Traducido del inglés por Beatriz Morales Bastos
En estos últimos días el primer ministro israelí Ehud Olmert ha supeditado las negociaciones para resolver el conflicto israelo-palestino a que Palestina reconozca Israel como un Estado judío. Al mismo tiempo, resolver la muy antigua cuestión de los refugiados palestinos es una prueba decisiva del respeto de los principios fundamentales de igualdad y no discriminación, y del compromiso con este principio.
La Declaración Universal de Derechos Humanos, que el próximo año celebrará su sesenta aniversario, enfatiza en su preámbulo que «el reconocimiento de la dignidad inherente y de los iguales e inalienables derechos de todos los miembros de la familia humana es la base de la libertad, la justicia y la paz en el mundo». Según el comité de expertos de Naciones Unidas que supervisa la implementación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de toda Forma de Discriminación, entre los derechos que los Estados deben proteger y garantizar contra la discriminación está el derecho de todos las personas refugiadas y desplazadas a retornar libremente a sus hogares de origen en condiciones de seguridad, el derecho a que se les devuelvan las propiedades de las que se vieron privadas durante el conflicto y a ser compensadas de manera adecuada por cualquiera de estas propiedades que no pueda ser devuelta, y el derecho a participar completamente y por igual en los asuntos públicos a todos los niveles, y a tener igual acceso a los servicios públicos y a recibir ayuda para la reinserción (CERD General Comment 22/1996).
Según el Tribunal Supremo israelí, el carácter judío del Estado está definido por tres componentes interrelacionados: que los judíos forman la mayoría del Estado, que los judíos tiene derecho a un tratamiento preferencia según la Ley del Retorno,y que existe una relación recíproca entre el Estado de Israel y los judíos de fuera de éste (Ben Shalom v Central Election Committee). Las implicaciones de esta relación son dobles. La más obvia es que el carácter judío del Estado, tal como lo define el Tribunal Supremo, es incompatible con los derechos de las personas refugiadas y desplazadas que mencionábamos antes. La ministra israelí de Asuntos Exteriores, Tzipi Livni, recordó a los demás Estados este hecho en su discurso ante Naciones Unidos a principios de este año, cuando reiteró que «igual que Israel es la patria del pueblo judío, así Palestina será establecida como la patria y la respuesta nacional para el pueblo palestino, incluyendo los refugiados «. Al mismo tiempo, la exigencia de Olmert también es contradictoria con la obligación del tratado de derechos humanos de Israel de eliminar la discriminación racial y garantizar la igualdad ante la ley. La legislación israelí no incorpora el derecho fundamental a la igualdad, en parte para proteger el carácter del Estado de Israel como un Estado judío. Aunque la Declaración de Independencia de Israel hace referencia a la completa igualdad de derechos sociales y politicos para todos los habitantes del Estado, no es considerado una ley constitucional.
En marzo de este año el comité de expertos de Naciones Unidas que examina el cumplimiento por parte de los Estados de la Convención sobre la Eliminación de Toda Formas de Discriminación Racial recomendó a Israel que garantizara que «se aprueban como normas generales de alto rango en la legislación interna la prohibición de la discriminación racial y el principio de igualdad» y que «la definición de Israel como un Estado nación judío no tenga como resultado ninguna distinción sistémica, exclusión, restricción o preferencia basada en la raza, el color, la ascendencia o el origen nacional o étnico en el disfrute de los derechos humanos». En este contexto, los miembros del comité reiteraron su actual preocupación «por la denegación del derecho de muchos palestinos a retornar a sus tierras en Israel y a que se les restituyan» y recomendó que Israel «asegure la igualdad en el derecho al retorno al propio país y en la posesión de propiedades «. A partir de diciembre de este año Naciones Unidas emprenderá un año de actividades para celebrar el 60 aniversario de la Declaración de Derechos Humanos bajo el lema «Justicia y dignidad para todos nosotros». Este lema condensa también la demanda básica de los refugiados palestinos a retornar libremente a sus lugares de origen dentro de Israel mientras se preparan para conmemorar el sesenta aniversario de su desplazamiento y desposesión (la Nakba), y esto debería ser un principio rector de las negociaciones entre Israel y la OLP y una base para cualquier acuerdo de paz futuro para este conflicto de larga duración.