Impulsada por el presidente Javier Milei, Argentina enfrenta una polémica reforma de su Ley de Glaciares que pone en riesgo los recursos y la seguridad hídrica del país y sus habitantes
A Ana no le da la cuenta: o se arriesga a la persecución política y a perder su trabajo, o se queda en su casa esperando que en cinco años su comunidad ya no tenga agua. «No hay opciones: es luchar, pagar el costo, pero intentar detener ese futuro», cuenta desde Uspallata, en Mendoza, donde la megaminería amenaza hace más de 20 años.
Ana pertenece a la Asamblea por el Valle de Uspallata, que hace más de dos meses sostiene un acampe permanente en defensa del agua. Los cortes de ruta antes eran su principal herramienta de visibilización, pero hoy están fuertemente vigiladas por Gendarmería.
La escena en Uspallata parece local, pero el problema es estructural. Argentina tiene casi 17.000 glaciares que alimentan 36 cuencas hídricas a lo largo de más de un millón de kilómetros cuadrados. Son reservas estratégicas de agua dulce en un país donde una de cada cinco personas depende, directa o indirectamente, de esos sistemas.
Esos mismos territorios concentran también algunos de los recursos más codiciados de la transición energética global: cobre, litio y tierras raras. La reforma de la Ley de Glaciares que impulsa el Gobierno de Javier Milei (aprobada ya en el Senado y que intentarán tratar en Diputados este miércoles 8 de abril) busca flexibilizar la protección de glaciares y ambientes periglaciares para habilitar actividades económicas hoy restringidas. El argumento oficial es «destrabar inversiones», pero lo que está en juego es la seguridad hídrica presente y futura.
Sancionada en 2010 tras años de movilización social, la actual Ley de Glaciares argentina fue pionera a nivel mundial: estableció que los glaciares y el ambiente periglacial son bienes públicos estratégicos esenciales, y prohibió actividades que puedan afectarlos, como la minería. Por eso, la reforma que propone Milei es estructural: elimina la protección automática y deja en manos de las provincias los criterios de conservación. «Es una ley que viola la Constitución, el principio de no regresión ambiental y destruye el sistema de presupuestos mínimos de protección”, cuenta a Climática Enrique Viale, abogado ambientalista y presidente de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas. Y advierte que, de aprobarse, al menos seis megaproyectos mineros avanzarán sobre áreas hoy protegidas. «Los van a destruir y eso es irreversible. A diferencia de otros retrocesos, en esto no hay vuelta atrás».
El valor invisible del hielo
Los glaciares abastecen de agua a más de 2.000 millones de personas en todo el mundo y almacenan alrededor del 70% del agua dulce del planeta. Después de la Antártida, la Patagonia es la región que mayores campos de hielo contiene. También la que experimenta la pérdida más severa: según una investigación publicada en la revista científica Nature Communications, en las últimas ocho décadas perdió más del 25% de su volumen. Las proyecciones indican que los glaciares patagónicos podrían desaparecer en unos 250 años.
Pero los glaciares no son solo grandes masas de hielo. Son parte de la criosfera, un sistema que incluye nieve, suelos congelados y rocas que regulan el ciclo del agua. El ambiente periglacial (uno de los puntos más disputados de la reforma) es clave para sostener ríos, humedales y ecosistemas. En regiones cordilleranas, puede aportar hasta el 50% del agua en momentos de estrés hídrico.
Transición energética o saqueo hídrico
La reforma de la Ley de Glaciares se inscribe en una agenda de desregulación ambiental impulsada por el Gobierno de Milei desde su asunción en 2023 que incluye la degradación del Ministerio de Ambiente, el impulso al programa RIGI (que exime de impuestos a empresas extranjeras) y acuerdos sobre minerales críticos.
«Es el mismo mensaje de todas las ultraderechas: destruir la normativa ambiental y dejar al mercado actuar», sostiene Enrique Viale. Y amplía: «Esta modificación está coredactada con los abogados de las grandes mineras transnacionales, como Barrick Gold y BHP. Incluso tienen legisladores, como la senadora Flavia Royón que es consultora y proveedora de servicios mineros y a la vez es legisladora dentro del propio Congreso de la Nación».
Uno de los argumentos del lobby minero es la creciente demanda global de minerales críticos para la transición energética. Pero este modelo plantea una paradoja: la transición hacia energías limpias podría aumentar la presión sobre ecosistemas frágiles y reservas de agua. ¿Existen alternativas? Según la Organización Latinoamericana de Energía, el 20% del cobre refinado en la región ya proviene del reciclaje, un proceso que consume hasta un 80% menos de energía que la extracción. Las proyecciones indican que fortalecer estas políticas podría reducir la necesidad de nuevos proyectos extractivos.
«En Uspallata el plan es acorralarnos. Se viene orquestando desde hace años: desfinanciamiento estatal, trabas a los emprendimientos locales y casi nulo incentivo a la cultura, la educación o el turismo. Es como estar entre la espada y la pared», dice Ana.
Aunque la mayoría de los vecinos está «a favor del agua», muchos son empleados estatales y no pueden manifestarse. El relato de la transición energética choca con la precariedad económica de las comunidades. «Nosotros les respondemos que es mentira. Si no, ¿por qué Catamarca y San Juan (provincias con fuerte explotación minera) no son lugares prósperos, sino todo lo contrario?».
«El costo es alto, pero del otro lado está la muerte«
El costo de la defensa del agua es personal y colectivo. Pero, sobre todo, alto. «Todo afecta: las amenazas, el miedo, el cansancio. El costo es muchísimo, pero del otro lado hay una muerte asegurada», sentencia Ana.
La reforma de la Ley de Glaciares condensa una tensión central de este siglo: cómo responder a la crisis climática sin sacrificar los bienes comunes que sostienen la vida. En América Latina, donde se concentran algunas de las últimas reservas de agua y biodiversidad, la respuesta se inclina hacia la expansión extractivista, incluso cuando las promesas de progreso y desarrollo no se cumplen.
En Uspallata, mientras tanto, la discusión sigue siendo cuánto tiempo queda antes de que el agua deje de bajar de la cordillera.
Fuente: https://climatica.coop/glaciares-en-peligro-reforma-amenaza-agua-argentina/