Los presidentes en Washington van y vienen, pero el colofón de las relaciones exteriores de los Estados Unidos es el mismo: descarrilar a los gobiernos que se atreven a defender su soberanía nacional y destruir cualquier revolución que se aventure hacia un mundo diferente del que está programado por ellos. Las armas de la ofensiva […]
Los presidentes en Washington van y vienen, pero el colofón de las relaciones exteriores de los Estados Unidos es el mismo: descarrilar a los gobiernos que se atreven a defender su soberanía nacional y destruir cualquier revolución que se aventure hacia un mundo diferente del que está programado por ellos. Las armas de la ofensiva que los Estados Unidos usa contra Cuba han evolucionado a través de los últimos 50 años, pero la guerra es la misma.
Los cubanólogos de Washington y Miami quieren construir como artefacto de subversión en la isla un supuesto movimiento social político: cultivado, irrigado y cosechado desde los Estados Unidos. Pero un genuino movimiento nacional político no se fabrica en capital enemiga. Los partidos y los movimientos no se exportan como mercancía, porque un partido político no se compra y se vende como si fuera una lata de spam.
Desde que George W. Bush asumió la presidencia de los Estados Unidos en el 2001, el presupuesto para crear en Cuba una oposición social, aliada a los intereses de Miami y de la Casa Blanca, subió astronómicamente: de 3,5 millones de dólares en el 2000 a 45 millones bajo el Presidente Bush en el 2008. Bush creó en el 2003 una Comisión para «la asistencia de una Cuba democrática». Esta comisión emitió un documento de más de 400 páginas en el que propone «identificar medios adecuados para poner fin rápidamente al régimen cubano y organizar la transición». La política del Presidente Barack Obama sigue el patrón de esa Comisión y del presupuesto creado por recomendación de la Comisión: «llevar a cabo medidas dirigidas al entrenamiento, desarrollo y fortalecimiento de la oposición y la sociedad civil cubana».
Como la guerra contra Cuba es una industria en Miami, los más beneficiados de ese proyecto fueron los que administraban los fondos desde la Florida. Una auditoría del Government Accountability Office (GAO) en el 2006 concluyó que la millonada había sido malgastada por los grupos en Miami. Por ejemplo, lo utilizaron para comprar chocolates Godiva, latas de carne de cangrejo y Nintendo Game Boys. En el 2008, el director de uno de los grupos admitió haberse robado casi $600 000, antes de renunciar para asumir un cargo político en la Casa Blanca del Presidente Bush.
Indignado ante el despilfarro del patrimonio millonario, el Senador Kerry (D-Massachusets), presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, pidió el año pasado una revisión del proyecto que tiene ahora presupuestado $20 millones al año. Consecuentemente, el Departamento de Estado temporalmente congeló el opulento desembolso hasta concluir una investigación.
Este mes, el Departamento de Estado concluyó su pesquisa y anunció planes para liberar 20 millones de dólares del patrimonio anticubano, argumentando que había reestructurado el programa de manera que los fondos llegarían clandestinamente a ciertos cubanos en la isla y no a ciertos otros en Miami. Sin embargo, el Senador Kerry no está muy convencido, y ha paralizado temporalmente el proyecto para poder estudiarlo. La congelación que ha impuesto Kerry es pragmática y no filosófica. Es decir, no le preocupa la subversión. Quiere estudiar su eficacia. El arresto en Cuba de un contratista estadounidense llamado Alan P. Gross, enviado por Washington, ilustra que el proyecto del Departamento de Estado pone en peligro a los agentes que han sido contratados para realizar ese trabajo clandestinamente en Cuba.
La fiscalía cubana estudia los cargos que presentará contra el contratista. Para defenderse de la subversión millonaria originada en Washington, Cuba decretó una ley que penaliza con una condena de hasta 20 años la colaboración con el programa de USAID que fue creado por la Helms Burton de 1996. El delito es serio.
Quizás por eso, el Departamento de Estado y USAID se rehúsan a identificar los recipientes en Cuba del dinero de Washington, y distribuyen los fondos clandestinamente.
El programa contra Cuba que está en jaque incluye:
- $750,000 para promover los derechos humanos y la democracia en Cuba
- $250,000 para ayudar a los familiares de los supuestos presos políticos (por ejemplo, a las llamadas damas de blanco y las recientemente creadas damas de apoyo)
- $500,000 para los que luchan para liberar a los supuestos presos políticos
- $16 millones para brindarle alta tecnología a ciertos grupos afines a los intereses de Washington que el informe caracteriza como la oposición.
- $900,000 para Freedom House. Una organización que por 10 años fue dirigida por Frank Calzón. El dinero sería para fortalecer a los líderes de la supuesta oposición: artistas, músicos y bloggers. Con un cínico énfasis en los afrocubanos
- $400,000 para el Institute for Sustainable Communities. Para tratar de «identificar a los nuevos líderes de la comunidad cubana» y ayudarlos en su campaña publicitaria y política. O sea, casi medio millón de dólares para que Washington identifique a los nuevo líderes a quienes les repartirán la plata.
- $200,000 para fortalecer supuestamente a las redes de apoyo que Washington ha creado en Cuba. Proveer equipos y entrenamiento para ellas.
- $2,600,000 para Development Associates Inc. Con el propósito de ampliar la red de apoyo cubana que Washington ha creado y promover el mensaje de Miami hacia Cuba.
- $2,000,000 para apoyar grupos afines a Washington en Cuba, especialmente ciertas mujeres y afrocubanos, para promover la iniciativa individual económica (es decir, el capitalismo).
- $2,5000 para Creative Associates. Una organización que está activa clandestinamente ampliando la red social para buscar apoyo hacia un cambio político en la isla, utilizando especialmente el desarrollo de la «iniciativa individual económica de las mujeres y los afrocubanos».
- $2,900,000 para promover, bajo la tutela del Departamento de Estado, la libre expresión en la isla: especialmente entre ciertos artistas, músicos, escritores, periodistas y bloggers.
- $500,000 para que individuos vinculados a grupos religiosos o espirituales defiendan su derecho para la libertad de religión.
- $500,000 para promover una determinada política laboral en la isla y generar «presión internacional contra el gobierno cubano para que reforme sus leyes laborales».
- $350,000 para ejercer influencia sobre ciertos grupos de la sociedad civil cubana, «especialmente a las mujeres que suelen ser explotadas sexualmente».
- $500,000 para las ONGs y otras organizaciones vinculadas a Washington.
- $1,150,000 para adiestrar a ciertas organizaciones, incluyendo periodistas y bloggers en Cuba para utilizar las nuevas tecnologías comunicacionales.
- $2,500,000 para administrar los programas de este presupuesto.
Todo esto bajo la tutela de un Washington que se ha destacado en las últimas décadas por sus esfuerzos para desestabilizar, invadir y reprimir en cada continente del planeta: el golpe de estado en Chile contra Salvador Allende, el golpe militar en Guatemala que dejó un saldo de más de 200 000 muertos y desaparecidos durante cuatro décadas de represión, el atentado de golpe contra el Presidente Hugo Chávez en el 2002, el apoyo a los escuadrones de la muerte en Centro América, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. La invasión de Iraq en el 2003. La tortura y la detención indefinida para los presos en Guantánamo, el envío de presos a otros países para que sean torturados e interrogados, la explotación y las deportaciones masivas de los indocumentados. Girón, Operación Mangosta, JM Wave (el enclave terrorista más poderoso que haya existido en suelo estadounidense) y la campaña de terror contra Cuba por los últimos 50 años a través del uso de asesinos como Luis Posada Carriles y Orlando Bosch. Una guerra terrorista e inmoral contra Cuba que se ha multiplicado como un virus mundialmente hasta encontrar su moderna manifestación en la voladura de las torres gemelas en Nueva York el 11 de septiembre de 2001.
Cuba es un país bloqueado, sitiado y atacado por los Estados Unidos. Es así, porque Washington no tolera que la isla sea gobernada fuera del ámbito de la tutela estadounidense. Ha sido de este modo por más de 50 años.
Los supuestos presos políticos están condenados, después de haber sido procesados, por estar al servicio de un país enemigo que tiene como meta la destrucción de la Revolución cubana. Igual que el contratista Alan P. Gross trabajan en Cuba bajo la dirección y el control de Washington. La mejor manera de lograr su liberación es que los Estados Unidos renuncien a la guerra contra Cuba, levanten el bloqueo, establezcan relaciones, extraditen a Posada Carriles y liberen a los Cinco que mantienen presos en los Estados Unidos desde casi 12 años.
El Presidente Obama quizás se mantiene muy ocupado con la economía, las guerras en Iraq y en Afganistán y la reforma de salud para prestarle mucha atención a Cuba. Quizás le ha dejado ese problemita a los burócratas del Departamento de Estado y el Consejo de Seguridad Nacional, y por eso estamos como estamos.
Todo se debe a una premisa equivocada. Más de 100 años de agresión estadounidense hacia Cuba están basados en la errada idea de que Cuba le pertenece a Washington. Aún asumen la arrogante apreciación del entonces secretario de Estado, John Quincy Adams en 1823:
«Existen leyes políticas, así como de gravitación física. Si una manzana separada por la tempestad de su árbol, de su origen, no puede escoger sino caer al suelo, Cuba, por fuerza, separada de su artificial conexión con España, e incapaz de sostenerse por sí misma, sólo puede gravitar hacia la unión americana, la cual, por la misma ley de la naturaleza, no puede rechazarla de su seno.»
De esa premisa errada fluye el concepto que los Estados Unidos pueden fabricar disidentes, blogueros y twiteros, bajo la tutela de Washington y Miami: como si fuera una ley natural que eso pase. Que esa elaboración extranjera pueda tener alguna legitimidad en Cuba es un mito que solamente creen los que no conocen la Isla y no viven ahí. Con los millones de dólares al año que le invierten al negocio, Washington no ha creado una oposición y mucho menos un partido político. Ha establecido solamente una industria de personas en Cuba felices de recibir un saldo significativo de dinero para disentir, bloguear y twitear.
En Cuba, hay una gran diversidad de legítimas opiniones sobre el futuro del país. Cualquiera que ha hecho la cola de la bodega, o participa en los conversatorios organizados en la Isla lo sabe. Esos debates se dan tanto en los centros de trabajo, como en las reuniones del Partido. Pero en algo hay unanimidad: Cuba le pertenece a los cubanos y no a los estadounidenses. Por ese principio filosófico martiano, los cubanos están dispuestos a cerrar filas y morir.
Si Washington entendiera eso, se acabaría el bloqueo y todo lo que le corresponde. Sin embargo, es un concepto que parece ser contra natura a un Washington imperial que ve en Cuba su patio trasero político. Silvio Rodríguez señaló el otro día en Casa de las Américas que Cuba no es un país normal por lo que ha pretendido ser, y tampoco por el tratamiento que se le ha dado por lo que ha pretendido ser. Independiente.
José Pertierra es abogado. Representa al gobierno de Venezuela en el caso de la extradición de Luis Posada Carriles. Su bufete está en Washington.
Descargue el documento (PDF, 1Mb, en inglés) Notificación del Departamento de Estado de Estados Unidos con el presupuesto del 2010 de 20 millones para para la guerra contra Cuba.