Bahrein, 25 y 26 de junio. En la capital, Manama, se celebró un foro económico dentro del denominado «plan de paz» que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promueve para Oriente Medio y, en concreto, para resolver el llamado conflicto entre Israel y Palestina. En el encuentro participaron representantes de Arabia Saudí, Emiratos Árabes, […]
Bahrein, 25 y 26 de junio. En la capital, Manama, se celebró un foro económico dentro del denominado «plan de paz» que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promueve para Oriente Medio y, en concreto, para resolver el llamado conflicto entre Israel y Palestina. En el encuentro participaron representantes de Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Egipto, Jordania y Marruecos, entre otros países. El yerno y asesor principal de Trump, el judío sionista Jared Kushner, auspicia esta iniciativa -«paz para la prosperidad»- en la que se hace mención a «inversiones» de miles de millones de dólares, proyectos de infraestructuras, «desarrollo» y empleos. Los líderes palestinos rechazaron participar en la reunión; así, en declaraciones a la agencia palestina WAFA recogidas por Europa Press, el primer ministro Mahmud Abbas, declaró: «Los derechos nacionales de los palestinos no son inmuebles que se venden por dinero (…); cualquier programa o proyecto económico debe estar precedido por una solución política». Asimismo, miles de palestinos se manifestaron en ciudades de Cisjordania contra la conferencia de Bahrein y en la franja de Ganja se convocó una huelga general.
El histórico activista palestino Salah Mohammed Salah (Tiberias, Palestina, 1936) se suma a este rechazo. Ha participado en una conferencia organizada por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)-País Valenciano, con la colaboración del BDS-País Valencià, en el Centre Social y Cultural Ca Revolta de Valencia. En 2006 CEAR otorgó a Salah Mohammed Salah el Premio Juan María Bandrés por la trayectoria «de toda una vida» en la defensa de los refugiados y los derechos nacionales del pueblo palestino. Miembro de una família forzada a exiliarse tras la fundación del Estado de Israel, en mayo de 1948, el galardón de CEAR reconocía a Salah M. Salah una biografia de lucha, como integrante del Sindicato General Palestino en los años 60; el Comité Ejecutivo de la OLP en Líbano en los 70, del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) o la presidencia del Comité Permanente sobre Refugiados del Parlamento Palestino. «Este compromiso le ha costado cinco atentados, tres encarcelamientos en Siria y 19 en Líbano», destacó CEAR en una nota informativa.
En la conferencia de Ca Revolta, Salah M. Salah constató el «fracaso» de los Acuerdos de Oslo, alcanzados en 1993 por el líder de la OLP, Yaser Arafat, y el primer ministro de Israel, Isaac Rabin; «a esta conclusión de ‘fracaso’ han llegado, sin excepción, todas las fracciones palestinas», afirma. Asimismo Salah Mohammed Salah recordó que una de las reivindicaciones clave del pueblo palestino es el «derecho al retorno» de los refugiados (la resolución 194 de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 1948, ya se expresó en estos términos: «Debe permitirse a los refugiados que deseen regresar a sus hogares y vivir en paz con sus vecinos, que lo hagan así lo antes posible…»). Sobre una población mundial refugiada de 25,9 millones a finales de 2018, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos de Oriente Próximo (UNRWA) cifra en 5,5 millones el número de refugiados palestinos (cerca de un tercio viven en los campos de refugiados de Cisjordania, Gaza, Jordania, Siria y Líbano).
La reunión de Bahrein planteó fomentar las «inversiones». Sin embargo, Trump ha retirado los fondos con los que Estados Unidos (históricamente el principal contribuyente internacional de la UNRWA) financiaba a esta agencia de la ONU, que destina sus recursos a la ayuda humanitaria; por ejemplo, «con una tasa de desempleo de más del 53% entre la población de Gaza y más de un millón de personas dependientes de las entregas trimestrales de alimentos de la UNRWA, lo único que impide que Gaza esté al borde del colapso total es la acción humanitaria», resaltó esta institución en un comunicado del 13 de mayo).
La lucha por el «derecho al retorno» tiene sus orígenes en la Nakba («catástrofe», en árabe): expulsión violenta de más de 750.000 palestinos de sus hogares y tierras en el contexto de la creación del Estado de Israel, en 1948; la población palestina continúa recordando, hoy, esta operación de «limpieza étnica».
El 30 de marzo de 2018 se inició la Gran Gran Marcha por el Retorno en la frontera entre Gaza e Israel; un año después que empezaran las movilizaciones -que también denunciaban el bloqueo de Israel a la Franja desde 2007- la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) hizo el siguiente balance: 195 palestinos asesinados (incluidos 41 niños y niñas) por las fuerzas de seguridad israelíes durante las manifestaciones, y 29.000 heridos (el 25% por munición real); además, en el citado periodo, otros 76 palestinos murieron a causa de ataques aéreos, bombardeos de tanques o disparos en las «áreas de acceso restringido».
Salah Mohammed Salah denunció también la expansión de las colonias ilegales -por parte de Israel- en los territorios ocupados. Así, según Peace Now, durante la década de Netanyahu como primer ministro de Israel (2009-2019), se inició la construcción de 19.346 nuevas viviendas en los asentamientos de Cisjordania, de las que el 70%, añade el informe de la ONG israelí, están en asentamientos que «probablemente tendrían que ser evacuados en un acuerdo sobre los dos Estados»; además, el Observatorio de los Asentamientos de Peace Now señala que 413.400 colonos israelíes habitaban la Cisjordania ocupada en 2017, y otros 215.000 en Jerusalén Este (territorio palestino ocupado).
La citada ONG informó, el pasado 30 de mayo, de que el Ministerio de Vivienda de Israel había publicado las licitaciones para la construcción de 805 viviendas en Jerusalén Este, en las colonias de Ramot y Pisgat Ze’ev. Pero el conflicto puede abordarse desde otra perspectiva; «la violencia y el vandalismo de los colonos aumentó desde principios de año, con un promedio de cinco ataques semanales y con el resultado de personas heridas y daños a la propiedad», informó OCHA en diciembre de 2018; y según destacó el 6 de enero el periódico israelí Haaretz, los «crímenes nacionalistas», la violencia, daños y asaltos a la propiedad por parte de judíos contra palestinos en Cisjordania se triplicaron en 2018 (482) respecto al año anterior (140).
Salah M. Salah criticó en Ca Revolta el «muro del apartheid», que Israel empezó a construir en 2002 y se adentra en un 85% en la Cisjordania ocupada; cuando la llamada barrera se complete, alcanzará los 712 kilómetros. Una de las claves para que el Gobierno de Israel determinara el itinerario del muro, explica la ONG Israelí B’Tselem, fue «la ubicación de los asentamientos, de modo que (el muro) sienta las bases para la anexión de facto de la mayoría de los asentamientos y mucha tierra para su futura expansión»; asimismo «el muro ha destrozado gran cantidad de tierras de cultivo palestinas y usurpado suministros de agua», denuncia la Campaña Stop the Wall.
La periodista Hiba Aslan, de la Agencia France-Presse (AFP), publicó el 12 de julio un artículo en el que se aprecian los efectos de las vallas, el alambre y el hormigón; cuenta el caso de una familia de la localidad de Al-Walaja, de 3.000 habitantes cerca de Belén, en la Cisjordania ocupada; aislada por una alambrada, la conexión de la casa con el pueblo se produce a través de un túnel. «Las autoridades israelíes cerraron la puerta que conducía al túnel, por lo que un niño de 10 años tuvo que caminar seis kilómetros diarios para ir al colegio», detalla el artículo. Además, sobre el «muro del apartheid», el 9 de julio se cumplió un aniversario. La Corte Internacional de Justicia de La Haya, organismo judicial de Naciones Unidas, emitió ese día de 2004 una opinión (consultiva) que consideraba a Israel «potencia ocupante» y la construcción del muro (incluido Jerusalén oriental), contraria al derecho internacional.
El recorrido de Salah M. Salah en el acto de CEAR-País Valencià y el BDS continúa con los prisioneros políticos palestinos en las cárceles de Israel (un total de 5.250 en junio de 2019, según Addammer; la asociación de apoyo a presos y derechos humanos difundió el 22 de julio, por las redes sociales, que seis «detenidos administrativos» palestinos se hallaban en huelga de hambre «exigiendo su liberación y sufriendo un grave deterioro de la salud»; el procedimiento de la «detención administrativa» permite, en la práctica, que las autoridades israelíes puedan mantener detenidos a los palestinos de manera indefinida, sin informarles de los cargos ni celebración de juicio).
«A pesar de la parcialidad y el favor de los medios de comunicación Internacionales -concluye Salah Mohammed Salah-, Israel ya no puede ocultar sus crímenes»; se refiere a los 205 niños palestinos presos en cárceles de Israel (junio de 2019); en un comunicado del que se hizo eco el pasado 7 de abril la Agencia palestina Ma’an, Palestine Prisoners Society (PPS) contabilizó más de 6.000 niños palestinos detenidos por las fuerzas israelíes desde 2015; «el 98% de los menores fueron víctimas de abuso físico o psicológico mientras se hallaban bajo custodia de Israel», añadía la nota informativa. Salah M. Salah recuerda los regímenes de apartheid que imperaron en Sudáfrica y Rodesia. ¿Y en Israel? En julio de 2018 la Knesset (Parlamento de Israel) aprobó una ley que caracteriza a Israel como Estado nación del pueblo judío; entre los principios básicos de la legislación, se establece que Israel «es el hogar nacional del pueblo judío, en el que se cumple su derecho natural, cultural, religioso e histórico a la autoderminación»; un derecho que se atribuye de manera «exclusiva».
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.