“No mos callaran”, “No a la llei mordassa, no a la repressió”, “si toquen a una, ens toquen a totes”. Con estas consignas saludaron el 8 de febrero los concentrados en la puerta de los juzgados de la ciudad de Gandía la salida de Joan Cogollos, de 75 años, miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de La Safor-Valldigna. Anunció la suspensión, hasta diciembre, del juicio por su participación en la resistencia pacífica contra un desahucio en el municipio de Oliva (25.200 habitantes).
La fiscalía pide un año y cinco meses de prisión y una sanción económica para el activista de la PAH –maestro de primaria jubilado- y dos de las personas desahuciadas, por un presunto delito de atentado a la autoridad. La denuncia fue realizada por la policía local de Oliva.
Los hechos por los que se solicita la pena de prisión se produjeron el 14 de septiembre de 2018. A instancias de Bankia (entidad financiera rescatada con 24.000 millones de euros de dinero público), fueron expulsadas de la vivienda en la que residían una familia de ocho miembros, cuatro de ellos menores edad y dos con menos de dos años (la PAH dialogó previamente con el Ayuntamiento de Oliva y el banco).
Entrevistado en septiembre en el magazín Al Ras, de la radio pública autonómica À Punt, Joan Cogollos explicó que la casa “estuvo cerrada durante más de un año, hasta que la abrieron unas personas con necesidades de vivienda; el problema está en la injusticia de que muchas personas se vean ante la alternativa de ocupar o vivir en la calle, cuando hay muchas viviendas vacías y la vivienda tiene una función social”.
Antes que se produjera el desahucio, efectivos de la policía municipal de Oliva y la guardia civil desalojaron por la fuerza a los resistentes, que intentaron mediar en dos ocasiones; estos se habían movilizado ante la casa desde primera hora de la mañana, tras comunicar la concentración a la Delegación del Gobierno. Una vez efectuado el cambio de cerradura y tapiado el inmueble, “la familia se quedó en la calle con unas pocas pertenencias extendidas por el suelo”, denunció la PAH en un comunicado. “¿Dónde queda la Convención de los Derechos de la Infancia firmada por el Estado español?”, se preguntaron.
Un año y medio después, a la salida de los juzgados de Gandía, Joan Cogollos criticó ante los periodistas el sinsentido de la acusación: “Eran 17 agentes y nos denuncian a tres ciudadanos por practicar la violencia, cuando nos manifestamos pacíficamente”; además mostró una fotografía –publicada por el periódico Levante-EMV- en la que aparecía negociando con la guardia civil durante la movilización contra un desahucio en Oliva, en julio de 2018.
“Ellos (en referencia a los agentes) son personas como nosotros y vienen de nuestra clase, somos clase obrera todos, pero que están al servicio del poder. Les dije que ellos estarían siempre en la acera de enfrente y yo en la otra, pero como personas les voy a respetar siempre”, explicó Cogollos ante los micrófonos. Además hizo un llamamiento a la rebelión de los ciudadanos contra unas “leyes injustas”, que reprimen a quienes defienden los derechos humanos.
En el contexto del procedimiento judicial, el también activista del 15-M y Acampada La Safor-Valldigna fue citado en septiembre a un acto de conformidad, mecanismo que implicaría una aceptación de las acusaciones y una reducción de la pena; de este modo el incriminado evitaría el juicio oral. En un vídeo difundido en las redes sociales, el defensor de los derechos humanos explicó las razones por las que rechazó la convocatoria: “Por dignidad, si lo hubiera hecho (la supuesta agresión) allí mismo lo habría reconocido; hay personas que, al igual que a mí, les han pisado sus derechos, la diferencia es que ellas están solas”.
La lucha de Joan Cogollos ha contado con numerosas muestras de solidaridad. A finales de enero, La PAH de La Safor-Valldigna promovió la campaña Balcons contra la repressió! #JoTambéSócJoan, que propagaba por las redes sociales las fotografías con los carteles de apoyo en ventanas y balcones. Asimismo, el pasado 5 de febrero una veintena de artistas locales y del estado español participaron en el concierto Veus contra la repressió i la llei mordassa, acto central de la campaña. Organizado por la PAH de La Safor-Valldigna, el Teatre del Raval de Gandía y el proyecto cultural LaCasaCalba de La Safor, el acto se celebró en el teatro y fue retransmitido por streaming; el programa incluía, entre otros, a Fermín Muguruza, Pau Alabajos, Francesc Pi de la Serra, Òscar Briz, Pau Riba, Clara Andrés, Carles Pastor o Toni Carrión. También el cantautor Manu Chao remitió el vídeo con una canción solidaria.
El pasado 1 de febrero la coordinadora estatal de las PAH, las plataformas antidesahucios del País Valenciano y el colectivo València sense mordassa respaldaron al encausado en una rueda de prensa. “Las acusaciones de agresión contra Joan son invenciones; es un activista por la paz y la no violencia, incapaz de hacer daño a nadie; no hay derecho a que, por llevar una placa, la palabra de una persona valga más que la nuestra; además hay vídeos y mucha gente que le conoce…”, afirmó Eliseu Tous, miembro de la PAH La Safor-Valldigna, quien estuvo en el desahucio, en septiembre de 2018, en la calle Aurora de Oliva.
En otra de las intervenciones, Silvia Pérez, integrante de la campaña de apoyo, subrayó uno de los ejes: “Que se detenga la represión y la derogación de la ley mordaza”; detalla asimismo el apoyo a Joan Cogollos recibido desde el País Vasco, Cataluña, Andalucía, Asturias, Galicia o Madrid, por parte de movimientos sociales, sindicatos y algunos partidos políticos (la campaña de respaldo a Cogollos se inició hace más de dos años; en diciembre de 2018, cuando fue citado a declarar como investigado en los juzgados de Gandía, se habían recibido cerca de 400 fotografías de adhesión -#JoTambéSócJoan mordasses trencades– en todo el estado).
Isa Cogollos, hija del procesado valenciano, caracteriza a su padre: “Él es activista hasta las últimas consecuencias; su ideología es de raíz cristiana y lo tiene que dar todo…”. Expone, en la conferencia de prensa virtual, el trasfondo de la lucha: “Si esta persona (por el policía local denunciante) se atreve con un jubilado que a todas luces no ha hecho nada, que todo es una mentira, cómo no se va a atrever con gente joven y más corpulenta, con personas humildes, sin recursos ni tantos apoyos; en ese caso directamente te meten el paquete… Además el policía en ningún caso se ha personado para dar la cara y decir ‘yo soy el que acuso’”. Y concluye: “Actualmente las personas que son una piedra en el zapato van a por ellos, y Joan es una piedra bastante grande”.
“La ley mordaza nace para reprimir especialmente a la PAH, pero no van a parar nuestra lucha por el derecho a la vivienda e impedir pacíficamente nuevos desahucios”, afirmó en la rueda de prensa Paco Morote, uno de los portavoces de la PAH estatal. Recordó los casos de Diego Catriel, de la PAH Guadalajara, para quien la fiscalía pide cuatro años y medio de cárcel después que en 2019 tomara fotografías del desahucio de una familia –con un hijo de cinco meses- en las que aparecía la comisión judicial, y compartirlas en las redes sociales; al activista antidesahucios se le imputan los delitos de injurias, contra la intimidad y desobediencia.
Morote se refirió, asimismo, a los miembros de la PAH de la comarca barcelonesa de Bages, que suman multas por valor de 20.000 euros –en aplicación de la ley mordaza-, por enfrentarse al desahucio en marzo de 2019 de una vecina de Manresa. Pero frente a los desalojos, continúan las protestas y acciones de resistencia; integrada por más de 30 organizaciones, la Alianza por el Derecho a la Vivienda ha convocado el 21 de febrero en Madrid una bicicletada “Por una Ley de Vivienda para todas”, que incluye concentraciones ante las sedes del Ministerio de Transportes, el Ministerio de Transición Ecológica y la SAREB o banco malo, uno de los mayores propietarios de vivienda en alquiler del estado español.