Mazón dimissió. Miles de personas se manifestaron -el 1 de febrero, desde la Plaza del Ayuntamiento de Valencia- para pedir la renuncia del presidente de la Generalitat por la gestión de la DANA (224 personas muertas desde el 29 de octubre, según el Centro de Integración de Datos –CID-; 45 de ellas fallecieron en Paiporta, 25 en Catarroja, 17 en Valencia y 15 en Alfafar).
Medio centenar de colectivos/organizaciones vecinales, ecologistas, culturales, sindicatos y ONG convocaron la movilización; entre el decálogo de denuncias, el manifiesto señalaba la falta de alternativa habitacional para las personas afectadas por la catástrofe.
Y el hecho de que l@s trabajador@s incluidas en el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por la DANA no estén cobrando la totalidad del salario.
El manifiesto añadía que no se ha investigado la “negligencia” de las empresas que pusieron en riesgo la vida de l@s emplead@s.
En el actual contexto de precariedad, un trabajador falleció el 24 de noviembre al producirse un derrumbe en un colegio público de Massanassa (uno de los municipios afectados); el 18 de enero perdió la vida otro trabajador que laboraba en la limpieza del lodo en un garaje de Benetússer.
El documento de la sociedad civil subrayaba, asimismo, que no está garantizándose el acceso a las prestaciones públicas de colectivos como el de las personas migrantes sin papeles.
La desatención de los 96 centros educativos afectados; los permisos que se han estado otorgando (“durante muchos años”) para la construcción en zonas inundables; y la adjudicación de dinero público –para la reconstrucción- a empresas asociadas a casos de corrupción que beneficiaron al PP (por ejemplo Gürtel o Taula).
Por otra parte, el 29 de enero tuvo lugar la presentación de los Comités d’Emergència i la Reconstrucció dels Municipis afectats per la DANA (Eixim del fang amb dignitat!); En la rueda de prensa, celebrada en el Centre Cultural El Micalet (Valencia), participaron miembros de los comités en Benetússer, Sot de Chera, Parque Alcosa, Valencia y la Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària del País Valencià (XEAS).
Mientras, en el ámbito judicial, continúa la interposición de querellas; como la formalizada por la CGT-València contra Mazón y el Consell de la Generalitat por la gestión del desastre.
El sindicato informó, el 31 de enero, que está a la espera de una respuesta por parte del Juzgado de Instrucción; ésta instancia es el “hábitat natural” de los procedimientos, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).
El 29 de enero Greenpeace presentó el informe Danas, inundaciones y cambio climático. Aprender de los errores para salvar vidas; entre los puntos clave de la investigación, figuran las siguientes cifras: más de 26.000 kilómetros de zonas con alto riesgo de inundación en el estado español, en las que residen cerca de 2,7 millones de personas (de ellas 700.000 en las áreas de mayor riesgo).
“Miles de infraestructuras críticas está situadas en zonas en riesgo de inundación actual o futura y todavía se siguen planificando nuevas construcciones en estos espacios”, subraya el reporte; el riesgo de estos cataclismos por la gota fría resulta “especialmente grave” en el área mediterránea.
¿Qué relevancia tienen, en situaciones de emergencia, los protocolos y los sistemas de alerta temprana consolidados? Según Greenpeace, los países que cuentan con estos mecanismos presentan tasas de mortalidad ocho veces menores que otros en que los sistemas de alerta son menores (o no existen); además los perjuicios económicos pueden disminuir, incluso, un 30%.
En cuanto a los riesgos para las ciudades -en un contexto de cambio climático-, éste es muy elevado por dos razones: la impermeabilización del suelo que provoca el asfaltado y las construcciones cercanas a los cauces (“es necesario aumentar los esfuerzos para que la normativa y la planificación urbana se cumplan”).
Quizá pueda concretarse la anterior valoración con el informe Mapa de Riesgos del Parque de Viviendas en España-2024, presentado el 10 de diciembre por la consultora ST Analytics; un 9% de las viviendas en el estado español -2,3 millones- se halla en zonas con algún nivel de afectación a inundaciones.
“La prohibición de construcción de infraestructuras y la desclasificación de suelos urbanísticos en áreas inundables constituyen una estrategia esencial para reducir los impactos”, concluye Greenpeace (los desbordamientos en el barranco del Poyo y el río Magro fueron dos factores del caos -el 29 de octubre- en la provincia de Valencia).
Una de las iniciativas planteadas por Greenpeace es la renaturalización/restauración de humedales, riberas de los ríos o masas forestales a lo largo de los cauces, con el fin de reducir los efectos de una gran inundación.
La Fundación Global Nature alertó en julio de 2023 sobre el estado de conservación desfavorable del 80% de las zonas húmedas en España; “los humedales son amortiguadores naturales y desempeñan un papel fundamental para reducir nuestra vulnerabilidad ante fenómenos meteorológicos extremos”, subraya la Fundación.
Con datos del Ministerio para la Transición Ecológica, Greenpeace apunta que las cuencas de los ríos Ebro, Júcar y Duero son las que presentan zonas más extensas con riesgo de inundación; y tres autonomías tienen la mayor “extensión de territorio afectada”: Cataluña, Galicia y el País Valenciano.
En el contexto actual de riesgos, tal vez un ejemplo significativo sea el Decreto-Ley (denominado) de Simplificación Administrativa de la Generalitat Valenciana, firmado por Mazón en julio de 2024; el Artículo 210 permite el emplazamiento de usos hoteleros en el suelo calificado como no urbanizable del litoral, a partir de los 100 metros desde el límite interior de la ribera del mar.
Además de medidas de prevención/corrección y propuestas a las Administraciones, el documento de Greeenpeace incluye casos de buenas prácticas; como el Parque inundable La Marjal de Alicante, diseñada como “zona de alivio y escorrentía” cerca de la playa de San Juan; o el Parque inundable en el municipio de Ontinyent (Valencia), tras el desbordamiento del río Clariano en la DANA de 2019.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.