Este mes de octubre quizás sea recordado como el verdadero ecuador del Gobierno Zapatero, a pesar de que solo lleva poco más de año y medio recorrido desde las elecciones del 14-M. Todas las cuestiones esenciales que marcarán la naturaleza del Gobierno se han concentrado, abriendo a la vez todos los frentes. Pero no todos […]
Este mes de octubre quizás sea recordado como el verdadero ecuador del Gobierno Zapatero, a pesar de que solo lleva poco más de año y medio recorrido desde las elecciones del 14-M. Todas las cuestiones esenciales que marcarán la naturaleza del Gobierno se han concentrado, abriendo a la vez todos los frentes. Pero no todos lo han hecho con la misma intensidad, reflejando también así la correlación de fuerzas.
El Gobierno Zapatero inició el nuevo curso político con un apoyo a su gestión en las encuestas superior al resultado obtenido en las elecciones: un 44% frente al 38% del PP. Y sin embargo, la segunda semana de octubre las encuestas reflejaban una perdida de cuatro de los seis puntos de ventaja sobre el PP y el Gobierno parecía deslizarse por una pendiente cada vez más pronunciada.
El frente económico y social
De todos estos frentes abiertos, hay que descartar el económico. La situación económica española pasa por una coyuntura de crecimiento casi única en Europa: 3,4% frente a un lánguido 1,2% en la eurozona. La inflación del 3,5% -como resultado de la baja productividad- y el preocupante déficit exterior que supera ya el 7% del PIB -por la pérdida de competitividad- son los principales problemas, que reflejan un modelo de desarrollo basado en la demanda interna y el ladrillo que no son sostenibles a medio plazo. Pero por el momento ha sido capaz de reducir la tasa de paro al 8,4%, por debajo de la media de la eurozona, aunque a base de unos niveles de temporalidad en el empleo que tampoco son sostenibles.
Este largo ciclo de crecimiento ha permitido unos presupuestos generales del 2006 expansivos, con un aumento del gasto en I+D, infraestructuras o el gasto social importantes, aunque sin poner en cuestión el modelo de crecimiento heredado del Gobierno del PP. De hecho, la solución de esta contradicción se ha trasladado al mercado, que se preparara para un ajuste de salarios, plantillas y capacidad productiva que esta haciendo estallar un numero elevado de conflictos sociales. SEAT es el más llamativo, pero se extienden a todo el sector del automóvil, la minería, astilleros, empresas de transporte. Ninguno de estos conflictos ha cobrado todavía entidad ni ha sido capaz de huelgas sostenidas o de extender la solidaridad. Los sindicatos mayoritarios siguen a la expectativa. Pero las pequeñas llamas se van amontonando.
De hecho, en el terreno social, el verdadero protagonista de los conflictos no es la clase obrera, sino de la pequeña burguesía: transportistas, armadores de pesca y agricultores. Son ellos los que han sido capaces de coordinar un movimiento a escala estatal por el aumento de las subvenciones de los precios de los gasóleos y de arrancar concesiones al Gobierno Zapatero, que ha amenazado con la firmeza, pero ha cedido parcialmente en las negociaciones. Algún comentarista de prensa ha agitado el fantasma de septiembre de 1972 en el Chile de Allende y la utilización por parte del PP de estos conflictos en su estrategia de erosión extraparlamentaria de la legitimidad del Gobierno Zapatero.
Las negociaciones para la reforma del mercado laboral -que marcarán las relaciones entre CCOO y UGT con el Gobierno- siguen en punto muerto. Pero el tiempo corre ya en contra de los sindicatos, con una patronal que quiere que el gobierno decrete sobre la base de sus posiciones de abaratar los despidos para los nuevos contratos indefinidos. Es aquí donde la presión del mercado para un ajuste salarial y de plantillas se manifiesta con más fuerza. Y donde el carácter socio-liberal de la política económica del gobierno también: Caldera y Solbes quieren una mayor flexibilidad laboral y los sindicatos no encuentran el camino de la movilización, cuando las amenazas no son suficientes.
El frente exterior
La crisis de la avalancha emigratoria en Ceuta y Melilla ha vuelto a abrir el flanco exterior del Gobierno, a pesar del éxito relativo de la «Alianza de Civilizaciones» en la Cumbre del Milenio de Naciones Unidas o la Cumbre Iberoamericana de Salamanca. Y lo ha hecho erosionando por su izquierda una buena parte de la legitimidad moral del Gobierno Zapatero.
La decisión de ceder a la campaña histérica de la derecha, presionar a Marruecos para que dispersara como pudiera -y ese «como pudiera» a sabiendas de las violaciones de los derechos humanos que implicaba- y no tratar el problema de las decenas de miles de emigrantes subsaharianos que huyen de la crisis africana a través del asilo y el refugio, tendrá efectos a medio y largo plazo en un sector del electorado que el PSOE consideraba ya «fidelizado».
Por otro lado, la larga crisis del Sahara Occidental sigue actuando sobre el propio electorado socialista, que no comprende la postura de su Gobierno. La mayor implicación de Naciones Unidas después del verano ha dado un respiro a la diplomacia española. Pero una nueva oleada represiva marroquí en los Territorios Ocupados puede volver a situar en primer plano este problema en cualquier momento.
El frente de la paz en Euskadi
Mientras todos los focos apuntaban a Catalunya -donde las crisis de su gobierno parecían querer sustituir a la movilización o eran más bien consecuencia de la falta de esta- en Euskadi, el proceso de paz avanzaba en la medida que todas las fuerzas políticas se posicionaban en el nuevo escenario.
En primer lugar Batasuna, que anunciaba un acuerdo sobre el «método y la forma» de las negociaciones entorno a la mesa de partidos, una vez concluido un ciclo de movilizaciones para que se le reconociese como sujeto político a pesar de su ilegalización. Su asamblea nacional, a finales de septiembre, aprobaba la nueva estrategia «Construir Euskal Herria» que prioriza este proceso de negociación.
El segundo paso lo dio el PNV en la celebración del Gudari Eguna, poniendo sobre la mesa su propia hoja de ruta para las negociaciones y los elementos para un nuevo proyecto de reforma del Estatuto vasco, que entierra el «Plan Ibarretxe». El tercer paso fue el congreso del PSE, con la marginación definitiva del sector Redondo-Diaz y su estrategia de «bloque constitucionalista» con el PP vasco, a favor de una estrategia primero de condicionar desde fuera del gobierno al PNV y después volver a un gobierno PNV-PSE para abordar la fase decisoria de las negociaciones con Batasuna y ETA. Y el cuarto paso ha sido el apoyo del PNV a los presupuestos del 2006, permitiendo al Gobierno Zapatero un mayor margen de negociación frente a ERC e IU.
Pero a medida que se producen estos avances en la creación de las condiciones del proceso de paz, solo la confidencialidad del proceso ha evitado hasta ahora que el PP haya podido utilizarlo en el resto del estado para su campaña extraparlamentaria. Una situación que no durará mucho tiempo.
El frente autonómico
Con todo, el que centra toda la actualidad política y será clave para la legitimidad del Gobierno es el resultado final de la reforma del Estatut de Catalunya .
La aprobación por todas las fuerzas políticas del Parlament de Catalunya -a excepción del PP- del proyecto de nuevo Estatut ha permitido a la derecha española (el PP acompañado de la Iglesia, estamentos militares y la patronal) relanzar la contraofensiva extraparlamentaria que mantiene desde hace casi seis meses. Quiere imponer su derecho de veto a cualquier cambio social o político en nombre de un «consenso constitucional» obtenido en la transición a la sombra de los poderes fácticos.
La contraofensiva extraparlamentaria del PP ha obtenido ya algunos frutos importantes. De hecho ha frustrado por el momento cualquier intento de una «segunda transición», estableciendo los límites -asumidos por el PSOE-, de la Constitución de 1978. Y el Gobierno Zapatero a su vez los ha impuesto a sus aliados del Tripartito catalán, que han asumido la autocensura de sus pretensiones, sin intentar hasta el momento movilizar a la mayoría social catalana por miedo a una fractura en la base social española del Gobierno Zapatero.
Los primeros intentos del Gobierno Zapatero de llegar a un entendimiento con el PP han fracasado, a pesar de aceptar los límites impuestos por el «consenso constitucional». Ese intento se plasmó en el pacto PP-PSOE para el Estatut del «Reino de Valencia». Este error del Gobierno Zapatero solo ha servido para que el PP haya podido construir su discurso contra el Estatut de Catalunya exigiendo que se imponga al Parlament, y la mayoría catalanista que representa, una supuesta mayoría «españolista» PP-PSOE en el resto del estado y, si no, que se someta a un referéndum en todo el estado el Estatut como una ruptura encubierta del «consenso constitucional».
La encrucijada del Gobierno Zapatero
El PP ha tenido bastante éxito, como reflejan las encuestas. Sobre todo, ha encontrado en el sector «felipista» del Gobierno Zapatero a aliados como Bono, y en el PSOE a gentes como Ibarra o incluso Chaves. El Gobierno ha vivido escindido durante todo el mes de octubre con dos proyectos políticos distintos, por su modelo de estado y de bloque socio-político.
Hasta que el propio Zapatero ha reafirmado la prioridad de su alianza con el Tripartito catalán por un lado, y con IU por el otro, integrando además al PNV y al BNG. Pero a costa de extender a todas las fuerzas políticas de la izquierda y nacionalista un «pacto de autocensura» y la concesión de que solo él gestionará los ritmos y la orientación de la necesaria respuesta política al PP.
La afirmación de Zapatero de que la reforma del Estatut solo se pactará con las fuerzas que lo apoyaron en el Parlament de Catalunya -y no con el PP-, traslada el pulso de la derecha a la derecha del PSOE. Zapatero esta convencido de ganar este pulso a Bono, que podría estar destinado a ser el próximo candidato del PSOE a alcalde de Madrid. Su discurso del 2 de noviembre sobre el proceso de reforma del Estatut será una prueba de la consistencia de esta estrategia en «frío», institucional, de limitar la capacidad de polarización del PP, limitando en la medida de lo posible los enfrentamientos y ganando tiempo.
Las fuerzas del Tripartito catalán se encuentran ahora ante la disyuntiva de pasar de la «autocensura» a la pasividad y negociar ellas también en «frio», o demostrar que su proyecto de Estatut tiene detrás a la mayoría social catalanista, y que esta no aceptará recortes sustanciales más allá de los ya asumidos. Sin una manifestación masiva en Catalunya, la estrategia extraparlamentaria del PP continuará presionando por recortes sucesivos para aumentar la tensión entre Zapatero y sus aliados.
El problema de fondo es que sin una movilización social de izquierdas, en todos los frentes, la iniciativa extraparlamentaria del PP tiende a dividir verticalmente a la base social de la «gran coalición» de izquierdas y nacionalista que da mayoría parlamentaria y social al Gobierno Zapatero. La derecha sabe que es sobre el eje de la cuestión nacional, incluso en su versión mas moderada de la reforma autonómica, donde puede construir su propio bloque social y político alternativo. Y para ello tiene que provocar la crisis del Tripartito catalán primero y, después, dividir interiormente y paralizar al Gobierno Zapatero, al PSOE y sus aliados.
Lo que esta en juego, en definitiva, es si el cambio en la correlación de fuerzas que supuso el ciclo de movilizaciones del 2002-2004 contra Aznar puede consolidarse para algo más que una alternancia de gobierno. Si ese cambio se erosiona y retrocede, permitiendo una vuelta al gobierno de la derecha o si, por el contrario, toma cuerpo social e institucional y abre la posibilidad a una alternativa al modelo social y económico heredado del PP.
Para mantener la esperanza de esa posibilidad de futuro, la izquierda social y política hará mal en delegar solo en Zapatero su capacidad de resistencia. O sale a la calle y comienza a establecer la correlación de fuerzas que necesita cualquier proceso progresista de cambio frente a la derecha, o el perdedor de la prevista crisis de gobierno en marzo o abril no será Bono. Y Rajoy habrá conseguido, sobre el cadáver del Estatut, las elecciones anticipadas a las que aspira.