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Dos inmigrantes muertos en la frontera de Melilla

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) considera «necesaria y urgente una investigación que esclarezca lo sucedido»

Fuentes: Rebelión

En las últimas horas, diversos medios de comunicación y organizaciones sociales han informado sobre la muerte de dos inmigrantes subsaharianos que intentaban entrar en la ciudad de Melilla en la noche del domingo 28 de agosto. Ante las alarmantes informaciones, se hace necesaria y urgente una investigación que esclarezca lo sucedido y establezca las responsabilidades […]

En las últimas horas, diversos medios de comunicación y organizaciones sociales han informado sobre la muerte de dos inmigrantes subsaharianos que intentaban entrar en la ciudad de Melilla en la noche del domingo 28 de agosto. Ante las alarmantes informaciones, se hace necesaria y urgente una investigación que esclarezca lo sucedido y establezca las responsabilidades que puedan derivarse de los hechos, tanto si éstas afectan a autoridades españolas como si recaen en autoridades marroquíes.

Estos intentos de inmigrantes de entrar en España a través de la frontera entre Melilla y Marruecos ha sido relatada como una acción planificada de hombres experimentados en estrategia militar. Se han usado términos que parecen referirse a asaltantes violentos que saltan la valla fronteriza para atacar y no para entrar a nuestro país en busca de una vida digna o de protección internacional.

La realidad, sin embargo, es muy diferente. Los subsaharianos que intentan entrar en España huyen en su mayoría de la pobreza y sólo pretenden trabajar para ganarse la vida. Por otro lado, hay que recordar que muchos de ellos proceden de países en conflictos o que sufren violaciones de los derechos humanos. No olvidemos que bajo el genérico epígrafe de «inmigrantes subsaharianos» se engloba a muchas personas que huyen de la persecución por motivos políticos, religiosos, de género o que escapan de conflictos armados, y sencillamente buscan protección, un derecho fundamental reconocido formalmente por España.

En este sentido, CEAR recuerda que España tiene unas obligaciones de protección internacional que implican la no devolución de personas a países donde puedan recibir maltrato o tortura.