Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos
El gobierno israelí ha estado instando (y presionando) discretamente a España para que reconsidere su decisión de expedir de órdenes de detención de oficiales de alto rango del ejército israelí acusados de cometer crímenes de guerra en los territorios palestinos ocupados.
A principios de este año se presentó en la Audiencia Nacional española una demanda con el objetivo de expedir una orden de detención contra siete oficiales militares israelíes.
Estos siete oficiales son el ex-primer ministro israelí Ariel Sharon, el ex-ministro de Defensa Benyamin Benalizer, el ex-director del Shin Beth Avi Dichter, el ex-jefe del Alto Estado Mayor Moshe Ya’alon, el ex-comandante de las fuerzas aéreas Dan Halutz, el comandante de la sección de operaciones Giora Eiland y el jefe del comando sur Doron Almog.
El Centro Palestino de Derechos Humanos (PCHR, por sus siglas en inglés), que presentó la demanda, urgió a las autoridades judiciales españolas a que emitieran una orden internacional de detención contra estos siete oficiales debido al papel que habían desempeñado en el bombardeo de un edificio de viviendas en Gaza el 22 de julio de 2002 durante el cual murió un jefe de Hamas junto con su familia y otros 15 civiles, incluidos 11 niños.
La Audiencia Nacional española aceptó el caso, lo que supone un primer paso para emprender una persecución formal.
Si prospera el caso, los acusados podrían ser detenidos al entrar en territorio español y se les retiraría la inmunidad diplomática de la que algunos disfrutan.
Según fuentes periodísticas israelíes, la actual ministra de Asuntos Exteriores, Tzipi Livni, que también desempeñará el cargo de primer ministro, ha pedido al ministro español de Asuntos Exteriores Miguel Angel Moratinos que utilice su influencia para desactivar los factores legales que podrían permitir al sistema judicial español «cazar» a oficiales israelíes acusados de cometer crímenes de guerra y que visiten España.
Pues bien, es aconsejable que España se niegue a sucumbir a las presiones israelíes a este respecto. Hay muchas razones para ello:
En primer lugar, no se trata de una cuestión política, sino que se trata ante todo de una cuestión legal o moral referente al crimen premeditado de personas inocentes. Estamos hablando de cientos, incluso de miles, de hombres, mujeres y niños inocentes asesinados consciente y deliberadamente por el ejército israelí que actuó siguiendo las instrucciones y órdenes directas de personas como Ya’alon, Halutz y Benalizer. Se pueden consultar fácilmente registros exhaustivos de estos crímenes con gran cantidad de detalles ya que han sido meticulosamente documentados por grupos de derechos humanos que trabajan en Palestina.
La conciencia de la humanidad debe a estas víctimas indefensas y no lloradas el conseguir que los acusados respondan ante un tribunal por sus crímenes. Si se les declara no culpables, serán dejados en libertad, pero si se les declara culpables, deberán pagar por sus crímenes.
Por lo tanto, España debe mantener la autoridad moral de su sistema judicial y asegurarse de que los supuestos criminales de guerra israelíes que pisen el territorio español son tratados ni mejor ni peor que cualquier otro criminal.
Los criminales son criminales independientemente de su origen étnico o de su religión. Y no debería importar si los sospechosos son ciudadanos de un Estado poderoso o no.
En segundo lugar, hay una enorme cantidad de pruebas por las que se podría condenar a estos supuestos criminales de guerra.
Sin el menor asomo de duda Ariel Sharon es un criminal de guerra demostrado. Vivió toda su vida como un criminal de guerra. Fue criminal de guerra mientras fue soldado, mientras fue comandante de pelotón, mientras fue ministro de Defensa y mientras fue primer ministro. Sharon ordenó el asesinato masivo de cientos de prisioneros de guerra egipcios. Sin embargo, el papel que desempeñó en las masacres de Sabra y Chatila cerca de Beirut en septiembre de 1982 le concede el estatus de criminal de guerra por excelencia. Pero ahora no tiene que presentarse a juicio aunque sólo sea porque al permanecer por tercer año consecutivo en estado vegetativo está siendo suficientemente castigado por Dios.
Por lo que se refiere a Benalizer, este hombre también es un criminal de guerra por haber ordenado operaciones asesinas que causaron la muerte de muchas personas inocentes, niños incluidos. En 2001 Benalizer se jactó de haber matado tantos palestinos sin provocar ninguna reacción negativa por parte de la comunidad mundial.
«El mundo está ahora preocupado por lo que ha sucedido en Estados Unidos (el 11 de septiembre). Esto significa que podemos comportarnos como nos parezca con los palestinos», afirmó con regocijo.
Además Benalizer dio el visto bueno al bombardeo del edificio de viviendas de Hay-al-Daraj en el centro de Gaza hace más de seis años. A continuación un avión de guerra israelí arrojó un bomba de 200 libras sobre la casa del jeque Salah Shehadeh, comandante del ala militar de Hamas. Además de a Shehadeh la bomba mató a quince civiles, la mayoría de ellos niños pequeños.
Entre los oficiales israelíes que también están implicados en este monstruoso crimen está también Ya’alon, que entonces era jefe de personal del ejército israelí y que sabía que la mujer y las hijas de Shehadeh se encontraban junto a él en el momento del bombardeo.
Es el mismo Ya’alon que varios meses después llamó a las víctimas palestinas » un cáncer» y afirmó que «ahora me contentaré con la quimioterapia», insinuando que «si la quimioterapia no funciona», entonces aplicaría la terapia hitleriana.
En cuanto a Halutz, comandante de las fuerzas aéreas israelíes en 2002, también se jactó de la carnicería de Hay-al-Daraj. Un periodista le preguntó qué había sentido cuando arrojó la bomba y, según se informó, Halutz contestó que sintió un ligero movimiento bajo su asiento cuando cayó la bomba. En otra entrevista declaró que no sentía escrúpulos ni sentimiento de culpabilidad al saber que habían muerto niños inocentes. «Duermo bien por las noches, tengo la conciencia tranquila».
En lo más profundo de sus corazones los oficiales y los israelíes en general se dan cuenta de que la mayoría de sus acciones en Cisjordania y Gaza, y también en Líbano, pueden ser clasificadas como crímenes de guerra.
Algunos portavoces israelíes tratan de recurrir a evasivas y de crear confusión afirmando que los soldados israelíes matan a palestinos inocentes consciente pero no deliberadamente. Pues bien, no existe diferencia alguna entre matar conscientemente y matar deliberadamente. Ni siquiera los nazis tenían la desfachatez de hacer semejante afirmación.
Además, cuando el número de víctimas inocentes es tan vasto como lo es en Gaza hasta la intención se vuelve irrelevante.
Por todas estas razones las autoridades españolas no deben permitir que la integridad del sistema judicial español se vea comprometida por la presión diplomática ejercida por los dirigentes supremacistas israelíes que abrigan la creencia racista de que lo que se aplica al resto de la humanidad no se aplica a los judíos.
Quede claro que nadie está sugiriendo que España desempeña un papel de juez mundial o de policía mundial.
Sin embargo, España es un Estado soberano y tiene derecho a prohibir a sospechosos de crímenes de guerra entrar en su territorio.
Esto es lo menos que los países civilizados pueden hacer para desanimar e impedir que ocurran más crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
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