En los meses de febrero y marzo de 2021, la provincia de Jaén ha experimentado un cierto resurgir de movilización y una notable expresión de malestar por lo que se ha denominado “ninguneo” de nuestra tierra.
El tal ninguneo existe realmente, y es que el modelo de capitalismo neoliberal con división territorial de funciones económicas que se ha venido imponiendo en las últimas décadas dentro de la Unión Europea (y como resultado, dentro de España) no se caracteriza por su voluntad de trato “equitativo” a las distintas regiones y/o provincias, sino que, o bien se desentiende de estas por su “falta de rentabilidad”, o bien le reserva una función muy específica de especialización en determinadas actividades. O bien, como en el caso de Jaén, ambas cosas a la vez. Hace muchos años que Jaén no es territorio prioritario en el modelo de desarrollo económico y territorial de los sucesivos gobiernos, de PP y PSOE, desde la época de Felipe González, modelo que tiene su raíz en el diseño de la UE y que ambos partidos han asumido. En este sentido, la marginación es más bien la forma de expresión de unas políticas que desencadenan un desastre expresado en cifras provinciales que lideran clasificaciones nacionales en desempleo, precariedad, pobreza y emigración. No es tanto una “maldad” coyuntural, como le gustaría hacernos creer a algunos/as de quienes, precisamente, han colaborado en el impulso de esas políticas o se han beneficiado de las mismas, queriendo ahora pescar en río revuelto mientras juegan a víctimas. El denominado ninguneo es el efecto directo del modelo que proponen.
Entre 2020 y 2021: destrucción y distanciamiento social
De alguna forma, las movilizaciones de 2021 engarzan con aquellas que se produjeron justo un año antes, en febrero de 2020, previamente al estado de alarma y que abordamos en un artículo anterior (“Andalucía y la España periférica en la construcción de un país distinto”)[1]. En aquel momento, una de las motivaciones centrales fue la situación padecida por unos agricultores que no podían cubrir costos de producción ante los bajos precios del aceite, echándose así tierra sobre su esfuerzo y sus inversiones. El sector del que se hizo depender a toda la provincia después de un proceso de desindustrialización programada, se desangraba ante la inacción de unos poderes públicos que seguían apelando al “libre mercado”, como si esa entidad (en la que campan a sus anchas aceites producidos a menor coste en otros países y fondos de inversión que implantan modelos “superintensivos”) no fuera la criatura resultante de criterios políticos diseñados por autoridades de aquí y de más allá.
Ahora, el Real Decreto de Transición de la PAC 2021-2022 viene a agudizar la incertidumbre de los agricultores y a oscurecer aún más el panorama económico y social de la provincia: con la supresión de los derechos históricos de ayudas públicas, conquistados hace años a través de la lucha social de la población jiennense (y también, hay que decirlo, del compromiso del grupo de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo), el Ministerio de Agricultura pone en riesgo de desaparición a importantes explotaciones olivareras tradicionales que llevan siglos vivas en nuestra tierra. El modelo productivo y de estructuras de industrialización y comercialización que se viene imponiendo para el sector puede dejarnos tiritando aún más, económica y socialmente, y condenados a una profundización más radical de nuestra condición periférica.
Lo hemos dicho antes, y también lo hemos desarrollado extensamente en otro escrito anterior (“Andalucía tras la sentencia de los ERE en la crisis de la Europa alemana”)[2]: la situación de emergencia que vive la provincia de Jaén no es fruto de una casualidad o de un desastre natural sino el dramático resultado de un diseño consciente: con el cambio de siglo (o lo que es lo mismo, con la puesta en marcha del diseño de la Europa de Maastricht y el euro) se desmantelaron importantes núcleos industriales de sectores como el textil y la confección, la industria algodonera, cárnica, de azúcar de remolacha, de maquinaria de almazaras, de envases de metal, materiales de construcción, fabricación de vehículos, etc. Y todo por una razón fundamental: la estructura industrial era incompatible con la especialización productiva que se nos había asignado. Y la desindustrialización fue el “compromiso político” de las elites locales para la adaptación al nuevo papel, un compromiso que requirió, como componente esencial, de un mecanismo dispuesto para desactivar las mayores movilizaciones sociales habidas en Andalucía en toda la época democrática (sobre todo en la comarca de Linares). Es en la provincia de Jaén donde se experimenta por primera vez, hace ya veinte años, en 2001, lo que se ha venido a conocer popular y judicialmente como “sistema de los EREs”, que como se ha demostrado fue un sistema para crear entornos de paz social en el marco de procesos destructivos como los que conllevaban los cierres de empresas. Nos dejaron el sector del olivar como única alternativa, pero las maquinarias y las nuevas tecnologías de las industrias de las almazaras eran, y siguen siendo, no solo de fuera de Andalucía sino de fuera de España; creamos empleo en otros territorios de Europa, entre ellos en Alemania, que es quien manda en este modelo de UE.
A la configuración de una economía provincial de ajena a las necesidades de la población (y mermada esta en sus posibilidades de movilización y respuesta social) no podía sino seguirle todo aquello que conocemos como “abandono”: la marginación en materia ferroviaria y de infraestructuras de carreteras (de donde se derivan las dificultades de comunicación de personas y mercancías) y, en general, los déficits acumulados en inversiones públicas, tanto del Estado como de la Junta de Andalucía (en 30 años, con el criterio de inversión por habitante se ha podido perder en torno a los 3.500 millones de euros en nuestra provincia). La sensación de agravio se intensifica si se observan detenidamente los diferenciales no solo de desempleo y temporalidad, sino también de salarios: Jaén es la provincia con el salario medio más bajo del país, y en el “top 5” se sitúan también, junto con Badajoz, otras provincias andaluzas como Huelva, Almería y (conviene no perderlo de vista tampoco) Córdoba. Tampoco es casualidad: el diferencial de estas zonas (y del conjunto de Andalucía y Extremadura con la media nacional, y más aún, con la media de la UE, no ha hecho sino aumentar en la segunda década del siglo XXI, como consecuencia de una estrategia de “devaluación interna”, territorialmente selectiva, que supone la segunda fase de configuración de las economías del sur, después de la primera década de “desindustrialización forzosa”.
Lo cierto es que, gracias a los nuevos modelos productivos y comerciales (ya hemos señalado lo que tiene que ver con la crisis inducida al olivar tradicional) muchas de las provincias mencionadas son “aprovechadas” para la mejora de los datos exportadores generales mientras se agrava, sin compensación, su dependencia y la explotación intensiva de mano de obra y recursos naturales. Todo ello, junto con una capacidad decreciente de los trabajadores y trabajadoras para conquistar mejoras salariales, en medio de una crisis económica y social de consecuencias aún imposibles de evaluar (pero ya con una caída notable en la contratación en todos los sectores y el cierre de numerosos negocios pequeños), abona el terreno para trampas que sitúen a los territorios y a los habitantes de la España periférica frente a falsos dilemas entre la nada y luminosas ofertas de conversión en “zonas económicas especiales” sin derechos y con adaptaciones a la baja de las condiciones de vida de la población
Después de dos décadas de “ingeniería” destructiva, el malestar resurge ahora, naturalmente, en la provincia. En Linares, una brutal agresión ha sido detonante de una explosión de rabia que ha situado a la ciudad (y sus problemas) en todas las televisiones de un país que ha descubierto dónde está la localidad con más paro, localidad que un día fue el polo industrial que llenaba de vida toda la comarca. En Jaén, uno de los focos de rabia ha sido la elección de Córdoba como sede de la nueva gran base logística del Ejército de Tierra, cuya puesta en marcha prevé, dentro del denominado de Proyecto COLCE, para el año 2026. Lo de menos era el contenido, en sí, de un megaproyecto del Ministerio de Defensa del que la gente apenas ha tenido información y sí mucha propaganda por parte de unos impulsores (fundamentalmente, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Jaén y, especialmente, el grupo municipal de Ciudadanos) cuyo juego de expectativas ha sido corresponsable de la enorme frustración ciudadana. Resulta inquietante que impulsores de la iniciativa y comparsas quisieran convencer a la población de que el futuro de la ciudad (y la provincia) en la que habitan depende de un solo proyecto cuya realización era tan incierta e implicaba tantos elementos dudosos; una preocupante incapacidad, voluntaria o no, para pensar Jaén desde las necesidades de su gente.
Los verdugos de antes, salvadores actuales
Algunos de quienes han ayudado a poner en marcha (y a legitimar) las políticas neoliberales y de especialización productiva que han dado lugar a la situación que vive hoy Jaén pueden intentar jugar a portavoces del malestar social en un ejercicio de “travestismo”. Llama no poco la atención la conducta de algunos medios de comunicación que, escandalizados hoy, formaron parte en su día del complejo de quienes legitimaban la “adaptación” de la economía andaluza, esto es, la desindustrialización acompañada de dinero público para la compra de paz social. Cualquier crítica era costosa e iniciativas como “Plan de choque para Jaén” o “Exigimos la deuda histórica para nuestra provincia”, que fueron promovidas desde el grupo de IULV-CA en el Parlamento Andaluz a principios del siglo XX (en lo más virulento de aquel proceso) sistemáticamente silenciadas.
En particular, cabe mencionar una interpelación que en 2005 se presentó por parte de uno de los abajo firmantes en el Parlamento Andaluz, en nombre del grupo de IULV-CA, al entonces consejero de Economía José Antonio Griñán, y que dio derecho a una moción “relativa a política general de inversiones públicas para acabar con los desequilibrios territoriales y sociales”. En esta se proponía la creación de un “Fondo de Inversiones de Equilibrio Territorial y Social” en Andalucía, para “compensar las deficiencias en infraestructuras, dinamizar procesos de diversificación económica”, etc., y que, además, se llevaran a cabo las actuaciones necesarias para que eso que luego se iba a llamar Activa Jaén contara con una dotación de “5.400 millones de euros para el periodo comprendido entre 2006 y 2010”. 15 años después, la situación de la provincia no ha hecho más que empeorar. La aprobación de dicha moción (si se hubiera llevado hasta sus últimas consecuencias) podría haber supuesto una nueva dinámica en Jaén, con un embrión de modelo de desarrollo relativamente autocentrado y basado en el empleo con derechos y en la igualdad social como componente indisociable de la lucha contra el desequilibrio territorial, un modelo que hubiera sido contradictorio con el papel dependiente asignado a Andalucía desde la UE y asumido por el PSOE andaluz (con respaldo mediático) como uno de sus principales compromisos para la primera década del siglo XXI. La moción fue rechazada y, además, como se puede leer en el diario de sesiones, con el pretexto de que en Andalucía no existían desequilibrios territoriales.[3]
Apuntar esto no se debe a ningún ánimo de reproche sino a algo que es verdaderamente relevante para la ciudadanía jiennense: la constatación del riesgo de que las mismas políticas (esa combinación de neoliberalismo y especialización productiva subalterna) que han llevado a Jaén a la situación que no nos cansamos de denunciar, sean las que ahora se propongan como “salida”, pisando el acelerador por la misma vereda aunque sean nuevos pies (o nuevas marcas electorales) quienes se ofrezcan para hacerlo.
Un programa de emergencia para un cambio de rumbo
Las condiciones sociales y económicas de la provincia de Jaén han creado las bases para que se produzca la organización de las gentes en una movilización popular, social, de masas y democrática y es necesario que, dentro de ese marco, se exija la creación de una mesa social, política, institucional y económica de la que debería salir un gran acuerdo de máximos en torno a actuaciones de inversiones, desarrollo de la industria de fuerte impacto en la creación de empleo, desarrollo de los servicios públicos, planes de empleo público para jóvenes y mujeres y un gran pacto que contemple medidas para el impulso y el futuro del sector del olivar y aceite de oliva, especialmente del olivar tradicional. También, de desarrollo de nuevas tecnologías y del sector de energías renovables desde una perspectiva definida democráticamente de acuerdo a los intereses de nuestra gente, de nuestro territorio y del empleo para las generaciones actuales y las futuras, y no según el exclusivo provecho de fondos de inversión o grandes consorcios animados a ensayar (aprovechando las perspectivas del “Next Generation UE”) procesos novedosos de “modernización destructiva” que sigan cavando en el agujero.
Jaén y Linares se reivindican desde hace semanas, y es fundamental que ambas ciudades inicien un proceso de cooperación al servicio de la provincia. Para evitar que la rabia sea conducida hacia propuestas políticas cuya orientación real consiste en profundizar y aprovechar de las condiciones que han alumbrado la quiebra económica y social de nuestra tierra, debemos ser capaces de dar forma a una propuesta provincial a la altura de nuestra situación y celosamente comprometida con el pueblo trabajador de la provincia. En el artículo que hemos mencionado más arriba y que publicábamos hace justo un año, titulábamos el último apartado como “Jaén, periferia de la periferia. Volver a comenzar cambiando de sentido”. Un año después, cuando el impacto de la Covid-19 no ha hecho sino aumentar la situación de quiebra con un agravamiento de las situaciones de precariedad, desempleo, pobreza y falta de perspectivas, la gente de esta provincia ha tomado aún mayor conciencia de ese carácter ya indiscutible de periferia de la periferia. La segunda parte del título “volver a comenzar cambiando de sentido”, quería subrayar la necesidad de emprender un rumbo radicalmente distinto al que se ha venido siguiendo hasta ahora, un rumbo que aúne de una vez por todas la lucha contra la desigualdad territorial y contra una desigualdad social dramáticamente creciente, y no opte por seguir profundizando en la equiparación a la baja de las condiciones de vida de nuestra gente, sino todo lo contrario.
Hay una conocida viñeta de El Roto en la que un personaje dice con sarcasmo “pretenden que dejemos la situación en manos de los expertos que nos llevaron a ella”. No debe permitirse. Por eso, por la necesidad de andar en otro sentido que hay que definir (y por expresar la voluntad de situar a Jaén en el centro) es por lo que hemos titulado “Jaén 2021, km. 0” a este escrito, del que queremos derivar un llamamiento para un encuentro provincial amplio y abierto; un llamamiento al conjunto de personas, sectores y colectivos interesados en una perspectiva de salida de la situación provincial, que combine la participación de las distintas comarcas y ciudades de la provincia (cuestión territorial) y la cuestión social (gentes de los sectores afectados por las políticas dominantes y la crisis). El programa de emergencia se construye caminando.
José Cabrero Palomares, adscrito de Podemos de la provincia de Jaén, ex-diputado autonómico, antiguo trabajador de Santana Motor y cooperativista.
Francisco Sánchez del Pino, adscrito de Podemos en Jaén, cabecera de lista de la provincia de Jaén al Congreso por Unidas Podemos en las elecciones de 2019.
Notas:
[1] https://rebelion.org/andalucia-y-la-espana-periferica-en-la-construccion-de-un-pais-distinto/
[2] https://rebelion.org/andalucia-tras-la-sentencia-de-los-ere-en-la-crisis-de-la-europa-alemana/
[3] http://www.parlamentodeandalucia.es/webdinamica/portal-web-parlamento/pdf.do?tipodoc=diario&id=14340