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Un régimen que ensalza la supremacía judía entre el río Jordán y el mar Mediterráneo

Esto es apartheid

Fuentes: www.btselem.org

Mas de 14 millones de personas −de las cuales aproximadamente la mitad son judías y la otra mitad son palestinas− viven bajo un mismo régimen en el territorio situado entre el río Jordán y el mar Mediterráneo.

La percepción más común en los discursos públicos, políticos, legales y mediáticos es que hay dos regímenes operando separados a cada lado de la Línea Verde:

  • un régimen democrático permanente que opera dentro de los límites del estado soberano de Israel, con una población de aproximadamente 9 millones, toda con ciudadanía israelí, y
  • el otro régimen: una ocupación militar temporal impuesta sobre 5 millones de personas palestinas, que opera en los territorios que Israel ocupa desde 1967 y cuyo estatus definitivo se definirá en futuras negociaciones.

Con el paso del tiempo, la distinción entre ambos regímenes se ha divorciado de la realidad. Este estado de cosas ha subsistido por más de 50 años. Cientos de miles de colonos y colonas israelíes viven ahora en asentamientos coloniales permanentes al este de la Línea Verde, con condiciones idénticas a las que se viven al oeste de la misma. Jerusalén Este ha sido anexada oficialmente al territorio soberano israelí, y Cisjordania ha sido anexada en la práctica.

Lo más importante es que esta distinción entre “dos” regímenes nubla el hecho de que toda el área entre el mar Mediterráneo y el río Jordán se ha organizado bajo un solo principio: avanzar y cimentar la supremacía de un grupo –el judío– sobre el otro –el palestino–.  Todo esto lleva a la conclusión de que no son dos regímenes paralelos que sostienen el mismo principio: hay un solo régimen que gobierna la totalidad de la zona y a todas las personas que allí viven, basado en un simple principio organizacional.

B’Tselem se fundó en 1989  con un mandato limitado a Cisjordania (incluyendo Jerusalén Este) y Gaza. La organización no se encargaba de los derechos humanos dentro del Estado de Israel establecido en 1948, ni tampoco hacía reflexiones sobre el área comprendida entre el río Jordán y el mar Mediterráneo. La situación ha cambiado. El principio organizativo del régimen se ha hecho visible en los últimos años, como se evidenció en la Ley Fundamental aprobada en 2018: Israel es el Estado-nación del pueblo judío. También se han escuchado durante 2020 declaraciones oficiales en pro de anexar partes de Cisjordania.

Haciendo lectura de los hechos descritos, entendemos que lo que sucede en el territorio ocupado no puede tratarse aparte de la realidad de toda el área bajo control israelí.

Los términos usados en años pasados para describir la situación, tales como “ocupación prolongada” o “realidad de un Estado”, ya no suenan adecuados. Para continuar enfrentando las violaciones a los derechos humanos, es esencial examinar y definir el régimen que gobierna la zona entera.

Este documento analiza como el régimen israelí trabaja para conseguir sus objetivos en toda el área bajo su domino. No haremos aquí una revisión ni una evaluación de la historia o de los movimientos nacionales judío o palestino, ni tampoco del antiguo régimen de segregación racial de Sudáfrica, ya que este análisis excede el propósito de una organización de derechos humanos.

Sin embargo, este documento presenta los principios que guían al régimen, demuestra cómo se implementan los mismos y apunta a la conclusión que emerge de todo esto: qué nomenclatura usar para este régimen y qué significa desde el punto de vista de los derechos humanos.

Divide, separa y gobierna

En toda la zona entre el Mar Mediterráneo y el río Jordán, el régimen israelí implementa leyes, prácticas y violencia estatal con un diseño destinado a cimentar la supremacía de un grupo –el judío–  sobre otro –el palestino–. Un método clave para conseguir este objetivo es manejar el espacio de forma diferente para cada grupo poblacional.

Las y los ciudadanos judíos viven libremente en toda el área como si fuese el mismo espacio (exceptuando la Franja de Gaza). La Línea Verde no significa casi nada para ellos: no importa si viven al oeste, dentro del territorio soberano de Israel, o al este de la misma en alguna colonia que todavía no ha sido anexada formalmente a Israel. No importa ni para sus derechos ni para su estatus.

Mientras tanto, para las y los palestinos es crucial el lugar en el que vivan.  El régimen israelí dividió el área en muchos bloques a los que define y gobierna de forma diferente, y hay diferentes derechos para la población palestina en cada uno de ellos. Esta división es relevante solo para esa población. El espacio geográfico es contiguo para la población judía, mientras que para la población palestina es un mosaico fragmentado:

  • Las y los palestinos que viven en el territorio definido en 1948 como territorio soberano israelí (a veces se les llama árabes-israelíes) son ciudadanos/as y llegan al 17% de la población con ciudadanía israelí. Este estatus les asegura muchos derechos, pero no gozan de los mismos derechos que los ciudadanos judíos, ni legalmente ni en la práctica, como se detallará a continuación en este documento.
  • Aproximadamente 350.000 palestinos/as viven en Jerusalén Este, que tiene una superficie de 70.000 dunams (1 dunam=1000 m2), territorio que Israel anexó a su territorio soberano en 1967. Estas personas palestinas han recibido la designación de “residentes permanentes de Israel”, estatus que les permite vivir y trabajar en Israel sin permisos especiales, recibir beneficios sociales y seguro de salud, y votar solo en las elecciones municipales. La residencia permanente puede ser revocada en cualquier momento, cosa que no pasa con la ciudadanía; esto depende del criterio del Ministerio del Interior. En algunas circunstancias, el estatus de residente permanente también puede llegar a expirar.
  • Israel nunca anexó formalmente el territorio de Cisjordania, pero trata a este territorio como si fuese propio. Más de 2,6 millones de personas palestinas viven en Cisjordania, en docenas de enclaves desconectados, bajo un régimen militar estricto y sin derechos políticos. Israel ha transferido algunos poderes civiles a la Autoridad Palestina (AP) en aproximadamente el 40% del territorio. Sin embargo la AP está subordinada a Israel, y solo puede ejercer poderes limitados bajo consentimiento y autorización israelí.
  • La Franja de Gaza alberga a 2 millones de personas palestinas, también sin derechos políticos. En 2005 Israel retiró sus fuerzas de ocupación de Gaza y desmanteló las colonias exclusivamente judías que había edificado allí. Desde entonces renunció a cualquier responsabilidad sobre la población palestina que allí habita. Luego del triunfo electoral de Hamas en 2007, Israel impuso un bloqueo sobre Gaza que aún está vigente. Durante todos estos años, Israel mantiene el control desde afuera sobre cada aspecto de la vida en Gaza.

Israel le concede a la población palestina un paquete diferente de derechos en cada uno de estos bloques, y todos esos paquetes de derechos son inferiores a los derechos concedidos a las y los ciudadanos judíos. El objetivo de la supremacía judía se consigue de formas diferentes de acuerdo a la ubicación geográfica: la experiencia vivida por la población palestina de Gaza es muy direrente a la de la población palestina de Cisjordania, o a la de la población con residencia permanente en Jerusalén, o a la de la población palestina dentro del territorio soberano de Israel. A pesar de estas variantes, todos los palestinos y palestinas bajo el régimen israelí son tratados como inferiores en derechos y estatus si se comparan con sus pares judíos/as que viven en las mismas áreas.

Describiremos a continuación cuatro métodos principales que el régimen israelí utiliza para conseguir la supremacía judía.

Dos de estos métodos se implementan de formas parecidas en toda la zona:

  • restricción de migración para personas no- judías y
  • confiscación de tierras privadas palestinas para construcción de comunidades exclusivamente judías, mientras se relega a la población palestina a pequeños enclaves. 

Los otros dos métodos se implementan principalmente en el territorio ocupado:

  • restricciones draconianas al movimiento de los “no-ciudadanos” palestinos
  • negación de derechos políticos.

El control de estos aspectos de la vida palestina están bajo la total responsabilidad de Israel: en toda la zona Israel tiene el poder exclusivo para

  • registrar a la población
  • distribuir tierras
  • registrar a votantes y
  • derecho (o negación del mismo) a viajar, entrar o salir de cualquier parte del área en cuestión.

a) Inmigración: solo para las personas judías

Cualquier persona judía del mundo, sus hijas/os, nietos/as o cónyuge tienen derecho de migrar a Israel en cualquier momento y recibir la ciudadanía, con todos los derechos asociados. Reciben este estatus incluso si eligen como vivienda alguna colonia en el territorio ocupado de Cisjordania que no haya sido anexada formalmente al territorio israelí.

En contraste, las personas no-judías no tienen derecho a ningún estatus legal en las áreas controladas por Israel. El estatus se obtiene a completa discreción de los funcionarios (Ministerio del Interior dentro del territorio soberano israelí o comandante militar en los territorios ocupados).  A pesar de esa distinción oficial, el principio organizativo es el mismo: las personas palestinas que viven en el extranjero no pueden migrar a ninguna parte del territorio comprendido entre el Mar Mediterráneo y el río Jordán, aún si ellas, sus padres, madres o abuelos hubiesen nacido y vivido allí. La única forma en que una persona palestina puede migrar a áreas controladas por Israel es contrayendo matrimonio con otra persona palestina que ya viva allí como ciudadana, residente o sujeto, además de reunir una serie de condiciones y de recibir la aprobación de Israel.

Israel no solamente impide la inmigración palestina, sino que también impide que se reubiquen entre bloques, si la reubicación –a los ojos del régimen– eleva el estatus. Por ejemplo, palestinos/as con ciudadanía israelí o residentes de Jerusalén Este pueden reubicarse sin problemas en Cisjordania (también arriesgan sus derechos y su estatus si lo hacen). Personas palestinas de Cisjordania no pueden obtener ciudadanía israelí ni reubicarse en el territorio soberano israelí, excepto en rarísimas ocasiones que dependen de la aprobación de las autoridades israelíes.

Las políticas israelíes de reunificación familiar ilustran este principio. Durante años el régimen ha impuesto obstáculos numerosos sobre aquellas familias en que los cónyuges viven en diferentes bloques geográficos. Esta política muchas veces ha impedido que personas palestinas de diferentes bloques contraigan matrimonio. Como resultado de estas políticas, decenas de miles de familias no han podido vivir juntas. Cuando un miembro de la pareja es residente de Gaza, Israel les permite vivir juntos solamente si la persona palestina residente de Cisjordania se muda a Gaza. En 2003, la Knesset (parlamento israelí) aprobó una Orden Temporal (aún en pie) prohibiendo otorgar la ciudadanía israelí o la residencia permanente a personas palestinas de Cisjordania que se hubiesen casado con israelíes. En casos excepcionales, con aprobación del Ministerio del Interior, personas palestinas de Cisjordania casadas con israelíes podrán recibir estatus legal en Israel, siendo éste temporal y sin derecho a beneficios sociales.

Israel incluso menoscaba el derecho de las personas palestinas de los territorios ocupados –incluida Jersualén Este– a vivir en sus lugares de nacimiento. Desde 1967 Israel ha revocado el estatus de 250.000 personas palestinas de Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza, en ocasiones sobre la base de que habían vivido en el extranjero más de tres años. Esto incluyó a miles de residentes de Jerusalén Este que solo habían cambiado su residencia a pocas millas de la ciudad, en alguna parte de Cisjordania. Todas estas personas fueron privadas de su derecho a vivir junto a sus familias en el lugar donde nacieron y se criaron.

b) Confiscación de tierras para población judía mientras se amontona a la población palestina en enclaves

Israel practica una política de “judaización” del territorio, basada en la creencia de que la tierra es un recurso destinado exclusivamente al beneficio de la población judía. La tierra se usa para desarrollar y expandir comunidades judías y construir nuevas, mientras la población palestina es despojada y acorralada en pequeños enclaves saturados. Esta política con respecto a la tierra se practica dentro del territorio israelí desde 1948, y se aplica en Cisjordania desde 1967.

En 2018 el principio rector de esta política quedó sellado al promulgarse la Ley Básica “Israel es el Estado-nación del pueblo judío”. En consecuencia la ley afirma que el desarrollo de colonias judías es un valor nacional y el Estado tomará acciones para promover y proteger su establecimiento y fortalecimiento.

Dentro de su territorio soberano, Israel ha dictado leyes discriminatorias, siendo la mas notable la ley del “presente ausente”, que permite expropiar vastos trechos de tierra privada palestina, incluyendo millones de dunams en comunidades cuyos residentes fueron expulsados o huyeron en 1948, y luego se les prohibió volver. Israel también es responsable de la reducción drástica de las tierras designadas para consejos municipales o comunidades palestinas, las que actualmente tienen acceso a menos del 3% del área total del país. La mayoría del terreno designado está ya saturado con construcciones. Esto resulta en que más del 90% de la tierra en territorio israelí está bajo control estatal.

Israel usó sus tierras estatales para construir cientos de comunidades para la población judía, y ni una sola para la población palestina. La excepción está marcada por un puñado de pueblos y aldeas construídas para concentrar a la población beduina, que ha sufrido la drástica disminución de su derecho a la tierra. La mayoría del territorio que las comunidades beduinas usufructuaban ha sido expropiado y registrado como propiedad estatal. Muchas comunidades beduinas han sido etiquetadas como “no reconocidas”y sus residentes recibieron el nombre de “invasores”.

Comunidades y colonias exclusivamente judías se erigen ahora sobre territorio históricamente ocupado y explotado por comunidades beduinas.

El régimen israelí restringe severamente la construcción y desarrollo de comunidades palestinas en su territorio soberano. También se rehúsa a una planificación urbana que considere las necesidades territoriales de esta población, y mantiene el área asignada a estas comunidades con la misma superficie, sin importar que la población haya aumentado. El resultado son pequeños enclaves sobrepoblados donde sus habitantes no tienen otra opción que construir sin permisos.

Hay una nueva ley en Israel que permite a los comités de admisión de cientos de municipalidades rechazar solicitudes de palestinos/as, alegando “incompatibilidad cultural”. Esto, en la práctica, impide a las y los palestinos con ciudadanía israelí vivir en comunidades asignadas a personas judías. Oficialmente, cualquier ciudadano israelí puede vivir en cualquier municipalidad o ciudad del país; en la práctica, solo el 10% de los palestinos/as con ciudadanía israelí lo consiguen. Aún así, frecuentemente se ven relegados a barrios marginados con acceso limitado a servicios educativos, religiosos y otros, más el costo prohibitivo de comprar propiedades en otras partes de la ciudad, o prácticas discriminatorias en la compra-venta de bienes raíces.

El régimen maneja el mismo principio organizacional en Cisjordania desde 1967 (incluyendo Jerusalén Este). Se han expropiado de manos palestinas cientos de miles de dunams, incluyendo tierra agrícola y pastoril, con numerosos pretextos. Esta tierra expropiada se usa para establecer y expandir colonias residenciales, agrícolas e industriales. Todas las colonias se declaran zona militar, y la población palestina no puede ingresar sin permisos. Hasta ahora, Israel creó mas de 280 colonias en Cisjordania (incluyendo Jerusalén Este), donde viven ya mas de 600.000 personas judías. También se han expropiado tierras para construir cientos de kilómetros de rutas exclusivas para la población judía de las colonias.

Israel creó un sistema de planeamiento separado para la población palestina de Cisjordania, cuyas políticas impiden el desarrollo y la construcción. Grandes extensiones de tierra no están habilitadas para construir, ya que se declararon tierra estatal, o zona de tiro, o reserva natural o parque nacional. Las autoridades se niegan a trazar planes maestros que reflejen las necesidades presentes y futuras de las comunidades palestinas que aún tienen pequeñas parcelas de tierra. El sistema de planeamiento separado se centra en la demolición de estructuras levantadas sin permisos ante la falta de opciones-  Toda esta situación ha acorralado a la población palestina en enclaves sobrepoblados, y sus habitantes ven reducidas al mínimo sus posibilidades de mejorar y ampliar infraestructuras residenciales o de uso público.

c) Restricciones a la libertad de movimiento de la población palestina

Israel permite que sus ciudadanos/as −ya sean personas judías o palestinas− se muevan libremente por todo el territorio. La excepción es la prohibición de ingreso a Gaza, definida como “territorio hostil”, y la prohibición (mayoritariamente formal) de ingresar a áreas controladas por la AP (el área A de Cisjordania). En algunos raros casos, ciudadanos/as o residentes obtienen permiso para entrar a Gaza.

Las y los ciudadanos israelíes pueden salir y entrar al país cuando gusten. En contraste, las personas palestinas residentes en Jerusalén Este no tienen pasaporte israelí, y si prolongan su ausencia por viaje al extranjero se les puede revocar su estatus de residentes en la ciudad.

Israel restringe rutinariamente el movimiento de la población palestina en Cisjordania, impidiendo generalmente su desplazamiento entre bloques geográficos. Palestinas/os de Cisjordania que quieran entrar a Israel, Jerusalén Este o Gaza deben aplicar a un permiso ante la autoridad israelí. En Gaza −bajo bloqueo desde 2007− la población entera vive aprisionada, ya que Israel prohíbe casi cualquier movimiento de entrada o salida, exceptuando rarísimos casos definidos como “humanitarios”.

Palestinas/os que quieran salir de Gaza o que quieran entrar desde otros bloques geográficos deben llenar una aplicación especial para un permiso de entrada. Los permisos son escasos, y se logran por un mecanismo estricto y arbitrario, ya que el régimen de permisos carece de transparencia y reglas claras. Cada permiso otorgado a una persona palestina es visto por Israel como un favor en lugar de un derecho adquirido.

En Cisjordania, Israel controla todas las rutas entre los enclaves palestinos. Esto permite al ejército levantar retenes militares temporales (flying checkpoints), bloquear el acceso a pueblos y aldeas, cerrar vías e impedir el paso a través de checkpoints a su voluntad.

Encima de todo esto, Israel construyó el muro de separación dentro de Cisjordania. El territorio de propiedad palestina entre el muro y la Línea Verde –incluyendo las tierras agrícolas– se convirtió en  “seam zone”. A esta “seam zone” tampoco pueden entrar libremente los palestinos, debido al mismo sistema de permisos y autorizaciones.

Las y los palestinos de Cisjordania tampoco pueden viajar al extranjero sin complicaciones. Como regla, Israel prohíbe que salgan a través del aeropuerto de Tel Aviv, situado en territorio soberano israelí. Su puerto aéreo de salida es en Jordania, y deben obtener permisos para cruzar la frontera terrestre entre Cisjordania y Jordania. Cada año, Israel rechaza miles de solicitudes para cruzar la frontera sin explicación alguna.

La población de Gaza puede salir a través del puesto de control de Rafah, manejado por Egipto. Si está abierto y las autoridades egipcias autorizan el paso, los palestinos deben recorrer largos trechos sobre territorio egipcio. En muy raras excepciones, Israel autoriza a personas gazatíes a viajar a través del territorio israelí, y debe hacerse en un transporte directo escoltado hacia Cisjordania, para luego continuar hacia Jordania y abordar un avión a su destino final.

d) Negación del derecho a la participación política a la población palestina

Las y los palestinos ciudadanos de Israel, así como sus pares judíos/as pueden involucrarse en la vida política para defender sus intereses, incluyendo elegir y ser electos. Pueden elegir representantes, formar partidos políticos y unirse a los ya existentes. No obstante, las y los palestinos que resultan electos son constantemente vilificados, siendo objeto de incitación desde figuras políticas clave; además, el derecho de la población palestina ciudadana de Israel a participar políticamente se encuentra constantemente amenazado.

Alrededor de 5 millones de palestinos/as viven en Cisjordania y Gaza, y no pueden participar en el sistema político que gobierna sus vidas y determina su futuro. Teóricamente, la mayoría de personas palestinas pueden votar en las elecciones de la Autoridad Palestina. Es sabido que las potestades de la AP son limitadas, aun cuando pudiesen sostener elecciones con regularidad (la última fue en 2006). Israel controla la vida de la población palestina, ya que se reserva para sí los aspectos más relevantes de la gobernanza en los territorios ocupados. Esto incluye el control sobre la migración, el registro de la población, el planeamiento y las políticas sobre el territorio, el agua, la infraestructura de telecomunicaciones, las importaciones y exportaciones y el control militar sobre tierra, mar y espacio aéreo.

En Jerusalén Este, la población palestina está entre la espada y la pared. Como residentes permanentes de Israel, pueden votar en las elecciones municipales pero no en las elecciones parlamentarias. Por otro lado, Israel obstaculiza su participación en las elecciones llevadas a cabo por la Autoridad Palestina.

La participación política es bastante más que elegir o ser electo. Israel también restringe o niega derechos políticos como la libertad de expresión o la libertad de asociación. Estos derechos permiten que las personas critiquen a sus gobiernos, protesten por políticas con las que no concuerdan, formen asociaciones para defender sus ideas y se organicen en general para promover cambios sociales y políticos.

Muchas leyes −tales como la ley de boicot y la ley de la Nakba− limitan la libertad de las y los israelíes para criticar las políticas concernientes al pueblo palestino en toda la zona. La población palestina de Cisjordania vive aún bajo restricciones más severas, ya que no puede hacer manifestaciones o marchas, y se prohíben muchos tipos de asociación; casi cualquier pronunciamiento político se considera una incitación. Estas restricciones están bajo el control de tribunales militares, los cuales han encarcelado a cientos de miles de palestinos/as, y son un mecanismo clave para sostener la ocupación. En Jerusalén Este, Israel trabaja para prevenir cualquier actividad política, social o cultural asociada a la Autoridad Palestina.

La separación geográfica en bloques también dificulta la unificación de la lucha palestina contra las políticas de Israel. Las diferentes leyes, procedimientos y derechos que se aplican en los diferentes bloques geográficos, sumados a las restricciones draconianas a la libertad de movimiento, han separado al pueblo palestino en diferentes grupos. Esta fragmentación favorece a Israel en la implementación de la supremacía judía, y además frustra las acciones de resistencia y de crítica.

No al apartheid: esa es nuestra lucha

El régimen israelí, que controla todo el territorio entre en el mar Mediterráneo y el río Jordán, busca avanzar y cimentar la supremacía judía en toda la zona. Para tal fin dividió el territorio en muchos bloques, cada uno con un tipo diferente de derechos para las personas palestinas –siempre menores a los derechos de las personas judías−. Como parte fundamental de esta política, al pueblo palestino se le niega muchos derechos, incluído el derecho a la autodeterminación.

Estas políticas son avanzadas en muchos sentidos. Desde el punto de vista demográfico, Israel ha diseñado un sistema con leyes y ordenanzas que permiten a cualquier persona judía del mundo obtener la ciudadanía israelí, pero impide esto mismo a casi cualquier persona palestina. También ha rediseñado el área geográfica a través de la confiscación de millones de dunams de tierra para situar allí comunidades exclusivamente judías, mientras amontona a la población palestina en pequeños enclaves. El movimiento se diseña a través de las restricciones aplicadas a las personas palestinas, y el rediseño político excluye a millones de palestinas/os de participar en los procesos que determinarán sus vidas y su futuro, mientras se los mantiene bajo ocupación militar.

Un régimen que utiliza leyes, prácticas y organiza la violencia para cimentar la supremacía de un grupo sobre otro es un régimen de apartheid. El apartheid israelí, que promueve la supremacía de las personas judías sobre las personas palestinas, no surgió de la nada fruto de un discurso único. Es un proceso que ha crecido gradualmente con apoyo institucional explícito, a través de mecanismos introducidos por ley y por políticas con el fin de promover la supremacía judía. Estas medidas acumuladas, su permeabilidad en la legislación y en las prácticas políticas, sumado al apoyo de la opinión pública y del poder judicial- todo suma para concluir que ha llegado el momento de calificar al régimen israelí como apartheid.

Si este régimen ha tomado décadas en desarrollarse ¿por qué lanzar este pronunciamiento en 2021? ¿Qué ha cambiado? En los últimos años hemos visto un aumento en las intenciones de dirigentes israelíes de forjar la supremacía judía a través de leyes, y han dejado muy claras sus intenciones. La promulgación de la Ley Básica “Israel, Estado-Nación del pueblo judío” y las declaraciones sobre anexar formalmente algunas partes de Cisjordania muestran la verdadera cara detrás de la fachada que Israel mantuvo por años.

La ley básica del Estado-nación del pueblo judío promulgada en 2018 consagra el derecho del pueblo judío a la autodeterminación y a la exclusión de cualquier otro. Establece que distinguir a las personas judías en Israel (y en todo el mundo) de las no judías es fundamental y legítimo. Basándose en esa distinción, la ley permite institucionalizar la discriminación en favor de las personas judías en las colonias, en políticas de vivienda, desarrollo, ciudadanía, idioma y cultura. Es verdad que el régimen israelí sostuvo esos principios desde antes. Sin embargo, la supremacía judía ahora ha sido consagrada en una ley fundamental, lo que la convierte en un principio constitucional vinculante, a diferencia del derecho común o las prácticas de las autoridades, que pueden ser impugnadas. Esto indica a todas las instituciones estatales que no solo pueden, sino que deben  promover la supremacía judía en toda la zona bajo control israelí.

El plan de Israel de anexar oficialmente partes de Cisjordania también cierra la brecha entre el estatuto oficial de los territorios ocupados, que va acompañado de una retórica vacía sobre la negociación de su futuro, y el hecho de que Israel anexó la mayor parte de Cisjordania hace mucho tiempo. Israel no cumplió con sus declaraciones de anexión formal después de julio de 2020, y desde entonces varios funcionarios han publicado declaraciones contradictorias sobre el plan.

Independientemente de cómo y cuándo Israel promueva la anexión formal de un tipo u otro, su intención de lograr un control permanente sobre toda la zona ya ha sido declarada abiertamente por los más altos funcionarios del Estado.

Los argumentos del régimen israelí y las medidas utilizadas para implementarlos, recuerdan al régimen sudafricano que buscaba preservar la supremacía de los ciudadanos blancos, en parte dividiendo a la población en clases y subclases y atribuyendo diferentes derechos a cada una.

Por supuesto, existen diferencias entre los regímenes.

Por ejemplo, la división en Sudáfrica se basó en la raza y el color de piel, mientras que en Israel se basa en la nacionalidad y el origen étnico. La segregación en Sudáfrica también se manifestó en el espacio público, en forma de una separación pública, formal y policial entre las personas basada en el color de la piel, un grado de visibilidad que Israel generalmente evita. Sin embargo, en el discurso público y en el derecho internacional, el crimen de apartheid no significa una copia exacta del antiguo régimen sudafricano. Ningún régimen será jamás idéntico a otro.

“Apartheid» ha sido desde hace mucho tiempo un concepto independiente, arraigado en las convenciones internacionales, que se refiere al principio organizador de un régimen: promover sistemáticamente el dominio de un grupo sobre otro y trabajar para cimentarlo.

El régimen israelí no tiene que declararse a sí mismo un régimen de apartheid para ser definido como tal, ni es relevante que los representantes del Estado proclamen a voz en cuello que son una democracia. Lo que define al apartheid no son las declaraciones, sino la práctica. Si bien Sudáfrica se declaró a sí misma un régimen de apartheid en 1948, no es razonable esperar que otros estados sigan su ejemplo, dadas las repercusiones históricas. Es más probable que la respuesta de la mayoría de los países al apartheid de Sudáfrica disuada a los países de admitir que aplican un régimen similar. También está claro que lo que era posible en 1948 ya no es posible hoy, tanto legalmente como en términos de opinión pública.

Por doloroso que sea mirar la realidad a los ojos, es más doloroso vivir bajo una bota militar. La dura realidad descrita aquí puede deteriorarse aún más si se introducen nuevas prácticas, con o sin legislación que las acompañen. Sin embargo, la gente creó este régimen y la gente puede empeorarlo o trabajar para reemplazarlo. Esa esperanza es la fuerza impulsora detrás de este posicionamiento.

¿Cómo se puede luchar contra la injusticia si no tiene nombre? El apartheid es el principio organizador, pero reconocer esto no significa darse por vencido. Al contrario: es un llamado al cambio.

Luchar por un futuro basado en los derechos humanos, la libertad y la justicia es crucial hoy. Hay varios caminos políticos hacia un futuro justo entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, pero en todos debemos primero optar por decir que no al apartheid.


Traducción: Alicia Herrera (editada por María Landi).

Fuente original: A regime of Jewish supremacy from the Jordan River to the Mediterranean Sea: This is Apartheid.


Ver aquí un resumen interactivo.

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