Partiendo de la «colonialidad», entendida como las estructuras coloniales que permanecen tras el «colonialismo» (ocupación militar), la activista, migrante «politizada» y artista residente en Barcelona, Daniela Ortiz (Arequipa, Perú, 1985), explica el actual sistema de control migratorio europeo. Uno de los bastiones del sistema es la frontera sur. En el estado español, el análisis de […]
Partiendo de la «colonialidad», entendida como las estructuras coloniales que permanecen tras el «colonialismo» (ocupación militar), la activista, migrante «politizada» y artista residente en Barcelona, Daniela Ortiz (Arequipa, Perú, 1985), explica el actual sistema de control migratorio europeo. Uno de los bastiones del sistema es la frontera sur. En el estado español, el análisis de largo recorrido forzosamente ha de detenerse en la Ley de Extranjería de 1985, aprobada por el gobierno de Felipe González en el contexto del ingreso de España en la Comunidad Europea. Fue una legislación muy severa y estricta, aprobada con la excusa de que el estado español no se convirtiera en un «coladero». Miles de personas migrantes que residían en España pasarían a considerarse «ilegales», apunta Daniela Ortiz.
Las portadas de los periódicos recuerdan las manifestaciones contra la Ley de Extranjería por parte de la población de origen marroquí en ciudades como Melilla. En aquella época, mediados de los 80, estos colectivos ya consideraban que la ley abriría la puerta a «deportaciones masivas». A favor de la Ley de Extranjería, que se vinculaba en la época a la defensa de la Constitución y los Derechos Humanos, el 6 de diciembre de 1985 se manifestaron 30.000 personas en Melilla, convocadas por los partidos políticos y los sindicatos (con la excepción de Comisiones Obreras). El 20 de agosto de 1985 el lector de «La Vanguardia» podía leer los siguientes titulares en la página dos: «La avalancha de extranjeros que piden legalizar su situación colapsa las comisarías de Barcelona»; «Hecha la ley…» o «La Ley de Extranjería quiere erradicar los núcleos de delincuencia internacional y la contratación ilícita de mano de obra no española».
Pocos años después empezaría el reguero de muertos. En noviembre de 1988 se produjo el primer naufragio documentado de una patera, en la playa de Los Lances (Tarifa). Cinco personas sobrevivieron y otras 18 murieron ahogadas. Entre enero de 1993 y abril de 2015 la Red Europea «United for Intercultural Action» cifra en 22.394 las personas muertas (refugiados, migrantes «sin papeles» o solicitantes de asilo) que intentaban llegar a Europa. En el VII Congreso Internacional sobre Migraciones celebrado en Bilbao (abril de 2012), Mohammed Dahiri, de la Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos de la Universidad de Córdoba, afirmó que podían ser más de 20.000 los muertos en las costas de Andalucía y Canarias entre 1988 y 2012. A esta cifra habría que agregar el número de desaparecidos. La ONG Accem señala, a partir de informaciones de los medios de comunicación, que sólo en 2015 fallecieron 3.438 personas cuando intentaban ingresar en Europa como refugiados o migrantes. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) eleva el número a 3.771 muertes durante el mismo periodo.
En un acto organizado por la Editorial «Pensaré Cartoneras» en la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València, Daniela Ortiz critica algunas de las vías abiertas para quienes no perecen en el camino. «El discurso de la integración es netamente racista, porque cuestiona de manera negativa las culturas, saberes y formas de vida de las personas que vienen del Sur y de las excolonias». Uno de los ejemplos es el examen de «integración» para obtener la nacionalidad, en el que se plantean preguntas como qué se celebra el 12 de octubre. «Se supone que yo tendría que responder que la Fiesta Nacional Española». A ello se agregan las trabas burocráticas. Mediante proyectos artísticos y de crítica cultural, Daniela Ortiz y Xose Quiroga han señalado el carácter «imperial y colonial» del Estado español. A Hernán Cortés muchas ciudades le dedican calles y monumentos, pero los artistas recuerdan que fue uno de los «invasores» españoles del territorio hoy conocido como México. Además se le responsabiliza a Cortés de la matanza de indios taínos en La Española, la destrucción de la ciudad sagrada de Choluca y el saqueo de estatuas en el templo de la diosa Ixchel. Como capitán general de Puerto Rico, otro militar representado en esculturas ecuestres, Juan Prim (1814-1870), instituyó para frenar los levantamientos el «Código Negro», que permitía pasar por las armas a los africanos esclavos y cortar la mano derecha a quienes fueran hombres libres. Es la iconografía que marca la huella colonial.
En la política fronteriza de la Unión Europea durante las últimas décadas marco un hito el naufragio de Lampedusa el tres de octubre de 2013. Murieron 366 inmigrantes al hundirse la barcaza en la que viajaban desde Libia hasta Italia. Daniela Ortiz critica que las autoridades europeas no investigaran la identidad de las personas desaparecidas. «Generalmente no lo hacen». Sin embargo, «si a esas personas las cogen con vida en la frontera, opera un mecanismo de identificación, detención y deportación». Unos días después de la tragedia de Lampedusa, el Parlamento Europeo decidió constituir el Sistema Europeo de Vigilancia de las Fronteras Exteriores de la UE (Eurosur). El argumento oficial que justificaba Eurosur era «estar mejor equipados para prevenir, detectar y combatir la inmigración ilegal, pero también para reaccionar más rápidamente y salvar la vida de los inmigrantes en peligro, especialmente en el Mediterráneo».
No resultaba extraño esos días leer titulares como «Eurosur entra en vigor para evitar tragedias como las de Lampedusa», recuerda Daniela Ortiz. En la práctica, agrega, se trata de «un sistema de militarización y alta tecnologización de la frontera Sur de Europa, para evitar la llegada de personas de fuera de la UE». Pero la pata básica de la política fronteriza de la Unión Europea es Frontex. En funcionamiento desde mayo de 2005, la Agencia Europea para la Gestión de las Fronteras Exteriores de los estados miembros de la UE (Frontex) ha pasado de un presupuesto inicial de seis millones de euros en 2005 a 90 millones de euros en 2013. En una entrevista concedida a la Agencia Efe en diciembre de 2015, quien fuera director adjunto de Frontex durante una década, Gil Arias, destacó el incremento presupuestario de los 90 millones de euros (más ampliaciones extraordinarias) de los últimos años, a los 252 millones de euros previstos para 2016. «Frontex coordina deportaciones masivas y actúa de nexo entre los estados miembros y la industria privada del sector de la seguridad», resaltó la activista en un artículo publicado en «La Directa».
En cuanto a los vuelos de deportación de migrantes, el lenguaje utilizado por Frontex requeriría un análisis especial por los requiebros y sutilezas empleadas. El nueve de diciembre de 2013 la agencia publicó en su página Web el Código de Conducta para las «operaciones de retorno» conjuntas, que Frontex coordina. En el artículo seis, de medidas coercitivas, se concreta: «El uso de sedantes para facilitar la expulsión está prohibido, sin perjuicio de las medidas de emergencia para garantizar la seguridad del vuelo». El Protocolo de Actuación en las Repatriaciones aprobado en 2007 por el Ministerio del Interior español establece, además, que el jefe operativo «valorará la oportunidad de la utilización de elementos de contención (lazos de seguridad, cascos, prendas, inmovilizadoras homologadas, esposas o similares), preservándose en todo caso la dignidad e integridad física del repatriado». Se reglamenta en el protocolo el siguiente límite: «En ningún caso la aplicación de las medidas coercitivas podrá comprometer las funciones vitales del repatriado». Pero se han aireado casos como el del nigeriano Austin Johnson. En junio de 2012 su compañera denunció en el Juzgado de Instrucción número siete de Valencia que fue objeto de malos tratos, durante el vuelo de deportación a Nigeria, por parte de la policía. En el hospital de Lagos, donde estuvo internado tres días, se le certificaron «múltiples hematomas».
Dispositivos como Frontex y Eurosur pueden considerarse un modo de catalizar la industria privada de seguridad. En el acto organizado por la distribuidora «Pensaré Cartoneras», Daniela Ortiz ha subrayado que el exdirector ejecutivo de Frontex, Ilkka Laitinen, fue al tiempo que ejercía su cargo en la agencia fronteriza europea, miembro del consejo asesor de la Security and Defence Agenda, grupo de presión integrado por grandes empresas de seguridad e I+D, como Eads (actualmente Airbus), la francesa Thales o la española Indra. En una entrevista en el periódico «Diagonal», la cofundadora de Migreurop y autora de «El negocio de la xenofobia. ¿Para qué sirven los controles migratorios?» (2013), Claire Rodier, destaca entre las empresas que se lucran con los sistemas de vigilancia y control a Thales, Eads, la italiana Finmeccanica, la alemana Siemens y la sueca Eriksson. Todas ellas mantienen una dura competencia con la industria estadounidense -especialmente Boeing- e Israelí, punteras en tecnología securitaria. La tendencia varía muy poco con los años. El análisis realizado por los periodistas y programadores del proyecto «The Migrants Files» (publicado por «elconfidencial.com» en junio de 2015) cita 39 proyectos de I+D por valor de 266 millones de euros para investigar la seguridad fronteriza, todos ellos financiados con fondos europeos entre 2002 y 2013. Algunas de las empresas beneficiarias de las iniciativas son Airbus, Finmeccanica, Thales o Indra.
Daniela Ortiz introduce la noción de «industria de los derechos humanos», en la que incluye a todas las organizaciones que -afirma- «colaboran con el sistema de control migratorio». En septiembre de 2012 se constituye el «Frontex Consultative Forum» sobre derechos fundamentales. Entre las entidades que figuran en el foro consultivo de la agencia de gestión fronteriza figuran Amnistía Internacional, Cáritas Europa, la Agencia de la Unión Europea para los Derechos Fundamentales (FRA), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Cruz Roja Europa y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). En la página Web de Frontex aparecen los logotipos de estas organizaciones. «Hay una estrategia muy clara de Frontex para visibilizar su colaboración con estas entidades; le interesa mucho limpiar su imagen con ello».
¿Por qué habla la artista militante de una «industria de los derechos humanos»? «Se genera una economía para ciudadanos blancos y europeos, que son los contratados por las ONG». Por ejemplo, «en las campañas de formación para los captadores de socios de estas entidades se habla de los refugiados como si fueran un producto». Además, en las iniciativas de ayuda y para lograr fondos «se utiliza la imagen de estas personas, a las que seguramente se les niegue el asilo o se les deporte». Un ejemplo es el de Cruz Roja. El Ministerio del Interior anunció el pasado 14 de marzo que destinaba a Cruz Roja Española 853.500 euros para la «prestación de asistencia social y humanitaria» en los CIE de Madrid, Barcelona, Valencia y Murcia. La subvención de 2015 ascendió a 400.000 euros. ¿Cómo avanzar frente a la violencia estructural contra la población migrante? «La izquierda blanca debería tomar en cuenta como sujeto político a las personas refugiadas; muchos de ellos llevan años organizados y con reivindicaciones políticas muy claras».
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