Se estima que entre el 25 y el 40% de la economía egipcia es propiedad del ejército. Pero éste es un tema tabú. Toda mención pública al patrimonio del ejército es ilegal. El ejército posee gran parte de la tierra y de las explotaciones agrícolas; controla numerosas empresas del sector armamentístico; en el sector agroalimentario […]
Se estima que entre el 25 y el 40% de la economía egipcia es propiedad del ejército. Pero éste es un tema tabú. Toda mención pública al patrimonio del ejército es ilegal. El ejército posee gran parte de la tierra y de las explotaciones agrícolas; controla numerosas empresas del sector armamentístico; en el sector agroalimentario posee fábricas de pastas, empresas de azúcar, de agua mineral, mataderos; también tiene gran peso en la hostelería, turismo, petróleo, sector inmobiliario, limpieza, cafeterías, guarderías, estaciones de servicio, etc. Esas empresas están por encima de la ley, a menudo exentas de impuestos, y gozan de subvenciones excepcionales.
El ejército puede expropiar terrenos con el pretexto de «defensa de la nación», y dedicarlos en realidad a la especulación y el comercio. Oficiales de alta graduación retirados están al mando de las administraciones, de las empresas nacionales y de las recientemente privatizadas. Las privatizaciones han degradado profundamente la situación de los asalariados, pero han cambiado poco el parasitismo económico del ejército.
La institución militar no ha querido jamás un mercado libre, temiendo por su imperio económico. La supervisión estatal de los sectores centrales de la economía sigue en manos de los generales; el Ministerio del Medio Ambiente cuenta en su seno con 65 de ellos. La gran mayoría de los gobernadores, responsables de distrito o de ciudades, son militares retirados. El ejército continúa así controlando el sector privado, no para ayudar al desarrollo del sector productivo o proteger a los asalariados, sino para seguir captando las rentas parasitarias. Una consecuencia de ello es la corrupción en la cúspide del ejército: los escándalos son frecuentes y provocan la cólera del pueblo llano.
Divisiones y puntos débiles
En los años 1970, Sadat había dado un golpe al imperio del ejército privatizando una parte del sector público y abriendo el país a los bienes de consumo y los servicios occidentales, que entraban en competencia con los productos militares. Mubarak continuó la liberalización, pero no atacó a las propiedades del ejército. Éste temía sin embargo que su hijo Gamal, ardiente liberal que se preparaba para la sucesión de su padre, reiniciara la política de Sadat. Esto explica en parte que no tuviera muchas contemplaciones en su golpe de fuerza contra Mubarak y la irritación de los Estados Unidos hacia él.
Pero debido a la conscripción, el ejército es también una etapa obligatoria en la vida de los hombres del país, y una de las raras instituciones en las que un joven de origen modesto puede esperar un ascenso social. Está dividido en su base por este aspecto contradictorio, generando entre sus cuadros intermedios trayectorias nacionalistas nasserianas y en la base de la jerarquía oposiciones frontales.
En las explotaciones agrícolas militares, a menudo de centenares de miles de hectáreas, los soldados pobres salidos de zonas rurales realizan trabajos forzosos, no remunerados. Tratados como esclavos, humillados, su concepción de la «patria» resulta con ello quebrantada. En las empresas militares, célebres por su represión, los obreros no están sometidos al Código del Trabajo y no tienen sindicato. Además, el ejército fuerza a los reclutas a comprar sus productos y a consumir en las cantinas militares. Les hace a menudo distribuir sus productos a cambio de algunos favores. El papel bonapartista por encima de las facciones que intenta jugar el ejército está por tanto particularmente expuesto a la revuelta social.
Muchas protestas obreras desde la revolución han tenido por objetivo a patronos militares demandando que fueran «destituidos» («dégagés», en referencia a la consigna tunecina. NdT) por corrupción: movilizaciones de 16.000 asalariados de la Organización Árabe de la Industrialización contra su director militar; 2.000 trabajadores del sector petrolero contra la militarización progresiva de su trabajo; 5.000 obreros de las empresas militares nº 9, 63, 45, 999 y 200, con reivindicaciones económicas asociadas a las de expulsar a sus dirigentes. En marzo de 2012, la mayor parte de las huelgas afectaron a sectores controlados por el ejército. El 20 de ese mes, un campo de tiendas de campaña fue erigido ante la sede del Organismo de Impuestos con el eslogan de «¡Abajo el reino de los militares: nuestro organismo no es un campo de trabajo!». La presidenta de las zonas fiscales es la esposa de Sami Anan, número 2 del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas. El 3 de mayo, el ejército intervino para liberar al gobernador militar de Suez, secuestrado por los obreros del puerto que querían su dimisión.
Y además, el ejército de reclutas no es demasiado fiable. Los efectivos del Ministerio del Interior están encargados de la mayor parte de las tareas de represión. El 6 de mayo de 2012, se amotinaron a causa del desprecio y de las brutalidades de que son víctimas por parte de sus oficiales y de las matanzas que se les ordena cometer. Tras el horror de las masacres de los Hermanos Musulmanes, que los 500.000 reclutas acepten reprimir al pueblo revolucionario es cualquier cosa menos algo seguro.
Fuente original: L´anticapitaliste
Traducción: Faustino Eguberri para VIENTO SUR