El «victimismo» ha sido y es la herramienta más utilizada por el nacionalismo y el independentismo conservador en Cataluña. Su objetivo, generar diferencias (reales o ficticias) respecto al resto del estado. La mayor o menor efervescencia nacionalista e independentista ha estado en función de su utilidad para afianzar los intereses de la oligarquía catalana, quien, […]
El «victimismo» ha sido y es la herramienta más utilizada por el nacionalismo y el independentismo conservador en Cataluña. Su objetivo, generar diferencias (reales o ficticias) respecto al resto del estado. La mayor o menor efervescencia nacionalista e independentista ha estado en función de su utilidad para afianzar los intereses de la oligarquía catalana, quien, históricamente no ha tenido ningún empacho en aliarse con los sectores más «españolistas»; por ejemplo, cuando fue necesario reprimir a los trabajadores catalanes durante las revueltas de la Semana Trágica, o proporcionar el imprescindible apoyo de la alta burguesía catalana al levantamiento franquista. Posteriormente hemos visto la amigable relación entre CiU y el PP o el PSOE madrileño a lo largo del proceso de la transición.
La actual deriva nacionalista permite a CiU presentarse delante de la ciudadanía como los adalides de los intereses nacionalistas. El discurso parte de una premisa básica: la corrupción generalizada siempre sucedía fuera de las fronteras catalanas, era cosa de España. El «seny» catalán se imponía a la «disbauxa» espanyola. Pero hace mucho tiempo que Cataluña ya no es ninguna excepción política. El que se denominó «oasis catalán» se está demostrando un pantano llenas de corruptelas, nepotismos y amiguismos. La imagen patética del presidente Más mendigando el mismo trato para las cajas catalanas que las madrileñas en el caso Bankia nos nivela Cataluña con España. Todo ello pone al descubierto dos hechos significativos: el primero, que el nacionalismo y el independentismo conservador anteponen sus intereses de clase a los intereses generales; el segundo, la estrecha relación entre poder financiero y el poder político en Cataluña.
El «oasis catalán» no es más que una invención literaria. El caso Millet que ha permanecido guardado durante tres años en los cajones de los juzgados (finalmente se ha impuesto una fianza de más de 3 millones a CiU) evidencia que la corrupción ha tocado a los núcleos de poder centrales en Cataluña. Pocos días después, Oriol Pujol, Secretario General de CiU e hijo del ex presidente Pujol, se veía implicado en un nuevo escándalo de corrupción, el penúltimo antes del siguiente. Casi al mismo tiempo, estalla el caso de la Fundación del Hospital de Sant Pau, donde los gestores (representantes de la Generalitat, el Ayuntamiento y la Iglesia) encontraron una cueva de Alibabá en forma de ingeniería financiera. Los mismos que no dudan en conjugar el verbo recortar para la sanidad pública no tienen ningún escrúpulo en meter las manos en el cajón del dinero público. En paralelo, y sólo como vocación de memoria, la detención del antiguo delegado de gobierno del último Tripartito y miembro de la dirección de ERC en un tema de contrabando de tabaco es la guinda en este pastel. Ha sido desalentador ver cómo esos casos, de una extraordinaria importancia, han pasado desapercibidos para la mayoría de los medios de comunicación (en muchos casos dominados por sectores nacionalistas) y el conjunto de la ciudadanía.
En paralelo a esta situación, se lanza por parte de los sectores nacionalistas-conservadores la campaña contra el peaje de las autopistas. Andalucía tiene autovías gratis, Cataluña ha de pagar por sus autopistas. La derecha nacionalista, que de nuevo agita el «Espanya ens roba», vuelve a olvidar que, en sus 30 años al frente del gobierno catalán y poseyendo incluso la llave de la gobernabilidad de Madrid en algún periodo, optó por beneficiar a los grupos de poder en Cataluña; «La Caixa», las patronales de las autopistas, el Cercle d´ Empresaris, … han sido los grandes beneficiarios de las políticas catalanas. El nacionalismo conservador optó por el peaje de las autopistas, cuando podía perfectamente haber desarrollado una red viaria de alta calidad libre de pago. La campaña, con los tiempos sabiamente marcados, rehúye un hecho central: mientras se procede a la destrucción de los servicios básicos, la sanidad, la escuela pública catalana… sólo se habla del «pacte fiscal» y la carestía de los peajes; para determinados grupos nacionalistas, la destrucción de la escuela pública catalana es un mal necesario si con ello se preserva las facilidades para acceder a las segundas residencias en la playa o las zonas de esquí.
Es una campaña que ha calado y lo ha hecho porque la corrupción política y social se ha extendido como una enfermedad que ha hecho metástasis en la sociedad catalana generando tres efectos indeseables. Uno, la pasividad; segundo, la resignación; tercero, el descredito de la ética política. Todo ello unido a la falta de un horizonte social alternativo. Este vacío lo llena en parte la filosofía del «victimismo político», algo que, debemos añadir, tiene un importante calado social, sobre todo porque la izquierda (el PSC, ERC, ICV o EUiA) que debería estructurar un contrapeso social y político a las propuestas de la derecha se muestra incapaz de articular una alternativa global a esta realidad. No olvidemos que estas fuerzas están compuestas mayoritariamente por profesionales de la política. Su visión es pues cortoplacista-electoral, se limitan a copiar lo «políticamente correcto», es decir lo que indican los medios de comunicación, mayoritariamente en manos de la derecha. Es así que la influencia de la ideología nacionalista o independentista conservadora penetra profundamente en algunas capas sociales que, incapaces de articular formas de resistencia, optan por buscar fuera de sus fronteras los enemigos, nunca enemigos de clase, sino los otros pueblos del estado español. La expresión «Espanya ens roba» es pues una frase carente de sustancia real pero fácilmente utilizable para acusar a otros de la ineptitud y la propia incapacidad política.
El desconocimiento de la realidad nacional y su influencia en las relaciones Cataluña-Estado español es un elemento complejo. Si no sabemos articular la reivindicación nacional con la demanda social se puede provocar una ruptura en las opciones de resistencia frente a la agresión de las clases sociales poderosas. Afortunadamente muchos movimientos sociales como el 15-M no ha caído en la trampa del independentismo excluyente. Hasta ahora se ha sabido conjugar el hecho nacional con la reivindicación social lo que genera un contrapeso importante frente a ese nacionalismo/independentismo conservador que pretende hacer recaer el peso de la crisis en los sectores sociales catalanes y no catalanes más desfavorecidos; mientras se envuelven en la bandera proclamando sus diferencias frente al estado español. Sin lugar a dudas en caso de conflicto social nuevamente estos sectores conservadores optarán por refugiarse bajo la bandera española y exigir a Madrid el disciplinamiento de cualquier veleidad de ruptura democrática.
Cataluña atesora una historia, una cultura y una idiosincrasia propia que ha de ser respetada al igual que debe respetar la idiosincrasia del conjunto del estado español. La República Federal es en este sentido el marco general donde se han de reencontrar las diferentes narraciones que configuran el mapa de España.
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