Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
No más mentiras ni tergiversaciones. Israel está finalmente manifestando lo que en el pasado se negó siempre a reconocer: que su guerra es contra la población palestina.
Hasta ahora, en las discusiones sobre el muro de separación, sobre los cierres, los bloqueos, la demolición de casas y otros ejemplos de castigos colectivos, la Oficina del Fiscal del Estado no tuvo el coraje de admitir en juicio que el objetivo de esas medidas es perjudicar a los civiles. Siempre salió con enrevesadas alegaciones acerca de la seguridad para presentar alguna necesidad vital militar en aras de la Guerra contra el Terror. Se describían los daños a la población como un lamentable efecto colateral.
Pero ahora se ha cruzado ya el Rubicón. Sucedió después de que diez organizaciones de derechos humanos presentaran una demanda ante el Tribunal Supremo, el 28 de octubre de 2007, contra los cortes del suministro de electricidad y gasolina a Gaza. Los peticionarios afirmaban que los cortes equivalían a castigos colectivos, prohibidos bajo el derecho internacional. El Estado podía haber contestado que los cortes son una medida militar necesaria dirigida a detener la producción de cohetes Qassam. O podía haberse intentado otra tergiversación más. Pero no. En su respuesta a la petición, Dana Briskman y Gilad Shirman, de la Oficina del Fiscal del Estado, anunciaron abiertamente, sin pestañear, que el principal objetivo de los cortes era ejercer presiones sobre la economía como medio de influir en Hamas.
De esa forma, el Estado atenaza las arterias de la vida de 1,5 millones de habitantes de Gaza y describe su acción como guerra económica. Con ello infringe un principio básico del derecho internacional sobre la guerra, que distingue entre la población civil y las fuerzas armadas. Uno de los propósitos principales de esas leyes es proteger a los civiles del campo de batalla y suavizar los efectos que la guerra pueda tener sobre ellos. Los abogados del Fiscal del Estado no discuten este principio. Más bien lo limitan a operaciones estrictamente militares. Cortar el suministro eléctrico o de gasolina no es una operación estrictamente militar. En una guerra económica, mantienen, el principio no se aplica. Siguiendo esta lógica hasta su absurda conclusión, nos encontramos con que está prohibido volar una instalación civil, pero se permite inutilizarla cortando la entrada de materias primas. Está prohibido volar una planta eléctrica, pero se puede imposibilitar el servicio eléctrico.
Esto no significa que Israel se atenga a la ley en sus decisiones estrictamente militares. En el verano de 2006, por ejemplo, voló la [única] central de energía en Gaza, liquidando la autonomía de la Franja en cuanto a electricidad, la misma electricidad que ahora se propone cortar.
El Estado vuelve la cabeza ante el derecho internacional. Varias cláusulas regulan el suministro a los civiles en tiempo de guerra con objeto de que la situación no alcance el umbral de una crisis humanitaria. Israel cita esas cláusulas pero las interpreta de forma que le permitan dañar a los civiles siempre y cuando se detenga cerca de ese umbral definido por el derecho.
¿Cuál es ese umbral humanitario a ojos de Israel? El bloqueo de Gaza se ha ido desplegando durante años a varios niveles. Desde que Hamas expulsó a Fatah de allí en el verano de 2007, el envío de productos a la Franja se ha visto restringido casi totalmente a artículos básicos, medicinas, equipamiento médico, gas para cocinar, gasolina y electricidad. Karni, el principal punto de control para la entrada de productos, ya estuvo anteriormente funcionando de forma irregular, pero hoy se encuentra completamente cerrado. Se ha borrado de los ordenadores de la Autoridad de Aduanas de Israel el código para importar productos de Gaza, que (según el Protocolo de París) se supone que tiene que recoger los aranceles. El suministro de fuel se ha cortado (excepto el gas para cocinar), sin que haya intervenido ningún tribunal. El corte total de electricidad aún no se ha impuesto pero las carencias son ya severas (1). Se dispone de agua y electricidad sólo intermitentemente. La mayoría de las plantas industriales están cerradas por falta de materias primas y piezas de repuesto. Los hospitales, los servicios de tratamiento de agua y de aguas residuales han estado operando desde hace año y medio (desde que Israel voló la central eléctrica) con generadores de emergencia. Como se carece de piezas de repuesto, las infraestructuras se han venido abajo, y cada vez hay un mayor peligro de desastre. Ya ha habido una experiencia previa en ese aspecto cuando reventó la pared de una fosa séptica en Um al-Nassar el pasado año, donde cinco personas se ahogaron en un río de aguas residuales.
Según estadísticas del verano de 2007 (Véase la página de Internet Gisha: «New Report: Commercial Closure«) (2), antes de que Israel endureciera sus medidas, el 87% de los habitantes de Gaza vivía bajo el umbral de la pobreza, calculado en 2,40 dólares por día. Ya entonces se percibió que había escasez de productos básicos, y los precios de los alimentos fueron subiendo en porcentajes de diez en diez. Según cifras del Programa Mundial para los Alimentos, el 85% de los habitantes de Gaza depende de la ayuda para poder adquirir alimentos.
Sin embargo, a los ojos de Israel, el suministro existente de productos está por encima de lo que la ley le obliga a permitir, y los suministros de electricidad y gasolina son incluso dos veces superiores al mínimo requerido (1). Por debajo del umbral humanitario, según aparece definido, Israel incluye poco más que hospitales mantenidos a base de generadores, ambulancias, camiones de suministro y un mínimo transporte público. El 1 de noviembre, dio seguridades al Tribunal de que sus medidas eran cuidadosamente medidas y consideradas. Prometió observar atentamente la situación para evitar una crisis humanitaria. Incluso el gobierno no tenía cifras actualizadas sobre los probables efectos de un corte eléctrico. El Tribunal pidió los datos, pero el Estado no se los facilitó. En su lugar, dejó claro que incluso las estadísticas parciales citadas con anterioridad eran erróneas (Véase en la página de Internet de Gibsa: «Court criticizes State Attorneys…») (3)
Israel afirma ante el Tribunal que tiene derecho a elegir los países con los que comercia, como si Gaza fuera tan sólo un estado independiente entre otros muchos. Considera un corte en la electricidad en Gaza como algo no esencialmente diferente, dice, a un corte en la venta de diamantes a España. Esta proclama oculta la noción de moralidad superior de que Israel, habiéndose desenganchado de Gaza, ya no es responsable de la Franja. Pero, ¿quién domina las fronteras de Gaza? ¿Quién controla su espacio aéreo? ¿De quién son los aviones y helicópteros de guerra que la sobrevuelan? ¿Quién controla el mar de Gaza, impidiendo que se construya un puerto independiente?
La dependencia económica de Gaza con respecto a Israel es el fruto de una política deliberada que lleva décadas activada. Tanto en Gaza como en Cisjordania, Israel ha venido bloqueando cualquier industria que pudiera competir con la suya. Fomentó la dependencia de Gaza de la electricidad y el gas israelí. Convirtió a los habitantes de Gaza en una fuerza de trabajo barata al servicio de la industria israelí, haciéndoles viajar al principio cada día para poder llegar al trabajo y desarrollando después una zona industrial junto al puesto de control de Erez. Israel se benefició también de la dependencia de Gaza hacia sus productos. Cuando se cerró Karni, fueron los campesinos israelíes quienes más fuertemente protestaron. Según informes del verano de 2007, alrededor de la cuarta parte de la fruta cosechada en Israel se comercializó en los Territorios Ocupados. El corte en los envíos de gasolina hizo mella también en los ingresos de Dor-Alon, la compañía de energía israelí que hace los suministros a Gaza.
El cambio conceptual de Israel acerca de Gaza aún no es consistente. Desenganchada o no, no puede resistir la tentación de explotar los recursos de Gaza. Paralela a la discusión sobre los cortes en los suministros de energía hay otra petición ante el Tribunal Supremo relativa también a la energía, pero esta vez el suministro iría de Gaza a Israel. En esta petición, dos grupos corporativos están batallando para conseguir la licencia para bombear gas natural desde las reservas que están frente a la costa de Gaza, unas reservas que -si Gaza perteneciera a un Estado palestino- estarían dentro de sus aguas territoriales. Se apunta que el gas bombeado podría llegar a ser una fuente importante de energía para la economía de Israel. ¿Serán capaces los magistrados de recordar otro caso que están revisando, en el que el Estado dice que ya no ocupa Gaza? No hay nada que indique tal actitud. Ni que decir tiene que ningún magistrado gritó con asombro: «¿En virtud de qué derecho intentan explotar las reservas de gas de la Franja de Gaza? ¡Esto va contra las estipulaciones del derecho internacional, que prohíbe que una potencia ocupante explote, para uso propio, los recursos naturales de un territorio ocupado!»
Por último, no podemos ignorar las similitudes entre las políticas israelíes en Gaza y en Líbano. También en el sur del Líbano (en grado menor), Israel utilizó durante años a la población como fuerza laboral barata que tenía que viajar cada día para llegar al trabajo y como consumidora de sus productos, todo en el marco de la supuesta política de la «Buena Verja». Esto terminó, como en Gaza, con una retirada unilateral (mayo, 2000). El interés de Israel en el control del agua que fluye desde el sur del Líbano trae a la mente su interés por las reservas de gas en Gaza. Su ataque contra el Líbano del 2006 guarda también paralelismos con Gaza. En ambos lugares Israel aprendió que no tiene respuesta militar ante la amenaza de cohetes por las milicias. Con Hizbollah, al igual que con Hamas, Israel rechazó negociar. También en Líbano titubeó antes de iniciar una guerra amplia sobre el terreno, y con toda la razón. Aprendió que no puede dominar una zona hostil frente a la guerra de desgaste de las guerrillas. Cuando emprendió la acción militar en el Líbano, puso en evidencia la debilidad de sus propias fuerzas armadas. Esa debilidad deriva de la corrupción moral del ejército y del liderazgo político. La guerra reveló una combinación imposible, por una parte, el desprecio total de sus dirigentes hacia la vida humana, y, por otra, la predisposición negativa de la sociedad israelí a aceptar las bajas de la guerra.
En ambos casos, Gaza y Líbano, Israel ha emprendido una guerra indiscriminada desde el aire contra los civiles mientras titubeaba a la hora de utilizar las fuerzas sobre el terreno. En los dos lugares, ha tratado de destruir la infraestructura económica y reducir a la población civil a formas de vida primitivas. Dañándoles, pensaba [y piensa], puedes conseguir presionar a sus dirigentes y conseguir así avances políticos. Ya se ha probado que esta idea es falsa tanto en Líbano como en Gaza. Los ataques israelíes equivalen a una expresión de debilidad, pero el precio no lo pagarán quienes los lanzan, sino los civiles de ambas partes.
N. de la T.:
(1) Ese corte total se ha puesto ya en marcha después de la publicación de este artículo, el 20 de enero.
(*) Enlace con artículo indicado:
(**) Enlace con artículo indicado:
http://www.gisha.org/index.php?intLanguage=2&intSiteSN=113&intItemId=925
Enlace con texto original en inglés:
http://www.challenge-mag.com/en/article__196