Grandes empresas vinculadas a casos de corrupción y a la privatización del agua que reciben numerosas ayudas públicas (regionales, nacionales y europeas) han ganado millones de euros colaborando con la monopolización de este recurso fundamental mediante la construcción de grandes plantas desaladoras.
En los últimos 22 años, se han registrado al menos 1.057 conflictos por el agua en todo el mundo, según los datos del Pacific Institute. La distribución de los recursos hídricos es muy desigual y el corte del suministro de agua es un arma de destrucción masiva utilizado en las guerras. También en la invasión de Israel a Palestina, cuyos ciudadanos pagan hasta tres veces más por el acceso, destinando entre un 20 y un 40% de sus ingresos. En Gaza, la dependencia es incluso mayor: el 95% de su fuente hídrica está contaminada, depende totalmente del agua que compra a Israel y durante el conflicto militar de 2014 más de un millón de habitantes se quedaron sin acceso a agua.
El pasado 12 de octubre, el ministro de Energía israelí, Israel Katz, abogó por el corte de suministro de agua en Gaza y ordenó cerrar una de las fuentes más importantes para abastecer estos territorios: las plantas desalinizadoras. “Es una cuestión de vida o muerte para más de dos millones de personas”, advirtió la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA).
Antes de la escalada del conflicto, el abastecimiento de agua a los palestinos estaba condicionado por las posibles inversiones de la comunidad internacional, destinadas a construir grandes plantas desalinizadoras. Años atrás, Israel había puesto en marcha cinco plantas enormes para garantizar el control de este bien común. Las obras y explotación de varias de estas plantas fueron encargadas a grandes empresas españolas que contaron con la colaboración de firmas vascas. Se trata de firmas del sector de la construcción vinculadas a tramas de corrupción o que gestionan infraestructuras vitales debido a la presión para privatizarlas. Algunas de ellas incluso colaboran con la agencia pública israelí del agua a través de proyectos financiados por la Unión Europea.
Los negocios españoles con el agua en Israel
Sobre el apartheid del agua impuesto por el Estado de Israel, el profesor y colaborador de varios medios, Alfredo Jalife, analista mexicano de origen libanés y especializado en relaciones internacionales, manifiesta que “Gaza es el basurero de las milagrosas plantas desalinizadoras de Israel”.
Para construir la desaladora de Ashdod en 2009, en su momento considerada la más grande del mundo, pagaron 300 millones de euros a Sadyt, una filial del grupo Sacyr, vinculada a la familia del expresidente del Gobierno español Leopoldo Calvo Sotelo, y que gestiona las redes de saneamiento y depuradoras de las Aguas Municipales de Vitoria-Gasteiz y de la Diputación de Araba.
En 2016, el director general del Grupo Hidrológico Palestino, Abdel Rahman Tamimi, consideraba al respecto que Israel había hecho “grandes inversiones en potabilización del agua del mar, como la planta de desalinización de agua de Ashdod a través de la empresa española Sadyt perteneciente al grupo Sacyr” y expresaba que necesitaba amortizar “sus altos costes de producción”. Según Tamimi, “Israel quiere que los palestinos no solo les compremos agua embotellada, también que esta sea desalinizada y que la obtengamos de su sector privado”.
FCC Construcción, presidida entre 2001 y 2013 por el hermano del exministro de Interior Jaime Mayor Oreja, consiguió una cartera de 1.000 millones de euros en el negocio israelí del agua. Desde 2006, la explotación de la considerada como la tercera de las grandes plantas desalinizadoras en el mundo, ubicada en Hadera, está en manos de Aqualia, del propio grupo FCC, constructora también vinculada a la carrera empresarial de Abel Matutes, uno de los empresarios “dueños de Ibiza”, en palabras del periodista balear Nico Ribas, y a su vez exministro de Asuntos Exteriores del Gobierno español.
Por otra parte, FCC Aqualia colabora con la empresa israelí TaKaDu en un sistema de distribución de agua desde 2014. Además, la firma española también ha recibido un millón de euros de los fondos europeos para un proyecto sobre el uso del agua donde participan sociedades israelíes y Mekorot, la agencia pública del agua en Israel que ha sido mencionada en dos informes de la ONU por el uso discriminatorio del agua respecto a la población palestina en territorio ocupado. Mekorot, junto a varias empresas privadas israelíes, participa en diversos programas con fondos europeos vinculados al agua en los que también colaboran otras entidades españolas.
En la actualidad, FCC Aqualia, contratista del Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia, y Acciona, también contratista del Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia, y en la que trabajó como directivo entre 2007 y 2016 el exministro portavoz del Gobierno Pío Cabanillas Alonso, se postulan para ser las adjudicatarias de otra nueva planta desaladora en Israel, Sorek 2.
Precisamente en las obras para la puesta en marcha en 2011 de la desalinizadora Sorek 1, considerada en su momento la más grande del mundo, participó, junto a dos multinacionales estadounidenses, la firma Protecciones Plásticas, Protesa, especializada en la instalación de tuberías y dirigida en aquella época por un exalcalde de Gualba.
Pero las relaciones del negocio del agua en Israel con empresas españolas ligadas a figuras retiradas de la política van más allá de las plantas desaladoras. De hecho, los planes para los futuros sistemas de agua en Israel fueron adjudicados en 2022. Entre los adjudicatarios figuran dos empresas españolas: Intecsa-Inarsa y Typsa.
La primera tiene importantes intereses en el sector del transporte en Israel, como las vascas CAF y Sener, fichó en 2020 a un exministro de Fomento, el bilbaíno Iñigo de la Serna. La segunda estuvo presidida por otra persona nacida en Bilbao, José Joaquín Puig de la Bellacasa, ex Secretario General de la Casa de Su Majestad el Rey y ex Subsecretario de Asuntos Exteriores del Gobierno español.
Los suministros que llegan desde Euskadi
Según diversas investigaciones periodistícas, las empresas vascas han capitalizado la ocupación palestina y han visto incrementados sus negocios en un 52% desde entonces. Ahora bien, las empresas vascas también han colaborado en la construcción de las grandes plantas desaladoras en Israel. El Grupo PPA (Productos Plásticos Anticorrosivos), con sede en Erandio, proporcionó a la planta de Sorek un sistema de tuberías de gran diámetro para captación y vertido de agua de mar.
Este grupo ha captado ayudas públicas millonarias del Gobierno Vasco y además fue beneficiada por la Diputación de Bizkaia con beneficios fiscales. En la “ejecución” de aquella “obra compleja”, el Grupo PPA recibió asesoramiento de LKS, consultora del Grupo Mondragon, corporación vasca en su momento introducida en el sector de transporte israelí cuando se denominaba Grupo Cooperativo Mondragon. Según reza la memoria de LKS del año 2013, “debiendo realizarse dicha obra junto con otro socio, en UTE, con intereses dispares”.
Documentación judicial al que ha tenido acceso Hordago-El Salto también señala que el proyecto de PPA en Israel se realizó a través de su filial Negocios Marinos del Mediterráneo. Según la documentación judicial, existió una “manipulación de la contabilidad en obras en Israel”. La firma estaba entonces administrada por Ramón Cerdá, condenado a 13 años de prisión por fraude fiscal y falsedad documental en 2013, conocido por haber creado y vendido más de 10.000 empresas fantasma, algunas utilizadas como herramientas de fraude en casos como el caso Nóos o la trama Gürtel.
Otra firma con sede en Erandio, Fluytec, trabajó en la planta desaladora israelí de Sorek. Junto a la consultora vasca Idom, esta última con un importante contrato en el sector del transporte en Israel y que aspira a hacerse con alguno más. Ambas son miembros de la Asociación Española de Desalación y Reutilización, una entidad integrada en el lobby European Desalination Society, formado por cuatro asociaciones, entre ellas The Israeli Desalination Society.
Fluytec, publicitada como una firma de “ingeniería capaz de desarrollar cualquier solución que se requiera”, ha recibido importantes cantidades de ayudas públicas de las administraciones públicas vascas, incluyendo subvenciones para sus programas de internacionalización y un proyecto respaldado por el Ayuntamiento de Bilbao.
Cabe terminar señalando que mientras el Ayuntamiento de Bilbao se comprometía a destinar 30.000 euros a un proyecto de UNICEF centrado en el abastecimiento de agua en Gaza, el Gobierno Vasco recibió en 2011 la visita de una delegación israelí de 15 empresas que trabajaban en tratamientos novedosos del agua y biotecnología aplicada al agua. Además, IDE Technologies, firma israelí que se presenta como el “líder mundial en soluciones de tratamiento de agua”, distribuye sus equipos a través de la firma vasca Pasch, a su vez contratista del Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia.
El 16 de octubre, UNICEF, entidad que recibe donaciones recaudadas por Sacyr “para afectados por la guerra de Ucrania”, reconoció la existencia de casos de niños bebiendo agua salada de mar después del corte en las tuberías por parte de Israel. Ahora se teme que comiencen a brotar epidemias por las enfermedades transmitidas por el agua y, sobre todo, la deshidratación generalizada. ¿Cuál es el rol de las empresas vascas y españolas en ello?