Juana Ruiz es una trabajadora de los Comités de Trabajo de la Salud Palestinos [Health Work Committees (HWC)].
Su cometido en esta asociación es la de Coordinadora de Proyectos. Lleva más de 35 años trabajando en los Territorios Ocupados Palestinos, está casada, con dos hijos y reside en Beith Sahur, cercano a Belén.
La asociación HWC en la que trabaja Juani se dedica a ofertar servicios de la salud a la población palestina. Cuenta con 14 clínicas y varias ambulancias medicalizadas, con posibilidad de asistencia móvil a localidades pequeñas. HWC ha realizado decenas de proyectos sanitarios y sociales con ayuda de la cooperación. Sus actividades son la prevención sanitaria a las aldeas de Cisjordania, vacunar a los niños y niñas de Jerusalén Este, que el Gobierno Israelí se ha negado sistemáticamente a vacunar, llevar la salud prenatal y natal a las mujeres de Cisjordania, realizar campañas de información y formación en innumerables cuestiones relacionada con la salud, con los hábitos sanitarios o con la prevención de las enfermedades más comunes en la zona, atender gratuitamente al 40% de sus pacientes y otras actividades por el estilo que, difícilmente, podrían considerarse sospechosas de constituir ninguna clase de delito. Ha tenido apoyo económico de diversas entidades públicas, estatal, autonómicas y locales españolas y también de otros países. En un comunicado emitido después de que Israel allanó la sede de HWC en Ramallah, el 9 de junio, Amnistía International dijo que HWC estaba a la vanguardia de la respuesta a la pandemia de COVID-19.
HWC ha sufrido persecución del ejército de ocupación israelí, y ya en 2016 su centro en Jerusalén Este fue cerrado por la dinámica israelí de excluir la actividad palestina de Jerusalén y transformar la ciudad dándole mayoría de población judía. Posteriormente, en la madrugada del pasado 8 de marzo de 2021, el ejército israelí allanó la oficina central de HWC, en la ciudad de Al Bireh, deteniendo a otros compañeros de Juana y llevándose equipos informáticos y documentación relacionada con el trabajo humanitario que HWC realiza en colaboración con organizaciones internacionales y de donantes españoles. HWC tiene más de 350 trabajadores, entre ellos 180 empleados a tiempo completo, así como a muchos especialistas a tiempo parcial y otros que proporcionan atención médica.
También han sido detenidos en fechas diferentes, el director de Contabilidad, Tayseer Abu Sharbak, y la directora general, Shatha Odeh.
La persecución que el ejército de ocupación israelí está efectuando contra organizaciones palestinas se ha incrementado en este último periodo, ante la pasividad internacional y, también hay que mencionar, la impunidad de sus acciones que la comunidad internacional y los gobiernos consienten[1]. Así ha habido asaltos y cierres al Centro Bisan de Investigación y Desarrollo[2]; la Asociación de mujeres de Ramallah; ADDAMEER que atiende a los presos palestinos en cárceles israelíes; la Unión de Comités de Trabajo Agrícola; la DCI una ONG en Defensa de la Infancia, HWC,…
HWC
En el caso de HWC, el Ejército de ocupación israelí ha acusado a esta organización de diversos cargos, entre ellos el de financiar a un partido palestino, el Frente Popular de Liberación de Palestina, acusado de ser una organización terrorista. Para ello, según dicho Ejército, HWC y sus directivos han realizado argucias contables para desviar fondos al FPLP.
A este respecto, las auditorias de la Agencia Española de Cooperación y otras entidades, en las décadas de cooperación, no han encontrado desvíos o procedimientos incorrectos de gestionar las ayudas. De hecho, hay una declaración del Alto Representante de Asuntos Exteriores de la UE, Josep Borrell, que ha desmentido esas acusaciones[3].
Sobre Juana Ruiz hay que mencionar que la Relatora de las Naciones Unidas, Mary Lawlor, ha reclamado su puesta en libertad y ha resaltado el trabajo encomiable que hace HWC por la salud en los Territorios Ocupados Palestinos[4]. Labor que ha sido resaltada por 130 organizaciones que han escrito al director de la Organización Mundial de la Salud para que interceda ante la potencia ocupante israelí para que deje de perseguir a HWC y libere a su directora general[5].
Detención
Juana Ruiz fue detenida en abril de 2021, tras el asalto a su domicilio en Territorio Ocupado por parte del ejército israelí. La detención tuvo lugar el martes, 13 de abril de 2021, a las 5.45 de la mañana cuando se presentaron en casa de la familia de Juana, en la localidad cisjordana de Beith Sahur, cerca de Belén, más de 20 soldados israelíes fuertemente armados. Tras intimidar a Juana, a su esposo palestino y a su suegra que vive en el hogar familiar, se llevaron a Juana para interrogarla. Fue trasladada a una cárcel en territorio israelí (infringiendo la IV Convención de Ginebra), incomunicada e interrogada sin presencia de abogado durante varias jornadas o llevada a juicio sin interprete[6].
En varias vistas ante el tribunal de ocupación se han añadido cargos, sin aportar documentación de supuestas pruebas. Finalmente, el 1 de septiembre hay una vista con aparentemente acusaciones formuladas y aportación a la defensa de las supuestas pruebas. Juana Ruiz tiene como abogado encargado de su defensa a Avigdor Feldman. El mismo que defendió a la adolescente palestina, menor de edad en ese momento, Ahed Tamimi o al pacifista israelí Mordajai Vanunu que denunció la posesión de armas atómicas por parte de Israel. Los costes que se han presupuestado son de 50.000$ + el 17 % de impuestos.
Otras acusaciones israelíes que se la formulan como, por ejemplo, el de pertenecer a una organización ilegal, HWC, carece de lógica, dado que las autoridades de ocupación ilegalizaron a la organización HWC que trabaja en un territorio no israelí y, además, fue ilegalizada por Israel, después de la detención de Juana Ruiz.
El problema es que la ‘justicia’ y los ‘tribunales’ -en este caso militar- israelíes responden a leyes del ocupante, no homologables a las dictadas por el derecho internacional, ni a la IV Convención de Ginebra, por lo que es difícil vaticinar el resultado del juicio que tiene lugar desde hace unas fechas[7]. Las expropiaciones y expulsiones de palestinos son diarias; la discriminación por ser palestino está fijada en las leyes de ciudadanía israelí; la tortura o el asesinato extrajudicial están permitidas en las leyes israelíes que sus tribunales refrendan. Más del 99 % de las sentencias de los tribunales israelíes fallan en contra de los intereses palestinos[8].
La solidaridad nunca puede ser un delito. Juana es trabajadora humanitaria de la salud. Lucha cada día desde hace 3 décadas por garantizar la salud a mujeres palestinas y ahora permanece encarcelada y a la espera de un juicio militar. Juana no puede quedarse sola, como tampoco la solidaridad con el pueblo palestino. Está en cuestión por parte de Israel no sólo la libertad de Juana Ruiz, también la cooperación y la solidaridad con el pueblo palestino.
Si se quiere contribuir económicamente a su defensa legal: https://www.kukumiku.com/en/proyectos/libertad-para-juana-ruiz/
Referencias:
[1] https://www.nuevatribuna.es/articulo/sociedad/israel-palestina-delito-solidaridad-secuestro-juanaruiz-como-advertencia/20210511180905187607.html
[2] http://causaarabeblog.blogspot.com/2021/08/las-fuerzas-de-ocupacion-allanan-las.html
[3] http://causaarabeblog.blogspot.com/2021/08/la-ue-rechaza-la-acusacion-israeli-de.html
[4] http://causaarabeblog.blogspot.com/search?q=mary+lawlor
[5] http://causaarabeblog.blogspot.com/2021/08/lider-de-una-ong-de-salud-palestina.html
[6] https://blogs.publico.es/otrasmiradas/49467/juani-ruiz-proceso-sin-garantias-a-la-cooperacion-humanitaria/
[7] http://causaarabeblog.blogspot.com/2021/08/el-tribunal-israeli-vuelve-aplazar-el.html
[8] https://www.972mag.com/conviction-rate-for-palestinians-in-israels-military-courts-99-74-percent/
Santiago González Vallejo Comité de Solidaridad con la Causa Árabe