El pasado 21 de abril, acudí a la Universidad de Deusto con la intención de participar cómo público en una mesa redonda con los candidatos de EH Bildu, PSE, PNV y la candidata de PP a la alcaldía de Donostia. Creo que mereció la pena, aunque pude haberme saltado las normas de la organización al […]
El pasado 21 de abril, acudí a la Universidad de Deusto con la intención de participar cómo público en una mesa redonda con los candidatos de EH Bildu, PSE, PNV y la candidata de PP a la alcaldía de Donostia.
Creo que mereció la pena, aunque pude haberme saltado las normas de la organización al intervenir sin ser alumno de Deusto, y se pudo malinterpretar el objetivo de mi pregunta como partidista – tal y como hizo El Mundo-, creo que esta sirvió para dar a conocer la situación de las personas presas entre la gente joven; y sobre todo, para demostrar que las posiciones de los partidos en esta materia son más cercanas entre sí de lo que podemos creer.
En mi intervención, después de mencionar a las más de 100 personas asesinadas en Donostia, así como la necesidad de pedir un reconocimiento del daño causado a aquellas personas que hayan cometido asesinatos, provocado lesiones o simplemente daños materiales; pedí a las y los candidatos que me dijeran qué es lo que ofrecían a las 66 personas presas donostiarras que han sido dispersadas (incumpliendo sentencias del Tribunal de Estrasburgo), 1 de ellas confinada (contraviniendo el principio de reinserción mencionado en la Constitución Española); al menos 8 personas encarceladas por ser miembros de Segi (incumpliendo sentencias posteriores de la propia Audiencia Nacional que indican que no se debe encarcelar a nadie basándose exclusivamente en declaraciones policiales obtenidas durante el periodo de incomunicación); 1 por el caso Bateragune (Harkaitz Rodríguez), con el agravante de haber sufrido problemas de movilidad derivados de su estancia en prisión; y otra por ser miembro del consejo de administración del periódico Egin (Carlos Trenor), con el agravante de tener más de 70 años y que por tanto debería estar en libertad condicional aplicando el Código Penal vigente. Del mismo modo, pregunté qué ofrecerían en caso de que alguna persona presa donostiarra sufriera alguna enfermedad grave e incurable, ya que en este caso también se incumpliría la legislación vigente.
En cuanto a las respuestas de Eneko Goia (PNV) y en un momento posterior de Miren Albistur (PP), tan solo puedo objetar que desde mi punto de vista la disolución de ETA no puede ser un factor a tener en cuenta a la hora de dejar de aplicar la dispersión; entre otras cosas porque antes de 1989 también existía ETA (de manera mucho más activa que ahora) y sin embargo no fue hasta ese año que se comenzó a aplicar la dispersión, fruto de una decisión política del gobierno socialista de Felipe González, y con el beneplácito del pacto de Ajuria Enea presidido por Jose Antonio Ardanza y formado por PNV, PSE y PP.
Al igual que otras decisiones políticas que han causado sufrimiento y que hoy afortunadamente ya no se dan, la dispersión debe acabar inmediatamente; y dado que la decisión de aplicarla fue una decisión política, es desde la política también desde donde debe buscarse una solución a la situación que viven las personas presas y sus familiares y amistades.
Para avanzar hacia el objetivo de ver respetados los derechos de las personas presas, va a ser necesario seguir dialogando y trabajando para poder llegar a acuerdos concretos que faciliten una mejora de su situación; y sinceramente, creo que existe una voluntad mayoritaria de dar esos pasos, o al menos no prevalece la voluntad de permanecer parados o dar marcha atrás. Tan solo hace falta seguir impulsando estos cambios desde la sociedad civil, de manera que los partidos sintamos su aliento y nos veamos empujados a seguir caminando.
En este sentido, para mí el objetivo está claro: llegar a un escenario en el que todas las personas vean respetados todos sus derechos. Para definir ese escenario, será necesario previamente definir entre todas y todos cuáles son esos derechos, que desde mi punto de vista deben incluir al menos el derecho a vivir en paz, y por tanto en un escenario en el que las armas no condicionen las decisiones políticas en ninguna dirección; unos derechos para las personas presas acordes con el respeto a la dignidad humana y con el objetivo de su reinserción en la sociedad; y los derechos de acceso a la verdad, justicia y reparación para todas las víctimas, independientemente de quién fuera su victimario. En cualquier caso, creo que lo más importante es que exista una voluntad por todas las partes de respetar y hacer respetar esos derechos definidos entre todas y todos.
El rumbo está fijado, nuestros pasos anteriores nos recuerdan de dónde venimos; ahora solo falta echar a andar, y es que, como decía el poema de Machado: «caminante son tus huellas, el camino y nada más; caminante no hay camino, se hace camino al andar.»
Xabier Soto es miembro de Alternatiba y coordinador de la Mesa de Pacificación y Normalización política de esta organización.
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