Al igual que otras administraciones autonómicas, el Gobierno andaluz ha tomado medidas de desregulación ambiental y urbanística amparándose en la necesidad de reconstrucción económica. Las organizaciones ecologistas y sociales temen una vuelta a la economía del ladrillo.
El escenario de crisis económica que se espera tras el confinamiento sanitario, con una previsión de caída del PIB de hasta el 15%, ha abierto la discusión sobre las diferentes propuestas de “reactivación económica”. Mientras que desde organizaciones ecologistas como SEO-Birdlife, Ecologistas en Acción o Amigos de la Tierra se plantea la necesidad de que esta reactivación sea un impulso para la transición ecológica a través de un cambio en el modelo económico y territorial, diversas administraciones parecen apostar por dejar en un segundo plano las consideraciones ambientales frente a los indicadores macroeconómicos. Diferentes comunidades autónomas han venido aprobando, o están en vías de hacerlo, medidas que reduzcan o eliminen los requisitos ambientales ante distintos tipos de intervenciones, especialmente los proyectos de construcción urbanística.
La decisión de la Comunidad de Madrid de sustituir las licencias urbanísticas por meras declaraciones responsables, el decreto de ‘Mitigación de impacto socioeconómico en el área de Medio Ambiente’ del Gobierno de Murcia, que suprime procesos de participación y consulta y amplía márgenes de contaminación, o la decisión de la Xunta de Galicia de declarar como “esenciales” casi un millar de proyectos industriales cuyos trámites ambientales se encontraban paralizados por el estado de alarma, entre otros ejemplos, parecen reflejar una tendencia común. Una tendencia que no es exclusiva de gobiernos del Partido Popular; otras comunidades de diferente signo político como Castilla La Mancha, Baleares o Cataluña han anunciado medidas similares.
Fue, sin embargo, la Junta de Andalucía la que inició este camino con la aprobación, el pasado 2 de abril, del ‘Decreto de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad productiva’, el denominado “decretazo”, incluido a su vez en el Plan para la Mejora de la Regulación Económica. A pesar de que en el mismo se argumenta el impacto económico de la pandemia para justificar su tramitación, el texto se había aprobado previamente por el Consejo de Gobierno el 9 de Marzo, una semana antes de la puesta en marcha del Estado de Alarma. Se trata de una reforma legal que incluye un centenar de normas, que modifican 21 leyes y 6 decretos, con la intención de “simplificar medidas” y “eliminar barreras”, y que afecta a ámbitos tan distintos como el sector audiovisual, el de las energías renovables, los alojamientos turísticos o la construcción. Este decreto se complementó días después con la decisión de la Consejería de Fomento y Ordenación del Territorio de aplicar la resolución de urgencia en los procedimientos de aprobación de los planeamientos urbanísticos, y ha continuado con la reciente tramitación, el pasado 18 de mayo, del anteproyecto de la llamada ‘Ley de impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía’. Se trata de un paso más en lo que la Junta considera la “clarificación y simplificación” de los trámites urbanísticos en la comunidad, con el objetivo de atraer inversiones y generar empleo alrededor de este sector.
Al calor de estas reformas se han sucedidos las informaciones sobre actuaciones cuestionadas por su impacto ecológico, como la prolongación de los vertederos de residuos peligrosos de Nerva (Huelva) y Bolaños (Jerez), la ampliación del almacén de residuos radioactivos de El Cabril (Córdoba) así como diversos proyectos urbanísticos, particularmente en la costa. La mayoría de estos últimos tienen un largo recorrido, pero existe la preocupación entre los colectivos ecologistas y sociales de que las nuevas facilidades administrativas y el contexto de crisis económica los impulsen definitivamente. Hay que recordar que, según el informe de Evaluación del Litoral de Andalucía publicado por Ecologistas en Acción en 2019, durante la anterior burbuja inmobiliaria se construyó más de la cuarta parte de las viviendas que se encuentran en zona costera, 1.679.679, de las cuales casi 225.000 están vacías.
El campo de Golf en Maro
Uno de los nuevos proyectos de urbanismo costero más polémicos es el que afecta a la zona de los acantilados de Maro, en Nerja (Málaga). Nueve días después de declararse el estado de alarma, el 23 de marzo, se publicaba el Convenio Urbanístico entre el Ayuntamiento y la empresa Sociedad Azucarera Larios Inmobiliaria, parte del holding propiedad de la histórica familia Larios. En él se detallan los terrenos que la empresa ha ido cediendo al Consistorio para la construcción de equipamientos y viario urbano, desde el Parque de Bomberos hasta un paseo marítimo, más de 71.000 hectáreas en total. A cambio de estas cesiones, el Ayuntamiento facilitaría la recalificación de terrenos y la aprobación de diversos proyectos urbanísticos, entre los que destaca un campo de golf de 18 hoyos, junto a 680 viviendas y un hotel de lujo. Se trata de un megaproyecto que se hizo público en 2017 y que aún no había podido llevarse a cabo por falta de acuerdo con el Gobierno municipal.
Para su promoción, la empresa inmobiliaria ha difundido un vídeo que pone precisamente el acento en la preservación de los valores ambientales y paisajísticos de la zona, señalando la presión que ejerce sobre ellos la agricultura intensiva, especialmente los invernaderos. El campo de golf se presenta así como una forma de “poner en valor el carácter y el entorno de Maro y Nerja”, aludiendo a que más del 90% de la superficie serían “áreas libres”.
Rafael Yus, portavoz de la plataforma Otro Maro, Otra Nerja es posible, denuncia que la degradación ambiental que haya podido provocar la existencia de invernaderos en la zona es resultado de la situación de abandono a la que la han sometido los propietarios, la Sociedad Larios, “que se han limitado a cobrar la renta sin hacer nada más. Todos los trabajos de mejora de las tierras, caminos y regadíos los han hecho los colonos, que siguen sin tener la propiedad”.
Por otro lado, añade que “el Ayuntamiento de Nerja es el que tiene la mayor autoridad para permitir o no el crecimiento de invernaderos en la zona, y existe ya una normativa que establece la conveniencia de ir reduciendo este tipo de cultivos por el impacto paisajístico y ambiental”. Ahora, sin embargo, “nos encontramos ante un hecho consumado, y es que hay una serie de gente que tiene invernaderos, al igual que hay otros cultivos de tipo ecológico o terrenos abandonados. Revertir eso ahora mismo es muy complicado, y requiere diálogo”. En su opinión, la solución no pasa por sustituir ese impacto por otro, como sería implantar allí un campo de golf, “un paisaje importado que no pertenece a nuestra zona, que reemplazaría a un paisaje agrícola que se ha construido durante generaciones”.
En este sentido, la plataforma aprobó en su creación en 2017 un decálogo de medidas que incluyen el levantamiento de la prohibición de plantar árboles subtropicales en la zona, la creación de una Oficina de Información y Ayuda a los agricultores sobre nuevos cultivos, cooperativas y oferta de huertos periurbanos de economía social, así como la creación de una red de productores y consumidores de productos ecológicos. Todo ello iría encaminado a facilitar las alternativas a los cultivos intensivos bajo plástico que han proliferado.
La presencia de la familia Larios en la zona se remonta a la década de 1840, cuando se desarrolla la industria azucarera. La compra de tierras y posterior arrendamiento para el cultivo de la caña de azúcar fue una forma de asegurarse el abastecimiento de la materia prima, hasta que, a finales de los años 70, la Sociedad Larios se desvinculó del negocio azucarero —a pesar de mantenerlo en el nombre— y los arrendatarios de las tierras abandonaron la caña para dar paso a cultivos hortofrutícolas. A mediados de los años 90 del pasado siglo, la extinción de los contratos de arrendamiento de renta antigua dio lugar a una serie de movilizaciones por parte de los colonos contra un proyecto muy similar al que se pretende aprobar ahora y por el acceso a la propiedad de unas tierras que llevaban décadas usando. Tras diez días de encierro en la Cueva de Nerja en 1996 como medida de protesta, consiguieron paralizar los planes urbanísticos y mantener los contratos, aunque en condiciones más precarias.
El proyecto de campo de golf amenaza de nuevo la continuidad de estos arrendamientos y el tejido productivo que conllevan, que sirve de sustento o complemento económico a buena parte de la población de Maro. Tal como explica una de las arrendatarias amenazadas de expulsión —y que prefiere no hacer público su nombre—, “en la actualidad conviven arrendatarios históricos que cultivan de manera más tradicional, para los que supone un importante ingreso en su economía, y los que que llamamos ‘nuevos pobladores’, como es nuestro caso, con una tendencia hacia el cultivo ecológico, la permacultura…”. En el caso de esta arrendataria, se trasladó a la zona con su familia, de cuatro miembros, hace siete años. Tienen arrendadas dos parcelas, con distintos cultivos subtropicales. “En nuestro caso es un sustento importante y más en estos momentos de crisis económica, donde el turismo se ha visto y se verá gravemente afectado”, afirma.
Costa de Cádiz
Otro foco de atención reciente de los proyectos urbanísticos ha sido el litoral gaditano, relativamente poco urbanizado en relación a otras provincias, especialmente la franja desde Tarifa a Barbate. En febrero se presentaba Montevaqueros, un plan de 60 viviendas y 270 plazas hoteleras en la playa de Valdevaqueros que reducía enormemente la edificabilidad de proyectos anteriores en esa zona, que habían sido contestados socialmente y finalmente anulados en los tribunales.
Sus promotores inciden, al igual que en el caso de Nerja, en los valores ambientales de la propuesta y en su adaptación al entorno. La plataforma Salvemos Valdevaqueros emitió, sin embargo, un comunicado en el que rechazaba este nuevo emprendimiento y expresaba su preocupación por la posibilidad de que forme parte de un conjunto de proyectos urbanísticos que “conecte las áreas playeras de Los Lances, Valdevaqueros y Bolonia”.
Según el geógrafo Antonio Figueroa, se trata de sectores cuya urbanización está prevista en el Plan General de Ordenación Urbana de Tarifa, que data de principios de los años 90, “una época en la que se urbanizaba siguiendo el modelo de la Costa del Sol, que era llenar todo el frente litoral”, lo que ha dejado como consecuencia grandes bolsas de suelo urbanizable en toda la zona. Precisamente, el hecho de constituir sectores de gran tamaño habría dificultado su ejecución hasta ahora, explica, por la elevada inversión necesaria. Figueroa comparte la preocupación sobre el futuro de la zona, ya que “se trata de un suelo urbanizable, pero que ocupa prácticamente el único espacio entre dos grandes parques naturales, el del Estrecho y el de Los Alcornocales”, por lo que, en su opinión, “urbanizar significaría, además del impacto paisajístico, establecer una gran barrera entre esos dos grandes ecosistemas e incrementar la presión humana sobre un litoral bastante frágil”.
Lola Yllescas, coordinadora de Ecologistas en Acción, explica que el objetivo de su organización es que todos estos terrenos se desclasifiquen y pasen a ser no urbanizables, aludiendo también a lo obsoleto de los planes de ordenación que los recogen y a los valores ecológicos de la zona. “Con estas nuevas normativas tememos que los ayuntamientos salgan a arrasar el territorio, utilizando la excusa de la pandemia y la reconstrucción económica; pero no deja de ser una excusa, y es inaceptable”, afirma.
Un modelo de crecimiento en cuestión
Más allá de los distintos proyectos particulares, las medidas de desregulación ambiental de la Junta de Andalucía abren el debate sobre el modelo de crecimiento que va a establecerse en el futuro próximo. Según el economista Óscar García Jurado el objetivo de estas medidas es “eliminar normas de control al capital para que utilice los recursos y riqueza andaluza para un único objetivo: la acumulación de capital”.
Las recientes palabras del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, sobre la intención de su administración de facilitar que el sector de la construcción absorba a los desempleados del turismo parece ser una referencia clara de la apuesta regional. Una apuesta que va en dirección contraria a las lecciones que deberían extraerse de esta crisis sanitaria: “todo esto nos ha enseñado la necesidad de contar con un mínimo de producción autóctona, mientras que la actual administración pretende basar la economía en seguir vendiendo territorio y destruyendo territorio”, afirma.
Para García-Jurado se trata de una estrategia de largo recorrido: “no se trata más que de acelerar algo que venía de atrás. La estrategia de ‘modernizaciones’ de la Junta de Andalucía con el PSOE-A en el poder se guiaba por el mismo marco de facilitar las inversiones casi al precio que fuera. Los proyectos mineros o la destrucción del litoral de las últimas décadas así lo indican”, resalta. Existiría por tanto una coherencia entre la política económica del anterior gobierno autonómico y la actual, con el añadido de que “la crisis querrá ser utilizada para legitimar esta estrategia con la máxima de ‘todo por la creación de empleo’”. Es decir, una “doctrina del shock a la andaluza” que iría en sintonía con lo que está ocurriendo en otros territorios del estado español, pudiendo sentar las bases para un nuevo ciclo de crecimiento inmobiliario.