Traducido para Rebelión por LB
Los líderes de la minoría árabe en Israel advirtieron esta semana de que se enfrentaban a una campaña de persecución sin precedentes respaldada por el gobierno derechista de Benjamin Netanyahu y destinada a paralizar su actividad política.
La advertencia se produjo después de que Nafaa Said, un druso miembro del parlamento de Israel, fuera despojado de su inmunidad la semana pasada, despejándose así el camino para que pueda ser juzgado por una visita que realizó a Siria hace tres años.
En las últimas semanas se han interpuesto sanciones legales contra otros dos líderes políticos árabes a raíz de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad israelíes en el curso de manifestaciones contra la ocupación y aumenta la presión para procesar a ambos diputados.
A los políticos árabes les inquieta particularmente un proyecto de ley presentado el mes pasado para exigir a todos los candidatos parlamentarios que juren lealtad a Israel como Estado judío. Si se aprobara la ley quedarían amenazados los escaños de los 10 diputados árabes pertenecientes a partidos no sionistas en el Parlamento de 120 miembros o Knesset.
Uno de esos diputados, Jamal Zahalka, declaró: «Cada semana, bien la Knesset o bien el gobierno tratan de imponer nuevas restricciones sobre nuestras actividades y sobre la libertad de expresión. Constatamos una tendencia creciente hacia la legislación antidemocrática».
Al señor Nafaa, último objetivo de la acción legal, una comisión parlamentaria dominada por la derecha le despojó de su inmunidad parlamentaria la semana pasada.
Mantener su inmunidad era la única esperanza que tenía de evitar ser juzgado tras haber sido acusado en diciembre por el fiscal general Menachem Mazuz con motivo de una visita que organizó en 2007 a Siria, considerado un país enemigo.
El parlamentario había organizado una peregrinación a los lugares sagrados de Siria a través de Jordania para un grupo de 280 clérigos drusos después de que el Ministerio del Interior israelí hubiera negado reiteradamente el permiso. El señor Nafaa ha argumentado que a los clérigos se les niega su libertad religiosa.
Afu Aghbaria, un parlamentario árabe, calificó el asunto como un caso de persecución política y preguntó a la comisión: «¿Creen ustedes que organizó un viaje de espionaje con 280 personas?»
Al señor Nafaa también se le acusa de mantener contactos con un agente extranjero. Según el testimonio de uno de sus ayudantes, que fue interrogado por la policía secreta israelí, el parlamentario conversó sobre la disputa entre Al Fatah y Hamas con Talal Naji, un líder sirio del Frente Popular para la Liberación de Palestina, y trató de reunirse con Khaled Meshaal, el jefe de Hamas en Damasco.
El señor Nafaa, que niega haberse reunido con el señor Naji, sostiene que su visita era de naturaleza puramente política y que las acciones de la Knesset tienen como objetivo impedir que cumpla la función para la cual fue elegido por la minoría árabe, que comprende a uno de cada cinco habitantes de Israel.
Ahmed Tibi, el único diputado árabe en el panel de la Comisión que estudia el caso del levantamiento de la inmunidad parlamentaria, dijo que en lugar de procesar a los políticos árabes habría que animarlos para que construyan puentes con el mundo árabe en favor de Israel.
Orna Kohn, abogado de Adalah, un centro legal que representa al Sr. Nafaa, dijo que aunque a los legisladores judíos se les levanta la inmunidad en casos de corrupción y delitos graves, la revocación de la inmunidad por actividades políticas es «muy rara» y parece aplicarse solamente a los parlamentarios árabes.
El último caso fue contra Azmi Bishara, que fue juzgado en 2001 por dos razones: por una visita a Siria y por presunta incitación durante un discurso. Ambas acusaciones fueron rechazados por los tribunales.
Los parlamentarios árabes han evitado viajar a gran parte del mundo árabe desde que la llamada Ley Bishara de 2008 otorgara al Gobierno poderes para impedir que cualquier persona que realice una visita no autorizada a un Estado enemigo pueda presentarse como candidato.
En las últimas semanas otros políticos árabes se han visto en problemas.
El mes pasado el jeque Raed Salah, líder del Movimiento Islámico, fue condenado a nueve meses de cárcel tras ser hallado culpable de escupir a un policía durante enfrentamientos cerca de la Explanada de las Mezquitas en 2007. El señor Salah, que negó la acusación, dijo que fue víctima de los esfuerzos concertados para impedir a los musulmanes proteger los lugares sagrados de la Ciudad Vieja de Jerusalén.
Otro líder árabe, Mohammed Barake, jefe del Partido Comunista en la Knesset, será procesado por cuatro cargos de asalto contra funcionarios de seguridad durante manifestaciones realizadas en un período de cuatro años.
La señora Kohn, que también representa al señor Barakeh, dijo que el parlamentario había asistido a centenares de manifestaciones en la que medió entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
«A menudo los soldados actúan violentamente contra los manifestantes y en algunos casos el señor Barakeh resultó agredido. En tales circunstancias suele ser más fácil que los soldados acusen al señor Barakeh de actuar violentamente que sean ellos mismos los acusados».
La señora Kohn dijo que el procesamiento del señor Barakeh era un intento de «criminalizar» su papel político y reflejaba una «escalada» en el uso de la ley contra los políticos árabes.
La avalancha de acusaciones provocó que Mohammed Zeidan, director del Comité Superior de Seguimiento, el principal órgano político de la minoría árabe, protestara el mes pasado por los «continuos ataques» contra los dirigentes árabes.
En la vista sobre el levantamiento de la inmunidad al señor Nafaa, Anastasia Michaeli, miembro del comité y militante del partido ultraderechista Yisrael Beiteinu, que encabeza el ministro de Asuntos Exteriores Avigdor Lieberman, dijo que se proponía introducir un proyecto de ley para que cualquier persona que visite un Estado enemigo pueda ser despojada de la ciudadanía y deportada al país en cuestión.
Sus compañeros de partido ya han puesto en marcha una iniciativa legislativa para exigir a los parlamentarios que juren lealtad a Israel como un «Estado judío, sionista y democrático». En la actualidad el compromiso de lealtad [que se exige a todo parlamentario] habla solo de lealtad al «Estado de Israel».
El señor Zahalka, dirigente del Partido Demócrata de la Asamblea Nacional, declaró: «Imagínese el escándalo si un parlamentario judío de EE.UU. o de Gran Bretaña tuviera que jurar lealtad a su país como un Estado cristiano».
El propio señor Zahalka fue acusado de incitación después de que el pasado mes de diciembre pasado comentara en la televisión israelí que el ministro de Defensa Ehud Barak escuchaba música clásica mientras los niños de Gaza morían. El presentador del programa, Dan Margalit, llamó «impertinente» al señor Zahalka y le ordenó que abandonara el estudio.
Danny Danon, del partido Likud de Netanyahu, presentó posteriormente un proyecto de ley para expulsar de la Knesset a cualquier parlamentario culpable de incitación contra el Estado.
También se han producido demandas para que otro parlamentario del Partido de la Lista Árabe Unida, Taleb Al Sana, sea investigado por haber usado su celular para permitir a Ismail Haniyeh, líder de Hamas en Gaza, dirigirse a un grupo de manifestantes en el primer aniversario de el ataque de Israel contra Gaza.
Yitzhak Aharonivitch, ministro de seguridad pública, es uno de los que reclaman el procesamiento del señor Sanaa.