Traducido del inglés para Rebelión por J.M.
Al conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos, cabe cuestionar el mito de que el Tribunal Supremo de Israel es el defensor de los derechos humanos en Israel.
Los miembros de la Corte Suprema de Israel que se sientan en el Tribunal Superior de Justicia, 01 de abril de 2014. (Foto por Oren Ziv / Activestills)
Cuando una mañana despertó de su pesadilla, el Sr. Israelí descubrió que el Tribunal Superior de Israel se había convertido en un insecto gigante. Encargado de la tarea de equilibrar el repugnante populismo que deriva del legislativo y la lucha para proteger la democracia, el Alto Tribunal se ha convertido en el sello legal para los caprichos racistas de sus señores.
Esta semana, mientras celebramos el Día Internacional de los Derechos Humanos, Adalah -El Centro Legal para los Derechos de las Minorías Árabes en Israel- publicó un informe sobre las 10 decisiones recientes de la Corte Suprema que violan los derechos humanos básicos.
La primera decisión es elevar el umbral electoral, lo que obligó a la población palestina en Israel a renunciar al pluralismo interno y presentar una sola lista, la Lista Común. Imagínese si las listas Judaísmo de la Torá y Meretz iban a presentarse juntas, al lado de Yair Lapid con Avigdor Liberman. ¿Lógico? Según el Alto Tribunal sí.
La segunda decisión es el apoyo a la «ley del boicot». El Tribunal Supremo rechazó la petición en contra de la ley, que permite a los ciudadanos israelíes demandar a los que piden un boicot a Israel o a sus asentamientos. El Tribunal incluso fue tan lejos como para etiquetar el boicot como una forma de «terrorismo político», nada menos. Y ni una sola palabra acerca de la desaparición de la libertad de expresión, sobre todo cuando se trata de ciudadanos palestinos, que están sujetos a arresto o incursiones cada vez que hablan en contra del régimen (lo que a menudo es etiquetado como «incitación»).
El Tribunal Superior también apoyó la aplicación de la «ley de ausente presente en Jerusalén Este«, lo que permitió al Estado confiscar propiedades palestinas y entregarlas a las organizaciones judías. Los dueños de la propiedad son bien conocidos por todos; el único problema es que viven en Cisjordania. Esto no impidió que el más alto tribunal de la tierra autorice la confiscación de sus bienes.
Y ¿qué pasa con la discriminación basada en la nacionalidad? No es un problema. Los prisioneros de seguridad palestinos no pueden tomar cursos de educación superior, a diferencia de sus homólogos judíos. El Tribunal Superior fue tan lejos como para anunciar que este tipo de discriminación es «legal y legítima».
Y ¿qué pasa con la legalidad de ciertas ciudades? El Tribunal Supremo decidió que no hay ningún problema con la destrucción de Atir / Umm al-Hiran para construir una ciudad judía sobre sus ruinas. Decisiones similares se dictaron en otros casos, cuando los beduinos que han estado en el mismo pedazo de tierra desde antes de la fundación del Estado son expulsados. Incluso la decisión del Tribunal Superior en el caso de la familia Al-Aqoubi se basa en la discriminación, después de haber determinado que los beduinos que habían ocupado la tierra antes de la Nakba no tienen derecho a esa tierra, en desafío a la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Niiños del pueblo beduino no reconocido de Um al Hiran, Negev, Israel, 18 de enero de 2014. (Foto: Yotam Ronen / Activestills.org)
El Tribunal Superior de Justicia también se opone a la reunificación familiar. Es decir, si las familias en cuestión son palestinas. Si uno de los cónyuges vive en Gaza y el otro vive en Cisjordania, a pesar del hecho de que no debería haber ninguna razón en la tierra para evitar que vivan juntos, el Alto Tribunal considera que es completamente natural evitar la reunificación, incluso en las zonas que no están bajo la soberanía del Estado. Esta es una amarga extensión de la política que impide a los palestinos de los territorios ocupados vivir con sus parejas – que tienen ciudadanía israelí – en Israel. Es un estado judío, después de todo.
También se puede añadir el apoyo de la Corte Suprema a la acusación al exdiputado Said Nafa, quien visitó Siria en 2007, a pesar del reconocimiento de los jueces que las reuniones que mantuvo allí no tenían nada que ver con cuestiones relacionadas con la seguridad. Esta decisión establece que la población árabe en Israel no puede tener ninguna relación cultural con los que residen más allá de la frontera.
El Alto Tribunal también aprobó una orden de detención administrativa para encarcelar indefinidamente a una joven mujer palestina de Nazaret utilizando medidas de excepción. Puesto que no hay testigos se puede, simplemente, llevarla a la cárcel sin juicio. En este caso, el tribunal traicionó su papel central: asegurar de que a cada hombre y cada mujer se le conceda un juicio justo.
Palestinos de la familia Abu Jaber sentados sobre las ruinas de su casa que fue demolida por las fuerzas israelíes, Jerusalén Este, 6 de octubre de 2015. La casa perteneció a la familia de Ghassan Abu Jaber, que mató a cuatro fieles en un ataque a una sinagoga última año. (Activestills.org)
El Tribunal Supremo también ha aprobado las demoliciones de casas punitivas – una forma de castigo colectivo contra inocentes o sospechosos que nunca han sido condenados en un tribunal de justicia.
Un rápido vistazo a esta lista debería preocupar a quien crea en el Estado de Derecho e Igualdad. Las víctimas de estas violaciones son, en su mayor parte, los ciudadanos palestinos de Israel, y constituyen un golpe mortal a cualquier estado que se esmera en parecer una democracia. Independientemente de la religión, la raza o el sexo, dice la Declaración de Independencia, sin embargo, frente a estas violaciones, todos y cada uno de nosotros debería sentir vergüenza.
Noam Rotem es un activista israelí, ejecutivo en la industria de alta tecnología y autor del blog o139.org, subtitulado «Godwin ya no vive aquí». Este artículo fue publicado originalmente en hebreo en Local Call, donde también es blogger.
Fuente: http://972mag.com/is-israels-high-court-the-enemy-of-human-rights/114670/