentran 84 mujeres, algunas de las cuales viven con sus hijos pequeños en la prisión (dos alumbraron dentro) y cuya liberación ha solicitado la organización española Plataforma de Mujeres Artistas contra la Violencia de Género al Primer Ministro de Israel Ehud Olmert, mediante una misiva en la que, además, solicitan audiencia. La organización permanecerá hasta el próximo lunes en Nazaret y aunque no ha recibido confirmación formal del encuentro con el mandatario, sí celebrarán una cita con el viceprimer ministro de Asuntos Exteriores del país y con el máximo responsable de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas.

Según denunció en Ramala un grupo de ex presidiarias palestinas y familiares de las 84 reclusas, la situación en las cárceles israelíes supone una «flagrante violación de los derechos humanos» y una «omisión completa de la legislación internacional» en la materia. La portavoz de la delegación, que ha cumplido a lo largo de su vida siete condenas en distintos centros penitenciarios, explicó ante la delegación española cómo las torturas y los malos tratos son frecuentes en estos centros y describió conductas en el personal carcelario similares a las registradas en la cárcel iraquí de Abu Ghraib en 2005 y cuyas imágenes fueron difundidas.

Así, relató como es habitual que soldados y funcionarios desnuden a las mujeres y las pongan frente a hombres árabes haciéndoles creer que serán violadas. «Utilizan unas bolsas de la misma tela que sus uniformes, que es más dura, para cubrir a las presas la cabeza»; en algunos casos, someten a las mujeres » a dos días de pié bajo la lluvia sin poder moverse», «las amenazan con quitarles a sus hijos y entregarlos a familias judías», las «encierran en celdas de un metro cuadrado con un váter rebosante de desperdicios y las obligan a vivir en esa situación más de un mes» y «al final las entregan un papel en hebreo, a sabiendas de que no lo saben leer, y las presionan para firmarlo. Muchas lo hacen», explicó.

La reclamación tanto de las presidiarias como de sus familias es la consideración de estas mujeres como presas políticas, cuando ahora están siendo tratadas como prisioneras comunes y conviven con reclusas israelíes que tienen delitos de sangre. Asimismo, reclaman que una de las internas, que está a dos semanas de dar a luz, pueda hacerlo sin tener esposadas las manos y los pies durante el parto porque «lo natural es que una mujer utilice ambos para tener el niño».

HUELGA DE HAMBRE Y NEGOCIO DE ISRAEL

Tanto para las ex presidiarias como para las familias de las reclusas, está claro que el encarcelamiento de palestinos es «un negocio» para Israel, que impone sanciones económicas a los reclusos como castigo, obligando así a sus parientes a abonar cantidades elevadas de dinero. Frente a estos «ingresos», el Estado de Israel «no gasta nada» en el mantenimiento de los internos, que a menudo padecen anemia por desnutrición y no cuentan con condiciones mínimas de salubridad e higiene.

Para las denunciantes, una prueba de este afán recaudatorio está en que, mientras antes estaba permitido a las familias llevar comida típica a los reclusos en fechas como el Ramadán, ahora «con el pretexto de proteger la salud de los presos» no se permite introducir alimentos en las cárceles. Sin embargo, estos están a la venta en las cantinas de las prisiones.

En estos momentos, una de las reclusas, de nombre Amu Nahrum y que ya se ha convertido en un símbolo de la lucha de todas ellas, ha retomado una huelga de hambre que ya le supuso una hospitalización tras 33 días de inanición en 2007. Ahora vencen cuatro semanas sin ingerir alimentos mientras cumple una cadena perpetua en una celda de total aislamiento. Según los familiares, la abogada de Nahruma intentó esta semana visitarla en prisión y recibió por respuesta que estaba ingresada en un hospital. Su reivindicación es ser tratada como una presa política pues su delito ha sido «oponerse a la ocupación».