La economía sumergida en el estado español representa casi una cuarta parte del PIB (24,6%), y ha crecido aceleradamente (en 60.000 millones de euros) desde 2008, cuando se inició la crisis económica. La contundencia de los datos ha tenido como portavoces al presidente estatal de Gestha (Técnicos del Ministerio de Hacienda), Carlos Cruzado, y al […]
La economía sumergida en el estado español representa casi una cuarta parte del PIB (24,6%), y ha crecido aceleradamente (en 60.000 millones de euros) desde 2008, cuando se inició la crisis económica. La contundencia de los datos ha tenido como portavoces al presidente estatal de Gestha (Técnicos del Ministerio de Hacienda), Carlos Cruzado, y al coordinador de esta asociación en la Comunidad Valenciana, Francisco Gaspar, en un acto organizado por Pobreza Cero, la Coordinadora Valenciana de ONG y la Universitat de València.
Al comienzo de la crisis (2008), la economía sumergida ascendía en el estado español a 193.626 millones de euros (17,8% del PIB), mientras que en 2012 la cifra era de 253.513 millones de euros (24,6% del PIB), según el informe «La economía sumergida pasa factura. El avance del fraude en España durante la crisis», dirigida por el profesor Jordi Sardà, de la Universitat Rovira i Virgili.
El incremento de la actividad económica «en negro» obedece a diferentes causas. En primer lugar, al «efecto arrastre» provocado por el «boom inmobiliario», pues la crisis no hizo posible cortar de inmediato con la dependencia económica de este sector. Además, apuntan los técnicos de Gestha, acompañó a la crisis un incremento muy notable del desempleo (se triplicó la tasa de paro hasta alcanzar el 26% de la población activa a finales de 2012, última anualidad de la que recoge datos el informe); otros factores que explican el aumento de la economía sumergida son el alza de impuestos, sin que al tiempo se produzca un eficiente control tributario; y los casos de corrupción política y empresarial.
Subrayan asimismo los técnicos del Ministerio de Hacienda el «masivo uso» de billetes de 500 euros en el estado español, que representa el 73,7% del efectivo en circulación y el 14% del valor de todos los billetes de 500 euros que se manejan en la zona euro. «Estos billetes son el instrumento preferido por los defraudadores para saldar operaciones al margen del fisco», destacan los técnicos.
El informe «La economía sumergida pasa factura» destaca que en el estado español se da «un grave problema de moralidad con el pago de impuestos», ya que únicamente en países como Italia, Portugal y Grecia se producen tasas de fraude similares a las españolas. El 24,6% de economía sumergida registrado en el estado español se sitúa lejos de las cifras que presenta Alemania (13,1%), Francia (10,8%) o Gran Bretaña (10,1%).
El trabajo del profesor Jordi Sardà incluye datos de la economía sumergida por comunidades autónomas en 2012 (último año de referencia en el estudio). Encabeza la ratio Extremadura (31,1% del PIB), seguida por Andalucía (29,2%), Castilla-La Mancha (29,1%), Canarias (27,9%), Comunidad Valenciana (26,5%), Castilla-León (26,4%), Murcia (26,3%), Asturias (26%), Galicia (25,6%), Baleares (24,8%), Cataluña (24,6%), La Rioja (24,1%), Aragón (22,3%), Cantabria (22%) y Madrid (17,3%).
¿Cómo se explican estos porcentajes? «El mayor aumento del fraude se registró en las autonomías más castigadas por el colapso del ladrillo y el desempleo, como Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Canarias y parte del Levante español, aunque también se dejó sentir con intensidad en zonas tradicionalmente con un menor dinamismo económico, como las zonas rurales y del interior de Galicia y Castilla-León», explican los técnicos de Gestha.
Llama la atención en la tabla comparativa el resultado de Madrid, la comunidad autónoma con menor porcentaje de economía sumergida. Esto responde, según los técnicos, por la alta concentración de grandes empresas nacionales, extranjeras y grandes fortunas que concentran los ingresos tributarios de sus actividades en Madrid, mientras que gran parte de su negocio se genera en otras autonomías. Además, en Madrid tienen su sede el 60% de las 100 mayores corporaciones empresariales del país, «muchas de las cuales eluden el pago de impuestos a través de prácticas fiscales abusivas como las exenciones fiscales».
La lucha contra las bolsas de fraude es un reto aplazado año tras año en el estado español. Un problema al que no es ajeno la falta de medios, recursos y personal. De hecho, según los datos de la OCDE, España cuenta con un empleado de Hacienda por cada 1.928 contribuyentes, frente a los 860 de Francia, 729 de Alemania o los 551 de Luxemburgo. Además, «la lucha antifraude tampoco sería efectiva sin dotar de una mayor autonomía a los técnicos en su día a día, una medida que implica la reorganización del Ministerio de Hacienda, y que lograría la adaptación de la Administración Tributaria y Financiera española a la de los demás países europeos».
El acto de presentación del informe de Gestha en la Universitat de Valencia llevaba por título «Los gobiernos cautivos y cómplices de la riqueza que empobrece». Tal vez por este motivo, en las ponencias se ha citado de modo recurrente otro estudio -«Tanto tienes, ¿tanto pagas?», de la ONG Intermón-Oxfam, que se hizo público el pasado mes de mayo. El trabajo concluye de manera lapidaria: «Las familias aportan casi 50 veces más a las arcas públicas que las grandes empresas».
El informe de Intermón-Oxfam entra en detalle. Las familias aportaron un 91,52% de la recaudación de 2011 (último años del que existen datos desagregados), mientras que las grandes empresas sólo contribuyeron en un 1,98% a la recaudación total del Estado en ese mismo período. Es decir, las familias aportaron 46 veces más que las grandes corporaciones. En el año 2012 (últimos datos disponibles pero no desagregados por tipos de empresas) la tendencia se mantuvo: los ciudadanos españoles aportaron al Estado 139.737 millones de euros, lo que supone el 90,76% de los ingresos totales del Estado. Sin embargo, en el mismo ejercicio, tan solo el 9,24% de lo recaudado provino del conjunto de las empresas, un total de 14.529 millones.
Ante este panorama, la ONG realiza un conjunto de propuestas: gravar más a los que más tienen; elevar el tipo efectivo que pagan las grandes empresas; suprimir las Empresas de Tenencias de Valores (ETVE), que han convertido a España en «un auténtico paraíso fiscal para muchas empresas extranjeras»; recuperar el impuesto a las grandes fortunas; frenar la subida del IVA; blindar las cotizaciones sociales y destinar más recursos humanos y materiales a la lucha contra el fraude.
Otra de las medidas propuestas por Intermón es la supresión de las ETVE, que permiten a multinacionales extranjeras radicadas en España no pagar impuestos por los beneficios obtenidos en el extranjero, pero sí recibir ayudas y rebajas fiscales en el estado español por sus supuestas pérdidas. Un mecanismo que coloca a España como auténtico paraíso fiscal y que es utilizado por compañías como Exxon, Vodafone, o Pepsi.
Desde 2007, el tipo general del Impuesto sobre Sociedades es del 30% para las grandes empresas y del 25% para las PYMES. Sin embargo, el tipo efectivo que soportan (es decir, lo que realmente pagan sobre sus beneficios) es muy inferior. Gracias a la aplicación de exenciones y a mecanismos de planificación fiscal, en 2011 los grupos consolidados de grandes empresas pagaron de media un 3,5% sobre su resultado contable, y cerca del 17% los grupos no consolidados y las PYMES. En ambos casos, muy por debajo del 22% que soporta un ciudadano medio (26% si se incluyen las cotizaciones sociales). En 2011 las pequeñas y medianas empresas (PYMES) aportaron el 76% de la recaudación por impuesto de sociedades a pesar de que su volumen de beneficios fue 32 veces menor que el de las grandes empresas.
El informe de Intermón también resalta que los beneficios fiscales concedidos a las empresas en 2011 ascendieron a 28.210 millones de euros, lo que equivale al presupuesto para educación de todas las comunidades autónomas excepto Andalucía. Y que el 80% de dicha cifra correspondió a las grandes empresas. Es decir, que obtuvieron ventajas fiscales de 22.687 millones en un ejercicio en el que solo abonaron 3.012 millones en impuesto de sociedades (menos de 7,5 veces la cantidad ‘perdonada’ por Hacienda).
«También es evidente la necesidad de asignar más recursos humanos y materiales para impulsar un gran programa de lucha contra la evasión y elusión fiscal, que se estima cuesta al Estado cada año cerca de 59.500 millones de euros, más que el presupuesto para Sanidad destinado por todas las comunidades autónomas y administración central juntas (57.000 millones)», critica Intermón. Del total del fraude fiscal, se calcula que el 72% (43.000 millones de euros) corresponden a grandes empresas y fortunas. Esta cantidad supone una cifra mayor que el destinado en los Presupuestos Generales del Estado al pago de la deuda pública (36.600 millones).
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