La noche del 30 de enero las protestas encabezadas por la tribu Al-Mutair terminaron con la quema de la campaña electoral del controvertido candidato al Parlamento Mohammad Al-Suwaihel en Adailiya (tercera circunscripción de Kuwait), quien había enfurecido a miembros de esta tribu tras verter comentarios insultantes en los que les atacaba. Estas protestas se enmarcan […]
La noche del 30 de enero las protestas encabezadas por la tribu Al-Mutair terminaron con la quema de la campaña electoral del controvertido candidato al Parlamento Mohammad Al-Suwaihel en Adailiya (tercera circunscripción de Kuwait), quien había enfurecido a miembros de esta tribu tras verter comentarios insultantes en los que les atacaba. Estas protestas se enmarcan en las continuas manifestaciones y demandas que se han producido en Kuwait desde principios de 2011, cuando algunos ciudadanos y también los denominados bedún (apátridas) comenzaron a denunciar la corrupción que empaña el sistema político kuwaití, así como la falta de ciertos derechos fundamentales como la libertad de expresión y de reunión. La presión popular hizo que el emir Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah disolviese la Asamblea Nacional el 18 de diciembre de 2011 tras aceptar la renuncia del Primer Ministro, Nasser Al-Mohammad Al-Ahmad Al-Sabah, y de su gabinete.
La convocatoria de elecciones, previstas para el 2 de febrero de 2012, ha animado a los bedún a continuar con sus protestas y manifestaciones todas las semanas, principalmente los viernes. Éstas han sido reprimidas de manera contundente por la policía kuwaití, terminando algunas de ellas en enfrentamientos violentos, con heridos y decenas de detenidos. Sus principales reclamaciones son la obtención de la ciudadanía kuwaití, así como otros documentos (certificados de nacimiento, matrimonio, defunción) y la igualdad de derechos a la hora de acceder a servicios estatales.
El Gobierno ha amenazado a los bedún que se atrevieran a manifestarse alegando que estas concentraciones son ilegales de acuerdo con la ley 6/1979, según la cual se prohíben las manifestaciones y cualquier otro tipo de acto reivindicativo en espacios públicos protagonizada por personas que no ostenten la ciudadanía kuwaití. Estos actos considerados por dicha ley como ilegales serán penalizados con multas de hasta mil dinares kuwaitíes (2.738 euros), con un máximo de dos años de prisión o con ambas condenas. El ministro de Interior, Ahmad Al-Homoud Al-Sabah, también advirtió a los candidatos al Parlamento de que no debían hacer uso de estas reivindicaciones populares ni poner en duda los esfuerzos que el Gobierno asegura estar llevando a cabo para solucionar la situación actual. «Este problema será resuelto, pero llevará tiempo. La cuestión no es simple debido a que la nacionalidad kuwaití implica disfrutar de muchas ventajas» declaró Ahmad Al-Homoud Al-Sabah.
A este respecto, Human Rights Watch instó al Gobierno kuwaití a respetar los derechos de reunión y libertad de expresión de los kuwaitíes y a no hacer uso de la violencia para aplacar las manifestaciones populares. Por otro lado, los ciudadanos denuncian su propio sistema político corrupto y reclaman una mejora en sus condiciones de vida y derechos políticos encaminados hacia una verdadera democracia. Las elecciones parlamentarias del 2 de febrero de 2012 son el resultado de este descontento social, acrecentado por la difícil situación económica a la que debe hacer frente el país, aquejada de un aumento de la inflación media, siendo la segunda tasa más elevada de los países exportadores de petróleo del Golfo Pérsico, justo por debajo de la tasa del 4,9% de Arabia Saudí; y de la caída de la venta de petróleo. Los estudios de mercado señalan la crisis económica mundial y la crisis política kuwaití como las principales razones del deterioro de la economía nacional.
En estos comicios compiten 286 candidatos, 23 de ellos mujeres (gracias a la reforma electoral de 2006 que permitió por primera vez que las kuwaitíes disfrutaran del sufragio pasivo y activo). Las candidaturas fueron estudiadas por el Ministerio del Interior, tras recibir cerca de 400, y surgiendo algunos casos polémicos como los intentos de denegar la candidatura a Faisal Ali Abdullah Al-Muslim Al-Otaibi (miembro de la tribu otaibi) y a Mohammad Al-Juwaihal.
El Ministerio del Interior, en alianza con la Sociedad por la Transparencia de Kuwait, ha llevado a cabo numerosos controles para evitar el posible fraude electoral, representado principalmente por la compra de votos y por las elecciones primarias tribales (completamente prohibidas aunque consta que se han realizado). Asimismo, el 2 de febrero, por primera vez en la historia kuwaití, habrá 480 observadores electorales locales e internacionales. La carrera electoral se ha centrado en las promesas de llevar a cabo reformas sociales, políticas y económicas. Los principales cambios políticos que algunos candidatos ya han anunciado inciden en legalizar los partidos y organizaciones políticas. A pesar de que los partidos políticos no están legalizados, es posible encuadrar a la mayoría de los candidatos a la Asamblea Nacional en diferentes tendencias, siendo las mayoritarias la de los Hermanos Musulmanes (el Movimiento Constitucional Islámico), la de los salafistas (la Alianza Islámica Salafí) y la de los liberales (el Foro Democrático Kuwaití).
Están llamados a las urnas 400.296 kuwaitíes, de lo que se deduce que sólo un porcentaje muy reducido de la población del Estado del Golfo (3.566.437 habitantes) puede participar en dichos comicios. Destacar que cerca del 54% del electorado lo constituyen las mujeres (215.300) según los datos que aporta el Ministerio del Interior. Cada elector puede emitir como máximo cuatro votos a cuatro candidatos diferentes. Las encuestas estiman que la abstención puede rozar el 50% como consecuencia del descontento social que vive la población desde hace cerca de dos años. A pesar de ello, las encuestas prevén que el 70% de la Asamblea Nacional sea renovada con el estreno de nuevos parlamentarios. Aunque lo cierto es que, con el estallido de la Primavera Árabe, el Gobierno kuwaití se ha tenido que enfrentar a una serie de manifestaciones, demandas y reclamaciones que, a pesar de haber reprimido y silenciado, han terminado dañando su imagen de estado tranquilo.
El ejemplo más claro de esta realidad son los citados comicios que, aunque todo parece indicar que estén correctamente maquillados (a pesar de que el ejecutivo haya permitido la presencia de observadores electorales y de numerosos medios de comunicación entre los que se encuentra de nuevo Al-Jazeera), podrían significar la brecha del autoritarismo monárquico que ha caracterizado a Kuwait desde su fundación en 1961.