Traducido para Rebelión por J.M. y revisado por Caty R.
Estas dos personas son Ameer Makhoul y Omar Said, dos ciudadanos israelíes acusados de mantener contacto con agentes extranjeros de un operativo de Hizbulá. Pero la sentencia del Tribunal sólo será una nota a pie de página, puesto que ambas personas ya fueron declaradas convictas a los ojos del público por violar la «obligación de lealtad» al Estado de Israel.
Para los que proponen esta ley, los parlamentarios de Israel Beiteinu (Israel nuestra casa, N. de T.) David Rotem y Robert Ilatov, Makhoul y Said son la prueba de que es necesario disuadir a todos los árabes israelíes -automáticamente sospechosos de ser potenciales espías o terroristas latentes-. Según los comentarios que explican la legislación, «esta ley se ha propuesto en virtud de la participación, en los últimos años, de ciudadanos israelíes en acciones de espionaje contra el Estado. El objetivo es hacer hincapié en el vínculo entre el derecho a la ciudadanía israelí y la lealtad al Estado».
La palabra «árabe» no se menciona en la legislación, pero el proyecto se dirige directamente contra los árabes. ¿Podría alguien imaginarse la retirada de la ciudadanía a Anat Kamm en el caso de que sea condenada por espionaje? ¿Alguien podría considerar retirar la ciudadanía a Elhanan Tennenbaum por haber tenido relaciones con Hizbulá? ¿Qué se puede decir del empresario Nahum Manbar? ¿O de Mordechai Vanunu, periodistas, ex miembros del Mossad o ex oficiales que publicaron material que sirvió y aún puede servir al enemigo?
Pero la ley en sí misma no es el problema. La ley de ciudadanía, que ya tuvo una modificación en 1980, determina que «El Ministro del Interior está habilitado para cancelar la ciudadanía israelí de la persona que cometa una acción considerada como deslealtad para con el Estado de Israel». De esta manera no es necesario un juicio. El problema es el punto de vista que considera a una comunidad, por su mera existencia, su origen étnico, su lengua o por sus vínculos con quienes están calificados como enemigos del Estado, como objetivo de esta legislación. Sin los árabes, no sería necesaria una legislación de este carácter obsceno, ya que se considera que solamente los judíos son leales al Estado.
El resultado se puede ver en una encuesta sobre las relaciones entre israelíes y árabes, realizada por el profesor Sammy Smooha, de la Universidad de Haifa. Según ese estudio el 29% de los árabes no desea tener un amigo judío, el 62% teme que lo expulsen de Israel (transferencia), el 40% no confía en el sistema judicial y un porcentaje similar apoya el boicot a las elecciones.
Estos números reflejan un panorama, pero no lo explican. El proceso es dinámico y el escrutinio demuestra que la situación tiende a agravarse. Según las respuestas el problema no es la igualdad entre las comunidades judía y árabe, la construcción de sistemas de aguas residuales o la cuota de empleos para la comunidad árabe. El problema es la cultura de aislamiento que el Estado de Israel continúa imponiendo a la minoría árabe, una cultura que transformó a los árabes de ciudadanos a candidatos a ciudadanos a quienes continuamente se pone a prueba para que los acepten como tales.
Por desgracia, en cuanto a su lealtad también podemos aprender de cómo los tratan en los países árabes. Allí los consideran «árabes extranjeros», casi traidores que no están dispuesto a formar parte de la resistencia contra las políticas de Israel -un tipo de personas «desleales con los árabes»- Los llaman «árabes de 1948», incluso los palestinos. Los judíos de la diáspora conocen bien esta forma tramposa ya que cuando se captura a un espía israelí en Estados Unidos se vuelve a evaluar la lealtad de la comunidad judía.
La cultura de aislamiento no necesita realmente de una ley como la promovida por Israel Beitinu u otras gentes con miradas racistas de otros partidos. Estas leyes pueden disfrutar del consentimiento de ese público, pero no crean nuevas realidades. Solamente reflejan una realidad que lleva vigente muchos años.
Si Makhoul y Said son culpables de los cargos por los que se les acusa serán castigados. Pero la sociedad judía de Israel no necesita un fallo judicial, ella ya tiene su verdad.
Fuente: http://www.haaretz.com/print-