Traducción del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos
Estimados Estados miembro de Naciones Unidas:
El 29 de septiembre de 2006, sexto aniversario de la segunda Intifada contra la ocupación israelí, la comunidad internacional parece haber olvidado el constante desprecio de Israel por los derechos humanos internacionales y por el derecho internacional en Gaza y Cisjordania, incluyendo Jerusalén este, que constituyen juntos los Territorios Palestinos Ocupados (TPO). El pueblo palestino ve en la Asamblea General de Naciones Unidas, el organismo que en 2004 encargó al Tribunal Internacional de Justicia una Opinión Consultiva sobre la construcción del Muro en los TOP, una fuente de esperanza en un momento de extrema aflicción y desilusión. Además, la situación actual en los TPO está marcada por más anexiones de territorio palestino por parte de Israel, rigurosas restricciones de movimiento, falta de protección a la población civil, desintegración económica y ataques a las instituciones democráticas palestinas; todo ello socava el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, reconocido por Naciones Unidas.
Anexión de territorio Como ustedes saben, la Opinión Consultiva del Tribuna Superior de Justicia sobre el Muro determinó que la construcción de éste en los TPO, así como los asentamientos israelíes en torno a los cuales se construye, es ilegal según el derecho internacional. El Tribunal también anticipó explícitamente que el Muro tenía el propósito de anexionarse territorio palestino:
El Tribunal considera que la construcción del Muro y el régimen asociado a él crea un «fait accompli» sobre el terreno que bien podría convertirse en permanente y, en tal caso y a pesar de la caracterización formal del Muro por parte de Israel, podría equivaler a una anexión de facto.
Además de la anterior anexión ilegal por parte de Israel de Jerusalén este, el primer ministro israelí, Ehud Olmert, ha declarado claramente la intención de Israel de anexionarse el territorio entre el Muro y la Línea Verde, donde están asentados más de tres cuartas partes de los colonos israelíes. El 8 de marzo de 2006 declaró que «el recorrido del muro -que hasta ahora ha sido un muro de seguridad- irá a la par del nuevo recorrido de la frontera permanente». El 3 de mayo de 2006 anunció: «Los logros del movimiento de los colonos en importantes concentraciones [urbanísticas] serán para siempre una parte esencial del Estado soberano de Israel, junto con Jerusalén, nuestra capital unificada». Estas declaraciones unen claramente asentamientos, el Muro y futuras anexiones de tierra palestina, todo lo cual impide al pueblo palestino ejercer su derecho a la autodeterminación por todo el territorio reconocido como palestino según la legislación internacional.
Restricciones de movimientos y control de las vidas palestinas La antes mencionada anexión va acompañada de políticas israelíes que hacen a los palestinos extremadamente difícil o imposible moverse dentro de Cisjordania. Además del Muro, las restricciones físicas de movimientos en los TPO adoptan la forma de checkpoints permanentes o «volantes» (móviles), bloqueo de carreteras, montículos de tierra y vallas de carretera [1]. Según la Agencia de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, en sus siglas en inglés), el 5 de septiembre de 2006 había 552 restricciones físicas de movimiento dentro de Cisjordania. Estos obstáculos, junto con los regímenes asociados a ellos, contribuyen a controlar las vidas de los palestinos en Cisjordania. En Gaza, que a pesar de la retirada unilateral israelí de 2005 sigue estando ocupada, Israel controla todavía el espacio aéreo, marítimo y terrestre, y las fronteras terrestres, y con mucha frecuencia cierra los pasos hacia el mundo exterior.
Además de las restricciones físicas de movimientos, los palestinos necesitan permisos especiales para entrar en las áreas que están entre el Muro y la Línea Verde, o en el valle del Jordán, todo lo cual forma parte de Cisjordania. Estos permisos se deniegan con mucha frecuencia. Estás restricciones no afectan a los colonos israelíes, que utilizan carreteras diferentes para viajar libremente por los TPO. Los movimientos de palestinos entre Cisjordania y Gaza son casi imposibles. Por otra parte, desde principios de 2006 una nueva política israelí hace mucho más difícil el acceso a Cisjordania para los expatriados palestinos o extranjeros. Todas estas restricciones a la libertad de movimientos restringen la capacidad de los palestinos para acceder al trabajo, la educación , la salud, sus tierras de cultivo y a otros aspectos esenciales de la vida. Estas medidas no están motivadas por motivos de seguridad razonables y se aplican de forma injustificablemente generalizada. Al-Haq concluye que su finalidad es obligar a los palestinos a vivir en zonas cada vez más pequeñas y hacer sus vidas insoportablemente difíciles hasta el punto de incitarles activamente a partir.
Falta de protección a la población civil
No han disminuido en lo más mínimo los asesinatos extrajudiciales de palestinos por parte de Israel. Desde el estallido de la segunda Intifada hace seis años, el ejército israelí ha matado a 4.004 palestinos en los TPO, 795 de los cuales eran niños y 238 mujeres o chicas. Estos asesinatos incluyen tanto los que tienen por objetivo individuos «buscados», que suelen tener como resultado la muerte de quienes pasan cerca o que resulten heridos, como el asesinato de palestinos durante redadas para efectuar detenciones u operaciones militares. Estas acciones constituyen violaciones del derecho fundamental a la vida y además suelen caracterizarse por un uso desproporcionado y/o indiscriminad de la fuerza.
En los últimos tres meses ha habido una dramática intensificación de las acciones militares israelíes en Gaza. Más de 200 palestinos, la mayoría de ellos civiles, han sido asesinados. Además se han causado graves daños a la infraestructura civil, no justificados por necesidades militares. Las operaciones militares israelíes han destruido o dañado tres ministerios del gobierno, dos instituciones educativas, los principales puentes que conectan el norte y sur de Gaza, numerosas casas, vastas extensiones de tierra agrícola, dos centrales eléctricas y otras estructuras civiles como carreteras, postes eléctricos y telefónicos, canales de agua y red de alcantarillado. Los ataques israelíes han sido desproporcionados y/o se han dirigido contra objetivos civiles, violando el derecho internacional. El lanzamiento de cohetes de fabricación casera realizado por algunos grupos palestinos contra civiles israelíes y sus propiedades no justifica estas violaciones.
Los asesinatos tienen lugar en medio de la impunidad. La oficina del juez defensor general del ejército israelí solo abre investigaciones en casos excepcionales y por costumbre estas investigaciones son completamente inadecuadas. Además, a los palestinos les resulta prácticamente imposible obtener reparaciones a través del sistema legal israelí. Un esquema similar de impunidad marca los ataques de los colonos israelíes contra palestinos y contra sus propiedades. La aquiescencia de la comunidad internacional con las violaciones israelíes de los derechos de los palestinos ha creado entre los palestinos la percepción de que el derecho internacional es incapaz de protegerlos y que, por consiguiente, se les empuja de hecho a buscar sus propios medios de protección que pueden contribuir a la escalada del conflicto.
Debilitación de la economía palestina y de las instituciones democráticas En febrero de 2006, mientras se estaba formando el nuevo gobierno palestino, el gobierno israelí adoptó varias medidas económicas que tenían por objetivo minar la economía palestina, principalmente reteniendo 50-60 millones de dólares mensuales en impuestos adeudados a la Autoridad Nacional Palestina (ANP). El 15 de febrero de 2006, Dov Weissglas, consejero especial del primer ministro israelí, comparó estas medidas con «una cita con el experto en dietética» y afirmó que «los palestinos adelgazarán mucho, pero no morirán». A consecuencia de esto y del cese de la ayuda financiera a la ANP por parte de los principales donantes internacionales, los funcionarios palestinos, que son más de 150.000, no han recibido sus salarios completos desde marzo de 2006. Aproximadamente el 25% de la población de los TPO depende de sus salarios. Estas medidas equivalen a un castigo colectivo a la población palestina a causa de la elección democrática hecha por una mayoría de votantes palestinos.
El impacto de la crisis financiera es aún más devastador cuando va unido a la extensiva destrucción por parte de Israel de la estructura civil vital en Gaza y a las graves restricciones de movimiento en Gaza y Cisjordania que paralizan el flujo de bienes y de servicios. El Banco Mundial ha calculado que de seguir la situación actual, el nivel de paro en los TPO llegará al 40% a finales de 2006, frente al 20% aproximadamente que había en 2000. En julio de 2006 la Agencia de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios calculó que el 70% de los hogares en los TPO vivía en la pobreza. La penuria económica limita la seguridad alimenticia de muchas familias, los servicios hospitalarios están gravemente afectados, se ha agotado una proporción significativa de los medicamentos y los ataques israelíes a la infraestructura han reducido el suministro de agua potable en Gaza. A Al-Haq le preocupa que la sociedad palestina, que está bajo una inmensa presión, se colapse, con unas consecuencias imprevisibles.
Además de las medidas económicas antes mencionadas, Israel ha emprendido ataques directos contra las instituciones democráticas palestinas. El 20 de junio de 2006, el ejército israelí detuvo a ocho ministros palestinos, a 26 miembros del parlamento palestino y a muchos dirigentes de Hamas por toda Cisjordania. Hay fuertes indicios de que estos funcionarios están siendo retenidos como rehenes. Además, se han revocado los permisos de residencia en Jerusalén este de cuatro de estos funcionarios palestinos que han sido expulsados del ocupado Jerusalén este. En Gaza cuatro edificios oficiales de la ANP han sido atacados desde el aire. Un consecuencia de esta gravísima situación es que la capacidad de la ANP para mantener el imperio de la ley en los TPO se ha visto mermada. Al-Haq está preocupado por el hecho de que la guerra civil puede ser inminente.
Llamamiento de Al-Haq Desde que fue fundado en 1979, Al-Haq ha observado un deterioro continuo de la situación de los derechos humanos en los TPO. Los casi 40 años de ocupación de Israel perpetúan los sufrimientos de los palestinos, les empujan intencionadamente al exilio, hacen que aumente el conflicto y desestabilizan la zona. La comunidad internacional debe poner fin a su doble rasero respecto a Israel y debe desempeñar un papel decisivo en la solución del conflicto y el fin de la ocupación, basados en el respeto del derecho internacional, incluyendo el derecho palestino a la autodeterminación. Las disposiciones fundamentales del derecho internacional violadas por Israel no están sujetas a negociación y no se puede esperar eternamente a que se encuentre un acuerdo de paz difícil de alcanzar. Por consiguiente, Al-Haq llama a los Estados miembro de Naciones Unidas a:
Pedir al Consejo de Seguridad que, según el Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas, emprenda acciones en relación al incumplimiento del derecho internacional por parte de Israel, como subraya la Opinión Consultiva del Tribunal Internacional de Justicia en relación a la construcción del Muro en los TPO; y
Según la Resolución 377 de la Asamblea General, en caso de que el Consejo de Seguridad fracasa en ejercer su responsabilidad fundamental, ha de hacer las recomendaciones pertinentes a los Estados miembro para que adopten medidas para garantizar que Israel acata el derecho internacional.
Hace un llamamiento a volver a convocar la Conferencia de las Partes firmantes de la Cuarta Convención de Ginebra con el fin de identificar los pasos que es necesario dar para implementar el derecho internacional en los TPO.
Atentamente,
Shawan Jabarin Director General Al-Haq*
*Al Haq es una organización palestina de defensa de los derechos humanos en los TPO.
[1] Se refiere a las vallas que delimitan las carreteras de uso exclusivo para colonos y a las puertas que limitan el acceso a éstas (N. de la t.)