Lejos de la mirada de un mundo casi exclusivamente preocupado por la pandemia de COVID-19, la situación en Yemen, que ya era desastrosa, se agravó aún más en los primeros meses de 2020. A los innumerables sufrimientos de la población se sumaron la ofensiva militar de los huzíes, la proclamación de la autonomía del sur y unas inundaciones catastróficas. Y los protagonistas no logran encontrar un camino de salida.
Traducido del francés por Ignacio Mackinze.
En los últimos meses se intensificaron las tendencias ya presentes en Yemen: deterioro de la situación humanitaria, reducción de la intervención de Arabia Saudita y de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), colapso del acuerdo de Riad y de la implementación del Acuerdo de Al-Hudayda. A esa lista de por sí terrible hay que agregarle la importante ofensiva de los huzíes en el noreste, las devastadoras inundaciones, el inicio de la crisis de COVID-19 y, más recientemente, la declaración de “autonomía” del Consejo de Transición del Sur (CTS). Teniendo en cuenta lo sucedido en el pasado, sería imprudente sugerir que las cosas no pueden empeorar aún más, justo cuando el país celebró este 22 de mayo los treinta años de su unificación.
ARABIA SAUDITA, ¿CÓMO SALIR DEL ENREDO?
A fines de 2019, casi cinco años después de una intervención militar cada vez más infructuosa, Arabia Saudita parecía determinada a retirarse del embrollo en Yemen. Los ataques aéreos disminuyeron de forma espectacular, y el acuerdo de Riad entre los separatistas del CTS y el gobierno del presidente Abd Rabbuh Mansur al-Hadi, reconocido internacionalmente, apuntaba a restablecer la cooperación al interior de la coalición antihuzí. La población esperaba que una nueva disminución de las acciones militares llevara a un acuerdo con los huzíes. Las negociaciones habían comenzado unos meses antes, luego de los ataques misilísticos de septiembre de 2019 contra importantes instalaciones de producción y de tratamiento de petróleo en Arabia Saudita. Aunque los huzíes reivindicaron esos ataques, las pruebas apuntan más bien a un lanzamiento desde Irán o sus aliados más cercanos. Pero ese hecho traumatizante para Arabia Saudita desencadenó en el reino un serio interés en ponerle fin a su participación en la guerra de Yemen.
Pero a comienzos del año 2020, ese plan entró en duda luego de una ofensiva militar huzí en el noreste del país. Los huzíes tomaron en primer lugar el distrito de Nehm, un frente a solo 60 kilómetros al este de Saná, que permaneció estable durante cuatro años. Después tomaron la mayor parte de la gobernación de Al Yauf, y así casi cortan el acceso a la ruta principal que une Yemen a Arabia Saudita, y también pusieron bajo amenaza los campos petrolíferos y gasísticos de Marib. Esa ciudad y su población, que ahora es considerable, quedaron rodeadas y constituyen prácticamente una isla dentro del territorio huzí. Los saudíes replicaron intensificando los ataques aéreos, y los combates terrestres continúan.
Pero a pesar de todo, el 9 de abril los saudíes demostraron estar determinados a clausurar este capítulo bélico anunciando un alto el fuego unilateral de dos semanas, destinado a ser prolongado durante todo el Ramadán por razones religiosas. Los huzíes respondieron proponiendo un ambicioso proyecto de acuerdo de paz global entre ellos y Arabia Saudita. Tal como fue presentado, su texto deja al margen al gobierno de Al-Hadi; implica reconocer que el conflicto opone dos partes, el movimiento huzí y Arabia Saudita, y remite los debates sobre el futuro político de Yemen a discusiones posteriores dentro del país.
Sin embargo, durante ese período, los combates terrestres y los ataques aéreos continuaron. Al final de la quinta semana de “alto el fuego”, es decir, a mediados de mayo, había habido 145 incursiones y 577 ataques aéreos. En resumen, los huzíes lograron avances militares significativos, le pusieron fin a cuatro años de estancamiento en el frente norte, y dejaron sin respuesta las aperturas de paz saudíes. Los huzíes tienen la iniciativa, lo que plantea la cuestión de sus objetivos últimos, y su voluntad real de “dejar salir a los saudíes”. Últimamente no ha habido ninguna novedad sobre los progresos de las negociaciones entre saudíes y huzíes.
NUEVOS PROBLEMAS EN EL SUR
En el sur, ya a comienzos de 2020 las perspectivas eran lúgubres para el acuerdo de Riad, firmado en noviembre para reconciliar al CTS y el gobierno de Al-Hadi, luego de que el primero expulsara de Adén, por la fuerza, al segundo. Eso coincidió con el retiro oficial de los EAU con todo su material, aunque los emiratíes dejaron tras de sí a diversas milicias alineadas con el CTS, a las que habían entrenado, equipado y pagado. Los EAU apoyaron oficialmente el acuerdo de Riad, y hasta el príncipe heredero Mohamed bin Zayed asistió a su firma, pero su posición actual no es clara.
Desde el verano boreal de 2019, proporcionaron apoyo aéreo al CTS durante algunos enfrentamientos en el país, y desde Abu Dabi, el jefe autoproclamado del CTS, Aidarus al Zubaidi, anunció el 25 de abril la “autonomía” del mismo.
Para mantener la ambigüedad, hasta la fecha la única respuesta oficial de los Emiratos a esa proclamación consiste en un tuit del ministro de Estado Anwar Gargash. Sin condenar explícitamente al CTS, Gargash escribió que debía implementarse el acuerdo de Riad, y que ninguna parte debía tomar medidas unilaterales.
Según el texto del acuerdo de Riad, la coalición está encargada de supervisar su aplicación y de hacerse cargo de la situación del sur. Pero tras el retiro de los EAU, los saudíes se encuentran por lo tanto solos al mando. No han podido hacer aplicar las cláusulas de reorganización militar destinadas a reducir la presencia militar del CTS en Adén, ni volver a enviar allí a fuerzas del gobierno. La tensión entre ambas partes se agravó durante la operación, y la guerra entre el CTS y las fuerzas gubernamentales finalmente estalló en Abyan el 11 de mayo.
La confrontación militar ya había estado a punto de estallar en abril, porque, por un lado, la Brigada de los Gigantes (Al Amaliqa), activa en Lahej, al norte y al oeste de Adén, se había topado con el CTS, mientras que, por otra parte, las fuerzas gubernamentales situadas al este de Adén se habían desplazado hacia el oeste, en dirección a la ciudad. Una vez más, los saudíes intentaron negociar un acuerdo, porque el encuentro de esas dos fuerzas rivales habría separado al CTS del interior de su país, más al norte de Lahej y en la parte sur de Dhala. Ese problema contribuyó a la decisión del CTS de lanzar su espectacular proclamación de “autonomía”, lo cual creó una nueva dificultad para la estrategia de salida de los saudíes.
El CTS tenía numerosas razones para dar el paso: la bronca popular que aumenta en Adén por la falta de electricidad y de agua, la agravación de la situación financiera, que impide incluso pagarles a las milicias, al igual que a la mayoría de los empleados del Estado; el desempleo generalizado, la crisis humanitaria exacerbada por la falta de fondos, la emergencia del COVID-19 y, para coronar la situación, las inundaciones devastadoras del 21 de abril en Adén. Cabe preguntarse si la decisión del CTS de declarar la autonomía fue razonable, porque en lugar de mejorar la situación, la agravó.
La proclamación de autonomía reveló los límites geográficos del control del CTS: todas las gobernaciones del este, así como la isla de Socotra, se disociaron; solo la apoyaron las gobernaciones más cercanas de Adén, sus principales bastiones. Unos días más tarde, en Socotra, una de las regiones donde el CTS y el gobierno se enfrentaron durante los tres últimos años, estallaron combates cuyo resultado sigue siendo incierto. En el plano internacional, la proclamación fue condenada universalmente por los Estados árabes, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el enviado especial de las Naciones Unidas, la Unión Europea (UE) y los principales Estados del mundo, y todos subrayaron el impacto negativo sobre los numerosos problemas del país.
AL-HUDAYDA Y EL FRACASO DE LAS NACIONES UNIDAS
Como si esos problemas no bastaran, en el transcurso de los dos últimos meses se diluyó otro “logro” anterior. El mandato del enviado especial de las Naciones Unidas, que ya lleva más de dos años de duración, no ha estado marcado por el éxito. El Acuerdo de Estocolmo, de diciembre de 2018, fue ampliamente presentado como un avance mayor y un primer paso hacia un acuerdo de paz más abarcador y completo. El único elemento que fue implementado por intermedio de la Misión de las Naciones Unidas en apoyo del Acuerdo sobre Al-Hudayda (UNMHA) quedó casi estancado durante todo el año 2019, y logró progresos limitados. El principal fue una reducción significativa de los combates en Al-Hudayda y sus alrededores, y la prevención de una ofensiva de la coalición potencialmente desastrosa contra la ciudad y su puerto.
El comité mixto de redespliegue apenas funcionó: en marzo, un tirador camuflado huzí mató a un observador del gobierno, lo que llevó al retiro del gobierno del comité, y por lo tanto a su interrupción efectiva. Habida cuenta de la urgencia sanitaria actual por el COVID-19, es poco probable que las tentativas para volver a lanzarlo logren rápidamente una reanudación satisfactoria. En este estado de cosas, es justo decir por lo tanto que esta operación está en un punto muerto, aunque probablemente la ONU intente relanzarla cuando las condiciones lo permitan. En otras partes de la gobernación se sigue librando sin tregua una guerra de baja intensidad.
UNA AYUDA HUMANITARIA SIN FIN
Los problemas entre los huzíes y las intervenciones humanitarias de las Naciones Unidas surgieron en 2019, cuando la trascendencia del control de los huzíes sobre el sector humanitario se volvió pública, tanto en lo referido a la selección de los beneficiarios como en el monto de los fondos desviados en beneficio de instituciones y funcionarios huzíes. Eso le impidió a la ONU producir su evaluación anual de las necesidades para 2020, o un plan de intervención humanitaria. La ONU anunció que necesitaba 3.400 millones de dólares (3.110 millones de euros) para el año, sin proporcionar detalles ni organizar la habitual conferencia de donantes. Hasta el 25 de mayo, el financiamiento total recibido se elevaba a 680 millones de dólares (619 millones de euros), de los cuales más de la mitad provenían de Alemania, Reino Unido, Arabia Saudita y la UE.
Durante la reunión mensual de abril sobre Yemen del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el subsecretario de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas no mencionó ni la evaluación detallada de las necesidades ni el plan. En cambio, solo anunció que numerosos proyectos humanitarios y sanitarios cerrarían en las semanas siguientes por falta de financiamiento y que, para funcionar hasta julio, las Naciones Unidas necesitaban más de 900 millones de dólares (822 millones de euros), principalmente para la distribución de alimentos del Programa Alimentario Mundial (PAM). La conferencia de anuncios de contribuciones de abril, cuyo anfitrión debía ser Arabia Saudita, fue postergada para el 2 de junio, es decir, casi a mediados del año; dadas las presiones de la crisis del COVID sobre la economía mundial, no hay que esperar ninguna promesa importante.
Desde ese momento, quedó claro que Yemen es uno de los países donde la hambruna podría cobrarse la vida de millones de personas, un efecto secundario de la pandemia de COVID-19, que causó un derrumbe de la producción y de las exportaciones alimentarias mundiales, una caída del financiamiento humanitario internacional y perturbó las comunicaciones. Esos factores no pueden más que agravar el desastre en un país donde sólo alrededor de 2800 instalaciones médicas funcionan en parte, en un sistema que ya antes de la guerra era totalmente inadecuado. Mientras las Naciones Unidas afirman que hay preparativos en curso para enfrentar la nueva emergencia viral, no dejan de señalar que también deben enfrentar el cólera, que, junto con el dengue, el paludismo y otras enfermedades, se encuentra en nivel de epidemia.
El primer caso declarado de COVID-19, anunciado el 9 de abril, fue detectado en Ash Shihr, en la gobernación de Hadhramaut, y el paciente se recuperó. Desde entonces, las estadísticas internacionales registraron sólo 233 casos hasta el 25 de mayo, una cifra sin duda subestimada. Todo el mundo espera una agravación de la situación y un número extremadamente elevado de fallecimientos, dada la debilidad física de la población, tras años de malnutrición y de servicios médicos inadecuados, sin hablar de la ausencia de estructuras de tratamiento especializadas.
La asignación de 40 millones de dólares (36,5 millones de euros) de las Naciones Unidas para las actividades relacionadas con la vacunación es claramente insuficiente. Una acción del sector privado iniciada por la fundación Hayel Saeed Anam reúne a empresas internacionales para adquirir y distribuir elementos de protección básicos en todo Yemen. Ante la emergencia de la crisis, los yemeníes están desgarrados entre la incredulidad y el pánico. Las reacciones de las autoridades en todo el país son un mal augurio para los meses próximos, porque están marcadas por recriminaciones mutuas, el racismo, la xenofobia, la desinformación generalizada y decisiones erráticas.
Como si no bastara con todas estas catástrofes, a fines de abril el país sufrió unas devastadoras inundaciones que afectaron a las principales ciudades, Saná, Adén y Marib entre otras. Se cortaron los servicios básicos de agua y de electricidad de millones de personas, y más de 150.000 personas fueron afectadas directamente. Aunque el número de muertos no fue elevado, muchas personas perdieron sus bienes y las limitadas reservas alimentarias que habían podido reunir para un Ramadán particularmente difícil.
El 22 de mayo, Yemen cumplió 30 años de la unificación pacífica entre la República Árabe de Yemen y la República Democrática de Yemen que resultó en la República de Yemen. Debería ser motivo de celebración. Como la mayor parte de los yemeníes nacieron luego de 1990, no tienen ningún recuerdo del período anterior ni de los sueños de unificación. En todo el país, la gente ansiaba la libertad de movimiento, un Estado democrático multipartidario y próspero que combinara los servicios sociales del régimen socialista con un sector económico privado floreciente, una ley sobre el estatuto personal que les diera a las mujeres igualdad de derechos, el consumo de khat los días feriados, seguridad, estabilidad y muchas cosas más. Pero fueron amargamente decepcionados. En este período oscuro, conviene recordarle a la joven generación la esperanza y el optimismo de esos años, y aprender las lecciones de un período que parecía tan prometedor.