Ya era hora de que comenzara el debate sobre la venta ambulante. En primer lugar quisiera dar mi enhorabuena a los alcaldes que lo han abierto. Hace tres años coordiné de forma voluntaria una investigación titulada «inmigración y venta ambulante en Ciutat Vella», promovida por un grupo de trabajadores sociales sensibilizados con el tema. El […]
Ya era hora de que comenzara el debate sobre la venta ambulante.
En primer lugar quisiera dar mi enhorabuena a los alcaldes que lo han abierto. Hace tres años coordiné de forma voluntaria una investigación titulada «inmigración y venta ambulante en Ciutat Vella», promovida por un grupo de trabajadores sociales sensibilizados con el tema. El estudio no pudo acabarse, por dos motivos: los inmigrantes estaban en estado de alerta, lo cual les impedía responder con tranquilidad a las preguntas, y la policía no dejaba de hostigarles. En consecuencia, la muestra quedó coja, sólo 50 participantes. Pero los datos daban una interesante información, a saber: un 40 % no estaban en situación de ilegalidad, sino que habían perdido sus empleos en la construcción; el 70% tenía cargas familiares en sus respectivos países; casi el 100% manifestaba estar a gusto en la ciudad y elogiaba al pueblo catalán, y agradecía la acogida de que había objeto; el 65% vivía en condiciones de hacinamiento; de los trabajadores en la zona de la playa, el 80% manifestaba tener problemas de salud; el 99% (uno era artesano de vocación) declaraba realizar la actividad de forma momentánea como economía de subsistencia, porque no tenía alternativa (un 20% estaba en el paro). Con sus propias palabras: preferían vender a ponerse a robar. El 100% trabajaba 12 horas diarias recaudando una media de 50 euros. El 100% era víctima de la expulsión que producen los países del denominado tercer mundo.
No se debería caer en el error de criminalizar a los desgraciados; y menos todavía, desgraciar (impedir el desarrollo) a las personas. En una situación ideal, políticos deberían dialogar con los afectados para buscar una solución al problema; pero ya sabemos que en la actualidad los representantes del pueblo pocas veces conocen la realidad sobre la que opinan y sobre la cual toman drásticas decisiones. En el caso de la ciudad de Barcelona, que en la actualidad padece un narcisismo por imposición, lo que arruina el paisaje, suele ser objeto de castigo.
¿Se está perdiendo la capacidad de pensar? Visto el panorama de los últimos días, la reflexión es una actividad en vías de extinción.
El trabajo social es la profesión que se encarga de estudiar estas situaciones de vulnerabilidad. Diagnostica, planifica y ejecuta acciones para mejorar o cambiar condiciones socialmente dramáticas. Estamos a la espera de que los políticos consulten a los especialistas en el tema.
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