Existe una narrativa complaciente que presenta a la crisis climática como un «gran ecualizador», un fenómeno que nos afecta a todos por igual. Pero esta neutralidad es un mito peligroso. Los datos de la CEPAL y ONU Mujeres demuestran que el cambio climático actúa como un «multiplicador de amenazas» que se ensaña con las costuras de una región ya fragmentada por la desigualdad estructural.
El cambio climático representa una amenaza directa a los derechos humanos al deteriorar las condiciones fundamentales para una vida digna, poniendo en riesgo la salud, el acceso al agua, la alimentación, la vivienda y el derecho a un medio ambiente sano, por ello va más allá de ser un fenómeno estrictamente ambiental, constituye una crisis de justicia social que amplía las desigualdades existentes y golpea con mayor severidad a las comunidades más vulnerables. Los impactos climáticos extremos, como inundaciones y sequías, no solo dañan la infraestructura, sino que destruyen hogares y pueden forzar desplazamientos masivos que afectan la identidad cultural y la seguridad de poblaciones enteras.
En América Latina la crisis ambiental no ocurre en el vacío. Se inserta en un contexto de «financiarización de la vida» (1), donde el endeudamiento de las mujeres para cubrir necesidades básicas ante la falta de servicios públicos erosiona su capacidad de resiliencia. No es solo un aumento de temperatura, es el sistema financiero y el modelo de desarrollo extractivista asfixiando la autonomía de quienes sostienen la vida en los territorios más vulnerables.
(1) La financiarización puede definirse como un proceso mediante el cual los mercados, instituciones y lógicas financieras adquieren un papel dominante en la economía y en la vida social. En este modelo, la generación de beneficios se desplaza desde la producción hacia actividades financieras como el crédito, la especulación y la valorización de activos.
Este fenómeno implica que:
– Las decisiones económicas se subordinan a criterios financieros
– El endeudamiento se convierte en mecanismo central de acceso a bienes
– Los activos (no solo productivos, sino también sociales) se valorizan en mercados
Los desastres «no son naturales»: una construcción social y política
Debemos dejar de culpar a la naturaleza por las fallas del Estado. Según la Declaración de la Juventud de las Américas y el Caribe (2021), la distinción es una cuestión de justicia política:
«Los desastres no son naturales, sino el resultado de acciones sociales y políticas; las amenazas pueden ser naturales, pero los desastres son creados. Nuestra región padece un modelo de desarrollo basado en el extractivismo y la degradación de bienes comunes que es intrínsecamente incompatible con la «sostenibilidad de la vida». El desastre no es el huracán ni la sequía, el desastre es la decisión política de priorizar la acumulación de capital sobre la infraestructura social, dejando a las comunidades rurales e indígenas a merced de eventos que el propio modelo ha exacerbado”.
La violencia contra los cuerpos de las mujeres es un espejo de la violencia contra el territorio. El informe de la Iniciativa Spotlight arroja un dato escalofriante: se ha documentado un aumento del 28% en los feminicidios durante las olas de calor. La crisis climática exacerba las tensiones socioeconómicas domésticas, detonando agresiones físicas directas.
La proyección es desoladora: de no mediar una acción climática feminista urgente, el cambio climático estará vinculado a uno de cada diez casos de violencia de género por parte de parejas para finales de siglo. A esto se suman impactos críticos en la salud materna, donde el calor extremo eleva la incidencia de mortinatos y la propagación de enfermedades transmitidas por vectores como el Zika, el Dengue y la Malaria, que impactan desproporcionadamente a mujeres en edad reproductiva.
El rostro invisible del hambre
Es una contradicción sistémica que quienes alimentan al mundo sean quienes más padecen hambre. Según «Pan para el mundo» y la CEPAL, el 80% de las personas con hambre vive en zonas rurales, enfrentando la «paradoja del productor hambriento». La vulnerabilidad se desglosa con precisión técnica:
– 50% son pequeños campesinos de subsistencia.
– 22% son trabajadores rurales sin tierra.
– 8% son pescadores artesanales, pastores y cazadores.
Para abordar la seguridad alimentaria, debemos intervenir en tres niveles críticos:
1. Nivel global: Las fluctuaciones de precios y la especulación financiera sobre los alimentos.
2. Nivel nacional: La falta de reformas agrarias y el desvío de presupuestos hacia la agroindustria exportadora.
3. Nivel de hogares: Una dimensión invisible donde, ante la escasez, las normas patriarcales dictan que las mujeres coman menos y al final para asegurar la nutrición de sus hijos y parejas.
El costo de ser mujer activista en el Sur Global
América Latina es el epicentro de la resistencia y de la tragedia para el activismo ambiental. Global Witness (2021) reporta que 3 de cada 4 ataques a defensores ocurren en nuestra región. Si bien 1 de cada 10 asesinados son mujeres, las defensoras enfrentan un «doble desafío».
Además de la persecución pública por parte de corporaciones extractivas, las mujeres indígenas y afrodescendientes sufren amenazas específicas de género, incluyendo la violencia sexual. Su lucha es bifronte: defienden el territorio contra el capital y, simultáneamente, defienden su derecho a la participación política dentro de sus propias familias y comunidades, desafiando un ordenamiento patriarcal que las prefiere silenciosas.
El modelo económico actual sobrevive gracias a un subsidio invisible: el trabajo de cuidado no remunerado de las mujeres. La división sexual del trabajo impone que las mujeres dediquen dos tercios de su tiempo a tareas reproductivas, mientras que los hombres dedican esa proporción al trabajo remunerado.
Ante la crisis climática, este desequilibrio se vuelve mortal. La escasez de agua y leña obliga a las mujeres a caminar distancias mayores, exponiéndolas a riesgos de seguridad. Esta sobrecarga no solo provoca que las niñas abandonen la escuela para ayudar en el hogar; según Save the Children y la CEPAL, la inestabilidad y la pobreza inducidas por el clima aumentan drásticamente el riesgo de matrimonios infantiles forzados, uniones tempranas y trata de personas con fines de explotación laboral o sexual.
Frente a la parálisis política, los tribunales se han convertido en campos de batalla estratégica. Estamos presenciando un «giro de los derechos» donde el litigio climático utiliza el derecho internacional para exigir justicia. El Sur Global ha dejado de ser un espectador pasivo y exige la aplicación del principio jurídico de «Responsabilidad común pero diferenciada»: los Estados del Sur, aunque menos responsables históricamente por las emisiones, son los más afectados y están utilizando la ley para exigir que los grandes emisores cumplan con sus obligaciones de cooperación y reparación. No es caridad; es una obligación tangible bajo los tratados de derechos humanos.
No resolveremos una crisis sistémica con las mismas lógicas que la crearon. La transición hacia modelos sostenibles es insuficiente si no aspiramos a una «sociedad del cuidado» que ponga la vida en el centro y redistribuya la riqueza, el ingreso y el tiempo.
Como sociedad, debemos preguntarnos: ¿Estamos dispuestos a desmantelar el modelo extractivista y patriarcal para garantizar un futuro habitable, o seguiremos permitiendo que la geografía y el género decidan quién tiene derecho a sobrevivir a la crisis?
La justicia climática será feminista o no será justicia.
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