Hay que prepararse para un levantamiento de los beduinos

La destrucción de las casas «ilegales» de 20.000 familias beduinas no ayudará a facilitar su reasentamiento en lugares nuevos. Tampoco transcurrirá en silencio.

La «Ley para la Solución de los Beduinos del Néguev», que se espera que pronto se apruebe en la Knesset, ha enfurecido a toda la población beduina del sur -una cuarta parte de todos los residentes del Néguev- y amenaza con llegar a la violencia. Aunque el Estado trató con dureza a los beduinos en el pasado cuando los movió de un lugar a otro, confiscó sus rebaños, destruyó sus hogares e incluso roció sus cultivos con veneno, ninguna de esas actuaciones dio lugar a un levantamiento. Tal vez porque esas violaciones eran a pequeña escala, una familia de aquí, un clan de allí.

El proyecto de ley, por el contrario, afectará negativamente a casi todos los 2000.000 beduinos del Néguev. Lo hará de dos maneras, una rechazando sus reclamaciones de la propiedad de la mayor parte de sus bienes, y segunda por la destrucción de los hogares de unas 20.000 familias, a las que se transferirá a las parcelas no desarrolladas en lugares «autorizados». Todo esto forma parte del plan del gobierno denominado «Prawer Plan», que se basa en la Ley para la solución de los beduinos.

Israel siempre ha negado a los beduinos sus derechos a la tierra que poseían antes de 1948, porque no tenían documentos oficiales de los períodos otomano y británico para demostrar su propiedad. En esos períodos, sin embargo, los beduinos adquirieron los terrenos bajo su propia ley de la tribu, entonces vigente en el desierto, que aceptó tales transacciones basadas en la garantía oral, prescindiendo de la prueba escrita.

En la década de 1970, el Estado aparentemente modificó su postura, invitando a los beduinos a registrar sus reclamaciones de propiedad, que ascendieron a 240.000 hectáreas en demandas privadas. Este procedimiento no tenía la intención de presentar sus demandas legales, sino que era más bien para que el Estado pudiera adquirir sus tierras mediante la compra, y además a precios mínimos, que los beduinos rechazaron durante mucho tiempo. Durante un período de 40 años, los beduinos vendieron al Estado sólo el 16% de las tierras reclamadas. Su paciencia característica les permitía mantener la esperanza de que en última instancia, el Estado les ofreciera una solución de compromiso que no les privaría de la tierra que habían adquirido legalmente.

Sin embargo, y para su gran consternación, la nueva ley permite la confiscación del 80% de esa tierra, que se utilizará para proyectos gubernamentales, por lo que ya no es que afecte a familias determinadas, sino a toda la comunidad beduina. Además, la compensación que el Estado está ofreciendo para el restante 20% ciento de la tierra que la nueva ley reconoce como de los beduinos es por demás mezquina e inaceptable. El Estado se queda con la solución de usar la fuerza para adquirir esas tierras, incluso si es con el propósito de utilizarlas para el reasentamiento de los beduinos. Sin embargo el Estado no se beneficiará haciendo uso de su fuerza, ya que ningún beduino aceptará construir su casa sobre una tierra reclamada por otro beduino.

La destrucción de las casas «ilegales» de 20.000 familias beduinas tampoco facilitará su reasentamiento en lugares nuevos. Tampoco transcurrirá en silencio. Estas casas se erigieron como una alternativa a las tiendas de los beduinos después de que el Estado les prohibió continuar su forma de vida trashumante y les ordenó dónde tenían que vivir hasta que se encontrara una solución para ellos. La ausencia de una solución se prolongó por demasiado tiempo, cada casa que se consideró construida en «la tierra del gobierno» se declaró ilegal y sujeta a demolición. Sin embargo, no se han hecho planes para los ocupantes de las viviendas ilegales y hoy no existe una sola parcela desarrollada para un beduino que desee construir un hogar permanente en lugares designados por los gobiernos. Además, se necesitan cinco años para planificar y establecer una ciudad o un barrio con la infraestructura necesaria para la vivienda residencial.

Además de esta injusticia permanente, la nueva ley amenaza, en la primera fase, con destruir las casas de 30.000 beduinos y después transferirlos a los lugares que el gobierno decida. Aproximadamente una tercera parte, en última instancia, está destinada a la movilización. Esto significa sacar a los beduinos de las casas a las que se han acostumbrado a lo largo de una generación y ponerlos en el desierto sin un techo. Estas personas, además, son una generación educada de profesionales, docentes y estudiantes universitarios.

Si alguien se imagina que tal operación se hará con facilidad, está equivocado. De hecho, la policía de Israel ha empezado a reclutar a cientos de oficiales para mantener la paz mientras se estén demoliendo las casas, una acción programada para ponerse en marcha a principios de agosto. Las imágenes de estas operaciones de demolición y reubicación, que se verán alrededor del mundo, harán que el reciente ataque del teniente coronel Shalom Eisner a una activista danesa por la paz parezca un caso mínimo.

Una solución correcta para el asentamiento de los beduinos es crucial para ellos y el Estado por igual, pero la nueva ley no es el instrumento para lograrlo. El gobierno de Netanyahu haría bien en aplazar su ratificación por parte de la Knesset y dedicar un pensamiento más serio al problema. De lo contrario el conflicto con los beduinos del Néguev será nuestro gran problema en el futuro.

El doctor Clinton Bailey estudia la historia y la cultura beduina en el Néguev desde hace muchos años.