La Oficina Nacional de Investigación del Fraude sigue sin nombrar después de ocho meses a dos peritos que pueden certificar si altos cargos del Gobierno de Ignacio González en Madrid malversaron al vender 32 promociones de vivienda pública en 2013. La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente de la Agencia Tributaria, lleva más […]
La Oficina Nacional de Investigación del Fraude sigue sin nombrar después de ocho meses a dos peritos que pueden certificar si altos cargos del Gobierno de Ignacio González en Madrid malversaron al vender 32 promociones de vivienda pública en 2013.
La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente de la Agencia Tributaria, lleva más de ocho meses para designar dos peritos que hagan avanzar la investigación en la querella penal por la posible venta fraudulenta en el año 2013 de 32 promociones de vivienda pública en Madrid, en la que están imputados el entonces gerente autonómico del Instituto de Vivienda de Madrid (IVIMA), Juan Van Halen, y la exdirectora general de este organismo, Ana Gomendio, ambos bajo la autoridad del Ejecutivo autonómico de Ignacio González (PP).
Una diligencia del juzgado de instrucción número 43 de Madrid, de la que ha informado El Diario, ha instado el 22 de septiembre a la ONIF para que designe de forma «urgente» a los dos expertos solicitados, que deben aportar informes que certifiquen si, tal y como defienden las acusaciones particulares, los responsables implicados vendieron por debajo de su precio las 2.935 viviendas del IVIMA al fondo buitre Encasa Cibeles, participado por el banco de inversión Goldman Sachs.
Según ha explicado a Diagonal Sonia Martínez, de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA, el proceso se encuentra «parado» desde la declaración de Van Halen en abril. De hecho, la defensa del exgerente del IVIMA en época de Ignacio González quiere que el juzgado le retire de la investigación -le desimpute- por el perjuicio que puede suponer para la imagen y su carrera profesional. Van Halen dimitió en febrero como director general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento. La fiscalía ha dado su apoyo a este requerimiento de la defensa, siempre que el caso siga sin avanzar.
La reciente modificación de la Ley de Enjuiciamiento Penal puede dar al traste con las aspiraciones de los afectados por la venta. Ya se han consumido más de la mitad de los 18 meses de plazo (desde diciembre de 2015) que el nuevo texto daba para que esta querella estuviera resuelta o archivada (el plazo es incluso menor, de seis meses, para procesos de menor complejidad). «Pero para que la causa se mueva te tienen que dar las pruebas que pides. ¿Qué pasa si pides un informe de la ONIF en enero y en casi nueve meses ni siquiera se designan los peritos?» El Diario ha informado de que, según la Agencia Tributaria, el juzgado -que entre medias ha sufrido un cambio de titular: ahora está al frente la magistrada Concepción Jerez- no llegó a requerir la necesidad de dos peritos, sino un simple informe que ya fue entregado en marzo.
La venta de las 2.935 viviendas del IVIMA –que se produjo en paralelo al traspaso de 1.860 pisos de la EMVS del Ayuntamiento de Madrid– supuso para las arcas públicas una pérdida patrimonial cercana a los 90 millones de euros, según la acusación. El precio medio de los pisos vendidos a Goldman Sachs, cerca de 70.000 euros, es notablemente inferior a la media de lo que tenían que pagar por ellos sus habitantes, unos 120.000 euros. Ambas compraventas agravaron el problema de desahucios sufrido en Madrid y han producido, en algunas de las promociones vendidas por el IVIMA en el ensanche de Vallecas (en el extremo sureste de la ciudad, bordeando la carretera de Valencia), graves problemas de convivencia por el estado de abandono de las promociones ya desahuciadas.
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Además de Juan Van Halen y de Ana Gomendio, otro de los imputados en esta causa es el actual concejal por el PP en el Ayuntamiento de Madrid, Pablo Cavero, que en 2013 era consejero de Vivienda del Gobierno de González. El que fuera consejero autonómico más acaudalado del PP forma parte del mismo grupo municipal que ha denunciado supuesta prevaricación del actual equipo municipal en los limitados procesos de regularización de familias que se encontraban ocupando irregularmente viviendas de la EMVS madrileña. En esta denuncia le acompañaba Borja Caravante, hoy ya dimitido en su puesto de concejal en el Consistorio y uno de los responsables de la venta fraudulenta de las 18 promociones de la EMVS en 2013.
En este sentido, el diputado de Podemos por la Asamblea de Madrid Miguel Ongil ha declarado a Diagonal que «estamos viendo las dos opciones posibles con la EMVS e IVIMA: Ahora Madrid intenta empujar en los tribunales para revertir una venta que perjudicó el patrimonio público y el PP hace lo contrario, sólo trata de obstaculizarlo».