¿Cómo es posible que un terrorista tenga el derecho a pedirle un juez de inmigración que lo suelte con fianza? Porque el gobierno de George W. Bush solamente lo acusa de ser un indocumentado y no lo certifica como terrorista. Dicen los abogados de Luis Posada Carriles que un juez de inmigración en Texas le […]
¿Cómo es posible que un terrorista tenga el derecho a pedirle un juez de inmigración que lo suelte con fianza? Porque el gobierno de George W. Bush solamente lo acusa de ser un indocumentado y no lo certifica como terrorista. Dicen los abogados de Luis Posada Carriles que un juez de inmigración en Texas le ha programado una audiencia para el martes, 24 de mayo, para determinar si le concede la libertad bajo fianza, o si lo trasladan a una cárcel más cercana a Miami.
Hay varias tergiversaciones en las noticias de hoy. Primero que todo, ningún juez de inmigración tiene potestad para trasladar a Posada Carriles a otra cárcel. La potestad para escoger el lugar de detención de un reo le corresponde al Departamento de Seguridad de la Patria, y no a los tribunales. Sasso v. Milhollan, 735 F Supp 1045 (S.D. Fla 1990). 8 USC 1231(g).
Sin embargo, el tribunal tiene jurisdicción para liberarlo con fianza, ya que el gobierno federal lo encausa como indocumentado y no como terrorista. Una audiencia judicial de fianza es paralela e independiente a una de deportación, pendiente ahora para el 13 de junio, aunque sea el mismo juez que presida ambos casos.
El Departamento de Seguridad detuvo hace unos días al nefasto y conocido terrorista, responsable de la voladura de un avión civil de pasajeros donde murieron 73 personas, muchos de ellos jovencitos y una mujer embarazada. Es también el autor intelectual de una campaña terrorista contra turistas indefensos en La Habana. La serie de bombas colocadas en los hoteles y restaurantes habaneros causaron la muerte de un joven turista italiano, y varios heridos. El propósito de la campaña fue aterrorizar a los turistas y causar pánico entre la población civil cubana.
El terrorista, afectuosamente llamado Bambi por sus cómplices, entró ilegalmente a EE UU. Después de haberse pasado, como él mismo nos dice, «pintando y leyendo a Confucio» e incluso visitando las tiendas libremente y burlándose de las autoridades norteamericanas, Luis Posada Carriles fue detenido por el Departamento de Seguridad de la Patria al concluir una conferencia de prensa donde anunció que abandonaba su solicitud de asilo para fugarse del país.
Las cámaras de televisión nos mostraron el trato que recibió el terrorista al ser detenido. No lo esposaron, como es costumbre cuando detienen a cualquiera en este país. Lo llevaban del brazo, como si se tratara de un abuelito inofensivo que fuera a misa. Lo hicieron oficiales de un país que le tapan los ojos, desnudan y esposan con cuerdas plásticas a todo aquel que sea sospechoso de terrorismo. Tenemos cientos de fotos comprobando el trato que les dan a los presos que llevan a Guantánamo en aviones militares.
Pero el trato preferencial y delicado que le extendieron a Posada Carriles no se acaba ahí. En vez de presentar cargos penales por haber ingresado ilegalmente al país y certificarlo como terrorista de acuerdo con la ley, el Departamento de Seguridad lo acusa de ser un simple indocumentado, como si en vez de ser el terrorista más tenebroso del hemisferio occidental, Luis Posada Carriles fuera un trabajador agrícola que ingresó ilegalmente al país para cosechar alcachofas en California.
Las nuevas leyes aprobadas por el Congreso después del 9-11, le dieron la potestad al gobierno federal a certificar como terrorista a cualquiera que el gobierno cree es o ha sido terrorista ( USA Patriot Act, Pub. Law, 107-56, Sección 412). No hace falta juicio. No hace falta evidencia, aunque en el caso de Posada Carriles hay un bulto enorme con evidencias, incluyendo informes documentados de la propia CIA y del FBI que lo comprueban. Una declaración del gobierno federal es suficiente para certificar a una persona como terrorista. Alguien que ha sido certificado como terrorista no tiene el derecho a fianza, y un juez de inmigración no tiene la potestad para liberarlo.
Incluso si Posada Carriles establece que califica para algún amparo legal -como por ejemplo bajo el Convenio de la Tortura-, la detención seguiría siendo obligatoria, si es que el gobierno federal determina que todavía es un peligro.
Escandalosamente, el único cargo contra Luis Posada Carriles es un cargo civil, no penal. Un cargo de carácter migratorio que tiene que ver estrictamente con su ingreso ilegal al país. Esto es lo que le da el derecho a pedirle a un juez de inmigración en El Paso que lo libere bajo fianza. Al no certificarlo aún como terrorista, el gobierno de George W. Bush sabe exactamente lo que hace. Le quiere dar a Posada Carriles el derecho de pedirle a un juez de inmigración que intervenga a su favor y lo libere. Pero el Departamento de Seguridad pudiera todavía intervenir para restarle jurisdicción al juez y cancelar la audiencia del martes. Puede simplemente certificarlo como un terrorista.
Aún si el gobierno insiste en tratar a Posada Carriles no como terrorista, sino como un simple indocumentado, no creo que un juez de inmigración lo suelte tan fácilmente. El derecho de pedir no es igual que el privilegio de recibir. El juez puede negarle la fianza, porque Posada Carriles, durante su conferencia de prensa la semana pasada, dijo que quería irse del país. 8 USC 1226(a). O porque es un peligro para la seguridad del público. Matter of Patel, 15 IN Dec 666 (BIA 1976), y Matter of Khalifah, 21 IN Dec. 107 (BIA 1995).
Posada Carriles no es un simple indocumentado. Es el Osama Ben Laden de América Latina. Un conocido terrorista que trabajó para la CIA por décadas. Vale la pena preguntarse la razón por la cual el Presidente Bush prefiere lavarse las manos y dejar que un juez de inmigración tome la decisión. ¿Será que no quiere que Bambi se enoje y cuente lo mucho que sabe de sus amos?
José Pertierra es un abogado cubano. Su bufete está en Washington, D.C.