Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
A lo largo de las últimas cuatro décadas, Israel ha venido defraudando a los palestinos que trabajan dentro de su territorio más de 2.000 millones de dólares al deducir de sus salarios una serie de contribuciones destinadas a incrementar los fondos de una seguridad social a cuyos servicios y prestaciones nunca tuvieron derecho, según han revelado economistas israelíes.
Un nuevo informe, «Robos estatales», que se publicará a finales de mes, expone que la «estafa» continuó incluso después de la creación de la Autoridad Palestina en 1994, cuando se suponía que parte de ese dinero iría a parar a un fondo especial destinado a los trabajadores palestinos.
Según información suministrada por funcionarios israelíes, la mayor parte de las deducciones del salario de los trabajadores se invirtieron en proyectos de infraestructuras en los territorios palestinos, una presunta referencia a las masivas subvenciones estatales concedidas a los asentamientos.
A los casi 50.000 palestinos de Cisjordania se encuentran trabajando en Israel -tras la suavización de restricciones para entrar en Israel en función de la «paz económica» prometida por Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí-, se les sigue descontando de su paga tales contribuciones.
Cómplice en el engaño, añade el informe, es el Histadrut, la federación de trabajo israelí, que le impone a los trabajadores palestinos una tarifa mensual incluso aunque no tengan derecho a pertenecer a ella y no cuenten con representación en los conflictos laborales.
«Este es un ejemplo bien claro de robo a gran escala a los trabajadores palestinos», dijo Shir Hever, un economista que vive en Jerusalén y que es uno de los autores del informe. «No hay razones para que Israel se retrase en devolver ese dinero a los trabajadores o a sus beneficiarios».
Las deducciones empezaron a aplicarse en 1970, tres años después de que empezara la ocupación de los territorios palestinos, cuando los trabajadores palestinos empezaron a entrar en Israel en cifras insignificantes, la mayoría empleados como trabajadores manuales en la industria de la agricultura o en la construcción.
Los trabajadores suelen perder la quinta parte de su salario en deducciones que se supone que cubren pagos de jubilación, prestaciones por desempleo, seguros por incapacidad, beneficios por hijos, tasas sindicales, fondos de pensiones, prestaciones por enfermedad y vacaciones y seguros sanitarios. Sin embargo, en la práctica, los trabajadores sólo tienen derecho a prestaciones por invalidez en caso de accidente de trabajo y están asegurados contra la pérdida de trabajo si su empleador va a la quiebra.
Según este informe, recopilado por dos grupos por los derechos humanos, el Centro de Información Alternativa y Kav La’Oved, sólo una fracción de las contribuciones totales -menos del 8%- se utiliza en beneficio de los trabajadores palestinos. El resto se transfiere en secreto al ministerio de hacienda.
Las organizaciones israelíes estiman que se ha defraudado a los trabajadores al menos 2.250 millones de dólares (en los valores actuales), en lo que describen como estimación mínima y «a la baja» de la malversación de fondos. Tal suma representa alrededor del 10% del presupuesto anual de la Autoridad Palestina.
Los autores señalan también que excluyeron de sus cálculos a dos importantes grupos de trabajadores palestinos -los que están empleados en los asentamientos judíos y los que trabajan en la economía sumergida israelí-, porque es muy difícil conseguir las cifras que les atañen.
El Sr. Hever dijo que la cuestión de que el grueso de las deducciones -las destinadas a seguros nacionales- sea ilegalmente tomado de los trabajadores fue ya resuelta por el Tribunal Supremo de Israel en 1991. Los jueces aceptaron la petición del sindicato de cultivadores de flores de que el gobierno debía devolver alrededor de 1.500 millones de dólares de las contribuciones de los trabajadores palestinos en dicha industria.
«El precedente legal quedó fijado entonces y podría utilizarse para reclamar el resto de esas deducciones excesivas», dijo.
En los primeros años de la década de 1990, en el punto álgido de la participación palestina en la fuerza de trabajo de Israel, hasta uno de cada tres trabajadores palestinos dependía de un empleador israelí.
Israel continuó exigiendo las contribuciones de los trabajadores palestinos después de crearse la Autoridad Palestina en 1994, arguyendo que necesitaba esas deducciones para asegurar que los trabajadores israelíes siguieran siendo competitivos.
Sin embargo, el informe señala que se suponía que el Proceso de Oslo debía poner fin a esas prácticas. Israel estuvo conforme con imponer un «impuesto de igualación» -equivalente al exceso de contribuciones pagado por los palestinos-, la tercera parte del cual se invertiría en un fondo del que más tarde podrían disponer los trabajadores.
Sin embargo, en realidad, el Interventor Estatal Israelí, un funcionario de control del gobierno, informó en 2003 que, hasta ese momento, sólo el 10% del dinero recaudado de los trabajadores había ido a parar al fondo.
El ministerio de hacienda ha admitido que la mayor parte del dinero cobrado a los trabajadores se había transferido a las autoridades militares israelíes en los territorios palestinos para pagar «programas de infraestructura». Hannah Zohar, la directora de Kav La’Oved, que es coautora del informe, dijo que creía que el ministerio estaba dedicando actualmente el dinero a la construcción de asentamientos ilegales.
El informe es también muy crítico con el Histadrut, la federación de sindicatos israelíes, al que acusa de apropiarse de «una parte del pastel» obligando a los trabajadores palestinos a pagar una «tarifa de organización» mensual al sindicato desde 1970, incluso aunque los palestinos no tienen derecho a formar parte de dicha federación.
A pesar del acuerdo del Histadrut de 2008 con su contraparte palestina para devolver esas tarifas, sólo han devuelto el 20%, dejando 30 millones sin pagar.
El Histadrut estaba también implicado en otra «estafa», dijo el Sr. Hever. En 1990 se acordó exigir que los trabajadores palestinos pagaran a la industria de la construcción israelí un impuesto extra del 2% para promover la formación de inmigrantes judíos que acaban de retornar, la mayoría de ellos desde la extinta Unión Soviética.
El Sr. Hever dijo que, en efecto, se exigió a los trabajadores palestinos que «financiaran la formación de trabajadores que llegaban a reemplazarles». Los fondos nunca se destinaron al propósito expresado sino que se dedicaron fundamentalmente a pagar subsidios a las familias de los trabajadores israelíes.
En una utilización especialmente cínica de los fondos, señala el informe, se gastó el dinero en estufas portátiles para los soldados que perpetraron la masacre contra Gaza de tres semanas de duración del pasado año.
En respuesta al informe, el ministerio de hacienda manifestó que era «incorrecto y engañoso», y el Histadrut afirmó que estaba «lleno de mentiras». Sin embargo, nadie ha refutado con prueba alguna las afirmaciones del informe ni sus cálculos.
El Sr. Hever dijo que el órgano del gobierno responsable de hacer las deducciones, el departamento de pagos, se había negado al principio a divulgar sus cifras, pero había cedido parcialmente una vez que se pudo disponer de varias estadísticas obtenidas tras diversas filtraciones del equipo del departamento.
Assef Said, un alto funcionario del ministerio de trabajo de la Autoridad Palestina, dijo que la AP tenía mucho interés en discutir la cuestión de las deducciones, pero que las conversaciones se planteaban difíciles debido a la ausencia de contactos entre las dos partes.
Jonathan Cook es escritor y periodista. Vive en Nazaret, Israel. Sus libros más recientes son: «Israel and the Clash of Civilizations: Iraq, Iran and the Plan to Remake the Middle East» (Pluto Press) y «Disappearing Palestine: Israel’s Experiments in Human Despair» (Zed Books). El presente artículo se publicó por primera vez en el periódico de Abu Dhabi The National -www.thenational.ae-.