Traducción para Rebelión de Loles Oliván
El 23 de noviembre de 2011, la Comisión Independiente de Investigación de Bahréin (BICI, en sus siglas en inglés), integrada por un equipo de expertos en Derecho internacional, debe presentar su informe tras una investigación de cuatro meses de duración sobre la violencia que se desató desde el levantamiento del 14 de febrero en Bahréin. Aparte de las cuestiones de parcialidad planteadas por las declaraciones realizadas por su presidente, el profesor Bassiuni, la cuestión más seria se centra en el propósito político a que este informe servirá. ¿Va a ofrecer justicia a las víctimas de la represión más brutal de la historia de Bahréin, o encubrirá los resultados, evitando las responsabilidades a alto nivel y ofreciendo un escudo político al régimen contra sus críticos?
El levantamiento del 14 de febrero y la represión saudí
«A todos los que reclamaron la caída del régimen [isqat al-nizam] les caerá una losa sobre su cabezas. Bahréin es una isla pequeña: no hay escapatoria».
Estas fueron las palabras ominosas que el hijo del rey de Bahréin pronunció en la televisión estatal en calidad de su recién nombrado cargo como Jefe de la Guardia Real, en marzo 2011. Fue una dura advertencia: nadie que hubiera participado en la revuelta de Bahréin se salvaría de la ira del régimen. Muchos, como yo misma, sentimos como si una tonelada de ladrillos hubiera caído sobre nuestras cabezas. Realmente no había escape. Mi marido, Ghazi Farhan, un empresario apolítico que no participó en el movimiento de protesta, fue víctima de una emboscada en el aparcamiento de su oficina el 12 de abril por hombres enmascarados armados y sometido a régimen de incomunicación durante cincuenta días antes de ser sometido a un tribunal militar y condenado a tres años de prisión. Él representaba el rostro liberal orientado al consumismo de la joven generación de Bahréin poco preocupada por la política. Pero eso ya no es así. Muchas cosas han cambiado. No sólo en él, sino en muchos de los jóvenes que han presenciado o sufrido la represión.
Ghazi es uno de los cientos de presos olvidados que languidecen hacinados en una cárcel que se vació de presos comunes en Ramadán, a finales del verano de 2011, para hacer sitio a más presos de conciencia. Sólo en octubre, 208 personas fueron condenadas a un total combinado de 2.500 años de prisión por los tribunales militares. Desde febrero de 2011, cuarenta y tres personas han muerto, casi 1.500 han sido detenidas y torturadas, y cerca de 3.000 despedidas de sus trabajos. Cientos de ciudadanos de Bahréin se han exiliado. La persecución en masa de miles de activistas y sus familias empezó como castigo por haberse atrevido a participar en las protestas masivas en las que la gente exigía el fin del dominio absoluto. Esas protestas condujeron al régimen al borde del colapso. Algunos exigían una monarquía constitucional. Otros querían poner fin a la monarquía por completo. Uno a uno, hombres enmascarados atacaron las casas de jóvenes, médicos, abogados, profesores e ingenieros.
Se vendaba los ojos a la gente y se les trasladaba a lugares no revelados con escasa o ninguna información a sus angustiadas familias. Atizados por una campaña pública de «nombrar y difamar» en la televisión estatal, miles fueron despedidos de sus puestos de trabajo tildándoles de «traidores», y se les negó la posibilidad de cuestionar las acusaciones formuladas contra ellos. Las prisiones de Bahréin, tristemente célebres por las torturas que en ellas tuvieron lugar durante la década de 1990, se transformaron una vez más en cámaras de terror. Durante sus primeros cuatro días de interrogatorios en la comisaría de policía de West Riffa, a mi esposo se le impidió dormir, le azotaron en la espalda y en los pies, y le insultaron. Cuatro hombres, incluyendo un prestigioso editor de libros, Karim Fajrawi, salieron con los cuerpos maltratados después de unos días de haber sido detenidos. Lo médicos forenses del gobierno atribuyen los moratones y las marcas a «anemia de células falciformes» o «insuficiencia renal». «Te mataremos como hemos matado a Karim Fajrawi si no confiesas», le decía su interrogador a mi marido».
Al haber elegido la vía de la represión brutal y apoyado por la intervención militar de la vecina Arabia Saudí, pueden haber asegurado la supervivencia del régimen de momento. Sin embargo, se demostrará que el coste humano resultará demasiado pesado para una isla tan pequeña. El régimen y las instituciones del Estado han estado implicados en delitos graves y sistemáticos, que descaradamente han pisoteado los principios y leyes reconocidos internacionalmente. Un régimen que ha cultivado con tanto interés su imagen internacional como «amigo de los negocios» y que rara vez ha aparecido en los titulares de prensa de los últimos diez años -excepto para anunciar su papel de anfitrión de las renombradas carreras de Fórmula Uno– se ve en la actualidad calificado de «tirano» en la las portadas de los periódicos occidentales.
A raíz de la represión, el gobierno necesitaba una importante estrategia de control de daños. Una que le permitiera recuperar algún tipo de legitimidad a los ojos de la comunidad internacional, si no ante su propio pueblo. Así que un régimen acusado de graves violaciones de derechos humanos que muy bien podrían equivaler a crímenes contra la humanidad, ha puesto en marcha una investigación supervisada por un equipo de reconocidos expertos en Derecho internacional. El 20 de julio, la comisión, integrada por cinco miembros y presidida por el profesor Bassiuni, comenzó su labor.
Tribunales militares para civiles a la Stalin
Desde julio de 2011, por lo menos seis personas han sido asesinadas por perdigones o excesivos gases lacrimógenos durante protestas diarias que han persistido a pesar de la brutalidad del régimen. Hasta la fecha, los alrededor de 500 detenidos que languidecen en las prisiones de Bahréin fueron condenados en su mayoría por tribunales militares especialmente establecidos para ejercer una justicia sumaria. En el corrupto sistema judicial de Bahréin, aunque los casos sean objeto de apelación en tribunales civiles ordinarios, la posibilidad de tener un juicio justo o el acceso a asistencia letrada se ve gravemente disminuida. La mayoría de los detenidos no tienen ni idea de la naturaleza de los cargos que se les imputa hasta que son llevados a juicio. Los castigos se aplican pues, de modo inconsecuente. De nuevo, en el caso de mi marido, fue condenado a tres años por dos cargos: participar en una asamblea ilegal (que consiste en más de cinco personas) y difundir información falsa incitando al odio contra el régimen de Bahréin.
En un intento de tamizar la presión política, el régimen ha puesto en libertad a tres grupos de varios centenares de detenidos al mismo tiempo como gesto de buena voluntad. Las ganancias obtenidas, sin embargo, se contrarrestaron rápidamente con detenciones rutinarias de civiles y con la persecución continua de los quienes habían sido detenidos anteriormente. A principios de este mes, un grupo de 20 médicos fue sentenciado a entre 5 y 20 años cada uno. Uno de los casos más extraños es el de los 32 acusados de lanzar una bomba molotov en una granja de un miembro de la familia real: fueron condenados a 500 años en total. Las pruebas en estos casos, cuando existían, se basaron en confesiones forzadas, así como en fiables fuentes «secretas» y de otros tipos.
La ola de excarcelaciones de detenidos fue seguida a la condena internacional por las penas de muerte impuestas a detenidos que habían sido obligados a «confesar» ante la televisión estatal a pesar de que se retractaron de sus confesiones más tarde ante la sala del tribunal y de que afirmaron que habían sido torturados. Sin consideración alguna por su familia, la televisión estatal transmitió la confesión de Ali Sager pocos días después de que muriera bajo custodia policial como consecuencia de malos tratos físicos y torturas. Esas confesiones son ilegales según el Derecho internacional. Asimismo ponen de relieve la complicidad de la televisión estatal que envía a sus equipos de filmación a las agencias de seguridad del Estado para editar tales confesiones filmadas. Uno de los médicos liberados me contó que su confesión filmada (que no ha sido emitida porque los médicos no han sido condenados todavía) se realizó según transcurría, con el oficial de seguridad y el director de televisión co-escribiendo el guión. «Dijimos lo que querían que dijésemos», me dijo.
La Comisión de Investigación Independiente de Bahréin
El 29 de junio, el rey anunció el establecimiento de una investigación patrocinada por el gobierno por un jurado internacional. Irónicamente, la agencia estatal de noticias y la prensa local siguen haciendo referencia a la comisión como «Comisión Real Independiente», aunque su título formal es el de Comisión de Investigación Independiente de Bahréin (BICI).
En su discurso anunciando la creación de la Comisión el 29 de junio, el rey declaró:
Tenemos que mirar hacia atrás y determinar exactamente lo que ocurrió en febrero y marzo, y considerar las reacciones ante dichos sucesos. Hubo víctimas por la violencia que tuvo lugar. No se debe olvidar. Ha habido acusaciones y contra-acusaciones sobre los orígenes de la violencia. Ha prevalecido una falta de confianza y los desacuerdos han originado creencias contradictorias sobre los acontecimientos, incluso aunque tales creencias se basen únicamente en rumores
Dado el mensaje que subyace en esa declaración, la confusión fue una reacción plausible. Se trataba de un rey que afirmaba haber sido imparcial y que no había tenido conocimiento de lo sucedido en su propio país, que efectivamente abdicaba de su responsabilidad sobre las acciones del ejército y las fuerzas de seguridad. El profesor Bassiuni, designado presidente de la BICI, llegó a Bahréin al día siguiente para dar una conferencia de prensa. Elogió al rey y perpetuó esa noción del gobernante ajeno que quiere seguir adelante con las reformas.
Al mismo tiempo que Bassiuni se dirigía a los periodistas, el pueblo cercano de Yidhafs se incendiaba cuando agentes de la seguridad cargaban contra los manifestantes con gases lacrimógenos y tomaban por asalto el pueblo en vehículos blindados y a pie. Apenas unos días después, el pueblo cercano de Sehla enterraba a uno de sus hijos manifestantes, Ahmed Mayid. Así, dio comienzo el espectáculo de «verdad y reconciliación» sin que disminuyera la continua persecución de la disidencia en el país.
Los ritmos del canto de cuatro sílabas «yas-qut Ha-mad» siguen repiqueteando en ollas y sartenes y cada noche hacen sonar las vuvuzelas. Entre la juventud que protesta no hay dudas de que el rey, como jefe de Estado, es en última instancia el responsable de las atrocidades. El gobierno, por su parte, también es determinante; el canal estatal de televisión y la prensa, así como su ejército «troll» vía internet, han arrojado propaganda sobre las «termitas», con campañas de «nombrar y difamar» contra manifestantes que conducen a rápidas y eficientes detenciones.
La comisión designada por el gobierno hizo frente a una gran controversia cuando su presidente, Cherif Bassiuni reveló en conferencia de prensa su juicio sobre quién era y quien no responsable de la violencia. Como señala el editorial de The Washington Post, la comisión ha quedado «socavada por el comportamiento de su presidente egipcio, que ha realizado declaraciones públicas para exonerar de manera preventiva a la familia real». Reuters coincide en que la comisión «se ha visto minada por una serie de meteduras de pata de parte de su presidente Cherif Bassiuni, quien pareció haber prejuzgado los resultados de la investigación».
Parece que hay una colisión de puntos de vista sobre el papel que Bassiuni ve en el BICI que van más allá de su mandato y sobre papel que las víctimas de Bahréin esperaban que asumiría el BICI. Según las propias declaraciones Bassiuni en 2001:
Debemos garantizar que los procesos de descubrimiento de la verdad y de lograr la justicia, aunque sea relativa, no están políticamente comprometidos en cuanto a su imparcialidad, equidad y eficacia.
Resulta, por tanto, llamativo que Bassiuni haya hecho público los resultados preventivos del BICI y que haya rechazado la presunción de que el gobierno de Bahréin es el responsable de la tortura sistemática al permitir deliberadamente, si no ordenándola, que se siga practicando la tortura de forma generalizada desde hace meses.
El BICI como instrumento político: legitimar al régimen
Es natural que los bahreiníes que se opone al régimen desconfíen profundamente de los motivos del BICI dadas las secuelas traumáticas de las duras medidas de un régimen tan represivo y despiadado. La «Comisión Real» fue presentada como un «gesto de conciliación» ante la prensa internacional, pero pocos en Bahréin lo vieron así. El fracasado «diálogo nacional» patrocinado por el gobierno no había siquiera concluido cuando se estableció el BICI, lo que demostró la falta de voluntad del gobierno en una participación seria con de oposición. Al igual que con la «carta nacional» de 2001 que prometió falsamente la reforma democrática, los opositores al régimen sospechan que el BICI trata de embellecer la imagen del gobierno y de ofrecer un escudo político contra sus críticos.
La oposición también ha criticado la inclusión en el comité de investigación del Dr. Badriya Alawadhi, experto en Derecho internacional de Kuwait. Alawadhi había escrito un artículo de opinión antes de su nombramiento que expresaba su opinión sobre el uso legítimo de tropas del Consejo de Cooperación del Golfo en Bahréin por razón de «la seguridad nacional y humanitaria» contra la percibida agresión exterior. Su artículo daba cuenta de que Alawadhi ya tenía un claro sesgo sobre los acontecimientos de Bahréin y que no se podía confiar en él como investigador imparcial. El gobierno de Estados Unidos, que había tratado de presionar a través de una venta de armas por valor de 53 millones de dólares, se ha visto obligado a retrasar su conclusión hasta que se publique el informe. Ello hace que los intereses estadounidenses (su quinta flota de la marina de guerra está estacionada en Bahréin) se coloquen en pugna directa con la preocupación por los derechos humanos en Bahréin. A Estados Unidos, ciertamente, le gustaría que las cosas con los Estados del CCG, entre ellos Bahréin, siguieran siendo «negocios, como siempre», y seguir armando a esos regímenes hasta los dientes. Gran parte de los gases lacrimógenos, vehículos blindados y otros equipos antidisturbios utilizados contra los manifestantes fueron aportados por el mismo Estados Unidos. El 20 de octubre, el BICI emitió un comunicado para decir que se ha solicitado una prórroga de tres semanas desde la fecha prevista de publicación para redactar el informe, citando la falta de respuesta de los departamentos y ministerios gubernamentales.
Así que la pregunta sigue siendo: ¿por qué un régimen acusado de poner en marcha una comisión de la verdad, que realmente el aire sus trapos sucios que el régimen ha planteado desde hace mucho estaba reluciente de limpio? El Dr. Abdulhadi Jalaf, académico bahreiní, sugiere en su blog los tres factores clave de motivación para patrocinar la Comisión: (1) Mejorar la reputación del régimen; (2) El control de la sublevación, la domesticación de las divisiones dentro de la familia gobernante, e interrumpir la unidad de la oposición, y (3) Facilitar la presión internacional. Los interminables informes de violaciones de derechos humanos documentados por diversas organizaciones de derechos internacionales y la cobertura de los medios de comunicación, aunque escasa, han cosechado algún fruto al cancelarse el Gran Premio de Bahréin que estaba programado para marzo, y dejar a Bahréin fuera de muchas conferencias y exposiciones. La cancelación del Gran Premio de Fórmula 1, un proyecto personal del Príncipe de la Corona, fue particularmente embarazoso para el régimen. Los conductores manifestaron su descontento ante la participación en un país que viola flagrantemente los derechos humanos. Una petición popular internacional de Avaaz firmada por medio millón de personas (la mitad de la población total de Bahréin) obtuvo el apoyo de muchos aficionados a la F1. La marca del Bahréin «amigo de los negocios» recibió un duro golpe y ha sido retirado como lema no oficial del Estado.
La segunda motivación para poner en marcha una comisión de la verdad reside en el papel que jugará en la dinámica de la política interna entre y dentro de los diferentes grupos de interés -la juventud del 14 de febrero, los partidos de oposición, y la familia gobernante y sus seguidores. Por un lado, el BICI se ha convertido en el un lugar donde los problemas del país se aparcan permitiendo al gobierno comprar más tiempo para reparar las divisiones internas dentro de la familia gobernante, que avanzan explícitamente entre el rey y el príncipe de la Corona, por un lado, y el primer Ministro, Jalifa bin Salman Al-Jalifa (en el poder durante cuarenta años) y el jefe militar, Ahmed Jalifa bin Al-Jalifa, por el otro. Bassiuni considera a una de las facciones, reformista, y a la otra, conservadora. Cree que «la situación ha evolucionado porque el rey y sin duda el príncipe de la corona están mucho más comprometidos con el imperio de la ley y los derechos humanos que otras personas del gobierno y del clan Al-Jalifa». Este comentario también sugiere a quién culpa Bassiuni de las violaciones de derechos humanos: a los funcionarios gubernamentales y a los miembros de la familia real, pero no el propio Rey. ¿No sugiere esto que hubo algún tipo de política de Estado organizada para torturar? Será interesante ver si el BICI nombra a estas personas en el informe final.
El BICI ha presionado abiertamente para que las políticas estatales de tortura se reviertan y se ponga fin a las detenciones arbitrarias y a los despidos sumarios, ofreciendo información a las autoridades basada en sus hallazgos e informes en curso. Esto último sugiere que al menos la tortura en las cárceles se ha detenido. En ocasiones, la Comisión se ha dado de bruces contra un muro, como por ejemplo en el caso de la reincorporación de los trabajadores despedidos y en el uso continuo excesivo de gases lacrimógenos. De ese modo, el BICI se ha convertido en una parte negociadora de facto en la lucha de poder entre varios miembros de la familia gobernante que compiten en un tira y afloja. A veces, Bassiuni se ha visto a sí mismo como árbitro entre las diferentes facciones y en cierto modo, es probable que esté ayudando al rey a vencer sobre los elementos más conservadores de su familia. El gobierno ha respondido ofreciendo varios oficiales de bajo rango como chivos expiatorios y procesarlos por delitos menores, pero todavía nadie ha sido condenado por mala conducta o abuso.
El régimen de Bahréin espera asimismo que el BICI pueda dejar algún ímpetu fuera del movimiento de protesta, reduciendo el activismo de la oposición al menos por el momento. La comisión, después de todo, se ha convertido en un colchón y en un intermediario entre los agraviados y el régimen mientras el país entero espera el resultado de la investigación. Al preocupar a la gente con el proceso de investigación y con la presentación de las denuncias, y al mentirles sobre el sentido de la justicia, el régimen espera que la gente se distraiga de la causa y de la protesta y que disminuya su ira. Eso no ha sucedido. Por otro lado, los elementos de tiempo y distracción podrían ampliar la brecha entre los diferentes campos de la oposición (el «revolucionario» jóvenes del 14 de febrero y el sector «resolutivo» de la sociedad política tradicional) que en el pasado se han dividido sobre la mejor vía para la movilización contra el Estado.
Bahréin, posiblemente el país más estratégico desde el punto de vista geopolítico de los que están en la ola de levantamientos populares árabes se ha convertido en la más cruda prueba para la política exterior occidental. También fue el primer caso de triunfo de la contrarrevolución saudí. El presidente Barack Obama prometió que su administración estaría al lado del pueblo en la llamada Primavera árabe pero en Bahréin el gobierno de Estados Unidos se ha posicionado abiertamente con el régimen guardando silencio sobre la intervención saudí para aplastar un levantamiento popular y pacífico. Obama, firmemente al lado de su aliado, pero descontento con la represión estatal, dijo al príncipe de la Corona durante su visita a Washington a principios de junio que el gobierno de Bahréin debe garantizar «que los responsables de violaciones de derechos humanos tendrán que rendir cuentas». Reiteró las exigencias de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, quien pidió que se enviase una misión de la ONU a Bahréin el 7 de junio. También se habló de cambiar la base de la Quinta Flota a causa de la agitación social, lo que probablemente fue suficiente para que la familia gobernante se replegara de la cumbre de su venganza. Mientras las potencias occidentales utilizaban toda la influencia que podían para tensar de los brutales regímenes en el gobierno brutal de Damasco y Trípoli, ningún mecanismo internacional de rendición de cuentas se utilizó en Bahréin salvo el de una posible petición de enviar una misión de investigación de la ONU. Eso fue suficiente para que se creara una comisión nombrada por el gobierno, y todo lo que probablemente Arabia Saudí permitiría. El BICI, por lo tanto, parece una conveniente vía de escape a la rendición de cuentas internacional, cuando no una manera de evitarla, en la medida en que uno asuma que tales amenazas de rendir cuentas existieran a puerta cerrada.
Mi experiencia personal con el BICI
Fui una de las primeras personas que se reunieron con Bassiuni un día después de que llegase a Bahréin el 30 de junio después de que me invitase a hablar con él acerca de la injusta detención de mi marido. Era su primera visita al país y se había reunido con el rey a primeras horas de la mañana. Llegué a la reunión con un escepticismo similar al de la oposición pero con afán de que finalmente se me escuchara, y le relaté la historia de mi marido como un ejemplo entre cientos. También quería insistir en que no representaba a la oposición ni a mi padre. Le estaba exponiendo un caso claro de abuso de los derechos humanos: el de un hombre emboscado en el aparcamiento de su oficina, detenido para interrogarlo, torturado, acusado de cargos estúpidos y condenado a tres años sobre la base de una confesión forzada. Un caso en blanco y negro de detención arbitraria y abuso de poder.
En el lujoso entorno del Hotel Ritz Carlton, me recibieron dos responsables del gobierno que acompañaban a Bassiuni. Tan pronto como entré en la habitación, me dijo que había informado al rey antes de nuestra reunión «privada» de que nos íbamos a encontrar. Cuando le pregunté por qué lo había hecho, me dijo que entendía que el rey haría un gesto de buena voluntad y que él le había contado cómo había contactado con mi padre en 2008. «Eso es política», le dije, mi padre se negó a ser comprado por el rey, y si lo que quiere es arbitrar puede hacerlo con mi padre directamente. Yo estaba allí para hablar de múltiples violaciones de derechos humanos, no de política. Bassiuni, con buenas intenciones, estoy segura, declaró de inmediato que «el Rey tiene que saber esto; le enviaremos una carta solicitando la liberación inmediata de su marido». Expresé mi temor de que tal intervención pudiera poner más en peligro a mi marido pero se me dieron garantías rápidamente. Después de no haber tenido noticias tras esa reunión, le envié un correo a Bassiuni seis semanas más tarde para pedirle que hiciera un seguimiento. Bassiuni respondió diciendo que no sabía si el rey había actuado siguiendo su solicitud y, que, por lo tanto, no podía hacer comentarios sobre en quién recaía la responsabilidad.
Salí de la reunión asombrada por varias cosas: (1) por la falta de conocimiento de Bassiouni del contexto histórico y político y de lo que había ocurrido en Bahréin durante la década de 1960, 70, 80 y 90, para poder comprender las razones, tanto del levantamiento como de la práctica del gobierno de la detención masiva y la tortura para reprimir los movimientos; (2) su confianza absoluta en el rey y en el príncipe de la Corona como honestos y bien intencionado «reformistas» más comprometidos con los derechos humanos, y (3) que Bassiuni que se veía a sí mismo más que como investigador como un árbitro. Por otro lado, el BICI hizo varias peticiones, como la reincorporación de los trabajadores despedidos, la lenta liberación de los detenidos, y ahora la sugerencia de indemnizar a las víctimas de la tortura. Pero, ¿qué compensación curará las muchas cicatrices en la espalda y en el cuerpo de mi marido y qué consuelo habrá en el nuevo lenguaje recién adoptado de un rey que lo mantiene detenido?
Conclusión
Hoy en día, el sol cegador de la tortura y de la injusticia ha llegado a su cenit y ha quemado toda la isla. El horror personal de mi marido se ha prolongado durante siete meses y sigue adelante. Ha sufrido múltiples violaciones y sufre dolor físico y psicológico que requieren una forma de justicia. Es un caso paradigmático de cómo las instituciones y los mecanismos de la justicia han sido utilizados como instrumentos de venganza en un país que ha atravesado los días más oscuros de su historia moderna. El último juez del informe de Bassiuni será el pueblo de Bahréin, en particular aquellos que fueron castigados por salir a las calles y llamar a la igualdad de derechos, la dignidad, la libertad y la democracia. Todavía hay una posibilidad de que Bassiuni salve su reputación y restablezca la credibilidad del BIBI con un informe que establezca la verdadera responsabilidad del régimen en las atrocidades que han cometido.
A menos que este informe, al igual que han hecho los informes de grupos de derechos diferentes (AI, HRW, etc.) se refiera a los abusos sistemáticos y pida al gobierno realizar reformas importantes, el movimiento de protesta volverá a confiar en sí mismo (como antes y como en la mayoría de los otros países árabes) para llevar la democracia a Bahréin.
El BICI emitirá su informe el 23 de noviembre de 2011.
Fuente: http://www.jadaliyya.com/