A mediados de los años setenta, el descubrimiento de una importante bolsa de agua bajo el suelo de la árida llanura manchega provocó algo parecido a la fiebre del oro. Cientos de agricultores se lanzaron a una carrera de perforación de pozos en lo que más tarde se llamaría «Guerra de los pozos». La superficie […]
A mediados de los años setenta, el descubrimiento de una importante bolsa de agua bajo el suelo de la árida llanura manchega provocó algo parecido a la fiebre del oro. Cientos de agricultores se lanzaron a una carrera de perforación de pozos en lo que más tarde se llamaría «Guerra de los pozos».
La superficie regable pasó en poco más de 20 años de 30.000 a 130.000 hectáreas. Además, el cultivo de maíz, remolacha y alfalfa se incrementó de forma notable, ante las ayudas y promoción que de dichos cultivos hacían las administraciones públicas. Todo ello condujo de forma inevitable a la sobreexplotación del acuífero, al extraer más agua de la que anualmente recargaba el sistema.
La situación resultaba paradójica. Ingentes cantidad de dinero público a través de ayudas a la producción y también a los combustibles, fueron empleadas en la sobreexplotación del acuífero para producir, en la mayoría de los casos, cultivos que pasaban a incrementar los excedentes comunitarios, que también debían ser asumidos con cargo al erario público, al tiempo que todo este proceso acababa poco a poco con la Mancha Húmeda, declara Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1981, y fuente de recursos y de generación de riqueza a poco que nuestros gobernantes hubieran tenido cierta visión de futuro.
Sobreexplotación y plan de rentas
A partir de este momento se suceden las medidas, unas obligadas por las circunstancias, otras auténticas chapuzas. Así, se declara sobreexplotado el acuífero 23 (1995), con lo que se promulgan de forma anual los sucesivos Regímenes de Explotación que limitan el consumo de agua para el regadío, y entran en funcionamiento las Comunidades de Regantes. El generalizado incumplimiento de las restricciones, debido a la ausencia de caudalímetros y, sobre todo, a la falta de capacidad y decisión de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, unido al hecho de que la perforación de pozos, prohibida desde el mismo momento de la declaración de sobreexplotación, continúa sin cesar, conduce al siguiente paso.
En el año 1992, la Junta de Comunidades promueve el denominado Plan de Recuperación de Humedales por Compensación de Rentas a los Agricultores, rimbombante nombre que más adelante quedará reducido de forma bastante significativa al de Plan de Compensación de Rentas (PCR). Dicho Plan se basa en que la pérdida de rentas de los agricultores por no regar o regar menos, debe ser compensada con cargo a fondos públicos, en parte procedentes de la Unión Europea. Otra vez las arcas públicas sufragan el derroche que de los recurso naturales de todos se viene haciendo desde hace años. Otra vez son los grandes terratenientes quienes obtienen cuantiosos beneficios en una especie de declaración de la renta a la inversa, en la que cuanto más se tiene más se recibe. En los últimos diez años, más de treinta mil millones de las antiguas pesetas fueron dedicados a este Plan.
El trasvase Tajo-La Mancha
Pronto surge una nueva idea, tan socorrida y vieja como la misma historia. Puesto que hemos esquilmado el agua de nuestro subsuelo, traigámosla ahora de otro sitio. Así surge el proyecto de trasvasar agua desde el travase Tajo-Segura a la llanura manchega. El argumento: la permanente situación de sequía que padecen las poblaciones manchegas, así como la necesidad de recuperar el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Este argumento fue desmontado de forma casi inmediata por los grupos conservacionistas y por el propio Patronato del Parque, ante el disparate que tal medida supondría para el ecosistema. El proyecto rondaba en el año 2000 la cantidad de 50.000 millones de pesetas, por supuesto también de fondos públicos, y plantea la interconexión de numerosas poblaciones y diferentes embalses de la provincia.
Dicho proyecto no contempla que el agua que de esta forma pudiera traerse pueda ser empleada en recargar el acuífero y con ello incrementar los recursos de la agricultura. Pese a ello, de vez en cuando, a algún que otro responsable político se le escapa en una especie de acto fallido/demagógico algún comentario respecto a lo bueno que será esto para nuestros agricultores.
Por otro lado, algunas de las poblaciones contempladas en este proyecto ya tiene en marcha proyectos paralelos que de una forma u otra están resolviendo los problemas de abastecimiento que pudieran sufrir (recrecimiento del Montoro en Puertollano, baterías de pozos en Socuéllamos, etc.), mientras que otras poblaciones incluidas en el Plan nunca han tenido necesidad de él (como por ejemplo Argamasilla de Alba y Tomelloso, dependientes del embalse de Peñarroya, o La Solana, del de Vallehermoso).
Plan especial y campos de golf
Finalmente, el hasta ahora último paso en este proceso alocado y absurdo es la proliferación de complejos de campos de golf, urbanizaciones de lujo y parques temáticos en que en los últimos años nos estamos sumergiendo: El Reino de don Quijote en la sedienta Ciudad Real, con cinco campos de golf, miles de viviendas, casinos y lagos artificiales; proyectos similares en Manzanares, Valdepeñas y Argamasilla de Alba.
Pendientes como estamos del Plan Especial del Alto Guadiana, quizás como última posibilidad de salvar lo que queda de la Mancha Húmeda y de garantizar la pervivencia y sostenibilidad del sector agrario en nuestra región, resulta hasta grotesco el apoyo declarado de la administración regional a este tipo de proyectos. Da la impresión de que el gobierno de Castilla-La Mancha, a la postre máximo responsable de la situación creada, nunca ha sabido qué quiere hacer con esta región en lo que a la gestión del agua se refiere. Lleva décadas dando bandazos, adoptando medidas o planteamientos claramente contradictorios que han conducido a la práctica desaparición de la Mancha Húmeda y a la situación de crisis crónica de los agricultores manchegos.
La oportunidad que constituye el citado Plan Especial no puede ser desaprovechada, ahora que Confederación y Junta de Comunidades se hallan bajo el mismo signo político. Ya no valen excusas ni echarse los trastos los unos a los otros. Ahora la responsabilidad es toda del Partido Socialista Obrero Español, con el conjunto de la sociedad y en especial de los sectores implicados, municipios, regantes, conservacionistas, comunidad científica…
Alguien debería hacer números alguna vez y calcular a cuánto asciende el dinero que en todo este proceso ha pasado de manos públicas a privadas (bastante menos de las que podría pensarse). Alguien debería también asumir la responsabilidad política de ello, porque no hay que olvidar que detrás de todo esto hay decisiones políticas que alguien tomó en un momento dado. Decisiones que a menudo fueron adoptadas en contra de los planteamientos e informes técnicos de numerosos organismos e instituciones competentes. Pero, ante problemas incómodos que requieren soluciones a menudo impopulares, resulta más fácil, más rentable, no hacer nada, aplicar soluciones de compromiso sin entrar en el fondo de la cuestión o, simplemente dejarlos para mañana porque como dice el dicho «agua mientras haya, y cuando no, el borrico a la sombra».