Es muy curioso comprobar que, incluso antes de que la consulta sea realizada en Catalunya se esté dando por sentado que la respuesta ciudadana vaya a declinarse por el sí a la independencia, aún antes de que la misma haya sido asumida por las autoridades estatales, antes también de que la campaña se haya abierto, […]
Es muy curioso comprobar que, incluso antes de que la consulta sea realizada en Catalunya se esté dando por sentado que la respuesta ciudadana vaya a declinarse por el sí a la independencia, aún antes de que la misma haya sido asumida por las autoridades estatales, antes también de que la campaña se haya abierto, antes de que los órganos judiciales se hayan pronunciado, y antes de que los partidarios de pertenecer al Reino hayan planteado siquiera una opción diferente. Parece que en Catalunya, así como en el resto del Reino, las fuerzas políticas se han visto desbordadas por un ansia popular favorable a la independencia sin necesidad siquiera de contrastar sus legítimas posiciones. Las posturas contrarias a la secesión han preferido negar la legitimidad de la consulta antes que oponer argumentos contrarios a una eventual confirmación de los deseos ciudadanos. No se esgrimen razones de peso, sino el peso de una legislación que, indefectiblemente, se va a oponer a la secesión de su territorio sí o sí. Intentar crear una nueva Constitución española más federalista no es más que el canto del cisne para seguir juntos (que diría Rubalcaba) sin dar posibilidad a la segregación y, por lo tanto, más de lo mismo.
Una vez asumido que la mayoría de la población llamada a las urnas vaya a decidir la creación de un Estado independiente del Reino de España, las fuerzas unionistas (las que defienden la integración de Catalunya por vía del sí o sí, de optar por la situación actual, o la reforma constitucional que impediría nuevamente la creación de un nuevo Estado) cargan sus fuerzas en el día después, dando por perdido el plebiscito. Como batalla previa presentan la necesidad de que sea la totalidad de la ciudadanía española quien deba decidir sobre el futuro de una de sus partes, algo que se antoja absurdo a todas luces. Supongamos que una mayoría cualificada de los electores catalanes opta por la separación, mientras sucede al contrario en el resto del territorio. A todas luces el referéndum sería legal y debería ser respetado por todos, pero, al encontrarse con tal mayoría, su decisión debería ser respetada en el territorio directamente implicado. Además, los 7.5 millones de electores catalanes, amén de pertenecer al Reino de España, y precisamente por serlo, también pertenecen a Europa de pleno derecho, por lo que su decisión, si ha de someterse al referéndum español, también debería realizarse en Europa, que se vería privada, de golpe, de la misma cantidad de contribuyentes y electores. Si el Reino de España pierde 7.5 millones de ciudadanos, Europa no pierde menos, lo que nos lleva a la siguiente situación: Europa se vería obligada a expulsar de su actual Comunidad a un número importante de ciudadanos europeos de pleno derecho, lo que, evidentemente, tiene una explicación difícil en el conjunto de la Unión.
Supongamos que un ciudadano catalán actual, proclive a la unión con la Corona y residente en la Comunidad Autónoma vote no a la segregación del territorio. Se trata de un ciudadano español y, por añadidura, europeo, que mantiene intactos sus derechos civiles y políticos dentro de la Comunidad. La separación de Catalunya de la Corona le plantearía ser español de nacimiento, de derecho y de convicción; y a la vez perder sus derechos como tal y como europeo por la decisión de una mayoría cuya determinación no comparte. Dejaría de ser lo que es por dos entidades a las que no puede acceder (la española y la europea). España puede retirarle su nacionalidad u obligarle a elegir entre la nueva (catalana) y la vieja (española); pero ¿puede Europa retirarle la suya? Europa se enfrenta a un escollo en su configuración.
Así y todo, Europa, según afirman algunos, es el resultado del acuerdo entre Estados (algo que no está tan claro tras la incorporación de la DDR a la DBR alemanas). Este argumento, junto a la posibilidad de veto de los actuales miembros ante nuevas incorporaciones, son esgrimidos por los defensores de la unidad indivisible del Estado español para vaticinar la no incorporación de Catalunya a la Comunidad Europea. En ese caso han de tenerse en cuenta otras posibilidades: 1º que Catalunya prefiera no pertenecer a la CE; 2º Que Catalunya prefiera asociarse al Reino Unido; 3º que Catalunya, libre de las deudas contraídas por el Reino de España, pudiera integrarse a la CE mientras el Reino se viera obligado a su desanexión, por no poder hacer frente a su deuda y compromisos. Este último caso, el de la separación de Catalunya sin acuerdo con el Reino, implicaría que quienes se mantuvieran dentro de él deberían hacer frente a su deuda contraída, con lo que el peso se centraría en las regiones más prósperas (Euskal Herria: CAV y CFN entre otras), lo que constituiría un efecto dominó.
No es imposible ver en un futuro cercano a Catalunya y Euskal Herria pertenecer a la UE mientras el Reino de España quedara fuera. A buenas todos podemos ganar, pero a malas ¿quién pierde más?
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