«Hay un dossier en la sede del CNI que lleva una etiqueta con mi nombre»

El abogado de Oriol Junqueras y de ERC fue avisado por Citizen Lab alrededor del 2021 que sospechaban de un espionaje en su móvil que se ha acabado confirmando. En esta entrevista no sólo habla como persona afectada, sino como abogado, y también como experto en ciberseguridad, uno de los ámbitos en los que se ha especializado.

¿Cuándo y cómo supo que tenía Pegasus en el móvil?

Hace meses que Citizen Lab me había informado de una sospecha de infección. Alrededor del 2021. A raíz de los casos de Roger Torrent y Ernest Maragall, descubiertos por WhatsApp, Citizen Lab empezó una investigación. Y solicitó a gente de los entornos que enviáramos un archivo de la memoria de nuestro móvil. Entonces detectaron indicios de Pegasus. Y ahora se ha confirmado.

Es experto en ciberseguridad. ¿Cómo infecta a Pegasus?

De dos maneras: en una es necesaria la acción humana (te envían un SMS o WhatsApp al móvil: si lo clicas, activas la infección). En la otra, no debes realizar ningún tipo de acción. La infección dirigida contra tu dispositivo pasa totalmente inadvertida, no deja rastro visible y no necesitan que cliques nada.

Uf.

Sí.

¿Su móvil ahora le espía?

Imposible de saber. Citizen Lab ha logrado detectar a Pegasus. Y ha tardado muchos años. Pues ahora podemos ser espiados por otro sistema o una versión más avanzada de Pegasus.

¿Quién es Bill?

Quizá el hombre que más sabe de Pegasus. Seguramente el único que tiene el “saber hacer” por haberlo detectado en los móviles. Bill es un técnico de Citizen Lab que lleva cinco años dedicándose a ello. Ha sabido encontrar los rastros que Pegasus creía que no dejaba, pero sí deja en nuestros móviles y que permiten demostrar que hemos sido infectados. Hemos tenido la suerte de apoyarnos en el trabajo de muchos años de los técnicos de Citizen Lab.

Ha hecho una serie de tuits en los que decís que se han cometido delitos graves, que implican penas de prisión si los ha cometido un funcionario.

Se han cometido varios tipos de delitos, todos ellos agrupados dentro del paraguas de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos; o, de forma más profana, delitos informáticos o intercepción de comunicación. Nos han robado información y nos han interceptado comunicaciones y han entrado en los móviles sin autorización. Hay muchos delitos que se han cometido. Y esos delitos que se han cometido espiándonos, cuando los comete un funcionario llevan aparejadas penas de prisión. Unos cinco años. Delitos graves. Y penas de inhabilitación de diez o doce años.

Los estados pueden espiar a los ciudadanos con permiso de los jueces. ¿Ha pasado ahora?

Es imposible que un juez lo haya autorizado. Se han cometido delitos. Hablamos de más de sesenta personas, que engloban a periodistas, familiares, abogados, espiados no por lo que hacemos sino por el contacto con los políticos. Una operación de esta magnitud, y utilizando Pegasus, que no intercepta llamadas, te monitorea todo el móvil. Pueden poner el micrófono ambiental, grabar con la cámara, tomar fotografías, llevarse documentación, saber todas las llamadas, geolocalización. Ni en terrorismo en muchos casos se autoriza tanto. ¿Y ahora lo hacen en un grupo de gente que no tiene vinculación con hechos delictivos, ni con terrorismo, ni con narcotráfico? El único patrón es la relación con el independentismo. No hay ningún juez que pueda autorizar esto. Y si un juez lo ha autorizado, es igual de delincuente que los que nos han espiado.

¿El Estado puede espiar?

Si el juez del Tribunal Supremo, Pablo Lucas, que autoriza las operaciones del CNI, dice adelante, sí. Pero son operaciones reguladas por su ley, que normalmente van vinculadas a hechos graves: terrorismo, crimen organizado, espionaje internacional. El problema es que las sesenta y cinco personas no encajan aquí.

¿Da por supuesto que es el CNI?

-Las características del ataque hacen imposible otra cosa. De entrada, Pegasus sólo se da a gobiernos con la venta controlada. No se aliarán con mercenarios ni con la mafia. Luego, el coste. Ochenta mil dólares por infección. Y hay gente como Boye, que ha recibido quince infecciones. Multiplica. Y, en tercer lugar, el factor político. Todos independentistas. Todo ello hace imposible no pensar que esto lo ha hecho una agencia estatal. Imposible. Si encima tenemos las declaraciones de la policía nacional, que tienen esta tecnología, diciendo que no la han utilizado, sólo nos queda el CNI.

Y descontrolados en el estado, ¿podría ser?

No tienen recursos económicos, ni técnicos, ni logísticos para hacerlo. Piensa que, en algunos SMS, para engañar y que el receptor clicara en el enlace, salía su número de la seguridad social. Hay mucha información, recursos y dinero. No lo hace cualquiera.

¿Cómo saber el autor de dar la orden?

Puedes hacerlo por la vía técnica. Y aquí tampoco se darán pistas, ahora, de cómo se puede demostrar esto técnicamente. Pero el autor del espionaje puede demostrarse técnicamente. Ésta es una vía para llegar al autor. La otra es la vía política.

¿Qué quiere decir?

Mañana Pedro Sánchez puede saberlo y decírnoslo. Nos dirán que es muy difícil. No lo es. Hay un dossier en la sede del CNI que lleva una etiqueta con mi nombre, el de más de sesenta personas. Y donde está toda la información de nuestros móviles, estudiada y analizada. Y con los nombres de quien lo ha ordenado, quien lo ha analizado, y el análisis. Y está ahí. Impreso. Con un dossier con tapas. Se va allí y lo coge. Ahora falta la orden política de levantar el secreto oficial. Y esto requiere acuerdo del consejo de ministros. Ha ocurrido más veces. Gobiernos levantando y haciendo públicos secretos oficiales. El CESID, ahora CNI, ya ha investigado a partidos políticos. La disidencia política. Y les pillaron y condenaron. Un juez requirió que se levantaran los secretos oficiales y el gobierno lo hizo. El método ya se ha inventado.

¿Activará esta vía legal?

Sí. Y más espiados en más países harán lo mismo con los jueces de esos otros países. Supongo. Puigdemont y Ponsatí en Bélgica. De hecho, ya existe, diría, una investigación internacional vía Anna Gabriel presentada hace tiempo. Podemos encontrarnos jueces belgas, suizos y belgas investigando.

¿Confía en que un juez español obligue a Pedro Sánchez a revelar quién ha dado la orden?

Yo soy un desconfiado técnico. Es mi trabajo. No lo creo, pero podría ocurrir. Ahora, deberemos trabajar. Tendremos que hacer todo lo que deba hacerse para llegar al punto en que los jueces no tengan más remedio que pedir una investigación y los políticos a autorizarla. Solo confío en nosotros mismos.

¿Quién le ha espiado? ¿Qué diría usted?

Hay dos tipos de responsables. Hay quien ha hecho el espionaje, seguramente de los servicios de inteligencia, siguiendo órdenes políticas que no sé de quiénes son, pero las órdenes de espiar deben venir en última instancia del gobierno de turno. Estos son los autores que deberemos localizar. Y después hay una segunda responsabilidad. La responsabilidad de protegerme, a mí, y a todos los ciudadanos. De garantizar que obtengo la satisfacción de saber qué me espiaron, qué se llevaron, dónde está, que han hecho de ello, qué alcance tiene. Todo esto es obligación del gobierno español de ahora. Lo dice el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos: obligación positiva de velar por que sus ciudadanos tengan los derechos civiles y políticos protegidos. Es lo que le ocurrió a Marlaska cuando le dijeron que su obligación era haber investigado las torturas. No investigar lo que ha pasado genera responsabilidad directa y absoluta hacia el gobierno español.

Hemos pasado de la mesa de diálogo a la mesa de espías.

No mezclaría cosas. Rusia y Ucrania se matan, y se sientan en torno a una mesa. Las dinámicas de la guerra, de la paz, de las negociaciones son muchas. Hay mil factores que hacen que la vida no sea tan simple. Yo no me meto en las negociaciones políticas, que van a hacer su camino y no me toca a mí decir cuál es.

Experto como es en ciberseguridad, ¿qué le ha llamado la atención de este caso?

La confirmación de la indefensión de los ciudadanos frente a los estados. Son las teorías de Julian Assange y Edward Snowden: la tecnología al servicio del estado es tan potente que es muy complicado que los estados no abusen de ella. Es muy fácil espiar y políticamente no sufren demasiado. Esto demuestra que todos los estados abusan del poder.

¿La batalla legal tardará años, como ocurre con Torrent y Maragall?

En el caso de Torrent y Maragall llevamos dos años esperando que Israel nos envíe una documentación que aportaría pruebas técnicas de la autoría. Pero en este caso es distinto, porque Citizen Lab ha avanzado mucho en ese campo. Esto, ahora, es cuestión de voluntad política. En quince días puede resolverse. O nunca, si no les da la gana.

Pedro Sánchez puede saber y explicar los autores mañana, o nunca. ¿Esta es su tesis?

Sí, pero si por alguna razón se arriesgaran a no desvelar información requerida harían un movimiento muy arriesgado. Si nosotros conseguimos demostrar la autoría técnicamente, creo que su papel no sería nada lúcido. Sería bastante patético.

Quizás el caso parará los pies de los estados en sus abusos.

Sí. De hecho, en el Parlamento Europeo se acaba de crear una comisión de investigación sobre Pegasus y están muy preocupados. Han espiado a europarlamentarios catalanes. Mi receta para poner fin a esto incluye la crítica a pensar que los abogados arreglaremos el mundo. Esto se resuelve políticamente, controlando el estado. Y con medidas de autodefensa tecnológica. Proselitismo de la capacitación tecnológica para niños. Esto hago cuando visito escuelas. Debemos formarnos, conocer y protegernos de la tecnología.

Andreu Van den Eynde es abogado de algunos presos políticos catalanes y experto en ciberseguridad,

Fuente: https://www.vilaweb.cat/noticies/van-den-eynde-ordres-espiar-govern/

Traducido para Sin Permiso por Josep M. Gil