Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández.
El 29 de noviembre de cada año, el aproximadamente cuarto de millón de refugiados palestinos que se vieron forzados a escapar hacia el Líbano, junto con todos los que se encuentran diseminados por más de 130 países donde buscaron refugio tras la limpieza étnica de su tierra, conmemoran la infausta Resolución 181 de las Naciones Unidas.
Entre el 29 de noviembre de 1947 y el 1 de enero de 1949, los terroristas sionistas despoblaron y destruyeron más de 530 pueblos y ciudades palestinos, matando a más de 13.000 palestinos y expulsando a 750.000, aproximadamente la mitad de la población.
La Resolución 181 de la Asamblea General de la ONU, adoptada el 29 de noviembre de 1947, tenía como objetivo dividir Palestina entre sus habitantes originarios y los colonialistas europeos que llegaban para ocupar y explotar Palestina y crear una patria exclusiva para judíos.
En función de ese plan de la ONU, a los judíos europeos se les garantizaba más del 56% de la Palestina histórica mientras que a los nativos palestinos, que poseían el 93% del territorio, se les ofreció menos del 40% de su propia tierra.
El voto de la partición se basó en una recomendación del Comité Especial de la ONU (UNSCOP, por sus siglas en inglés) que dividía el país en tres partes: un estado palestino con una población de 735.000 habitantes, de los cuales 725.000 eran palestinos y 10.000 judíos; un estado judío nuevo integrado por 449.000 judíos y 407.000 palestinos, con lo cual se creaba un nuevo estado con aproximadamente menos del 60% de mayoría judía.
Los dirigentes sionistas no han ocultado nunca sus intenciones, especialmente a la hora de mantener encuentros políticos. Con ocasión de dirigirse al Comité Central del Histadrut (confederación sindical de trabajadores hebreos de Israel) días después de la votación en la ONU para la partición de Palestina, David Ben-Gurion manifestó ante el liderazgo presente estos sentimientos de aprensión:
«… la población total del estado judío en el momento de su establecimiento será de alrededor de un millón, incluyendo a casi un 40% de no judíos. Tal composición de la población no va a proporcionar una base estable para un estado judío. Este hecho [demográfico] debe considerarse en toda su claridad e intensidad. Con esa composición no podemos siquiera tener la certeza de que el control permanezca en manos de la mayoría judía… Si tenemos una mayoría judía de solo el 60%, no hay seguridad de que tengamos un estado judío fuerte y estable.»
Ben Gurion dijo a los dirigentes sionistas en diciembre de 1947: «No me preocupa que la mitad de los judíos en Europa tengan que morir si la otra mitad se viene a Palestina», y Chaim Weizmann diría posteriormente: «Con respecto a la cuestión árabe, los británicos nos dijeron que allí hay varios cientos de miles de negros, pero eso no tiene gran relevancia».
Para asegurarse una absoluta mayoría judía, el «Comité para el Traslado [Expulsión]» sionista emprendió una campaña de terror para limpiar la zona de la población no judía. El «Comité para la Guerra [Expulsión]», bajo el liderazgo de Ben Gurion, asignó un lenguaje de limpieza étnica a sus operaciones militares a partir de palabras hebreas tales como Matateh (barrido), Tihur (limpieza), Biur (una expresión casi religiosa pascual que significa «limpiar la levadura» y Niku (limpiar).
Tras la declaración unilateral de independencia de Israel en 1948, se aceleró la estrategia de usurpar la tierra para asegurar una mayoría judía absoluta. Los sionistas asaltaron, despoblaron y ocuparon más de un 30% de la tierra que el plan de las Naciones Unidas habían asignado al futuro estado palestino.
Desde 1967, las fuerzas ocupantes israelíes han demolido más de 24.000 hogares palestinos, mientras que más de 600.000 judíos colonizan en estos momentos Cisjordania y Jerusalén. Asimismo, desde 1967, el ejército israelí ha detenido a más de 700.000 palestinos -el 20% de su población-, según las estadísticas publicadas en la I Conferencia Internacional sobre los Derechos de los Prisioneros y Detenidos Palestinos, celebrada en Ginebra en marzo de 2011. En la actualidad, aproximadamente unos 5.700 palestinos se encuentran detenidos en prisiones que se hallan dentro del territorio israelí en violación directa del derecho internacional. Además, el asedio contra Gaza y el Muro del Apartheid levantado en Cisjordania y Jerusalén han restringido o imposibilitado gravemente la libertad de movimiento de los palestinos.
A sesenta y cuatro años de la Resolución 181 de la ONU del 29 de noviembre de 1947, y después de veinte años negociando con Israel, la comunidad internacional sigue permitiendo el statu quo mientras Israel continúa usurpando el restante 22% con los cada vez más ilegales asentamientos solo para judíos.
Sesenta y cuatro años después, en el Líbano, donde huyeron 129.000 refugiados palestinos durante la Nakba de 1947-48, aproximadamente unos 250.000 permanecen allí, con aproximadamente 130.000 de ellos apiñados en doce fétidos campos de refugiados. Cada nuevo estudio realizado sobre los refugiados palestinos en el Líbano sirve para registrar la caída en picado de su situación tanto a nivel económico y social como humanitario, mientras la población de refugiados más antigua y grande del mundo sigue hundiéndose en una degradación cada vez mayor. En el Líbano, actualmente, los refugiados palestinos continúan viviendo en condiciones mucho más inhumanas que en cualquier otro lugar de la tierra, incluyendo las más de seis décadas de sufrimiento soportadas por sus hermanos y hermanas bajo la ocupación sionista de su propio país, Palestina.
A más de seis décadas de la Resolución 181 de la Asamblea General del a ONU, Líbano continúa prohibiendo, bajo amenaza de arresto y cárcel, que los refugiados palestinos puedan trabajar en más de cincuenta trabajos y profesiones. Esta prohibición contraviene directamente gran parte del derecho internacional que condena claramente esos hechos, en concreto, numerosas Resoluciones de las Naciones Unidas, acuerdos multilaterales, el derecho consuetudinario internacional e incluso la Constitución libanesa, así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, que algunos de los dirigentes libaneses ayudaron a redactar en 1949.
Desde 2001, el gobierno del Líbano ha prohibido también que los refugiados palestinos, que perdieron sus hogares a causa de los colonos sionistas, puedan comprar siquiera ni una migaja de propiedad para poder levantar una chabola o una tienda de campaña, aunque la mayoría de los palestinos puedan estar dispuestos a aceptar que solo adquirirán una propiedad inmobiliaria el tiempo necesario hasta poder regresar a Palestina.
Por tal incumplimiento de las leyes, Líbano se enfrenta cada vez más a la perspectiva de sanciones internacionales así como a disturbios civiles. Los refugiados palestinos en el Líbano se merecen poder disfrutar, al igual que cualquier refugiado en cualquier país del mundo, al derecho a vivir con dignidad, a poder solicitar un puesto de trabajo y a cuidar de sus familias. Vivir con dignidad incluye el derecho a vivir fuera de los atestados y cochambrosos campos de refugiados y, si les resultara posible, a poder una comprar una vivienda mejor.
Otra inquietante violación sufrida por los palestinos en el Líbano es el hecho de que, cada vez más, las fuerzas armadas libanesas están acordonando los campos de refugiados palestinos, lo que intensifica la percepción y la realidad de un ilegal acoso por parte del gobierno y cada vez mayores presiones sobre la vida diaria de estos huéspedes no deseados.
Hoy, 64 años después de la Resolución 181, prácticamente cada partido político y cada autoridad religiosa en el Líbano afirma descaradamente de boquilla estar sirviendo «a la sagrada causa palestina», que «es como el torrente sanguíneo de cada árabe y cada musulmán». Todo el mundo afirma que en el Líbano «nuestros hermanos deben vivir con dignidad hasta que puedan regresar a Palestina» y que «para nosotros, libaneses, como anfitriones suyos, negarles aún menores derechos humanos de los que les conceden incluso sus opresores sionistas viola nuestros deberes religiosos, por lo cual seguramente Alá (los cristianos dirían «Jesús» o «Dios todopoderoso») nos condenará al infierno el día del juicio final».
Los partidos y movimientos políticos libaneses que se han sacrificado verdaderamente por Palestina y quieren liberarla, y los partidos políticos libaneses cuyas milicias han masacrado a los civiles palestinos, mujeres, niños y ancianos, en los campos de refugiados, tienen la especial obligación de actuar ya y hacer que sus palabras tengan algún significado.
Y, sobre todo, esos políticos libaneses cuyas palabras y omnipresentes carteles en fotoshop se identifican con la causa palestina pero que, al servicio de gobiernos extranjeros, han perpetrado masacres en los campos palestinos tildándolos de «guerras de campamentos», deberían hacer penitencia de inmediato y utilizar su poder político y sus políticamente adquiridas riquezas para hacer justicia.
Ni los partidos ni los políticos libaneses, ni las instancias religiosas tienen excusas legítimas para no dedicarles una tarde en el parlamento, actualmente en período de sesiones, y librar al país de su autoimpuesto envilecimiento anulando la ley racista de 2011 que prohíbe que los refugiados palestinos puedan tener la propiedad de una casa. Como parte de la misma actuación parlamentaria, debe garantizárseles a los palestinos el mismo derecho al trabajo del que disfrutan el resto de los refugiados en el Líbano, que es un mandato del derecho internacional, de las creencias y doctrinas religiosas y de una moralidad común con la cual todas las personas de buena voluntad están comprometidas.
No hacer eso supone condenarnos a todos y hacer del Líbano una farsa como sociedad supuestamente civilizada.
Franklin Lamb se encuentra en estos momentos investigando en Libia. Puede contactarse con él en: [email protected] . Es autor de «The Price We Pay: A Quarter Century of Israel ‘s use of American Weapon’s against Lebanon » (1978-2006), disponible en Amazon.com.uk , y de«Hizbollah: A Brief Guide for Beginners». Ha participado en las investigaciones de la Comisión Kahan sobre la masacre de Sabra y Shatila. Es miembro de la Fundación que lleva ese mismo nombre y de la Campaña por los Derechos Civiles de Palestina.